Estalla el caso «Palma Arena’: Redada contra dirigentes del Partido Popular en Mallorca que son exhibidos esposados

La operación judicial contra cargos del PP en Mallorca, justo 48 horas después de que se archivara el asunto de los trajes de Camps, acrecienta aún más las dudas sobre la falta de neutralidad de la Fiscalía y el uso partidista que el Gobierno pueda estar haciendo de la institución. El caso se destapa, además, cuando no hace ni un mes que Conde-Pumpido denegó al fiscal jefe de Baleares la prórroga para seguir investigando a Jaume Matas, después de seis meses de intensas pesquisas -interesadamente aireadas- sin resultados aparentes.

Sorprende, por tanto, que la operación se centre en la última obra emblemática del ex presidente balear, el velódromo Palma Arena. Pero además, se salda con la detención de dos nombres de peso: José Luis Ballester, campeón olímpico de vela y director general de Deportes del último Gobierno del PP; y Rafael Durán, portavoz de este partido en Palma. Habrá que valorar hasta qué punto el fiscal anticorrupción ha conseguido convencer al juez para dar este paso, que ha conllevado la detención preventiva de Ballester y de Durán, cuando quizás hubiera bastado con citarles a declarar. En el caso Gürtel, por ejemplo, no ha habido detención de políticos.

Sin poner en duda que haya materia suficiente como para que la Justicia tome cartas en el asunto, llama la atención el doble rasero que el Ministerio Público está teniendo en Baleares según los implicados en asuntos turbios sean del PP, de Unión Mallorquina -socio de los socialistas en el Govern- o del propio PSOE. Y si bien es cierto que algunas investigaciones sobre casos de corrupción vinculadas al PP han estado justificadas -como el caso Turismo Joven o el caso Ordinas-, y han puesto de manifiesto que el último Gobierno de Matas fue, como mínimo, un nido de abusos e irregularidades, otras operaciones a las que se dio gran trascendencia mediática han resultado ser absolutos fiascos, como el caso licencias o el caso Caballistas.

El uso de las instituciones como arma arrojadiza contra el adversario político no es exclusivo de Baleares. Resulta escandalosa la posición de la Fiscalía General del Estado en el caso Gürtel. No sólo es que la vicepresidenta De la Vega se apresurara a anunciar desde Costa Rica que habría recurso contra el sobreseimiento del asunto de los trajes antes de que lo hiciera saber el Ministerio Público, es que además esta institución entra de oficio en asuntos menores cuando hay políticos del PP de por medio y se inhibe absolutamente cuando es el PSOE el que puede salir perjudicado, como en la cacería de Bermejo o en la dilapidación de fondos públicos en el Centro Nacional de Inteligencia.

Lo que a estas alturas es un hecho es que los partidos han entrado en la dinámica perversa de usar las instituciones que gobiernan o controlan para tratar de desgastar al adversario. Ayer conocíamos otro ejemplo que prueba que no estamos ante un problema de territorios ni de siglas. En una iniciativa sin precedentes, el grupo popular en las Cortes Valencianas pretende someter a Leire Pajín a un examen de valencianidad antes de aceptarla como senadora. El fin de esta insólita medida es dilatar el nombramiento de la secretaria de Organización del PSOE, que debe cubrir una vacante en la Cámara Alta. Dado que Pajín será senadora por el cupo territorial, y depende por tanto de un trámite del Parlamento autonómico, el PP está haciendo valer torticeramente su mayoría absoluta para demorar la situación.

Si estas actitudes partidistas son siempre repudiables, cuando el país afronta una situación límite en lo económico y tiene sobre la mesa problemas como el del terrorismo, todavía hacen más patente la pequeñez y la mezquindad de la clase política.

La desproporción con la que el juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía han tratado a los implicados en el caso Palma Arena y el flagrante agravio comparativo respecto de situaciones similares en las que los imputados no eran del PP merece una explicación oficial a todos los niveles. El Consejo General del Poder Judicial debe investigar la conducta del juez instructor José Castro y su responsabilidad en que las personas investigadas fueran, primero detenidas -cuando en algún caso se les imputan delitos que ni siquiera están castigados con penas de reclusión-, y luego pasaran 72 horas en los calabozos, el máximo permitido, antes de tomarles declaración. ¿Qué hacía él entre tanto?

En segundo lugar, la Fiscalía General del Estado tiene que exigir a los fiscales Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach, responsables de la operación, una explicación como promotores de estos excesos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las personas que resulten imputadas deberán ser citadas «sólo» para ser oídas, a menos que haya circunstancias que justifiquen su privación de libertad, como que se negaran a comparecer, haya riesgo de fuga, puedan destruir pruebas o hayan cometido delitos flagrantes castigados con altas penas. En este caso, no sólo los investigados estaban dispuestos a presentarse ante el juez, sino que la naturaleza de los delitos imputados y el hecho de que no tuvieran antecedentes hacían innecesaria su detención.

Prueba de que la gravedad de lo que se les imputa no es ni mucho menos extrema es que todos están en libertad bajo fianza, y ésta es sólo de 15.000 euros en el caso del principal cargo del PP implicado, Rafael Durán, portavoz en el Ayuntamiento de Palma. Cualquiera diría que el juez se la ha puesto para tapar las vergüenzas de la Fiscalía. Dicho lo cual, si se demostrara que ha habido malversación de fondos públicos -de lo cual hay indicios- que la ley castigue con todo el rigor a los culpables.

La actuación de Anticorrupción es cuando menos sospechosa y no es ocioso vincularla a la reciente decisión del fiscal general de negar su solicitud de prórroga para seguir investigando al ex presidente Jaume Matas, tras seis meses de pesquisas sin resultados. La estancia de los detenidos tres días en los calabozos no sólo resulta extraordinaria, sino que lleva a pensar si lo que se pretendía con ello era obtener coactivamente una declaración favorable a la investigación, lo que está expresamente prohibido por la ley.

En tercer lugar, el delegado del Gobierno de Baleares debe sancionar a los responsables de que no se siguieran sus indicaciones para que los inculpados recibieran un trato respetuoso. Fueron exhibidos ante las cámaras esposados y no se les permitió ni afeitarse. La forma en la que se les encadenó, mano derecha con derecha, es insólita y sólo se entiende si el fin que se perseguía era que no pudieran ocultar los grilletes. Es imposible encontrar semejante falta de consideración con unos dirigentes políticos. Nadie, por ejemplo, vio jamás a Rafael Vera o a José Barrionuevo con esposas, pese a que tuvieron que responder y fueron condenados por asuntos infinitamente más graves que los que aquí se dilucidan.

Este cúmulo de excesos, abusos y arbitrariedades sí que es una muestra palpable de persecución política y no las escuchas telefónicas denunciadas sin pruebas y atolondradamente por la secretaria de Organización del PP. Dado que, aquí sí, se constata el funcionamiento de un «Estado policial» y su uso partidista, Rajoy debería interrumpir sus vacaciones y ponerse a la cabeza de la denuncia. Los hechos son tan graves que tanto el fiscal general como el ministro del Interior deberían comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso.