Pedro Sánchez Castejón expulsa a todos los miembros del PSOE con tarjeta opaca que se negaron a darse de baja voluntariamente

Madrid, 9 de octubre de 2014

Estimados compañeros: Tras pasar casi un mes fuera de España por motivos profesionales, he comprobado que durante mi ausencia habéis enviado a mi domicilio dos comunicaciones por burofax:

1. La primera viene firmada por el Coordinador de la Secretaría de Organización y Acción Electoral, Juan Ramón Ferreira Alonso, y en ella se me comunica el acuerdo de apertura de un procedimiento de información reservada en relación con la percepción o disposición de importes mediante el uso de tarjetas de crédito vinculadas s las entidades Caja Madrid/Bankia así como la designación de Susana Sumelzo Jordán como instructora del procedimiento y Francisco Virseda Barca como secretario.
2. En la segunda, firmada por la instructora y el secretario del procedimiento, además de reiterar el acuerdo anterior, se me requiere que proporcione una serie de datos supuestamente relacionados con los hechos que son objeto de dicho procedimiento “reservado”

Hago constar que tuve en mi mano ambas comunicaciones el 7 de octubre de 2014, apenas dos horas más tarde de mi llegada a Madrid, y que envío mi respuesta el día 9 de octubre. Hago constar también que el 2 de octubre, cuando tuve las primeras noticias a través de los medios de comunicación, hice llegar al Secretario de Organización y Acción Electoral del PSOE, César Luena, un correo electrónico que contenía un relato bastante completo y detallado de mi versión de los hechos. No he recibido respuesta a ese correo e ignoro si su texto ha sido transmitido a los instructores; en todo caso, lo que expondré a continuación lo reproduce en su mayor parte.

(Aprecio el rasgo de humor de calificar a este procedimiento como “reservado”)

Dividiré mi respuesta a vuestro requerimiento en tres partes:

En la primera formularé algunas consideraciones sobre la naturaleza  jurídica de la entidad en que se han producido los hechos; consideraciones, que, a mi juicio, por elementales que sean se ignoran por completo en el planteamiento de este expediente y son, sin embargo, fundamentales para situar los hechos en su contexto.

En la segunda, reiteraré mi versión de los hechos, tal como se los relaté en el correo citado al Secretario de Organización, con algún detalle adicional.

Finalmente, haré unas consideraciones sobre los datos que se me requieren en la comunicación firmada por la instructora y el secretario

Los llamados “antecedentes” del texto que he recibido contienen algún error de hecho que es fácil rectificar: yo formé parte del Consejo de Administración de Caja Madrid desde marzo de 2005 hasta julio de 2006: 17 meses. No es correcto, pues, el dato de que estuve en el Consejo “entre los años 2005 y 2007”. Mucho más trascendente es, a mi juicio, deshacer algunos equívocos sobre la naturaleza jurídica de Caja Madrid y del cargo de consejero de esa entidad. Conceptos que, como he señalado antes, no sólo se ignoran en la instrucción del procedimiento, sino que se tratan de forma totalmente desviada de la realidad. Creo que es importante dejar claro que:

• Caja Madrid no es ni ha sido nunca una empresa pública

Es cierto que las Cajas de Ahorro han estado sometidas –especialmente en su origen- a un régimen jurídico distinto en algunos aspectos al de los bancos, pero ni el Estado ha tenido participación en su propiedad (que correspondía única y exclusivamente a sus impositores) ni les ha sido jamás aplicable la normativa que rige el régimen de la empresas de titularidad publica. Las Cajas de Ahorro (entre ellas, Caja Madrid), pueden ser consideradas como instituciones financieras de carácter singular, pero de ninguna manera como empresas públicas. Y a medida que sus actividades han evolucionado hacia el negocio bancario convencional y han entrado en competencia directa con los bancos, este carácter no público de las Cajas se ha acentuado.

Como consecuencia de lo anterior, los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid no son ni han sido nunca cargos públicos. Ninguna de las normativas que rigen el estatuto jurídico de los cargos públicos en España son de aplicación a los consejeros de esta institución financiera, que se ha regido hasta su desaparición por sus propios estatutos. De donde se deriva que la referencia al “desempeño de funciones públicas” sobre el que se pretende fundamentar el inicio de este “procedimiento de información reservada”, es claramente no pertinente.

A los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid no los designan los partidos políticos. Ni siquiera los proponen los partidos políticos. Yo fui elegido Consejero de Caja Madrid en marzo de 2005 por la Asamblea General de la Caja, a propuesta del Consejo de Administración y como representante de los impositores, que constituyen la parte más numerosa de dicha Asamblea. Del punto anterior se deriva que:

• No fue el PSOE quien me designó como Consejero de Caja Madrid;
• Mi función como Consejero no era representar al PSOE, sino a los impositores de la Caja;
• Mi actuación en el Consejo no estaba sometida a la disciplina de opinión ni de voto del PSOE;
• No estaba obligado a responder de mi actuación como Consejero ante el Partido Socialista, sino ante el órgano que me eligió, la Asamblea de Compromisarios de Caja Madrid.
• Mi condición de militante socialista era, por tanto, desde el punto de vista jurídico y estatutario, una circunstancia totalmente accidental en lo que se refiere al ejercicio de mis derechos y al cumplimiento de mis deberes como Consejero de Caja Madrid (aunque sí fuera relevante desde el punto de vista político).

Todas estas precisiones son elementales para cualquiera que tenga un mínimo conocimiento del funcionamiento de las Cajas de Ahorro en España (lo que es singularmente exigible si se ha formado parte de alguno de sus órganos de representación o dirección)

Dicho lo cual, y entrando ya en el tema de las tarjetas de los consejeros, limitaré el relato de los hechos a mi experiencia personal (sin entrar, por tanto, en lo que haya podido ocurrir en otros casos, aunque tengo la fuerte presunción de que mi caso no fue la excepción, sino la regla): Fui elegido consejero por la Asamblea General de Caja Madrid, en representación de los impositores, en marzo de 2005, para ocupar el lugar de un consejero que había dimitido antes del final de su mandato. Al día siguiente de mi elección fui citado en su despacho por el secretario y asesor jurídico del Consejo de Administración, Enrique de la Torre, quien, entre otras cosas, me informó de lo siguiente:

La retribución ordinaria de los consejeros, me dijo, se divide en dos partes: por una parte, los ingresos directos por asistencia a las reuniones del Consejo y de sus Comisiones; por otra, recibirás una tarjeta de crédito de libre disposición (palabras textuales), con un limite mensual de gasto.

Pregunté expresamente si el uso de esa tarjeta estaba ligado al ejercicio de las funciones de consejero, y se me respondió: «No, forma parte de tu retribución ordinaria  como consejero, es de libre disposición y lo único que tienes que hacer es no sobrepasar el límite mensual de gasto».  Insistiendo, pregunté también si debía entregar facturas o justificantes de los gastos que hiciera con la tarjeta, y se me respondió: «No, nosotros llevamos el control desde aquí, puesto que recibimos todos los cargos. También nos ocupamos de su tratamiento fiscal. Si vemos alguna anomalía, te lo haremos saber. Por lo demás,  puedes usarla libremente».

(Yo no formé parte de ninguna Comisión ni en mi período se celebraron reuniones extraordinarias del Consejo; por tanto, mi retribución por este primer concepto se limitó a la correspondiente a la reunión mensual ordinaria del Consejo de Caja Madrid y de la Corporación Financiera, que se celebraban el mismo día).

Me aseguró, además, que este sistema de retribuciones de los consejeros era conocido y estaba avalado por todos los órganos competentes: la Comisión de Retribuciones, la Comisión de Control (encargada específicamente de controlar al Consejo), la Asamblea General (que aprobaba los presupuestos y las cuentas anuales) y, en última instancia, los auditores que anualmente revisaban las cuentas y el propio Banco de España y la CNMV, que controlaban a Caja Madrid como a todas las demás instituciones financieras del país

Estuve en el Consejo 17 meses. En ningún momento recibí indicación alguna sobre anomalías en el uso de la tarjeta, cuyos cargos se recibían regularmente en la administración de la Caja. Dí por hecho que si había algún gasto no adecuado por mi parte me lo harían saber, como me habían anunciado. En julio de 2006 dejé de pertenecer al Consejo. Hablé de nuevo con el Secretario y le pregunté qué debía hacer para devolver la tarjeta inmediatamente. Me respondió: «según las normas, tienes derecho a usarla hasta octubre, siempre respetando el límite de gasto. Después, simplemente rómpela y ya no atenderemos ningún gasto posterior»

Eso fue exactamente lo que hice. Insisto en que:

1. a) Quien me dio todas esas indicaciones era el Secretario del Consejo de Administración y responsable del control jurídico de la actuación del Consejo, por lo que dí por seguro que todo lo que me decía era completamente legal;
2. b) Se me dijo que el uso de la tarjeta, dentro del límite establecido, formaba parte de la retribución ordinaria de los consejeros.
3. c) Se me informó de que la tarjeta era de libre disposición: es decir, no vinculada a gastos de representación ni a mi actividad como Consejero, sino equivalente a cualquier otra parte de mi retribución. Ante mi insistencia, se me repitió que la Administración de la Caja controlaba todos los cargos así como su tratamiento fiscal, por lo que no era necesario que conservara ni presentara documentación sobre su uso, puesto que ellos disponían de toda la documentación y si veían algo en ella que no fuera adecuado me lo comunicarían inmediatamente. Nunca recibí advertencia alguna sobre mi uso de la tarjeta.

En esa misma conversación, insistí en preguntar cuál era el uso habitual de esas tarjetas por parte de los consejeros. La respuesta fue: lo más habitual es que se usen para pagar comidas, viajes, libros o regalos pero no es obligatorio que sea sólo para eso.

Nunca me dijeron que pudiera usar la tarjeta para extraer dinero en metálico de los cajeros automáticos: de hecho, creo que la tarjeta que me entregaron carecía de esa función. En todo caso, ni siquiera lo intenté. En varios momentos, durante los meses siguientes, llamé a la Secretaría del Consejo para preguntar si estaba autorizado a usar la tarjeta para algún gasto privado (por ejemplo, viajes) que me creaba dudas. La respuesta invariable fue:

La tienes para eso. Ya te hemos dicho que forma parte de tu retribución ordinaria y es de libre disposición, siempre que no rebases el límite

En cuanto al aspecto fiscal: ya he repetido que Caja Madrid me aseguró que ellos se ocupaban de que todo estuviera en orden desde el punto de vista del tratamiento de las tarjetas ante Hacienda. Y yo creí lo que me decían: estamos hablando de la que era en aquel momento la cuarta institución financiera del país, bajo el control directo del Banco de España. Realmente, no valoré la hipótesis de que estuvieran arriesgándose a suministrar a Hacienda información falsa por el valor de una tarjeta que suponía una parte infinitesimal del negocio global de la Caja. Es cierto que Caja Madrid me envió en su momento el correspondiente certificado de ingresos y retenciones para la declaración del IRPF. Y yo, dando por hecho que los datos que allí figuraban eran correctos, se lo pasé a mis asesores fiscales para que, con el resto de mi actividad profesional, elaboraran mis declaraciones de la Renta y demás impuestos (IVA, Sociedades, etc). Tampoco mis asesores me señalaron que hubieran visto alguna anomalía o información insuficiente en los datos enviados por Caja Madrid. Y en los 9 años que han transcurrido desde mi salida del Consejo, no he recibido ninguna reclamación de la Agencia Tributaria en relación con mis declaraciones del IRPF, ni tampoco de los órganos de Administración de Caja Madrid (después, Bankia) relativa al uso de la tarjeta.

La pregunta, a los efectos de este procedimiento, es: ¿Me convierte todo esto en un “socialista indigno”? ¿Puede todo esto considerarse un fraude deliberado por mi parte?

En tal caso, mi supuesto fraude consistió en:

• Preguntar hasta en seis ocasiones al Secretario del Consejo (responsable también del control jurídico de la actuación del Consejo y de sus miembros) sobre la naturaleza y el uso de la tarjeta, para obtener siempre la misma respuesta;
• Seguir las indicaciones de la Comisión de Control (un órgano cuya misión estatutaria era precisamente controlar al Consejo) y de la Comisión de Retribuciones;
• Confiar en el funcionamiento de los órganos de dirección y control de la propia Caja Madrid y del conjunto del sistema financiero, incluidos el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

¿Qué hubiera debido hacer un “verdadero socialista”? ¿Sospechar que todas esas personas y órganos competentes en la materia me estaban mintiendo?, ¿meter la tarjeta en un cajón y no usar un dinero que, según se me reiteró varias veces, formaba parte de mi retribución ordinaria y tenía perfecto derecho a usar? Admito sin ambages que no se me no se me ocurrió pensar que el Presidente de la entidad, el Secretario del Consejo, la Comisión de Control, la Comisión de Retribuciones y la Asamblea General me estaban engañando y alentando a cometer un delito.

Agradezco también, tras 40 años de militancia, las lecciones públicas de “verdadero socialismo” que imparte la nueva dirección del PSOE.

En resumen: Es cierto que dispuse de una tarjeta de crédito durante los 17 meses en los que pertenecí al Consejo y también es cierto que la usé para gastos privados, en los términos estrictos en los que se me había informado que podía hacerlo. Y es igualmente cierto que en ningún momento tuve la menor conciencia de estar haciendo o haber hecho algo irregular o ilegal. En este asunto, a día de hoy, me siento más víctima que ninguna otra cosa.

La notificación firmada por la instructora de este “procedimiento de información reservada” me reclama datos, documentación e información exhaustivos sobre todos y cada uno de los gastos que hice con la tarjeta. Desgraciadamente, no puedo ni debo dárselos. En primer lugar, porque no están en mi poder. Ya lo he explicado: estuve convencido desde el primer momento –porque se encargaron de llevarme a esa convicción- de que no tenía ninguna necesidad de aprovisionarme de documentos, facturas o justificantes de cada gasto que hiciera, puesto que todo estaba bajo el control y custodia de la administración de la Caja. Puedo decir, en líneas generales: – Que, efectivamente, como ya he admitido, realicé gastos de naturaleza privada. También otros: por ejemplo, los que realicé para pagar determinadas actividades del partido con pleno conocimiento y consentimiento de sus dirigentes, no sé en qué categoría englobarlos. – Que, tal como me habían indicado en la primera conversación, la gran mayoría de los gastos privados que realicé con la tarjeta se correspondieron con los que me dijeron que eran más usuales: comidas, libros, viajes y regalos. Pero además, tengo que hacer una reflexión adicional: Este asunto está en este momento sometido a una investigación judicial y a una investigación de la Agencia Tributaria. Los detalles de todos y cada uno de los gastos que se hicieron con las tarjetas están en manos del juez que dirige la investigación., que aún tiene muchas decisiones que tomar con esa información. Que yo sepa, el Partido Socialista no es parte en este procedimiento judicial.

Por lo tanto, en mi humilde opinión: Ni el Partido Socialista está legitimado para exigir que se le entreguen unos datos que forman parte de una investigación judicial, Ni yo estaría autorizado a entregar esos datos a una organización política, al margen del proceso judicial. Lo que se reclama en este “procedimiento de información reservada” es sencillamente un imposible: ni es lícita la reclamación ni sería lícita la satisfacción de la reclamación. Así pues, de momento lo único que puedo ofreceros, en lo que valga, es mi testimonio personal.

Hay un asunto que no figura en el escrito de acusación pero que ha sido reiteradamente mencionado por los dirigentes del Partido Socialista desde el primer día en que este tema apareció en los medios de comunicación: la devolución del dinero gastado con estas tarjetas. Mi posición al respecto es clara: si, estoy dispuesto a devolver el dinero. Estoy dispuesto a hacerlo en el mismo momento en que me lo ordene un juez y a la vez me indique la ventanilla en la que debo depositarlo. No antes ni de otra manera. Esto es así porque yo creo que en un país serio este tipo de cosas (si un dinero se ha obtenido de forma legal o ilegal, si existe o no obligación de devolverlo y, en su caso, cómo y dónde debe efectuarse esa devolución) las deben decidir los  jueces y no los dirigentes de los partidos políticos; y deben resolverse en los tribunales y no en las tribunas políticas o mediáticas. . Tiene que ver con mi concepción del funcionamiento del Estado de Derecho, aunque admito que puede y parece haber otras.

Una puntualización final: La dirección del Partido Socialista se ha sentido libre para proclamar públicamente la apertura de este “procedimiento reservado”, presumir de haber dado órdenes precisas a la instructora, anticipar su desenlace antes de haberse iniciado el primer trámite y ofender gravemente en público a las personas implicadas. Eso sí, “con todas las garantías procesales”.

Yo renuncio a todas esas cosas (especialmente, la de ofender a las personas), pero me siento libre de dar a este escrito el tratamiento privado o público que crea oportuno, reivindicando como válido para todos el hasta ahora inédito concepto de lo que es un procedimiento reservado.

Un saludo

Ignacio Varela.