Putsch de Argel: Fracasa un golpe de Estado de militares franceses contra el presidente De Gaulle al que acusan de abandono

Con la aplicación del artículo 16 de la Constitución de 1958 el presidente De Gaulle se ha convertido en un dictador investido de poderes teóricamente ilimitados, dentro del cuadro constitucional. Es decir, que menos modificar la Constitución por sí y ante sí, lo puede hacer todo. Recordemos el texto del artículo 16, que su parte sustancial a estos respectos (lo destacado con mayúsculas es nuestro): “Cuando las instituciones de la República, la independencia de la nación… y se interrumpa el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales el Presidente de la República ADOPTARA LAS MEDIDAS que tales circunstancias exijan después de CONSULTAR OFICIALMENTE con el primer ministro, con los presidentes de las Asambleas y con el Consejo constitucional”…. O sea, que el Presidente de la República es único juez para determinar cuáles son las medidas a adoptar, sin necesidad de más trámite que consultar a determinadas personas y organismos. Se trata de una dictadura legal, constitucional, que otorga al que la ejerce una amplitud de poderes enorme. Y lo que es más curioso, según hemos visto, es que la decisión de invocar el artículo 16, siempre según al propio Presidente de la República. Así, de Gaulle ‘ha informado’ al Parlamento, pero no ha solicitado, puesto que no tiene obligación alguna de hacerlo. En la República romana se encuentra un antecedente de este tipo de dictadura legal. Con la diferencia de que en Roma la decisión de erigir la dictadura no competía al propio eventual dictador y de que había un plazo fijo para el desempeño del excepcional cometido constitucional. Así pues, la suma de poderes de que dispone De Gaulle en el momento presente es extraordinaria como pocas veces ha reunido una autoridad en la historia del país. Desde luego, de Napoleón acá nadie había dispuesto de un poder tan absoluto. Esta ha sido una de las consecuencias del absurdo intento de los cuatro generales de Argel.

Se dice, por otra parte, que en esta ocasión De Gaulle transformará el régimen francés, que puede calificarse de presidencialista parlamentario, en un sistema decididamente presidencialista. Esto, desde luego, insistimos, no en virtud de los poderes extraordinarios que, por definición no tienen carácter constituyente. Pero se afirma que este es su propósito político a la larga. Es posible, pero la verdad es que no se ve demasiada relación entre el intento de los cuatro generales y el propósito atribuido a De Gaulle: no ha sido, ciertamente, el Parlamento quien le ha causado la más grave de sus preocupaciones desde que subió al poder, en 1958, sino el Ejército, del cual él mismo procede.

Mientras desde París el Gobierno comunica oficialmente que el alzamiento ha terminado del todo, la policía tanto en la metrópoli como en Argelia trabaja activamente. Se informa del descubrimiento de una conspiración en la Francia metropolitana, en concomilitancia con la insurrección argelina. Es la lógica misma que tales complicidades existieran. La tarea política del general-presidente es doble en el momento actual en este terreno. De un lado ha de medir exactamente el grado y límites del castigo para equilibrar las exigencias de la justicia con las necesidades de la política. Es evidente que ha de cuidar de que la represión no cause demasiado honda huella de amargura en el Ejército; pero, por otra parte, ha de evitar también la sensación de impunidad o de debilidad para que no vuelva a haber tentaciones de cometer hechos como los que han puesto a Francia en tan grave peligro.

Ambas necesidades combinadas son tanto más duramente imperiosas, cuanto que Francia ha de empezar a enfrentarse con una perspectiva impuesta por el desarrollo del problema argelino, epílogo de la gigantesca descolonización de los últimos años. Esta perspectiva es la de un Ejército que habrá de replegarse, a no tardar, seguramente al exámetro metropolitano. Exigencias de reajustes y limitaciones, siempre dolorosas, requerirán entonces un Ejército absolutamente disciplinado, sujeto al poder del Estado y, a la vez, sin sentimientos de amargura fuera de los naturales producidos por la inevitable liquidación de uno de los más poderosos imperios coloniales que ha habido en la era colonial europea. Es fácil advertir que esta necesidad requiere, ahora, severa justicia y hábil tacto a la vez. Y por otro lado, De Gaulle ha de impedir que, aprovechando la reacción contra la descabellada intentona argelina, los comunistas hagan el papel del clásico pescador en la no menos clásica agua revuelta. El 1 de mayo ofrecerá ocasión para poner a prueba la autoridad del Presidente.