Quiebra de PSV: La promotora social de viviendas de la UGT entra en suspensión de pagos dejando tirados a los que invirtieron ahí sus ahorros

EL asunto PSV está resultando ruinoso para la UGT. Ruinoso desde el punto de vista económico. En efecto, el agujero financiero que presenta la cooperativa de viviendas del sindicato, aunque imposible de cuantificar por el momento, es sin duda de los que hacen época: baste con considerar que sus responsables reclaman 8.000 millones de pesetas para que el tinglado no se les hunda por entero. Ayer, mientras el Consejo de Ministros sancionaba la inhabilitación de Sotos y Barrabés, un Juzgado de Madrid admitía a trámite la solicitud de quiebra de IGS-PSV presentada por tres acreedores: tal se diría que las campanas de la economía ugetista empiezan ya a tocar a muerto. El affaire es también ruinoso para el prestigio de la UGT: ninguna organización que se pretenda defensora de los intereses obreros puede soportar el baldón que supone dejar en la calle y con los bolsillos vacíos a miles de trabajadores -PSV tiene 17.167 socios cooperativistas, que han adelantado cerca de 80.000 millones de pesetas- y que éstos la cosan a manifestaciones de protesta ante sus sedes y a querellas criminales en los juzgados. Por lo demás, no es sólo la indignación de los cooperativistas defraudados lo que está en juego. A la opinión pública en general le resulta también difícil de creer que sumas tan elevadas de dinero hayan podido evaporarse sin que nadie -sea a título personal, sea en beneficio del sindicato, sea en ambas direcciones- se haya aprovechado de ello. «UGT ha metido la pata, pero no la mano», insisten los líderes ugetistas. Pero las pruebas que sustentan esta afirmación siguen sin aparecer. Es obvio que la mala gestión o el error de concepción de algunas empresas y proyectos del grupo -IGS Viajes, IGS Club, Esfera Armilar, etc., pueden explicar parte de las pérdidas. Malamente todas. Ahora, UGT «exige» a la Administración que tome las medidas necesarias para salvar de la ruina al Grupo IGS-PSV. Cabe preguntarse por qué las arcas públicas habrían de contribuir a impedir el fracaso de un proyecto que fue concebido como un negocio, por muy sindicalistas que sean sus promotores. En todo caso, esa petición de auxilio, en principio admitida por el vicepresidente del Gobierno y algunas autoridades autónomas -caso de Joaquín Leguina-, puede pasar a convertirse en la tercera ruina de la UGT: la política. Narcís Serra está bloqueando los fondos que el Instituto de Crédito Oficial había prometido a IGS-PSV y no hace falta ser un lince para comprender por qué, a un mes vista de la huelga general y con el Congreso del sindicato y la renovación de su dirección máxima a la vuelta de la esquina. La línea de firmeza ante el Gobierno de González que ha venido protagonizando Nicolás Redondo -cuyo silencio en todo este vidrioso asunto resulta incomprensible- puede salir gravemente afectada. La actual dirección de UGT está en todo caso atada: o de manos, si quiere lograr el dinero oficial, o por el cuello, si se resigna a que siga adelante el proceso de quiebra de IGS-PSV. Mal lo tiene.

Tenía razón Nicolás Redondo cuando, durante las pasadas vacaciones de verano, se lamentaba en su casa de Laredo de su triste condición como secretario general dimisionario de UGT: «¡Tiene cojones, el año que me voy a jubilar voy a dejar a los cooperativistas de PSV sin dinero y sin piso!». La experiencia empresarial de UGT terminó ayer como el rosario de la aurora, cuando un juez decidió tirar por la calle de en medio de la quiebra de IGS, cabecera del grupo empresarial del sindicato. El corolario demagógico que del episodio extraerá más de un empresario español resulta obvio. Nunca como ahora se puso de manifiesto aquel refrán castellano de que una cosa es predicar y otra dar trigo. La quiebra, levantada «in extremis», de IGS es, si me apuran, un episodio menor comparado con la situación de los miles de cooperativistas de PSV. Su situación es especialmente dramática. No sólo han perdido su piso y seguramente su dinero: han perdido también su fe. Fe en un proyecto; fe en un sindicato de clase; fe en una ideología, la socialista, cuya causa cabe pensar que la inmensa mayoría de ellos abrazaron ante las urnas. Ellos lo han perdido casi todo. La situación de Redondo no puede ser más desairada. Oirle «exigir» la intervención del Gobierno para sacarle las castañas del fuego a la UGT, produce asombro y consternación. ¿Tendremos que pagar entre todos los desvaríos de UGT, como si de una república bananera se tratara? Cabe imaginar al Gobierno, especialmente a su vicepresidenteespía, que ha dispuesto de información confidencial sobre la situación de la cooperativa, debatiéndose en un doble y contradictorio sentimiento: por un lado, frotándose las manos al ver al sindicato sumido en tamaño embrollo un mes antes del 27-N; por otro, alarmado ante las consecuencias de un escándalo que acabará por salpicar a toda la familia socialista. Insistir sobre la responsabilidad de Redondo «in vigilando», resulta obvio. Y no será porque el líder sindical no disponía de elementos de juicio para conocer el paño que se guarda en el arca de Carlos Sotos y compañía. Su propio yerno, Iñaki López, fue puesto en la calle, en Unial, por decisión personal del sudodicho. ¿Por qué Redondo, a quien por su trayectoria hay que suponer desligado de cualquier espurio interés personal, no ha desenmascarado a los culpables? Ese es uno de los grandes misterios de esta tragicomedia, que sólo tiene una respuesta: Porque UGT se ha estado financiando -y no me refiero al crédito de 800 millones concedido por Unial- con los recursos generados por el entramado IGSPSV. Sólo eso explica que sigamos sin saber las cifras exactas del drama. La abrumadora evidencia de las denuncias formuladas contra Carlos Sotos obliga a pesar que el inefable «factótum» de IGS-PSV tiene perfectamente bien trincadas las fidelidades del resto de los jerarcas de la UGT que le han acompañado en la aventura: empezando por el «renovador» Paulino Barrabés, también encartado en el asunto Enatcar, y siguiendo por Sebastián Reyna, el enigmático hombre de los dineros del sindicato, por Apolinar Rodríguez y demás familia. Por increíble que parezca, Sotos ha estado concediendo entrevistas en periódicos y canales de televisión, como si de una madura estrella de Hollywood se tratara. La inmensa mayoría de los cooperativistas de PSV estará de acuerdo en exigirle que, a partir de ahora, las pintorescas explicaciones que en los últimos meses ha ido desgranando aquí y allá, las realice ante un juez, a quien debería explicar con todo detalle el destino de los 80.000 millones de pesetas aportados por los cooperativistas, así como el origen de su fortuna personal.

La indignación que sienten las 20.000 familias de trabajadores que confiaron sus ahorros al grupo PSV-UGT está más que justificada. Para quienes durante años han aportado sus ahorros a una cooperativa garantizada por el mayor sindicato del país, la revelación de que éstos han desaparecido supone una catástrofe doméstica y un drama existencial. Para UGT es un desastre de primera magnitud que pone en peligro su credibilidad y capacidad de acción como uno de los dos puntales del movimiento sindical y organización fundamental para el diálogo social en España. Es éste, por tanto, un desastre para todo el país del que nadie puede alegrarse.Con la suspensión de pagos de la gestora IGS y de PSV después se evitará que el grupo acabe en quiebra y liquidación. Ha sido posible gracias a la decisión de UGT de poner todos sus bienes a disposición de la cooperativa. Esto debería garantizar la construcción de las viviendas y despejar finalmente todas las dudas y responsabilidades sobre las causas del fracaso. Hoy ya está claro que se acumula un sinfín de insólitos errores de gestión empresarial con una administración irresponsable de recursos ajenos.

La lista de despropósitos -y sin duda abusos- en los que se ha incurrido agota prácticamente todos los descritos en los manuales sobre mala gestión, o irresponsabilidad. Un proyecto faraónico, una expansión disparatada, descontrol en la gestión y en el gasto, trasvase irregular de fondos de una actividad a otra, fuga hacia adelante al percibirse los primeros problemas, empleo para operaciones especulativas de beneficios hipotéticos aún no generados y, aún peor si cabe, ocultamiento sistemático de la situación real, que ha impedido la enmienda cuando todavía eran posibles soluciones no traumáticas.

La responsabilidad deben compartirla el gestor, Carlos Sotos, y UGT, que son titulares del 53% y 47%, respectivamente, de la sociedad anónima que gestiona el grupo. Pero hay más responsabilidades. El programa de construcción de viviendas fue espoleado desde el Gobierno y muchas alcaldías socialistas proporcionaron suelo público barato a la cooperativa, lo que las hacía responsables de cierta tutela sobre la gestión.

Lo que fue un proyecto idealista de transformar el viejo modelo de sindicalismo reivindicativo en una organización moderna, volcada a prestar servicios a sus afiliados, ha culminado en un grave perjuicio para los asociados y -quién lo duda- para UGT. Poco consuelo es que un sindicalismo tan arraigado y de gran tradición en este tipo de servicios sociales a sus afiliados como el alemán ya se estrelló en un proyecto de similares características y aún mayor, la Neue Heimat.

En más de una ocasión, los gerentes de PSV han esgrimido dificultades como el boicoteo de promotores y bancos para justificar el retraso de sus compromisos. Nadie debe sorprenderse de que empresas de un sector determinado se resistan a la entrada de nuevos competidores, sobre todo si éstos cuentan con apoyos de la Administración y un sindicato.

El carácter faraónico del proyecto quedó bien patente con la iniciativa emblemática del grupo, la Esfera Armilar, que hubo de abandonarse después de haberse malgastado en ella 2.800 millones. El ritmo de la expansión alocada estaba fuera de toda lógica empresarial. En un plazo de cuatro años, la plantilla del grupo pasó de 3 a 600 empleados.

Ha sido habitual en el grupo el trasvase de fondos de una entidad a otra. La más sangrante de las irregularidades ha sido el empleo de fondos de IGS, sociedad hipotecaria, para afrontar gastos en el negocio de la construcción. Otra irresponsabilidad increíble está en la especulación con suelo privado a la espera de su recalificación.

El Gobierno ha acudido en ayuda del grupo instrumentando créditos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), primero 8.000 millones y después 1.200 millones de pesetas, para dar liquidez a las sociedades. La UGT ha adoptado finalmente una decisión responsable, la única que ya podía tomar: poner a disposición todos sus bienes patrimoniales para salvar la cooperativa. No es frecuente ver a propietarios ofrecer sus bienes como compensación de las pérdidas ocasionadas por los fracasos de sus negocios.

El fiasco de PSV no debe llevar a cuestionar el modelo de economía social. En España hay ejemplos de buen hacer empresarial en el sector cooperativo, como es el caso de Mondragón o de los programas de, viviendas de Comisiones Obreras. Porque el sindicato moderno debe aspirar precisamente a la prestación de servicios y a no ser mero cuadro de agitación reivindicativa. Con calidad, seriedad y transparencia.

ENTRE ASUMIR abiertamente la responsabilidad y negar la evidencia, Nicolás Redondo se ha quedado en un punto intermedio. Reconoce, algunos errores, pero inmediatamente se indulta a la vista de las atenuantes. Su comportamiento ha sido, pues, el habitual entre los políticos cogidos en falta; al menos entre los políticos no excesivamente cínicos. Lo peor de este asunto envenenado de la cooperativa de viviendas auspiciada por UGT es que el escándalo acaba con el primer intento de modernización de esa central en el sentido de convertirla en un sindicato de servicios, al estilo de los más desarrollados, como el alemán. El derrumbe del grupo de empresas ugetista, constituido a partir de 1988 sobre las sociedades de un ex con cejal del PCE, Carlos Sotos, hoy militante socialista, ha atrapado entre sus restos los ahorros -cerca de 46.000 millones de pesetas- de alrededor de 20.000 familias. La cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV) y su gestora (Iniciativas de Gestión de Servicios), ambas en suspensión de pagos, se han salvado a duras penas de la quiebra. Sólo la aportación de dinero público, 9.200 millones de pesetas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha evitado que el proyecto saltara definitivamente por los aires.

Las explicaciones de la dirección de UGT sobre el escándalo no han sido hasta el momento claras ni afortunadas. Si hay que creer a la dirección del sindicato, durante los cinco años de vida de un proyecto basado en su imagen y en sus siglas, ninguno de sus dirigentes supo realmente cuál era el estado real de las empresas. Y ello a pesar de que al menos un miembro de su ejecutiva formaba parte de los órganos de control de la cooperativa. La explicación de que el sindicato como tal sólo poseía el 47% de las acciones de IGS (el otro 53% lo controlaba una fundación dirigida por Carlos Sotos) es poco satisfactoria. Un 47% de acciones, una imagen comprometida y los ahorros de 20.000 familias, muchas de ellas cotizantes del sindicato, son razones más que suficientes para vigilar la marcha de un proyecto de la envergadura de PSV. No es difícil imaginar lo que habrían dicho ciertos dirigentes de UGT ante intentos de justificar en esos términos otros famosos desastres de los últimos años.

Redondo sólo ha reconocido el error de haber sido demasiado ingenuo al confiar en gestores como Carlos Sotos. Sin embargo, la decisión de la dirección ugetista de hipotecar todo su patrimonio para sostener el proyecto supone la aceptación tácita de que su responsabilidad va más allá de lo que ahora reconoce. Aunque, como ha asegurado el propio Redondo, el sindicato puede no ser legalmente el primer responsable de lo sucedido, no es menos cierto que entre IGS-PSVy el sindicato han existido nexos muy estrechos, algunos de los cuales están aún por aclarar. En sí mismos aumentan, varios grados la responsabilidad de la central.

Por ejemplo, está aún por detallar cuál fue el verdadero papel del yerno de Nicolás Redondo, Ignacio López, al frente de la aseguradora del sindicato, Unial, cuyas pérdidas -2.800 millones de pesetas en 1992- fueron el detonante de la crisis de todo el grupo. También requieren una explicación los cobros efectuados por el propio sindicato a IGS por diversos conceptos o la relación entre las cuentas de IGS y la compra de la sede del sindicato en la calle de Hortaleza de Madrid. Sólo si UGT clarifica todos los puntos oscuros tendrá derecho a pedir cuotas de responsabilidad a los poderes públicos que facilitaron la conversión de PSV en un proyecto fa raénico, a los políticos que han intentado convertir el fracaso de la cooperativa en arma contra UGT y el movimiento sindical en general, y a los banqueros que exigen más pólizas de las debidas a un proyecto, como es la construcción de viviendas sedales, que tiene un indudable interés para el conjunto de la sociedad.