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Asunción coloca al juez Garzón al frente de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas

La llegada de Antonio Asunción al ministerio del Interior supone la salida de Rafael Vera tras 11 años de lucha contra el terrorismo como Director de Seguridad

HECHOS

Noticia el 6 de enero de 1994.

06 Enero 1994

Garzón y Vera

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

TAL VEZ el juez Garzón pueda ahora descubrir desde dentro del aparato estatal las incógnitas que no logró despejar cuando investigaba los desagües del mismo. Su incorporación al frente de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas y la salida de Rafael Vera, director de la Seguridad del Estado desde 1982, son las novedades más llamativas del nuevo organigrama directivo del Ministerio del Interior.No se sabe si hubo algún compromiso concreto por parte de Felipe González para conseguir la incorporación de Baltasar Garzón a las listas socialistas, pero sí que el famoso juez quedó desconcertado al oír por televisión -en el primer debate Aznar-González- que se pensaba en él para presidir una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos. Su posterior nombramiento como delegado del Plan Nacional contra la Droga, adscrito al Ministerio de Asuntos Sociales, lo convirtió en un general sin tropa: el entonces ministro del Interior rechazó su petición de competencias directas en la coordinación policial para la lucha contra el narcotráfico. La divergencia se ha resuelto pasando esa delegación al Ministerio del Interior. De hecho, Garzón se convierte, con la salida de Vera, en el número 2 del ministerio.

Pero es posible que su incorporación anuncie cambios más profundos en la estrategia contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en general. Por una parte, esa estrategia tiene que ser cada vez más internacional, siendo decisiva para su eficacia -en tanto no exista una policía europea propiamente dicha- la más amplia coordinación de los diferentes servicios. Por otra, Garzón lleva algún tiempo defendiendo la necesidad de adaptar la legislación a las nuevas formas de criminalidad organizada, que requieren técnicas policiales más sofisticadas: infiltración, protección del anonimato de testigos y arrepentidos, etcétera.

Rafael Vera ha representado durante 11 años la continuidad de la política de seguridad de los sucesivos Gobiernos de Felipe González. Ha sido, sobre todo, el gran especialista en temas de terrorismo. El carácter especialmente delicado de esa responsabilidad y la información que iba acumulando lo hicieron poco menos que indispensable, primero como director y luego como secretario de Estado para la Seguridad. La experiencia acumulada ha sido valiosa para el departamento, pero es posible que su larga permanencia en el cargo haya influido en el mantenimiento de algunas inercias. En materia de personal, por una parte, en la medida que su presencia avalaba la continuidad de funcionarios de impresentable trayectoria. Pero también de ciertas inercias en materia de estrategia policial.

Por ejemplo, en materia antiterrorista. Vera apostó por combinar la eficacia policial en la detención de los activistas con el mantenimiento de cauces de diálogo con sus jefes. En 1982, cuando el PSOE llegó al poder, esa vía acababa de producir el efecto de la disolución de ETA Político-militar. Era lógico explorar las posibilidades de aplicarla, con las variantes que fueran precisas, a la única ETA que siguió actuando. Cuando, ahora hace cinco años, se realizó el ensayo de Argel, las posibilidades de esa vía eran ya escasas. La experiencia resultó, en todo caso, concluyente: ETA no estaba dispuesta a cuestionar su existencia y concebía la negociación como una forma de dar una perspectiva a sus atentados: se mata para forzar la negociación, y si no se aceptan sus condiciones, se redobla la ofensiva, en un proceso sin fin.

Pese a ello, Vera ha seguido manteniendo abierta esa vía, con el argumento de que se trataba de contactos destinados a sondear al enemigo. Dando por descontada su excelente intención, el balance no avala tales iniciativas. Como explica en un reciente libro Kepa Aulestia, secretario general de Euskadiko Ezkerra entre 1985 y 1991, «durante un periodo relativamente largo de tiempo, todo, acercamiento, real o presunto, de esferas gubernamentales a ETA era respondido con un atentado». Y ello porque, para el radicalismo violento, la perspectiva de una negociación es desde hace años «su único elemento de movilización y cohesión».

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