Quiebra la empresa ENRON, gigante del sector energético de Estados Unidos

La quiebra del gigante de la energía Enron, de colosales consecuencias económicas y sociales ya que sus 4.500 empleados han perdido no sólo sus puestos, sino buena parte de sus fondos de pensiones, se está convirtiendo en el mayor apuro político de George Bush y su Administración, dadas las conexiones entre la empresa, el presidente y el vicepresidente norteamericanos, todos vinculados al sector y con un origen común en Tejas. Bush ha reaccionado con presteza, negando toda vinculación. Una serie de investigaciones se han puesto en marcha: los departamentos de Justicia y de Trabajo, la Comisión del Mercado de Valores (SEC), tres comités del Congreso, además de los medios de comunicación. El caso se puede convertir en una pesadilla para Bush.

El principal ejecutivo de la compañía, Kenneth Lay, presidió el Consejo Empresarial del entonces gobernador de Tejas. Bush ha negado que como presidente discutiera con Lay de los problemas de Enron. Pero el vicepresidente Cheney no quiere revelar el contenido de sus conversaciones con Lay, o las de sus asesores con Enron para diseñar una política energética, que ha de constituir uno de los ejes del próximo discurso de Bush sobre el estado de la nación. La versión dada por Enron es que alertó a la Administración de los riesgos de quiebra.

Aunque demasiado tarde para remediar la situación, Bush ha pedido que se estudie establecer límites en las inversiones de los empleados en sus propias empresas a través de los fondos de pensiones, que a todas luces se han sobrepasado en muchas compañías. También ha propuesto cambios en la regulación de las auditorías. Aunque los profesionales de Arthur Andersen alertaron en su día a Enron sobre el estado de sus cuentas, acabaron dándolas por válidas, para reconocer ahora haber destruido ‘un número significativo’ de documentos relacionados con este gigante, cuyo valor de mercado llegó a los 70.000 millones de dólares a finales de 2000, para quebrar bajo el peso de unas deudas que se habían escondido.

Demasiados puntos oscuros rodean la caída de Enron, con la espada de Damocles de la acusación de tráfico de influencias pendiente sobre una parte de la Administración. A pesar de la popularidad ganada tras el 11 de septiembre, Bush puede no resultar tan presidente teflón como Reagan, de quien se decía que nada se le quedaba pegado.

Nada permite ahora mismo determinar si la quiebra caótica y espectacular de Enron, séptima empresa de Estados Unidos y líder del nuevo sector del comercio energético, encierra elementos de fraude.Es tan compleja la estructura financiera del gigante con pies de barro de Houston que serán necesarias nuevas auditorías -más fiables que las realizadas hasta ahora por Andersen- para determinarlo.Pero sí que son patentes en el escándalo, que deja a muchos bancos y empresas de América y Europa en situaciones de riesgo a veces inquietantes, esos componentes de descontrol, ambición desmedida -hasta la avaricia- y falta de transparencia que ya han aflorado en la historia reciente del capitalismo. En particular, hace año y medio cuando se vino abajo la nueva economía de las famosas punto.coms.

Hoy como entonces, los ingredientes son semejantes: una financiación abundantísima, la adulación de los medios de información y el entusiasmo de los analistas de Wall Street, que unidos a la credulidad de los inversores en torno a un nuevo sector o a un nuevo producto, hinchan una burbuja de manera espectacular. En este caso la novedad era el energy trading, el comercio de la energía, valor escaso y cada vez más valorado. Podría haber funcionado, pese a todo, pero el final se precipitó porque el ex director general de la empresa presidida por Kenneth Lay, Jeff Skilling, empezó a separar el endeudamiento de Enron de la cuenta de resultados, mediante complejos ejercicios de ingeniería financiera. Así parecía aún más atractivo el valor bursátil… hasta que se destapó una deuda de 1.200 millones de dólares, cuyo conocimiento ha precipitado el colapso: la confianza en Enron se desvaneció en un par de días.

Lay contaba con el Gobierno de Bush, cuya campaña del 2000 había financiado generosamente, y al que había convencido de las bondades de la desregulación energética. Pero ahora el escándalo es demasiado grande y nadie le socorrerá. Esa desregulación y la connivencia de empresas auditoras y de agencias de evaluación del riesgo merecerían una investigación y una reflexión más profundas tras este colosal colapso empresarial. La avaricia sí que estaba desregulada…

A raíz de la crisis del gigante eléctrico Enron, los inversores han descubierto con aprensión que las cuentas de las grandes empresas resultan significativamente opacas por prácticas contables indescifrables o insuficientemente contrastadas y que los directivos de algunas grandes compañías, estadounidenses y europeas, han utilizado información sensible de sus empresas para enriquecerse en Bolsa. Las deficiencias en la contabilidad de Enron, IBM o General Electric ponen en cuestión la fiabilidad de las cuentas que algunas empresas presentan a sus accionistas o inversores; las inversiones oportunistas del ex presidente de Enron, vendiendo acciones de la empresa cuando supuestamente ya conocía la gravedad de sus balances, o las pensiones que se conceden los ex presidentes de la multinacional europea ABB, dicen mucho y mal del poder sin control que tienen algunos directivos.

La información errónea impide el funcionamiento correcto del mercado. Las autoridades económicas americanas y europeas, incluyendo las españolas, deben imponer normas contables que exijan mayor precisión en las cuentas, para corregir problemas tales como los pasivos fuera de balance -operaciones no formalizadas, pero que tienen un coste económico- o la provisión de los fallidos. Este último caso es relevante para las grandes empresas españolas con intereses en Argentina. Los bancos han informado de las dotaciones extraordinarias para cubrir la morosidad, y es una decisión que infunde confianza en clientes y accionistas. Pero está por ver si las empresas contabilizan de forma correcta en sus balances otras partidas (como el riesgo de impagos) o se limitan a resolver sobre el papel, con creatividad contable, los problemas que se derivan de inversiones arriesgadas en países inestables.

En el caso de la información privilegiada, su consideración como delito no ha funcionado con éxito en casi ningún país, aunque hay diferencias en transparencia y voluntad de aplicarlo que no dejan en buen lugar a los reguladores españoles. En EE UU se ha abierto un debate público muy intenso, apoyado en varias comisiones y subcomisiones legislativas, con el objeto de blindar la legislación contra el insider trading; en España se ha elaborado una ley financiera en la que abundan las declaraciones de buena voluntad, pero con el estilo de dirigismo semiilustrado que caracteriza a esta Administración. Ni debate público ni consulta abierta a los agentes financieros, ni preguntas a los inversores. Lo cual hace dudar de su eficacia

El capitalismo moderno tiene sus reglas. Quien las traspasa sobremanera y con gran arrogancia, la paga y se le expulsa de por vida del sistema. Así ocurrió con Bernard Ebbers, ex consejero delegado y fundador de la operadora WorldCom, sentenciado a 25 años de cárcel por fraude en agosto de 2005; y así les acaba de suceder a Kenneth Lay -amigo personal de George W. Bush- y a Jeffrey Skilling, ex presidente y ex consejero delegado, respectivamente, de la compañía Enron, condenados por un tribunal de Houston (Tejas) por fraude contable y conspiración. Las penas no se conocerán hasta el 11 de septiembre.

La condena de los responsables de la antaño modélica y poderosa distribuidora de electricidad, gas natural y telecomunicaciones ha sido recibida con indisimulada satisfacción por la Administración norteamericana, que consideró el escándalo de Enron, cuando se destapó gracias a un soplo en 2001, como el peor y más emblemático ejemplo de los llamados crímenes de cuello blanco, que proliferaron durante los noventa en Estados Unidos, provocando el hundimiento de la Bolsa y una crisis de confianza sin precedentes en Wall Street. Transacciones ficticias, trucos contables, engaños a los inversores y a las autoridades sobre la ruinosa situación financiera. Ésas fueron las prácticas delictivas habituales de diversas empresas de sectores desregulados. En el caso de Enron, las irregularidades significaron dejar en la calle a 6.000 empleados y la evaporación de 2.600 millones de dólares en fondos de pensiones. El reforzamiento de los controles contables y del buen gobierno corporativo se convirtieron tras el escándalo en la prioridad de las autoridades reguladoras para devolver la confianza a los inversores.

Algunas de esas prácticas suenan ya, aunque en menor escala, muy familiares también en Europa y España. Teóricamente, la moraleja de Enron enseña que nadie está al margen de la ley y que el sistema es capaz de rectificar y depurar excesos, exigiendo responsabilidades a quienes incumplen los códigos de conducta. Sin embargo, en la práctica es harto difícil creer que este tipo de conductas sean flor de un día y que no vuelvan a repetirse, si cabe, con mayor descaro buscando nuevos resquicios.