Restablecida la Generalitat de Catalunya por el Rey Juan Carlos I de España venciendo el escepticismo del presidente Adolfo Suárez

EL RESTABLECIMIENTO de la Generalitat de Cataluña tiene una significación, histórica, cuya trascendencia sería difícil exagerar. El contencioso quizá más cargado de peligros de los que ha legado el franquismo a la naciente democracia española es, precisamente, el conflicto entre las reivindicaciones autonómicas de las «nacionalidades históricas» y las resistencias de diferente signo que se dan en el resto del territorio español a aceptar su cumplimiento. Porque lo que confiere esa potencialidad explosiva al litigio es la mezcla de intereses materiales, actitudes emocionales y sentimientos patrióticos, que le convierte en objetivo de fácil manejo para quienes desean su enconamiento en vez de su solución En este sentido, el comunicado ofical dado en Perpiñán el 28 de septiembre, y suscrito por el señor Tarradellas, el presidente Suárez y los dirigentes de todos los partidos políticos de ámbito catalán constituyen el paisaje parcialmente sombrío de la España actual, un documento que debe devolver la confianza a todos los ciudadanos en las posibilidades de los mecanismos de negociación democrática para resolver los más difíciles problemas. El camino del acuerdo ha sido arduo, pero el desenlace demuestra que, pese a todos sus defectos, la pugna de intereses encauzada por la discusión, el regateo y los compromisos, es la única vía de que dispone una sociedad moderna para, a la vez, resolver los conflictos y mantener las libertades de los ciudadanos.

El acuerdo de Perpiñán, por lo demás, es un contundente desmentido de aquellas posiciones que sostienen, contra toda evidencia, que la conquista por Cataluña de sus justas reivindicaciones equivale a la disgregación y a la ruptura de la comunidad histórica española. Así, el documento subraya que «el reconocimiento de la personalidad de Cataluña» es la otra cara del «principio de la unidad e España». La referencia a «la solidaridad de todo los pueblos que la integran» parece un mensaje enviado por los catalanes a los españoles, a quienes una política económica incoherente y desordenada ha condenado a la emigración o a la permanencia en su tierra natal en desesperadas condiciones de subdesarrollo, desempleo y hambre.

En estos momentos, pasa a segundo plano el análisis de las consecuencias que puede tener el pacto de Perpiñán para la correlación de fuerzas dentro de Cataluña. Unos partidos y personalidades han obtenido seguramente, más que lo que las elecciones de Junio les habían reconocido; y otros, han visto restada parte de su fuerza. Pero verdaderamente importante es que no hay vencedores absolutos ni derrotados totales, y que unos y otros han negociado alrededor de una mesa, en plena libertad, las condiciones del nuevo arreglo.

Digamos, finalmente, que la solución provisional de la «cuestión catalana» -sólo las Cortes y la futura Constitución podrán establecer la definitiva- marca la línea a seguir para resolver la «cuestión vasca.». Confiemos en que también en esta negociación, probablemente más difícil y compleja, termine por imponerse el buen sentido. Ni los vascos podrán recuperar sus libertades como pueblo fuera de un acuerdo global con el resto de, los españoles, ni los españoles podrán consolidar definitivameme la democracia sin que los Vascos conquisten sus instituciones de autogobierno.

En estas horas amargas para España y amargas para muchos españoles de esa parte del ser nacional que es Cataluña, se resisten los sentimientos a ser expresados: se agazapan en el interior y acongojan.

Tal vez haya catalanes que sientan el establecimiento de la Generalitat, como un desagravio; pero, si ese trozo de la Patria en que nacieron tiene reproches que hacer al pasado, no serán mayores a los que pudieran presentar otras regiones, sin la contrapartida de alguna deferencia exquisitas y no muy lejanas, como el que Barcelona gozara antes que Madrid de ley de Régimen Especial para su municipio, o se derogará – para no herir a la otra gran urbe – la Ley de Capitalidad de la II República, que permitía canalizar hacia la capital del Reino importantes subvenciones.

La aprobación en Consejo de Ministros de la Generalitat es un asunto más hondo. No se trata del triunfo de una región sobre las restantes, pese al hecho de contemplar la autonomía de una y olvidar la petición de Castilla y León, de Cantabria, de las Vascongadas, de Canarias o del cantón de Cartagena; todas por igual grotescas o serias, según se quiera; se trata de un atropello a la democracia. Cuando en las Cortes se está elaborando la Constitución, resulta anormal que el Ejecutivo, por su cuenta y riesgo – este compartido con el pueblo, teóricamente soberano, pero sin arte ni parte en la grave decisión – apruebe una provisionalidad que a nada conduce, como no sea a presentar hechos consumados y manejar así la tarea del Legislativo. Tamaña intromisión vulnera el más elemental sentido democrático y orienta hacia dónde van las intenciones de los ‘demócratas de toda la vida’ que nos gobiernan.

Si por la presunta puesta en entredicho de la inmunidad parlamentaria, se ha celebrado un pleno en la Cámara ¡qué sesión plenaria no debería celebrarse para pedir cuentas al Gobierno sobre su intromisión en asuntos tan graves, que no le competen! Porque la competencia está claro que sólo al pueblo – mediante Referendum – corresponde o, en su caso, al Legislativo, representante legítimo – aunque también torpe, justo es reconocerlo – del pueblo en el que, según la Ley de Reforma Política, reside la soberanía.

Con lujo de champán han brindado Tarradellas y Sánchez Terán, en tanto que el labrador echa la siesta cansado sobre el tractor, probablemente adquirido a plazos, tras desprenderse de los mulos inevitables de 1931, año constitucional al que hemos regresado por el túnel del tiempo que Suárez ya ensayó en la Televisión cuando era director general. ¡Ojalá esta España del trabajador agotado de fatiga y problemas, no despierte trágicamente de la siesta!

El desguace de España – y también de la Segunda República – empezó por Cataluña. Fue algo muy triste, aunque público. Sucedió en el Congreso, en pública sesión. Anotaba un poeta: “Así, aquella tarde, sólo unos chascarrillos de tertulia defendieron la integridad de España”. Mientras eso ocurría en el Congreso, la calle y la universidad hervían. No parece que suceda otro tanto ahora. Suárez y Tarradellas se lo han guisado y comido por su cuenta, si bien el primero a través de Sánchez Terán. Ni la cuestión ha ido al llamado Parlamento, ni la calle arde, ni la Universidad protesta. Antes bien diría que no es previsible el menor ademán en contra de este nuevo Tratado de París, que enajena de España la hermosa región catalana. De perder tierras en el Pacífico o en el Caribe hemos pasado a entregarlas en el Mediterráneo. Pronto conoceremos alguna nueva entrega en el Cantábrico. Batallones gudaris ya desfilaron en San Miguel de Aralar para hacerse cargo en cuanto suene su hora de las nuevas fronteras. ¿No hay ya comuneros para Castilla? ¿Y cantonales en Cartagena? ¿Qué serán las Canarias, argelinas o americanas?

Pienso que esta nación ha muerto, puesto que nadie se alza contra ese crimen. Nos resignamos a la anarquía, al separatismo, a la ruina, a la tutela extranjera. Todos somos cobardes.

En tiempos de la Segunda República aún vivía España. Voces augustas levantaban la protesta: “No es eso, no es eso”, clamó don José Ortega y Gasset. Nadie se dio cuenta entonces de que Sanjurjo intentó traducir a expresión militar la dialéctica precozmente desengañada de Ortega. Sanjurjo no tuvo la oportunidad de corregir con su espada ‘el perfil agrió y triste’ de la República, trocándolo en sonriente, acogedor y alegre. Nos hubiera evitado una Guerra por lo visto estéril. La incompetente cerrilidad del PSOE de entonces hizo todo lo demás, según vinieron a confesar Madariaga, Prieto y el propio Largo Caballero, muchos años después. Todos los grandes jefes socialistas desdeñaron la posibilidad de estabilizar la República o si la entrevieron humillaron su libertad de pensamiento ante el Partido. Magnificado hoy por su tolerancia, don Julián Besteiro, a quien nadie puede negar un coraje poco frecuente en el intelectual, bajó un día de su sillón de presidente de la Cámara para amenazar desde su escaño: “Si se cierran las puertas al ideario socialista, diremos al pueblo que no es ésta su República y habrá que preparar la revolución social” (Conviene recordar que antaño ‘revolución social’ era algo perfectamente definible en punto a belicosidad y maneras).

Me temo que España estñe muerta. Pero ni aún así me parece que sea necesario trocearla para su entierro, ni menos cargarlo con goma 2 para que salte en pedazos.

Los que sí estamos muertos – eso seguro – somos los españoles y el olor nauseabundo que se nota es de putrefacción y de miedo. Ya nos comen los gusanos por lo más presumido habíamos.

Rafael García Serrano