Se difunde una conversación del ministro Jorge Fernández Díaz, en la que habla de filtrar noticias contra independentistas catalanes

«No podemos olvidar que estamos hablando del hermano de Junqueras».

Así insistía Jorge Fernández Díaz, como ministro del Interior en 2014, en que se debía encontrar algún dato comprometedor en las adjudicaciones del Ejecutivo tripartito catalán a CESPA (del Grupo Ferrovial), donde trabaja Roger Junqueras, hermano del líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Faltaba muy poco para la celebración de la consulta soberanista del 9-N –prohibida por el Tribunal Constitucional– y el ministro conspiraba con el jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso Laso, para obtener cualesquiera datos con los que fabricar escándalos contra los dirigentes de ERC y Convergència (CDC) que no sólo desacreditaran a esos partidos sino que incluso pudieran emplearse como indicios para acusarlos de prevaricación.

Tal como se puede escuchar en la grabación de la conversación a la que ha tenido acceso Público, De Alfonso le acababa de explicar:

«Nosotros estamos investigando cosas de Esquerra, pero son muy débiles. Esa es la verdad, ministro, son de CESPA, pero no acabamos de… Tenemos cuatro adjudicaciones al hermano de Oriol Junqueras. Yo estoy intentado convencer ahora al Grupo Planeta para que me haga una investigación, para que no aparezca nadie y no sea nada sospechosa, de una información que me llegó que no sé si es verdad, y por eso no me atrevo a tomármela como tal y lo externalizo para que alguien me lo averigüe como tal, que es un enriquecimiento en el municipio de Puigcerdà del padre de Oriol Junqueras con temas de terrenos y demás».

«He hablado con el director de seguridad de Planeta, que es un hombre de la Policía…»

De Alfonso se esfuerza en demostrar que está tratando por todos los medios de complacer los deseos del ministro de encontrar algo incriminatorio contra Junqueras –en este caso, contra su padre– y continúa:

«Entonces, he hablado con el director de Seguridad de Planeta que es un hombre de la Policía, Antonio López López, y le he dicho: «Oye, sabiendo cómo piensa José Manuel [Lara], nos interesa. Si quiere, lo podéis hacer vosotros. A mí lo que me interesa es que comprobéis adjudicaciones, recalificaciones, en nombre o como apoderado en los últimos 8 años. Que aparecen nombres y tal, pues dámelo que eso ya lo pondré yo en orden»».

«En el entorno de Puigcerdà por ahí está Carretero, claro», apostilla el ministro Fernández Díaz en ese momento, refiriéndose al que fue alcalde de la población (Joan, también de ERC) hasta 2003, y luego fue nombrado consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat. Pero su interlocutor no parece tener nada contra él y continúa centrado en sus pesquisas sobre el padre de Junqueras:

«Es una información que me cuenta un amigo, un empresario, tomando un café debajo de casa. Por lo tanto no puedo lanzarme a esa investigación» –prosigue De Alfonso–. «Entonces, si además consiguiéramos tener algo que se sacara en el momento procesal oportuno de Esquerra, que hiciera también al presidente de la Generalitat decir «uy, no convienen tanto como decían porque a mí ahora juntarme con estos…» Bueno, también sería bueno».
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«Cuando termine yo de hablar contigo, ministro, se lo diré a José Ángel [Fuentes Gago], que sabe que puede confiar en mí. Joder, si tenéis algo dádmelo. Dámelo. No os queméis vosotros sacándolo en la prensa, que aparezca siempre la UDEF, que os va quemando, que parece un ataque… coño, dámelo y ya lo sacaré yo, ya lo investigaré yo y lo daremos«.

«Claro, ya es más difícil sacar una conclusión contra Esquerra…»

Es en este punto de la conversación cuando el ministro vuelve a pensar en el hermano de Junqueras y pregunta: «¿Lo de CESPA es endeble?».

«Es endeble», le responde De Alfonso. «A ver, hubo unos picos en la época del tripartito de subvenciones. Pero ahora estamos haciendo una comparación por municipios, no por el global, y por municipios los que ha gobernado Esquerra no han tenido esos picos, los han tenido a lo mejor en los que gobernaba el PSC. Claro, ya es más difícil sacar una conclusión contra Esquerra.

Y Fernández Díaz insiste: «Yo es que lo que sé, lo que he visto es que realmente el volumen de facturación, vamos, de CESPA por la vía de concesiones, subvenciones…

«Sí, sí, sí hubo tres años que se disparó», corrobora De Alfonso.

«Se disparó y eso… No podemos olvidar que estamos hablando del hermano de Junqueras», se empecina el ministro en que hay que buscar algo que comprometa al líder de ERC, sin interesarse en absoluto por el PSC.

Después, De Alfonso explica largamente el detalle de las cifras de subvenciones, del tiempo que va a llevar investigarlas una a una, incluidas las menores, y de cómo no les sirve de nada encontrar indicios contra el PSC:

«…Porque de los oficiales del diario de la Generalitat ahí no ha habido picos. Pero claro, los picos tienen que servir de algo. Esperemos que salga de menores o de cosas así de los municipios de Esquerra. Porque claro si sale de un municipio donde esté gobernando el PSC en mayoría y le han dado una subvención, dirán: «Claro, pues sí, pero a quién está usted acusando al PSC o a Esquerra?» Se nos difuminaría. Tenemos dos o tres. Una denuncia en La Bisbal del Penedès, que es la creación de un punto verde que se dio a CESPA sin concurso y es verdad que en La Bisbal gana con seis diputados por mayoría absoluta Esquerra. Pues sí, pero no es suficiente. Queremos más. Entonces cuando me dijeron esto dije «vamos a mirar si se puede hacer algo en lo de Puigcerdà», pero ahora mismo no tenemos más, no tenemos más”.

El ministro sigue buscando cabezas de turco y pregunta por Felip Puig. Y De Alfonso responde:

«De Felip Puig yo tengo una cosa, las dos cuñadas. Las dos cuñadas que eran categoría D, actualmente pasaron a ser C pero eran D en el momento, trabajaban en un departamento de la Generalitat y por un decreto firmado por Francesc Homs se las colocó como eventuales e interinas para hacer sustituciones de baja por maternidad y demás en nivel A-27. Se sacó un concurso, que además luego fue anulado, en el que se las nombró previamente a que el concurso se resolviera en el departamento de Asesoría Jurídica de la Generalitat de Presidencia. Y eso lo tengo ya cerrado, por eso he traído el maletín, para mostrártelo. Porque eso yo, ahora te explico por qué. Entonces, se las nombró con carácter previo a que el concurso se resolviera y se resolvió, obviamente, ganándolo y entonces se lo dieron. Un concurso que luego fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Y hay dos firmas de Francesc Homs, una carta donde dice que las nombren o se le nombre en concreto a una de ellas en dos ocasiones. (…) Se las nombra porque sí a un A-27 sin esperar a que salga el concurso resuelto y además se hace por dos ocasiones».

«Claro, afinando, afinando, podríamos decir «hombre, la firma del primer decreto por parte de Francesc Homs podría ser un acto prevaricador». Vaya, está en el límite. Si yo esto se lo mando a Fiscalía y la Fiscalía me lo archiva, a mí me echan a los perros«.

«Entonces yo le dije a José Ángel: «Coméntalo con el ministro si queréis y que el ministro lo comente con el fiscal general». Yo con Eduardo [Torres Dulce] tengo muy buena relación, nos conocemos, nos llevamos bien. Si a mí Eduardo me dice «Daniel, tira para delante que yo voy a tirar para adelante», entonces sí lo mando a la Fiscalía. Y si luego me sale el fiscal de turno que se arruga y me dice «no tiene entidad suficiente» y lo archivan, eso corre como la pólvora y al final el que ha sido un cabrón he sido yo».

«Ahí me tengo que cubrir las espaldas», subraya De Alfonso, «porque a mí me da lo mismo ir a la Fiscalía, que dar una leche, recomendaciones, sacarlo en la memoria, etcétera, etcétera. Pero claro, una cosa es ir a lo penal y otra cosa es ir a la nulidad»
El ministro parece perder la paciencia e incide: «Pero ahí, ahí están, ahí quedan fatal Felip Puig y Homs».

«Felip Puig no aparece», aclara De Alfonso, «lo que pasa es que casualmente son sus dos cuñadas…»

Pero Fernández Díaz insiste en que eso «políticamente le hace mucho daño» a Homs, porque está «en el límite de la prevaricación»:

«¿Él tiene conciencia de tener ese punto débil o no?», acaba preguntando el ministro.

«No lo sabe nadie más que José Ángel Fuentes Gago, mi director de investigaciones, tú y yo», responde De Alfonso.

«Eso, ¿me puedes dar a mí una copia?», pide Fernández Díaz.

«Te la voy a dar. Te la he traído para eso», responde obsequiosamente el jefe de la Oficina Antifrau, y en la grabación se oye cómo se aleja de la mesa y abre su maletín.

Jorge Fernández Díaz asegura que «la verdadera conspiración» es la de los periodistas que publican las grabaciones de sus conversaciones, pero la verdad es que en esas reuniones el ministro del Interior explica claramente a su interlocutor sus intenciones de filtrar a la prensa investigaciones sub judice, y de hacer que «la Fiscalía afine» esas causas, con la intención de fabricar escándalos que desprestigien a dirigentes de los partidos políticos que defienden el derecho a decidir y el proceso soberanista en Catalunya.

Tan decidido está el ministro a que se publique el contenido de los dosieres que le ha llevado a su despacho el jefe de la Oficina Antifraude catalana, Daniel de Alfonso, que este último hasta se asusta de los planes de Fernández Díaz, como queda patente en la última parte de la primera entrevista que mantuvieron en su despacho de Interior, cuya grabación ha sido obtenida por ‘Público’.

Fernández Díaz también nos acusa de publicar «grabaciones sesgadas» –cosa harto difícil, lo de sesgar una grabación– y «descontextualizadas». A continuación, reproducimos en estricto orden cronológico gran parte de una de las conversaciones, para que el lector/oyente pueda formarse su propia opinión sobre si lo que hablan el ministro y el jefe de Antifrau está sesgado o fuera de contexto.

Fernández Díaz: «Lo digo porque una vez lo tenga la Fiscalía ya puede salir.»

La primera parte de esta exclusiva terminó en el momento en que De Alfonso se va hacia su maletín para extraer varios expedientes que ha escogido para la ocasión, empezando por el de dos nombramientos presuntamente irregulares, firmados por Francesc Homs (consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat), de sendas cuñadas de Felip Puig. Le entrega dichas cartas, mientras el ministro comenta alegremente: «Es que darle un coscorrón a Homs…»

Tras examinar los papeles, Fernández Díaz pregunta:

JFD: Esto, esto… si se publica a ti te perjudica, ¿no?

DA: A mí me mata, porque esto se puede publicar si quieres, ministro… si quieres que se publique, yo me comprometo a que se publique, pero déjame que antes cierre el expediente, le dé el coscorrón, le mande la propuesta de informe diciendo que eso se tiene que anular, etc, etc. Y tres, dos meses después, un periodista lo averigua. Pero ahora… es que ahora no lo tengo cerrado ni asignado…

JFD: Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión.

DA: Si la Fiscalía me dice: «oye, lo he leído», yo entonces cierro los informes y…

JFD: ¿Y en cuánto tiempo puedes cerrar esto?

DA: En tres semanas.

JFD: Lo digo porque una vez lo tenga la Fiscalía ya puede salir.

DA: Claro, si va a la Fiscalía puede salir todo lo que sea… Yo… Como ha salido un año y medio después lo de Jordi Pujol junior. Nosotros llamamos a la Fiscalía en abril de 2013.

JFD: O sea, tú esto en dos, tres semanas, ¿lo podrías tener?

DA: Sí, ya lo tengo cerrado. Lo único que tengo que decidir es si va a la Fiscalía, que ya tengo un borrador, o si lo mando a la Dirección General de Asuntos no sé qué de Presidencia del Gobierno de allí, para que…

JFD: ¿Qué es lo que me puedo quedar yo? ¿Qué es lo que me puedo quedar yo?

DA: Esas son las dos resoluciones.

JFD: Esta es la mía, ¿no?

DA: Y esta sería… Sí, estas son los dos, las dos… y esto sería de los documentos originales que tenemos. Y esto sería el informe, la propuesta que yo le hago a la Fiscalía, está en borrador…

JFD: ¿Eso me lo puedes dejar?

DA: Sí, pero este piensa que aquí.

De Alfonso: «Ministro, yo soy español por encima de todo, pero a mí me hunde… tengo familia»

DA: A mí… a mí… Yo vengo por eso, ministro. Yo soy español por encima de todo, pero a mí me hunde, tengo familia.

JFD: No, no. Es que el tema aquí es para hablar con el fiscal general y decirle: “Oye, mira, hay esto, ¿no?» Me explico…

DA: Sí, sí, sí.

JFD: Esto, sin esto, ¿es lo mismo o no? [revisando papeles]

DA: Bueno, es el informe. Es el informe que yo tengo redactado.

JFD: ¿Lo conoce esto Fiscalía o no?

DA: No, no he hablado con ellos.

JFD: No, para que él pueda tener un criterio y… me explico lo que quiero decirte, ¿no?

DA: Sí, sí. Él no lo conoce. Ni la Fiscalía ni nadie. Esto lo tengo yo para que vaya rápido. Tengo el de Fiscalía, tengo el que iría a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Generalitat…

JFD: Yo puedo hacer la gestión con el fiscal general. Decirle: “Mira, hay esto. Y mira a ver oye si esto tal… ¿no?” Pero, claro, me va a pedir documentos.

DA: Podemos hacer una cosa. Yo tengo la semana que viene una reunión con Pedro… con Fernando Bermejo, fiscal Anticorrupción. Reunión-comida con él. Se lo enseño, que se lo lea delante de mí, que se lo aprenda y que él llame a Fiscalía o lo que sea. O que a través de Sabina que llame: “Oye, fiscal general, tengo esto y lo he leído y me parece que tiene…»

JFD: Y, si queréis, nosotros le decimos… ¿Yo le puedo contar a Eduardo [Torres Dulce, el fiscal general del Estado] que nos hemos visto, que he hablado contigo, que tengo conocimiento de esto?

DA: Sí, sí

Fernández Díaz: «Esto es un torpedo a la línea de flotación…»

Por si queda alguna duda del enorme interés de Fernández Díaz en airear algo que de entrada parece de poca monta (de hecho, esa línea de investigación acabó en vía muerta) sólo por perjudicar a Homs, en el curso de la conversación se comprueba cómo De Alfonso empieza a angustiarse de lo que le puede ocurrir a él: «Joooo ministro, es que…»

Entonces el ministro del Interior trata de calmarlo:

JFD: Nada, nada, no te preocupes que no quiero agobiarte. Pero claro, es que esto sería prevaricación y esto… se encuentra con un follón este señor, ¿eh?

DA: Es interesante.

JFD: Por eso lo digo, claro. Esto es un torpedo a la línea de flotación…

Fernández Díaz: «Cuando lo publicas, generas una presión mediática que hace que se tomen interés por el tema»

DA: Yo, con estos documentos, que esos como no tienen membrete ni nada los podéis haber obtenido… Con esos documentos y sabiendo que se refieren a dos hermanas, en la misma época…  

JFDA: ¿Estos podrían salir, no?

DA: Podría salir. Pero yo creo que, si salen, mejor que haya ido primero a la Fiscalía. Lo ideal es: si eso está en un juzgado y sale, nadie va a sospechar que sale de la Policía ni de investigaciones policiales; nadie va a sospechar. Eso sí, los funcionarios de turno, el periodista gacetillero que está siempre por ahí, el amigo del fiscal… 

JFDA: Lo digo porque muchas veces, cuando lo publicas, generas una presión mediática que al final haces que cosas por las que no se hubieran tomado interés, se lo toman.

DA: Bueno.

JFDA: ¿Sabes lo que te quiero decir?

DA: Puede ser. Podría ser un arma que tuviera para si el presidente decidiera hacer esa llamada para poner a las cosas en su sitio; puede ser un arma también: “Oye, que sepáis que tenemos cosas que nos estamos callando”. Yo sólo te pido, ministro, que comprendas mi situación en Catalunya. No soy de la Generalitat, la oficina no pertenece a la Generalitat, somos independientes. Les hemos dado en todos los morros con Ramón Bagó, les hemos destrozado el sistema sanitario, les hemos acusado, estamos jorobándoles el CTT [Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació]. En fin, yo soy español, lo tengo claro, pero estoy en una situación que tengo que bailar allí.

JFDA: Está claro, está claro. Esto…

DA: Esto, y sabiendo que son dos hermanas y las dos son cuñadas…

JFDA: Es que son dos hermanas, dos cuñadas de Felip Puig, por un lado, y Homs, por el otro. Hombre…

DA: Eso es. Pero yo creo que se hace más pupa, si se quiere meter presión, yo creo que sería más sibilino, yo sería más «calla y dale»… Metamos la presión, pero en un tú a tú; metamos la presión en un tú a tú. Porque en la prensa, ellos van a jugar al contraataque de prensa. Ellos tienen TV3, ellos tienen allí los diarios y lo van a hacer que la gente encima se encabrone más. Yo creo que si eso tiene que salir, que sea una vez que esté bien atado, que esté amarrado. Si eso llega al juzgado, ya no pueden decir que no; eso ya está en un juzgado…

¿Nos podrían explicar el ministro Fernández Díaz y el magistrado De Alfonso en qué contexto debemos interpretar todas estas palabras? Más aún, ¿es cierto que este tipo de conversaciones forma parte de la «normalidad institucional» del Gobierno de Mariano Rajoy, como alega él mismo?

La filtración de unas conversaciones entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ha hecho estallar el caso del grupo policial dedicado a la fabricación de dosieres contra políticos, que EL PAÍS denunció en diciembre de 2012 y en lo que insistió cada vez que una nueva producción del extraño grupo salía a la luz. De las conversaciones conocidas ahora se desprende la intervención directa del ministro en el intento de concertar una estrategia para dañar a las fuerzas que impulsan el independentismo catalán, en la que hizo intervenir a la policía patriótica. Lo revelado otorga veracidad a las sospechas de manipulación y uso irregular de instituciones públicas con fines que no tienen que ver con la persecución de la criminalidad, sino con la de atacar a adversarios políticos.

Coincidiendo con los momentos de mayor intensidad del desafío independentista se filtraron informes policiales —en algunos casos falsos— sobre supuestas conductas delictivas por parte de políticos catalanes, que en su mayoría no llegaron a sustanciarse judicialmente. El ministro dijo entonces desconocer el origen de esos informes y anunció una investigación, que no dio resultado alguno. Las conversaciones divulgadas indican que no se trata de maniobras de grupos incontrolados, sino de una estrategia aparentemente diseñada, al menos en algunos casos, en el despacho del responsable de Interior y, a tenor de lo escuchado, conocida por el presidente de Gobierno.

Muy grave es también la actuación del director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Su titular ha vulnerado lo establecido en la ley por la que se creó la oficina y la filosofía que la inspiró. Para asegurar su neutralidad e independencia, el legislador estableció que no dependiera del Gobierno de turno, sino del Parlamento catalán, y le blindó contra interferencias políticas mediante elección por mayoría reforzada de tres quintas partes y un mandato de nueve años. Al prestarse, como ha reconocido él mismo, a las maniobras del ministro del Interior, Daniel de Alfonso ha conculcado la confianza de la institución de la que depende y ha pervertido un órgano creado con ánimo regenerador.

El asunto se produce a los pocos días de las revelaciones de este periódico sobre las maquinaciones de la cúpula policial para salvar de varias acusaciones a un polémico comisario, José Manuel Villarejo, que motivaron un reciente editorial sobre las graves sospechas que inspira la actuación de Interior.

Fernández Díaz tiene mucho que explicar y lo que ha dicho hasta ahora es muy insuficiente. De persistir en la actitud de negar las evidencias, tanto el ministro como Mariano Rajoy corren el riesgo de resultar irremediablemente dañados. El escándalo incide en la última fase de la campaña —diversas fuerzas piden la dimisión del ministro— y, al margen de quien haya sido el autor de la última filtración y de cómo evolucione si se producen nuevas revelaciones, el escándalo complica más aún que el actual inquilino de La Moncloa pueda recabar los apoyos necesarios para seguir gobernando en caso de que el PP sea la fuerza más votada.

La verdad de nuestra democracia está a prueba. La filtración de unas maquinaciones del ministro Fernández Díaz para derrumbar a políticos soberanistas en connivencia con el magistrado director de la Oficina Antifrau de Catalunya, es un escándalo mayúsculo. Protegido por numerosos escudos mediáticos, y con la seguridad que da el poder, el PP ha desviado la atención. Las baterías se ha dirigido a la anécdota: en vez de contemplar la luna de las maquinaciones han puesto el acento en el dedo del filtrador que nos las ha mostrado. El argumento es ridículo en España, donde las filtraciones judiciales y políticas están a la orden del día (el propio Fernández Díaz asistió complacido a la publicación de informes, elaborados por policías del estado, que afectaban gravemente a la reputación de Mas o Trias).

Escandalizarse contra la filtración es ridículo también desde una óptica internacional: el caso Watergate (tan parecido: maquinación gubernamental contra un rival político revelada por un garganta profunda del FBI a unos periodistas) significó la caída del presidente Nixon. Más aún: gracias a la publicación de aquel escándalo, el periodismo occidental dio un gran salto adelante. Inquietos, los poderes descubrieron el músculo democrático de la prensa. Y la prensa redescubrió una de sus funciones: hacer que salga a la luz lo que el poder oculta.

Ahora bien, aquí y en todas partes, el periodismo ha usado la lección del Watergate para dañar a los adversarios. Es costumbre en España que el mecanismo de las filtraciones sea arbitrario y selectivo: afecta tan sólo a los competidores, casi nunca a los protectores. También se utiliza como mecanismo de extorsión (el caso más grosero es el de la revista del falso sindicato bancario Ausbanc, vinculado a Manos Limpias, que se dedicaba presuntamente al chantaje; pero la prensa convencional no es menos coactiva). La selección interesada de las filtraciones ha degradado éticamente el mecanismo de limpieza que significó el Watergate. El partidismo mediático ha convertido las filtraciones en un bombardeo de todos contra todos, en una incesante guerra de dossieres en la que nadie está a salvo: partidos, gobierno, oposición, facciones, empresas, personas.

Desde que explotó el caso GAL, la prensa de Madrid tiende a convertir las filtraciones y dossieres en un ilegible Campo de Agramante. Basta recordar, por ejemplo, la colosal confusión que El Mundo, indiferente al dolor de las víctimas, creó durante años en torno a la tragedia de Atocha (confusión basada en supuestos datos policiales filtrados). Sólo una causa ha armonizado todos los frentes: la batalla nacional contra el independentismo catalán. Aquí ha valido todo. Se sospechaba, pero no se podía demostrar. Ahora existe una prueba fehaciente.

A pesar de que estamos en el país de las ­filtraciones, se entiende que esta prueba, pre­cisamente esta, tenga que ser invisibilizada: deja la retórica liberal del PP al desnudo. Hemos conocido una verdad oculta: el PP ha fomentado la guerra sucia contra los proyectos políticos que le desagradan (y me temo que buena parte de la sociedad española lo aplaude).

Como es lógico, los convergentes y los de ERC están indignados. De manera distinta, sin embargo. ERC ha aprovechado en campaña unas frases del magistrado De Alfonso para hacer propaganda de su incorruptibilidad. Convergència también puede sostener que ahora es un partido limpio (la Oficina de De Alfonso sólo encontró a dos cuñadas promocionadas), pero no puede ocultar los casos que afectan a los Pujol y compañía. La guerra sucia del Estado no oculta la suciedad propia. Es interesante recordar, en este sentido, que si CDC no se hubiera pasado al independentismo, Pujol no se habría sentido presionado por la UDEF a hacer su famosa confesión. Si eres bueno, el Estado hace la vista gorda. Es tremendo descubrir que el Estado actúa como un chantajista.

Pero los más perjudicados por toda esta historia somos los catalanes que no comulgábamos con el argumento independentista según el cual las instituciones españolas son estructuralmente anticatalanas. Entendemos que sin ley no hay democracia y nos repugnaba la proclama soberanista según la cual hay que romper con la ley porque está al servicio de los que usan el Estado como si fuera una propiedad privada. No es el juego del ministro Fernández lo que nos hace dudar de nuestra elección moral: el abuso de poder es un error corregible. Lo que nos deja sin argumentos es la reacción del partido, del entorno mediático y de gran parte la sociedad española, que justifica el abuso de poder y la persecución política, siempre que la causa lo merezca. Al parecer, la causa de la unidad de España es un bien superior a la ley y a la democracia. También unas palabras de De Alfonso van en esta dirección. Magistrado en excedencia, es decir, alto funcionario del Estado, justifica su complot con el ministro con estas palabras: “Soy español”. Perfecto autorretrato nacionalista: antes la nación que la democracia ¡Y luego dicen que el nacionalismo es catalán!

El Parlamento catalán destituyó ayer a Daniel de Alfonso como director de la Oficina Antifraude por un «un grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones», tras la divulgación de sus conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que abordan presuntos casos de corrupción para incriminar a adversarios políticos. La decisión fue respaldada por todos los grupos de la Cámara catalana, excepto el PP.

En este periódico ya señalamos la imprudencia tanto de Fernández Díaz como del propio De Alfonso a la hora de incurrir en una conducta a todas luces inapropiada para ambos cargos. Sin embargo, ello no es óbice para subrayar el carácter ilegal de las escuchas practicadas en el despacho oficial de Interior, en la medida que violan un elemental principio de confidencialidad. La cuestión es que, tal como era previsible, las fuerzas independentistas han aprovechado este episodio no sólo para intentar dañar las aspiraciones electorales del PP, sino para volver a parapetarse en el victimismo. Lo primero no lo lograron, en la medida que la lista de los populares por Barcelona, encabezada por Fernández Díaz, mejoró sus resultados en las generales del domingo. Lo segundo tiene como único objetivopresentar a los políticos catalanes como mártires de las cloacas del Estado, una auténtica burla a los ciudadanos teniendo en cuenta el historial de escándalos que lastran la política catalana desde hace varios años.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió acelerar el proceso soberanista en Cataluña y tachó de «antisistema» a Fernández Díaz. En la misma línea se manifestaron los portavoces de Junts pel Sí, la coalición de CDC y ERC. Ciertamente, resulta inadmisible la hipocresía del soberanismo catalán, máxime teniendo en cuenta que las acusaciones al Estado proceden de un partido,Convergència, hundido en el fango de las prácticas irregulares después de más de tres décadas de poder omnímodo en Cataluña.

Jordi Pujol, ex presidente de CDC, confesó en julio de 2014 que había tenido dinero oculto a Hacienda en Andorra desde hacía más de 30 años. Después se supo que el padre político de Artur Mas evadió impuestos durante 23 años al trasladar su fortuna familiar a Suiza. El propio Pujol tiene a todos los miembros de su familia imputados en casos de corrupción de distinta naturaleza. A ello hay que sumar el escándalo de las comisiones ilegales del 3%, que salpica varias tramas como la de las ITV, Pretoria o el caso Palau, además del embargo de 15 locales de Convergència, incluida su sede central. A la vista de la larga lista de sumarios, parece evidente que el pretendido oasis catalán era, en realidad, una sima de putrefacción.

En este contexto, situar el foco en el Estado español para tratar de tapar su propia responsabilidad supone un irresponsable ejercicio de cinismo por parte de Convergència y el resto de formaciones independentistas. Carme Forcadell afirmó ayer que la Cámara catalana «será implacable ante conductas negligentes» como las de Daniel de Alfonso. Lo que debería garantizar la presidenta del Parlament es que el sustituto de De Alfonso cumpla con sus obligaciones al frente de la Oficina Antifraude y que su actuación sea implacable en la persecución del fraude y la corrupción en Cataluña. Porque, a la vista de los antecedentes, trabajo no le faltará.

Lo ha declarado el comisario José Manuel Villarejo en el juzgado de instrucción número dos de Madrid: un grupo informal de la Policía ha llevado a cabo una sistemática labor de investigación de los principales dirigentes del soberanismo catalán, con el objetivo de desacreditarles ante la opinión pública. Independentismo y corrupción. Informes sin membrete oficial, al margen de la vía judicial, sistemáticamente filtrados a determinados medios de comunicación madrileños. El comisario Villarejo ha explicado al juez Arturo Zamarriego que esta estrategia fue bautizada en el 2012 como Operación Cataluña.

Al leer la confesión de este oficial, me vino inmediatamente a la memoria el augurio que me formuló hace cuatro años un antiguo corresponsal de la prensa italiana en Madrid, gato viejo: “Esto de Catalunya se va a complicar mucho. A los políticos catalanes les va a estallar pronto una Tangentópolis. Serán acusados de corrupción”. También volví a recordar la biografía de Vladimir Putin de la periodista Masha Gessen, El hombre sin rostro, donde se explica la sistemática utilización del kompromat en la Rusia postsoviética. Komprometiruishiy material. Difusión de material comprometedor, recolectado por los eficaces servicios de inteligencia (herederos directos del KGB), para hundir a los adversarios políticos.

En Rusia, el kompromat se puede llegar a administrar con una gotas de polonio en el café. En España, país latino, la Operación Cataluña ha sido confesada por uno de sus protagonistas, después de una pelea entre mandos policiales por escalar puestos en el Ministerio del Interior. Villarejo acudió al juzgado en calidad de investigado (imputado) por la presunta grabación ilegal de una conversación entre policias y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que investigaban las actividades de Francisco Nicolás , más conocido como el pequeño Nicolás , estrambótico personaje que fue utilizado para labores de información y que escapó al control de sus titiriteros. El comisario Villarejo mantiene un duro enfrentamiento con el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas. Y todo Madrid lo sabe.

La confesión sobre la Operación Cataluña se produce diez días después de la filtración de unas conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, ahora destituido. Grabaciones en las que De Alfonso ofrece sus servicios para el juego sucio contra los soberanistas catalanes. Algunos giros de la conversación –“ya les hemos destrozado el sistema sanitario”, dice el magistrado De Alfonso– serán difíciles de olvidar en Catalunya y han abierto un cráter del que emanarán indignación, disgusto y rencor durante mucho tiempo.

El escándalo de las grabaciones quedó tapado en la recta final de la campaña electoral por el impacto del Brexit. Y el resultado del 26 de junio, sin duda condicionado por los temores e inseguridades que provoca la decisión británica, podría llegar a leerse como una manifestación social de indulgencia. El PP catalán, encabezado por el ministro Fernández Díaz, ha superado a CDC en las provincias de Barcelona y Tarragona. Y ha quedado a sólo 19.000 votos de los nacionalistas en el conjunto de Catalunya. Las conversaciones grabadas son de escándalo, pero el otro cráter, el cráter Jordi Pujol, también sigue emitiendo radioactividad, como ha quedado de manifiesto en el insólito congreso de CDC de este fin de semana. Un partido que huye desesperadamente del recuerdo de su principal fundador y patriarca.

La Operación Cataluña no es una anécdota. Es un meteoro que podría torcer de manera imprevista el actual laberinto español. Los soberanistas disponen de un argumento del que carecían en enero –la evidencia de haber sido objeto de una arbitraria operación de acoso– para irrumpir en la pista e intentar tumbar al Partido Popular. Los numeros existen. PSOE, Podemos, la nueva CDC, ERC y PNV suman 178 diputados. Mayoría absoluta.

Es difícil. Es prácticamente imposible.  Es casi inimaginable. Los soberanistas deberían modificar su hoja de ruta, y tienen ante sí una peliaguda moción de confianza en septiembre en el Parlament de Catalu-nya. Los independentistas son prisioneros de sus mitologías. El comité federal del PSOE podría estallar. Pedro Sánchez incluso podría perder el control de parte de sus diputados. Sin embargo, el grupo dirigente socialista ha decidido que su primera iniciativa parlamentaria sea la petición de una comisión de investigación sobre la Operación Cataluña. Y el no de Sánchez ayer a la investidura de Mariano Rajoy –un no mucho más rotundo que el de otros dirigentes del PSOE– tiene difícil marcha atrás.

(Rajoy, siempre precavido, invitó el miércoles a Esquerra Republicana a su despacho para transmitir una imagen de normalidad. Quiso desdramatizar).

El comisario Marcelino Martín Blas intervino de modo directo en la grabación de la entrevista en 2014 entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Martín Blas, que en ese momento era el máximo responsable de Asuntos Internos, transcribió el contenido de la conversación entre el ministro y el responsable de la lucha contra el fraude y custodió personalmente la grabación. Todas las sospechas de los responsables del Ministerio del Interior sobre la filtración del audio recaen sobre el comisario, máxime cuando la cinta fue entregada a una periodista con la que tiene una estrecha relación, según dichas fuentes.

La grabación de este encuentro fue efectuada desde el propio despacho del ministro. En esta misión participó el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas porque se había especializado en la lucha contra la corrupción en Cataluña. Sobre cómo se realizó técnicamente la grabación existen varias hipótesis: una mera grabadora o el maletín manipulado del propio De Alfonso, pero todas llevan al mismo destinatario del audio, el comisario Martín Blas. Y en él se centran ahora todas las sospechas de los investigadores sobre la grabación y filtración.

La idea era reconstruir la entrevista de Fernández Díaz con De Alfonso para explorar sus posibilidades operativas desde una perspectiva de pura investigación policial. Martín Blas, a través de sus subordinados, realizó una transcripción de la grabación, según confirman diversas fuentes policiales.

La reciente difusión del audio y la polémica suscitada trastocó el papel de una grabación que fue realizada desde el ministerio del Interior pero que fue difundida a cuatro días de las elecciones generales con el único fin de hacer daño al Gobierno y al Partido Popular. Para complicar la papeleta, Interior encargó a la UDEF que investigara el origen del registro sonoro cuya paternidad habían negado públicamente al unísono Fernández Díaz y De Alfonso.

Sin embargo, en el ministerio sobraban mandos que podían explicar que esa grabación apuntaba a un destacado miembro de la casa. Pero en vísperas electorales, Interior prefirió disipar el origen de la misma.

La paradoja es que esta espiral puede acabar poniendo en la picota a los subordinados que grabaron esta entrevista con fines operativos, ya que los investigadores se plantean citar a los mandos policiales que orquestaron la visita del jefe de la Oficina Antifraude catalana al ministro del Interior. Y ello puede llevar al desastre si alguno de ellos confiesa la realidad de la grabación: que no fue un pinchazo externo ni incontrolado.

Más allá de la incomodidad de la versión real de esta grabación hay un hecho en el que convergen todos los relatos: Martín Blas fue el custodio último de la cinta.

La tesis del maletín espía tiene valedores y detractores. Fuentes conocedoras del encuentro del ministro con el director de la oficina Antifraude rechazan la tesis de que De Alfonso hubiera sido espiado por la Policía a través la manipulación de su maletín: “¿Para que íbamos a pincharlo si estaba todos los días hablando con nosotros?”.

Pero incluso los mandos que sostienen que el pinchazo de la conversación del ministro lo realizó el propio Marcelino Martín Blas, a través de la manipulación del maletín del ex director de la oficina Antifraude, no dejan de apuntalar lo esencial de esta operativa: que el ministro fue grabado por un subordinado. Y que el audio lo tenía al final Martín Blas.

Porque hay un relato policial unánime: todas las fuentes consultadas, tanto sus enemigos acérrimos como agentes neutrales, avalan que era conocido en Interior que Martín Blas fue el depositario último de esta cinta que transcribió hace dos años. Su malestar tras ser destituido como comisario de Asuntos Internos le hace ganar puntos de cara a ser sospechoso número uno de la filtración del audio con el único objeto de hacer daño al Gobierno.

Si hubiera grabado ilegalmente a su ministro no habría durado un minuto en el cuerpo. Nadie temía entonces su traición y el único riesgo posible: que la divulgara. Los mandos policiales, que sabían que Martín Blas era el depositario de la grabación, no sentían ningún temor por el contenido del audio porque se había realizado por motivos operacionales y para uso interno.

La tesis de que grabó la charla el propio De Alfonso tiene sus seguidores policiales, pero ofrece serias lagunas. Eso llevaría al absurdo de que tras registrar su charla con el ministro del Interior luego se la entregó a la Policía para transcribirla, a pesar de saber que los secretos que reveló podían costarle, como temía y ha ocurrido, su puesto.

Este diario solicitó la versión de Martín Blas. Pese a saber el contenido de lo que iba a ser publicado (que fue el depositario de la polémica grabación e incluso participó en su gestación según algunas fuentes) no quiso matizar nada.

El ruido mediático se ha vuelto ensordecedor. Tanto, que es difícil oír entre tanto estruendo el contenido de las grabaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando conspiraba para destruir a sus enemigos políticos utilizando los recursos policiales del Ejecutivo.

Para empezar, el propio ministro anunció a bombo y platillo que emprendía una exhaustiva investigación de Interior para descubrir cómo se grabaron sus conversaciones y quién las filtró a  PÚBLICO.ES. Incluso se permitió acusar de “conspiración, actuación mafiosa y actividad ilegal” a los periodistas que publicamos la exclusiva… en la que queda patente (en el audio de su propia voz) que es él quien ha estado cometiendo tales tropelías. Pero en la ideología del PP lo que hay que hacer en un caso así es perseguir de inmediato a los que las desvelan y denuncian.

Además, muchos grandes medios de comunicación le han hecho el juego a Fernández Díaz, puesto que se han dedicado casi exclusivamente a perseguir la exclusiva de quién y cómo grabó al ministro del Interior en su despacho oficial, obviando la tremenda gravedad de su conspiración, propia de un Estado policial y no de una democracia.

Una de las últimas versiones sobre ese interesantísimo tema –cómo se grabó, no lo que se decía– ha sido publicado por una revista que asegura saberlo todo de las grabaciones, sin que las haya podido escuchar en su integridad y ni siquiera se haya dignado a consultar a los autores de la exclusiva. Afirma, pues, que en el maletín del ya ex jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya se instaló un sofisticado sistema de micrograbadora, con un micrófono del tamaño de una cabeza de alfiler y baterías minúsculas cosidas dentro del forro, cuyo coste incluso cifra en 20.000 euros. Un aparato de espionaje que sólo le podrían haber instalado policías de alguna unidad de inteligencia.

Tan popular se ha hecho esta versión, que hasta el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, patinó al responder a los periodistas que no descartaba ninguna hipótesis, por improbable que pareciese, insinuando que los interlocutores podrían haber sido grabados sin su conocimiento por miembros del cuerpo que él dirige. Lógicamente, provocó la indignación de los sindicatos policiales, que ahora exigen que se aclare la cuestión porque se está imputando un grave delito a algunos de sus compañeros.

Y todo ello sin haber examinado detalladamente los audios –que PÚBLICO.ES ha tenido que entregar a la Fiscalía General del Estado ante la resistencia del ministro a judicializar el tema–, puesto que en la primera de las dos reuniones queda clarísimo que el micrófono NO estaba en el maletín: Fernández Díaz pide copia de los documentos supuestamente incriminadores contra Francesc Homs y cuando De Alfonso va a sacarla de su maletín las voces se oyen más alejadas, y no más cercanas, que antes. Así que el aparato estaba sobre la mesa.

Que el sistema de grabación no estaba en el mismo sitio en las dos conversaciones también queda patente con los cortes de audio que ofrecimos después de que Fernández Díaz hiciera el paripé de ordenar un “peinado” de todo el Ministerio del Interior en busca de micrófonos, sabiendo perfectamente que no había ninguno: el aparato estuvo grabando fuera del despacho (se oye la máquina de café de la antesala y los pasos de un asistente del ministro al llegar) y luego entró en la estancia con un De Alfonso que se muestra atribulado y nervioso cuando suena un pitido y tiene que excusarse atropelladamente ante las sospechas de su acompañante.

La teoría va todavía más allá: a De Alfonso le instalaron una maravilla tecnológica que siguió funcionando durante todo un mes en cada una de las entrevistas que mantuvo en ese periodo. Vaya, que tenía baterías inmortales el aparatejo o era él mismo quien las recargaba todas las noches. En cualquier caso, todas esas versiones salen siempre de “fuentes de Interior” que responsabilizan una y otra vez a Marcelino Martín Blas (ex jefe de Asuntos Internos), precisamente el enemigo de esa auténtica policía política montada por Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago, Enrique García Castaño y José Villarejo. Es decir, los que aseguran conocer todos los secretos de las grabaciones suelen haber sido intoxicados por los mismos que tratan de tapar esa mafia policial.

Un caso flagrante de intoxicación informativa es el difundido por Carlos Herrera a través de la COPE, una delirante fabulación que trata de matar varios pájaros de un tiro y que ha sido recogida entusiásticamente por numerosos medios de comunicación de la derecha: el autor de la grabación se la dio a Patricia López, quien se la entregó ¡a Juan Carlos Monedero! para que me la diera a mí. Aún estoy estupefacto ante tamaña imbecilidad: si Patricia y yo trabajamos a menudo juntos, ¿para qué narices era necesario meter a Monedero en medio? Pues para enfangar a Podemos, claro.

Pues bien, no ha costado mucho averiguar quién era esa “fuente de Interior”: el propio Villarejo, experto en dosieres falsos, grabaciones ilegales y filtraciones interesadas, quien hace ya veinte años alardeaba –en un informe interno a la Dirección General de la Policía revelado en exclusiva por Público– de que tenía “infiltrados en los medios de comunicación”. Justo los mismos periodistas que, sólo días después de las conversaciones conspirativas del ministro del Interior, publicaron informes falsos contra los políticos a los que Fernández Díaz y De Alfonso querían desprestigiar.

Así que no sólo es antiperiodístico, sino también estúpido, comprarle exclusivas a Villarejo –finalmente imputado en el caso Nicolai sobre una grabación ilegal para tapar a su mafia policial– y creerse las informaciones de esos periodistas que ya trabajaban para la Policía en 1995. Uno de ellos sigue paseándose por las tertulias blandiendo el falso Informe PISA –Pablo Iglesias Sociedad Anónima–, cuando ya ha sido totalmente desautorizado por la Justicia.

Tan descarada ha sido esta última maniobra para desprestigiar a Podemos en periodos electorales, que finalmente el partido morado se ha personado en la causa contra la cúpula policial y sus periodistas “infiltrados”. Porque el propio Villarejo ha acabado admitiendo ante el juez que le han “servido de ayuda” Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, firmantes de las noticias sobre los informes falsos contra Podemos.

Entre tantas mentiras, periodistas normalmente bien informados no hacen más que deslizar una y otra vez en sus crónicas “las grabaciones ilegales al ministro”, prejuzgando algo que desconocen y que sólo beneficia a los interlocutores de esa conspiración en sede oficial: ambos juran y perjuran que les han grabado sin su conocimiento –algo que, de ser cierto, hubiera forzado la dimisión del ministro en cualquier otro país europeo– porque sólo en ese caso pueden acusar a los periodistas de revelación de secretos. Pero el examen detenido de los audios deja claro a cualquiera que los escuche que allí al menos uno de los dos (De Alfonso) sabía perfectamente que se estaba grabando y a menudo hablaba para la grabadora, tratando de guardarse las espaldas e insistiendo una y otra vez en que la decisiones las tomaba el ministro y él sólo cumplía “órdenes”.

Argumento bien endeble para todo un magistrado, por cierto, ya que la eximente de “obediencia debida” hace tiempo que fue suprimida del Código Penal.

Pero todavía se propagan más mentiras. Unos afirman que “la versión íntegra de las grabaciones ya circula por el Ibex”, como si la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, fuera a repartir copias alegremente de lo que le confió PÚBLICO.ES, y otros que “ha desaparecido un pen-drive de la Operación Cataluña”, como si el material de las investigaciones policiales se guardase con una sola copia informática.

De este último nombre acuñado para la conspiración antisoberanista de Interior (“Operación Cataluña”) es autor, ni más ni menos, el abogado de El Pequeño Nicolás, que salió a etiquetarla así tras la declaración de Villarejo en la que admitió gran parte de lo que Público lleva denunciando desde hace año y medio. Porque Patricia López ha desvelado durante todo este tiempo las tramas policiales que otros diarios etiquetan como “policía patriótica”, sin que la mayor parte de los medios de comunicación se hicieran eco –ni prestasen atención a hechos tan escandalosos– hasta que escucharon la conspiración de boca del propio ministro.

Ahora, diversos medios presentan como exclusivas frescas datos sobre la trama policial política que fueron publicadas en este diario hace casi un año, con apoyo de documentos originales. Y otros afirman haber escuchado las grabaciones íntegras pero cometen errores de bulto en la descripción del sonido ambiente, como si también tuvieran como fuente a Villarejo.

También aseveran algunos periodistas que “hay muchas copias de las grabaciones”, alardeando de tener excelentes fuentes en Interior. Aquí sí que les puedo dar la razón: tenemos la certeza de que los audios están en poder de la Dirección Adjunta Operativa de Interior –por eso nunca pidieron orden judicial para que PÚBLICO.ES entregara las grabaciones íntegras–, donde por supuesto que se hacen numerosas copias de seguridad del material valioso para evitar que se pierda o destruya por un fallo informático.

Igualmente, hemos de reconocer que algunos medios de comunicación, como la Cadena SER, sí han sido ecuánimes y respetuosos con la exclusiva de PÚBLICO.ES, aportando nuevos datos sobre “las cloacas del Estado y la policía política del PP” y desarrollando una verdadera labor periodística sobre uno de los mayores escándalos de la democracia, en vez de dedicarse a buscar el origen de la filtración con ánimo de venganza. Y, por supuesto, los medios catalanes –sobre todo, TV3 y CATALUNYA RADIO– se han volcado en este asunto.

Aun así, la tormenta mediática generada por las grabaciones al ministro del Interior nos ha mostrado lo peor de los vicios periodísticos que se han ido acumulando a lo largo de años de filtraciones tóxicas y manipulaciones informativas que muchos han llegado a confundir con la prensa verdadera. Que los autores de esas intoxicaciones medren, se enriquezcan y hasta se hagan famosos con esa bazofia muestra cuán bajo han caído muchos medios de comunicación españoles.