Se forma Coalición Popular: La Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne y el PDP de Óscar Alzaga Villaamil irán juntos a las elecciones de 1982 y 1983

El lema de la precampaña electoral socialista reza Por el cambio y puede. considerarse un acierto de los expertos en propaganda de ese gran partido. A los electores que han. visto desaparecer sus puestos de trabajo y evaporarse sus ahorros; a quienes temen, y con razón, que sus inversiones siguen por el mismo camino; a las amas de casa, ahogadas por el alza de los precios cada día; a todos los que padecen una mala Administración, que llega desde el desorden público a la falta de orden sanitario, puede y debe gustarles el intento de cambio. Como Alfonso Guerra nos decía en la presentación del afortunado cartel electoral, es preciso cambiarla situación económica y social actual».La cuestión surge cuando se trata de precisar la dirección del cambio, porque de nada sirve -afirmar que la meta del mismo es «una sociedad más libre y más justa». En política es especialmente cierta la tesis fundamental de la lógica moderna, según la cual carece de sentido toda proposición cuya contraria tampoco la tiene. De la misma manera que afirmar la cuadratura del cuadrado o la redondez, del círculo no es decir nada, porque es imposible afirmar lo inverso, tampoco significa hada en realidad pretender que la sociedad mejore sin precisar en qué consiste esa mejoría, porque nadie va a propugnar lo contrario. EL programa de una sociedad más libre y más justa lo suscribiría en España cualquiera de las fuerzas políticas, desde la extrema derecha al extremo Este, cobijando bajo la libertad y la justicia significados muy distintos. ¿Cuál es el sentido socialista de ambos términos?

El cambio que los socialistas propugnan comienza, y con razón, por la economía, por la necesidad de controlar la inflación galopante y la no menos urgente de crear empleo. ¿Harían tal cosa,los, socialistas si llegaran al poder? La experiencia internacional o, a escala muy reducida, la de los múltiples gobiernos locales que ostentan desde 1979 no permite, sin duda, afirmarlo. En la España de 1981, como en la Francia de 1981 o en el municipio madrileño en 1979, los socialistas no podrían resistir la demanda de incrementos salariales directos e indirectos, y con toda honradez así lo ha dejado bien en claro Nicolás Redondo. Mayores salarios y menor productividad no es el mejor sistema de arreglar una economía en crisis, porque eso da lugar a la inflación, y la inflación crea paro. Si además es preciso poner en práctica un programa de nacionalizaciones, que hace meses negaba Felipe González y que ahora afirman au torizados portavoces del PSOE en estricta fidelidad a los acuerdos de sus congresos últimos, es muy difícil pensar en úna reactivación de la inversión privada.

El resultado no hay que imaginarlo. Se ha visto allí donde el proyecto de cambio socialista ha tenido ocasión de dar sus primeras flores. Wilson y Callagham, en el Reino Unido; Mitterrand, en Francia, y hasta el moderado Schmidt, en la República Federal de Alemania, son capaces de aumentar a la vez el paro y la inflación. Para salir del marasmo pueden seguirse dos caminos: o abandonar el proyecto socialista, como está ocurriendo en Grecia, y para eso sobran hasta los propios socialistas, o intervenir más duramente en la economía, como está ocurriendo en Francia.

El socialismo propone el cambio económico, pero lo que la experiencia nos enseña es que dicho cambio acentúa la crisis que dice querer remediar y crea las condiciones para un cambio todavía mayor y, por supuesto, peor.

También es verdad que la sociedad, en expresión del autorizado, dirigente del PSOE, debe cambiar por la vía de la libertad. Es preciso profundizar las libertades, tales como, por ejemplo, la informativa, en la que el PSOE se niega rotundamente a admitir, como la Constitución exige, una pluralidad de canales de televisión, y donde, de acuerdo con sus programas, está llamada a desaparecer la pluralidad de emisoras de radio, aunque algún dirigente socialista de especial benevolencia, como mi amigo Solana, reconocía la licitud ¡sólo! de las emisoras privadas de frecuencia modulada.

No hace mucho que un socialista docto, Elías Díaz, excluia de la tabla de derechos humanos la propiedad y la libertad económica, tesis literalmente recogidas por otro socialista insigne, el ayer senador y hoy magistrado Femández Viagas. No hace mucho aún, en un: opúsculo prematuramente desaparecido de la circulación, Las propuestas culturales del PSOE (Madrid, 1979), propugnaban la conversión del teatro en un servicio público. Y todos sabemos la interpretación, estrictamente contraria a la pluralidad, que Luis Gómez Llorente (a mi juicio, la mejor y más brillante cabeza de la izquierda española) da de la libertad de enseñanza. El cambio socialista hacia la libertad parte, sin duda, de supuestos filosóficos muy concretos, pero produce además resultados aún más tangibles de los que son test¡gos los periodistas, los locutores, los docentes, los televidentes, los empresarios, y hoy hasta los trabajadores franceses. Una libertad que tiende a excluir la pluralidad de opciones y, en consecuencia, la alternativa en las decisiones.

Pero todos, incluidos los socialistas, consideramos que el gran cambio que España necesita es el salto hacia la modernidad. ¿Qué es moderno en política? Resulta tema excesivo para un artículo yan tan largo, pero puede sintetizarse en un Estado democrático, es decir, con pluralidad de opciones, en una sopedad igualmente plural, y como tal, basada en ese pluralismo económico sin el cual no florece ninguna otra libertad.

Ni la planificación concertada, ni la autogestión, ni las nacionalizaciones que el PSOE propugna han producido en parte alguna libertad niprogreso económico; ni el control de la sociedad y de la cultura que el PSOE pretende, y basta atender a su actitud frente a la televisión o a la enseñanza, es una vía de liberalización; ni el Estado puede ser verdaderamente democrático, al menos en el sentido occidental del término, cuando sus ciudadanos nó pueden decidir entre cosas diversas, porque ni esas cosas se ofrecen al mercado ni ellos pueden alcanzar capacidad alguna de decisión. Porque a plazo más o menos largo sólo decide quien puede elegir entre dos cosas, no aquel a quien tan sólo es dado participar en una de ellas para asentir a quien la dirige.

La intervención económica y el control social son, al menos, tan viejos como Diocleciano, y no re sulta la vía del cambio hacia la modernidad. Aunque el socialismo es a todas luces una doctrina arcaica, yo no pretendo que el PSOE sea en manera alguna una opción política arcaizante. Sus pasos no quieren ir hacia atrás, pero tampoco pueden ir hacia adelante. Simplemente, como la máquina que sale lateralmente de la vía, puede hacer descarrilar el tren…, y también descarrilar es cambiar.’

Con el propósito de replicar uno de los eslóganes del PSOE, Socialismo es libertad, el autor critica el programa socialista en aspectos como la enseñanza, la economía, o la sanidad, para poner especial énfasis en las supuestas limitaciones que sobre la libertad de expresión contienen algunas proposiciones del PSOE.

La verdadera esencia de la democracia es la fe en la libertad, y el que esta fe sea honesta y total, porque es entonces cuando de ella se deriva la voluntad de extender ese bien que es la libertad a todos los ámbitos de la actividad humana, sea la Prensa, la enseñanza, la economía o la política. Por ello, para que esta libertad sea cierta no vale excluirla de alguno de estos campos, pues de lo contrario, y aun cuando se invoque la libertad, lo que se está haciendo es colocar la primera piedra de la dictadura. Dictadura que será más o menos velada, pero igualmente despótica al fin, en cuanto que no tolera la discrepancia legítima, la libre actividad y corta el dinamismo natural para -en nombre de teorías igualitarias o de pretextos falaces- amparar el despojo de las libertades usando el peso del poder público.Jamás se habló tanto de libertad, y bueno es que se sienta su necesidad, pero vemos con preocupación cómo se están elaborando proyectos contra la libertad, porque ésta -así expresada- es un concepto amplio y significativo, pero teórico, ya que su manifestación práctica son las libertades plurales de actuación en todos los campos humanos y sociales, y basta echar una ojeada a ciertos programas políticos para ver cómo defendiendo la libertad teórica se excluyen las libertades prácticas, concretas y reales.

Queremos aquí mencionar el programa e ideología del Partido Socialista, autoerigido en pontífice de la libertad en abstracto, y que en nombre de ésta se prepara para guillotinar la libertad de enseñanza, la económica o la de expresión del pluralismo ideológico y social a través de televisiones también plurales y no controladas desde el Estado.

Y es que, o se cree en las libertades plurales y concretas o se está repitiendo en otros ámbitos el caso de Fouquier Tinville, el implacable juez de la Revolución Francesa, que, en el nombre de la libertad y en prevención contra la tiranía, enviaba al cadalso a todo el que se atrevía a discrepar de la libertad teórica establecida por el tirano Robespierre.

En ningún país socialista hay libertad

Dejémonos de concepciones abstractas sobre la libertad y menos aún de identificaciones excluyentes. Viene esto a colación de que uno de los eslóganes divulgados por el PSOE era aquel de Socialismo es libertad,cuando cualquiera que medite un par de veces la frase se percatará de que en ningún país socialista hay libertad, aparte de que en Europa, en general, y en España, en particular, fueron los partidos liberales y conservadores los que instauraron la libertad, siendo luego los socialistas -bastantes años más tarde, y tras limar bastantes de sus autoritarias concepciones- los que se adaptaron al régimen de libertades que otros habían instituido.

Adaptación que no les ha servido para dejar de pedir la supresión de ciertas libertades concretas. Verbigracia:

– Hablan de un aire libre en cultura y de libertad de enseñanza, pero piden su estatificación, y así, quienes se quedarían al aire libre serían los profesores de ideas no socialistas.

– Hablan de libertad económica, pero defienden las nacionalizaciones.

– Hablan de aires puros en sanidad, pero nos regalan un tufo a quirófano estatal y a ambulatorio colectivizado, con frecuencia mil veces peor y más sucio que cualquier hospital privado.

– Y hablan de libertad de expresión, pero defienden el monopolio de la televisión en la esperanza de usar y abusar de él.

Y eso no es defender las libertades, sino aniquilarlas en nombre de una teórica libertad, porque cuando la enseñanza, la economía, la sanidad, la televisión y todo lo demás se desea que esté bajo control estatal, el propuesto cambio es un cambio totalizante que tiene un lema: Todo en el Estado, nada fuera del Estado, y la libertad va por otro sitio.

Porque, si se pide el monopolio de la televisión, ¿quién garantiza que no se pedirá luego el monopolio de la Prensa? Y si se pide el monopolio de los recursos financieros, ¿quién garantiza que se usarán para favorecer la libre empresa y no para marginarla? En Francia, con un Gobierno socialista-comunista, la maquinaria está ya en marcha: se nacionalizó la banca, se usan los medios audiovisuales con fines descaradamente partidistas y se inculpa a los hombres vinculados a la Prensa libre de supuestas infracciones, a la vez que se moviliza a comandos sindicales para presionar a los Jueces a emitir veredictos que condenen a quienes apoyan o financian la Prensa antigubernamental.

Ya señala Louis Pauwels, agudo testigo del proceso contra la libertad, que la nacionalización del crédito y la utilización política de los medios audiovisuales nos llevan directamente a la última fase: la del embargo de la Prensa., escrita que es la consagración definitiva de la degradación de la democracia y el preludio de la sumisión final.

Es la misma historia de siempre: la libertad en teoría contra las libertades reales. Aquí, en España, los socialistas, en el nombre de esa libertad teórica, quieren impedir la libertad de expresión a través de una pluralidad de cadenas de televisión que ellos no controlarían. Cuidado. Ya dice Louis PauweIs que el combate por lo que queda de libertad de informar es un combate último, avalado, por otra parte, por la Convención Europea de los Derechos del Hombre.

Hay que estar ojo avizor. Las libertades reales tienen enemigos, y aunque algunos digan amar mucho la libertad, va a haber que recordarles que hay amores que matan.

Jorge Verstrynge Rojas es secretario general de Alianza Popular.

LA RUPTURA del acuerdo entre centristas y liberales y la eliminación de algunos seguidores de Oscar Alzaga en las candidaturas conjuntas con Alianza Popular inciden de manera obvia en el proceso de confusión y desconcierto en el que la derecha española, sea moderada, sea reaccionaria, se encuentra inmersa desde hace años. Las dificultades de sus representantes para comportarse en democracia, al margen de las viejas adherencias autoritarias que muchos de ellos conllevan, se muestran así preocupantemente a la luz del día. La necesidad de que la derecha española encuentre su camino de representación democrática desbrozado de las pequeñas ambiciones personales e intrigas y de la prepotencia de algunos de sus dirigentes parece cada día más perentoria si se quiere ayudar a consolidar la Monarquía parlamentaria. Pues, amén de castigar la imagen de sus protagonistas, estos trapisondeos castigan la confianza en el sistema de partidos de un amplio sector de sus electores, dudosos en su nostalgia de los tiempos pasados respecto a la rectitud de actuación de los líderes de estas formaciones políticas.El título preliminar de la Constitución confía a los partidos las tareas básicas de expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y servir de vehículo fundamental para la participación de los ciudadanos. El sistema de listas bloqueadas y cerradas, las ventajas para la utilización de espacios gratuitos en los medios estatales de comunicación durante la campaña y las subvenciones económicas en función de los escaños y sufragios obtenidos en las urnas, confieren además a los propios partidos una privilegiada posición, a caballo entre las asociaciones privadas y las entidades de carácter público, en la vida nacional. Los problemas internos de los partidos son por eso asuntos de interés general cuando sus secuelas inciden negativamente sobre el funcionamiento del sistema en su conjunto.

No basta con que los electores se reserven el derecho último de premiar o de penar en las urnas los comportamientos mostrados por cada grupo durante el período que separa la celebración de los comicios. La patrimonialización de los partidos por sus cúpulas, las técnicas de abordaje de los puestos dirigentes a espaldas de las bases o el olvido de los votantes por parte de los militantes, convertidos a veces en falsos dueños de los sufragios, pueden llegar a desnaturalizar el papel que la Constitución atribuye a los partidos, sembrar el descontento o el escepticismo y fomentar la abstención. Los clásicos del pensamiento liberal siempre distinguieron entre las facciones, compuestas por clientelas personales orientadas exclusivamente hacia el disfrute del poder, y los auténticos partidos, comprometidos con ideas generales y articuladores de las demandas de amplios sectores de la sociedad. Si las ambiciones de unos y las miserias de otros lograran en la derecha española la triste hazaña de transformar a los partidos de masas del siglo XX en remedos de los güelfos y gibelinos, sería la Monarquía parlamentaria la principal perjudicada.

En los conflictos del domingo, el PDP de Alzaga, un pequeño grupo democristiano escindido de UCD, ha cosechado los primeros frutos de su pacto con Alianza Popular y ha padecido en sus cames los efectos del descontento e irritación de los dirigentes y cuadros intermedios del fraguismo, embriagados de optimismo ante los halagüefios pronósticos de las encuestas y molestos ante la idea de que unos recién llegados les desplacen de los primeros puestos de las listas provinciales. Sorprende que Fraga haya sido dejado en precario por sus seguidores, que le han colocado ante el humilde dilema de tener que reconocer su falta de autoridad dentro de Alianza Popular, pese a su imagen de líder respetado y temido, o de desempeñar el papel de cómplice o encubridor en la ruptura del solemne compromiso adquirido con Alzaga. Mientras el PDP ha tenido que pagar las consecuencias de la prepotencia de la baronía rampante de Alianza Popular, el grupo de Garrigues ha sido víctima de los tiempos de ayuno y escasez que viven los dirigentes de UCD, poco dispuestos a compartir su mermado patrimonio de votos con un equipo improvisado de notables con escasa implantación social. La falta de confianza en el futuro había movido ya a Pedro Schwartz, el intelectual más brillante de los Clubes Liberales, a integrarse en las listas de AP, y a Eduardo Punset, quizás el político en activo de más prestigio entre los que acompañan a Garrigues, a presentarse con Convergencia Democrática. Soledad Becerril, por su parte, la figura más publicitada de la familia liberal, había optado por continuar en el seno de UCD. Demasiadas premoniciones juntas. Sin embargo, también en este caso resulta sorprendente que Landelino Lavilla, investido con poderes extraordinarios como presidente carismático del centrismo, haya sido puesto a los pies de los caballos por sus pares al obligarle a romper el compromiso que había suscrito previamente con Antonio Garrigues.

Pero anécdotas y nombre aparte, la moraleja de fondo de esta historia es que, si la derecha españolá ya iba divídida a las elecciones, pese a ser tan natural su mayoría y unidad como algunos insisten, ahora concurrirá más desmoralizada aún. Las oportunidades de crecimiento de Suárez, que los sondeos mostraban en las últimas semanas, se verán potenciadas por estas querellas en los votantes de¡ centro-derecha deseosos de saber dónde colgar el apellido de su voto útil. Pero sobre todo, la tentación del abstencionismo se hará patente en esos medios.