13 septiembre 1982

El ministro cesado era un destacado representante del sector demócrata-cristiano de la UCD

El ministro de Agricultura, José Luis Álvarez Álvarez, rompe con el Gobierno de la UCD y se pasa a las filas del PDP de Óscar Alzaga Villaamil

Hechos

El 12 de septiembre de 1982 el ministro de Transportes, D. José Luis Álvarez Álvarez, abandonó el Gobierno tras conocerse que había abandonado la Unión de Centro Democrático (UCD) y se había afiliado al Partido Demócrata Popular (PDP).

Lecturas

El 10 de septiembre de 1982 D. José Luis Álvarez Álvarez anuncia su dimisión como ministro de Transportes en el Gobierno de D. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo y su ruptura con UCD para integrarse en el Partido Demócrata Popular (PDP) de D. Óscar Alzaga Villaamil, que está negociando una coalición con Alianza Popular.

El Sr. Álvarez Álvarez justifica su marcha en la negativa de UCD a aliarse con Alianza Popular para construir una ‘mayoría natural’ de derechas que haga frente al PSOE en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

El nuevo ministro de Transportes es D. José Luis García Ferrero.

Es otra más de las crisis de Gobierno de UCD (la última antes a esta fue la de julio de 1982). No habrá otra crisis de gobierno hasta las elecciones del 28 de octubre de 1982, después de las cuales se formará un nuevo consejo de ministros.

UN REFUERZO PARA ÓSCAR ALZAGA

alzaga_PDP El diputado D. Óscar Alzaga, tras abandonar la Unión de Centro Democrático (UCD) ha fundado el Partido Demócrata Popular (PDP) con la idea de que lidere a la ideología democristiana en España. Ahora D. José Luis Álvarez supone un gran refuerzo. El Sr. Alzaga mantiene conversaciones para que su PDP haga una gran coalición con Alianza Popular, el viejo sueño de la gran derecha.

03 Septiembre 1982

Dimisiones preelectorales

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

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UNA DE LAS tareas que esperan al Consejo de Ministros es comenzar el nombramiento de sustitutos para los altos cargos de designación política que han presentado su dimisión para concurrir a los próximos comicios. El artículo 70 de la Constitución remite a la ley electoral, que la segunda legislatura de las Cortes Generales no tuvo a bien discutir y aprobar, para determinar la ineligibilidad y la incompatibilidad de los diputados y senadores, pero señala que ese conjunto incluirá en todo caso a los miembros del poder judicial, a los militares profesionales y a «los altos cargos de la Administración del Estado», con la única excepción de los miembros del Gobierno. Dado que el real decreto de 27 de agosto que disuelve el Parlamento remite al real decreto de 18 de marzo de 1977 para la regulación de los próximos comicios, seguirá vigente la amplia lista de no elegibles establecida en el artículo 4 de la antigua norma. Subsecretarios, directores generales, cargos designados por decreto previa deliberación del Consejo de Ministros, gobernadores civiles y presidentes y directores de organismos autónomos no podrán presentarse a las elecciones. Tampoco podrán hacerlo, en su circunscripción provincial, los alcaldes y presidentes de la Diputación. Quienes aspiren a ocupar un escaño y ocupen esos cargos tendrán que apresurarse a recuperar su virginidad ciudadana, dado que el decreto de 18 de marzo señala para hacerlo el plazo de ocho días a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto de convocatoria de las elecciones.El terremoto que ha sacudido el territorio centrista concede a la movida de estos primeros días de septiembre algunas características originales. Resulta lógico que los escisionistas de UCD se apresuren a liberarse de unas ataduras que pudieron resultarles gratificantes en el pasado, pero que les estorban para su reacomodo político en el futuro. De esta manera, el goteo de militantes y cuadros del partido del Gobierno puede ir acompañado de un chaparrón de nuevos disidentes hasta ahora insta lados en cargos públicos y cumpliendo tareas de submarinismo. En esta perspectiva, la disolución de las Cortes, con independencia de otras cosas, pretendió probablemente obligar a poner las cartas sobre la mesa y perjudicar así la plataforma de Suárez. Ahora bien, el Gobierno, al optar por la fecha electoral del 28 de octubre, que sitúa la larga visita del Papa en plena campaña, lesiona desde luego las oportunidades de Suárez, pero no las liquida, y consigue, de paso, ofrecer el aire más bien penoso de una estrategia de corto vuelo.

Las razones que pueden explicar, en la actual coyuntura, las dimisiones de altos cargos dispuestos a presentarse a los comicios bajo unas siglas distintas a las de UCD no pueden justificar la anomalía que representa la paralización de la Administración pública como consecuencia de esos forzados relevos preelectorales. La mayoría de los nuevos cargos terminarán de enterarse de las características de su trabajo justo cuando les llegue su cese. Por otra parte, es probable, que las deslucidas expectativas del partido centrista ante los comicios frenen la hemorragia de dimisiones de hombres leales a Lavilla, dado que muchos políticos profesionales preferirán la brevedad segura del disfrute de sus cargos hasta la formación del nuevo Gobierno al riesgo de figurar en unas listas de candidatos que no les garantizan el escaño. Pero si las perspectivas electorales de UCD hubieran sido más satisfactorias, quizá la situación administrativa de este país durante los meses de septiembre y octubre hubiera devenido caótica.

Sería conveniente que las nuevas Cortes Generales extremen el rigor en la reglamentación de las incompatibilidades de sus miembros y no permitan que los diputados y senadores, como ha venido siendo habitual en las anteriores legislaturas, puedan hacer el doblete de su escaño y de un alto cargo en la Administración pública. Las tareas confiadas a los miembros de las Cámaras son lo suficientemente pesadas y absorbentes como para hacer indeseable la simultaneidad con otras funciones. Mientras UCD ocupó el Gobierno y controló el Parlamento, la práctica viciosa de premiar a diputados y senadores con cargos políticos se convirtió en regla general, con perjuicio para el buen funcionamiento de las comisiones y la debida asistencia a los Plenos. Consecuencia de ese sistema de atrapar la lealtad de los parlamentarios con su incorporación a la Administración es, precisamente, esa marea preelectoral de dimisiones orientadas a amartillarse un futuro empleo contra el valor de cambio del escaño. Si los sueldos de diputados y senadores son insuficientes para exigirles una dedicación a tiempo completo, sería preferible incrementar esas remuneraciones a que sus señorías los completasen con el desempeño de cargos que son, paradójicamente, compatibles con el escaño desde que lo consiguen en las urnas hasta la víspera de los comicios, pero que les hace inelegibles cuando tratan de renovarlo. La picaresca paga.

13 Septiembre 1982

UCD ha perdido a otro de sus 'padres'

Fernando Jáuregui

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Con José Luis Alvarez, UCD ha perdido a otro de sus padres. No cabe desconocer la importancia, siquiera simbólica, que tiene para el partido en el Gobierno la salida del hombre que impulsó la creación, en 1977, del Partido Popular (PP), auténtico embrión del centro.Como secretario general del PP -un partido que, según dice Alvarez, contaba con un programa muy semejante al que hoy ofrece el PDP-, y como uno de los gerentes de la campaña de UCD en 1977, José Luis Alvarez fue fiel a su papel de motor en la sombra. El fue quien se encargó de buscar un promotor de créditos -Alvaro Alonso Castrillo-, quien se encargó de las primeras vallas de propaganda, y de mon tar los primeros locales del partido entonces lanzado por Suárez.

Después, Alvarez comenzó a volar por su cuenta: ya en el ‘primer congreso de UCD, su intervención, que miembros del ala progresista del partido consideraron «insultante» para ellos, marcó el comienzo del distanciamiento. Un distanciamiento que ya era claro cuando, en octubre de 1978, a pocos meses de unas elecciones generales, Alvarez declaraba: «No es bueno que prosigan los ataques mutuos entre AP y UCD; hay que sumar fuerzas, y no disgregarlas».

No faltaba quien atribuía a Alvarez, especialmente a raíz de su derrota en las elecciones para la alcaldía madrileña, pretensiones de alternatiya en la jefatura del partido.

Ahora, José Luis Alvarez, 51 años, notario de Madrid desde los 28, ha consumado la vieja aspiracion de acercamiento a Ma.nuel Fraga, su compañero en Fedisa y a otros viejos amigos políticos desde los tiempos de Tácito y el Partido Popular.

14 Septiembre 1982

Plazo hasta medianoche

DIARIO16 (Director: Pedro J. Ramírez)

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la marcha de José Luis Álvarez demuestra que los empeñados en 'derechizar' a la UCD han dejado de sentirse cómodos en ella. 

Hoy, por última vez, cuando apenas restan veinte horas del plazo legal para establecer coaliciones, queremos redoblar nuestro llamamiento en pro del pacto, basado en la racionalidad y la sensatez que las fuerzas centristas deben a su electorado.

El pulso político de las jornadas más recientes demuestra que Lavilla y Suárez, trabajando codo con codo, podrían restaurar buena parte de la credibilidad de la oferta de centro. Concurriendo por separado, tanto UCD como el CDS no sólo dejarán de ser aspirantes reales al triunfo, sino que cederán probablemente también la hegemonía de la oposición a un partido de actitudes claramente regresivas como Alianza Popular.

Los acontecimientos de estos días no han hecho sino subrayar la esencial equivalencia entre los dos centros. Tras el discurso de Lavilla, inequívocamente congruente con lo mensajes de ilusión y esperanza de los mejores tiempos del suarismo, la marcha de José Luis Álvarez demuestra que los empeñados en ‘derechizar’ a la UCD han dejado de sentirse cómodos en ella.

Las razones dadas por el ya exministro de Agricultura no han engañado a nadie. Argumentar que se va a la coalición de Fraga para defender desde allí el proyecto centrista es un disparate equivalente al de un reumático que pretendiera aliviar sus trivulaciones musculares mediante una temporada de descanso en las caratas del Niágara.

Álvarez ha respondido arteramente a la confianza que UCD depositara en él cooptándole digitalmente primero hasta una Alcaldía que no fue capaz de conservar y luego hasta dos poltronas ministeriales ejercidas con más pena que gloria.

Bien pagado estaría de todas maneras el indudable costo que supone ver a todo un miembro del Gobierno descolgarse en vísperas electorales de la lealtad a su partido, si esta pérdida de lastre conservador impulsara in extremis el necesario pacto centrista.

Hasta la medianoche de hoy Landelino Lavilla y Adolfo Suárez tienen toda una oportunidad histórica.

El Análisis

EL ÚLTIMO QUE APAGE LA LUZ

JF Lamata

El ministro José Luis Álvarez Álvarez decidió en plena campaña electoral asestar una puñalada a su partido y romper con el partido por el que había sido ministro. Aunque Álvarez Álvarez era del sector democristiano de UCD y, desde verano al frente de UCD había otro democristiano como Landelino Lavilla, el exalcalde de Madrid no veía futuro al partido y, en cambio, sí se lo veía a la nueva Coalición Popular de Fraga. Sus enemigos pensarían que Álvarez Álvarez buscaba mantener su escaño y lo veía más fácil en CP, que en la UCD.

Aunque oficialmente se pasó al PDP, esto parece más que un partido, una herramienta para entrar en buena posición en las listas fraguistas porque Álvarez Álvarez no cambió a Lavilla y Calvo-Sotelo por Óscar Alzaga, los cambio por Fraga, su verdadero líder durante su siguiente etapa política.

J. F. Lamata