Las declaraciones del ministro Semprún contra Jaime Campmany y otros periodistas desata una polémica entre medios

Cualquier juicio de usted, señor ministro, acerca de mi persona o de mis artículos, por mucho desdén o sarcasmo que trajera, habría sido recibido por mí con humor y jovialidad. Es lo menos que puede hacer con los juicios de los demás quien prodiga los suyos todos los días. Y más obligado me considero con usted, que tantas veces ha soportado mis bromas y mis veras con paciencia y en silencio, por más que esa costumbre sea gaje del oficio de político.

Pero de repente se ha desatado su lengua y se ha desmadrado su ira. Ha hablado usted de ‘sangre’, y eso son palabras mayores. Esa es una palabra terrible que hay que escucharla con estremecimiento y que no debe ser pronunciada con frivolidad y a voleo. Ha dicho usted que aún recuerda los editoriales de ARRIBA en los que yo pedía sangre cuando ustedes estaban en la clandestinidad, y que esas demandas de sangre que yo hice durante la dictadura hay que olvidarlas como parte del precio pagado por la transición al régimen de libertades, igual que las responsabilidades de policías torturadores en el franquismo.

Eso que usted ha dicho es, sencillamente, una infamia. Ni es su memoria ni en las hemerotecas encontrará usted ni un solo artículo sobre mi firma y ni un solo editorial que me sea atribuible en su redacción o en su autorización en los que se pida sangre ni crueldad para nadie, ni siquiera para los crueles o para los sanguinarios. Le desafio a usted formalmente, de ciudadano a ministro y de hombre a hombre a que muestre usted alguno de esos editoriales que miente recordar, o una sola frase en la que pueda usted apoyar su infamia. Muéstrelo, y si no lo hace tendrá que escucharme un juicio menos divertido de los que hasta ahora me ha oído: que es usted, no sólo un ministro irresponsable, sino un vulgar difamador.

Usted proviene del Partid Comunista, y es un converso del estalinismo, y allí se manipula la sangre con demasiada desenvoltura. Muchos allí no sólo piden sangre, sino que la derraman. Cuando quiera usted buscar manos manchadas de sangre, o de tinta que la pida, no mire las mías, que jamás tuve que lavármelas de esa manchas, buque usted más cerca, en la que fue su casa y su doctrina, y en los que fueron sus amigos y correligionaros. Ellos ensangrentaron medio mundo, y en algunos lugares todavía gotea. No soy yo, precisamente, señor ministro, quien tiene que pedir la jofaina de Pilatos.

Ahora recuerdo que un solo artículo pidiendo sangre sí que escribí una vez, y fue para estimular a los donantes de la Cruz Roja. En cambio, para pedir democracia tengo escritos algunos, y no sólo desde que la tenemos. DIce usted que me va a explicar lo que es la democracia. Bueno, en realidad, ya me lo ha explicado a renglón seguido de lo de la sangre. Para usted, la democracia es incautar periódicos. Esa palabra, incautar, me suena, señor ministro.

Tampoco en este asunto de la democracia viene usted con una buena recomendación. A los españoles no nos ha sido fácil traerla, pero menos mal que no hemos traído la que usted había mamado, y que ha tenido bajo el despotismo a medio mundo. Todavía, cuando ya parece que se acaba la pesadilla, quedan ahí la plaza de Tiennamen y las cárceles de Cuba. No nos mande usted esos jamones democráticos.

Por lo demás, usted no ha venido de la ‘clandestinité’ a traernos la democracia, sino a descacharrarnos la Cultura. Aveces, Francia se empeña en mandarnos materiales deteriorados, aunque sedentes. Napoleón sentó a Pepe Botella en el trono y ahora Mitterrand le sienta a usted en la poltrona. Todo termina en la Moncloa; un día con los fusilamientos y otro con las incautaciones. Sosiéguese, señor Semprún, aunque ya comprendo que no es grato dar el brinco que usted ha dado para terminar presidido por el hermano de Juan Guerra. Ése no pide sangre, sino dinero. Y así ha terminado usted por perder el trole, la memoria, la educación y la vergüenza.

Jaime Campmany

El presidente me dio a entender que el periódico apenas merecía su actual autonomía. Manifiestamente sensible a las críticas de que a veces había sido objeto, me pareció totalmente indiferente a la función de contrapoder de la Prensa, función sobre la que disertó más de una vez con talento». Estas frases, referidas a Valéry Giscard d’Estaing y, al diario Le Figaro, figuran en las memorias del sociólogo y periodista francés Raymond Aron, y revelan las habituales tensiones entre el poder político y los medios de comunicación en cualquieretapa de las sociedades democráticas. La analogía entre las vivencias descritas por Aron y la crispación que está centrando las relaciones entre los socialistas y la Prensa en España en los últimos tiempos no está de más.La tirantez entre el Gobierno socialista y los medios de comunicación tiene su último episodio en las declaraciones del ministro de Cultura, Jorge Semprún, en las que ha calificado a la Prensa de «uno de los problemas pendientes de la democracia». Semprún ha tenido el valor y la oportunidad de abrir un debate en el terreno de la dialéctica, independiente de lo que él mismo ha denominado «procedimientos autoritarios», como son las querellas que en los últimos tiempos han llegado a los medios de comunicación.Olvidemos por un momento el caso Juan Guerra y dejemos también en segundo término las presuntas responsabilidades políticas del vicepresidente del Gobierno, y del Ejecutivo, abundantemente desarrolladas en informaciones, editoriales y tiras de humor en los medios de comunicación. Semprún mencionó el aprovechamiento que de este y otros casos está haciendo la prensa amarilla. La prensa amarilla como tal ha aparecido en España de repente, pero el amarillismo está impregnado en la tradición periodística española desde hace mucho tiempo y a veces parece que cada vez con más fuerza; el amarillismo periodístico es un abuso del poder de la Prensa frente a los ciudadanos que consiste en atacar el honor o invadir la intimidad de los mismmos, conculcando principios constitucionales en nombre de la libertad de expresión.Hace poco tiempo, el catedrático de Hacienda Pública Jaime García Añoveros escribió un artículo en el que se mencionaba este fenómeno. «Hay gente», escribía Añoveros, «que aquí, en España, se siente oprimida. No sólo por el poder político, aunque también. Ahora me refiero específicamente a poderes no siempre públicos, frente a los que el ciudadano no parece tener defensa. Hasta el punto de que algunos piensan, parafraseando aquella vieja fórmula, que entre tantas leyes que nos rigen hay una norma escrita en algún importante lugar según la cual ‘todo español será objeto de falso testimonio y moralmente linchado».

Sin embargo, ni todos los medios de comunicación ni todos los periodistas trabajamos bajo esta filosofía de desecho. Por ello es por lo que algunos hemos defendido un código deontológico que funcione como control de calidad para los ciudadanos, de modo que el que se salga del mismo pertenecerá a otra forma de hacer periodismo, y los lectores, propietarios últimos de la información , sabrán a qué atenerse. La autorregulación, que se establecería mediante un debate entre los editores, directores y periodistas, es decir, entre la profesión real, es una medida progresista, siempre y cuando no venga urgida por las tentaciones del poder de establecer nuevas leyes antilibelo, mayores derechos de rectificación, o por las presiones de ese mismo poder para que se haga una autorregulación desde arriba, es decir, desde sus cercanías ideológicas. Un mayor aparato legal para acabar con los abusos de la Prensa no tiene sentido en España por dos causas: primera, porque ya existe el Código Penal, el derecho de rectificación y la ley del honor, la intimidad y la imagen para hacerlos frente; y segunda, por una cuestión utilitaria: la justicia en España no funciona bien, es lenta, y ello no es precisamente culpa de la Prensa, sino del poder político y de la propia justicia. En este sentido, las palabras del ministro de Cultura defendiendo el derecho de los periodistas a publicar lo que quieran, pero también «la posibilidad de exigir responsabilidades» por las noticias falsas o que atenten contra el honor de las personas, están de más. Los mecanismos ya existen; ahora hay que conseguir que se agilicen y funcionen. 

La parte más significativa de las palabras de Semprún se refiere, sin embargo, al pasado y a la pérdida de memoria. El ministro aportó el ejemplo de quien todos los días da lecciones de democracia desde su columna con la misma vehemencia que en el régimen anterior reclamaba la represión contra los demócratas en la clandestinidad. De nuevo son oportunas las palabras de Semprún por cuanto, en el vértigo histórico de los últimos años, se ha mitificado el papel de la Prensa en la fase final del franquismo y, sobre todo, en la transición.

Alguien ha dicho que «ninguna profesión está tan desprestigiada como la de periodista, y ninguna es más adulada». Lo cierto es que, pasados aquellos días en los que se alabó el papel de los periodistas y de los medios de comunicación en la transición democrática española, está llegando aparentemente -en un movimiento pendular- el extremo opuesto: el de que dichos medios ponen en peligro ese mismo sistema democrático exagerando sus defectos y vilipendiando sus formas. Ni tanto ni tan calvo. Es cierto que hubo algunos periodistas y algunos medios de comunicación nuevos -minoritarios en el conjunto, hay que recordarlo- que desempeñaron el rol de parlamento de papel desde finales de los años sesenta hasta los comienzos de la transición. Pero lo abandonaron en el momento en que los ciudadanos tuvieron la posibilidad de elegir libremente a sus representantes. Quizá el cenit de esa credencial relevante en la vida pública de este país para los medios de comunicación fuese el 23 de febrero de 1981, cuando la radio en primer lugar y luego algunos periódicos retransmitieron y condenaron el intento de golpe de Estado de Tejero.

Pero no se puede hacer un totum revolutum, en el que algunos están bien interesados. Ni fueron todos, ni todos se pusieron de parte de la trinchera de la libertad. Es irritante contemplar la amnesia histórica de determinados políticos y periodistas (no de los que critican desde la honestidad y el ejercicio de la democracia, que son muchos y que tienen todo el derecho a denunciar las desviaciones del poder con su información y a condenarlas con su opinión), que comparan las relaciones entre Gobierno y Prensa en la actualidad con las existentes en el régimen anterior.

Esta vaciedad no es una especulación teórica. Muchos días tenemos que pasar la vergüenza de leer pretendidas semejanzas, por ejemplo, entre el felipismo y el franquismo precisamente en los medios de comunicación o en las informaciones de los periodistas más comprometidos con la pasada dictadura franquista. A veces los que más gritan son los que firmaron la primera página de EL ALCÁZAR el día que murió Franco; o los que escribieron páginas inolvidables en la historia universal de la infamia periodística manipulando el diario de Enrique Ruano, en 1969, para presentar su presunto asesinato a manos de la policía como el suicidio de un desequilibrado; o los periodistas que corearon el fusilamiento de Julián Grimau en 1963; o los que lincharon moralmente a Dionisio Ridruejo o José Bergamín; o los que aplaudieron el golpe de Estado fascista en Chile contra Salvador Allende, etcétera.

Las tensiones entre el poder ejecutivo y la Prensa de hoy se instalan dentro de un marco constitucional sólido y progresista -que rechaza las querellas sin fundamento-, y no desde la censura, las sanciones económicas o carcelarias y hasta los cierres de los medios de comunicación críticos, como el caso del diario Madrid.

Las palabras de Jorge Semprún, algunas elaboradas desde su. crispación, tienen el valor de abrir un debate que hasta ahora no se había producido por la propia oscuridad y los errores del Gobierno, y por el corporativismo de la profesión periodística. Dejemos a cada uno con su parte de responsabilidad para avanzar y clarificar de una vez si la Prensa o, más concretamente, qué sectores de la Prensa. y de la política son «uno de los problemas pendientes de la democracia». Porque Semprún no ha mencionado en sus declaraciones que, si bien el amarillismo o la tergiversación permanente son «problemas pendientes de la democracia», también lo son el tráfico de influencias y las relaciones entre los presuntos traficantes y algún miembro destacado del Ejecutivo de la nación. Es sorprendente que el ministro de Cultura se lamente de que el Gobierno y el PSOE reaccionasen tarde ante el caso Juan Guerra al no advertir el uso que iban a hacer de este asunto Ia oposición y la prensa amarilla» y, sin embargo, pase por alto que el Ejecutivo y el partido no se preocuparan del mismo modo, con la misma intensidad, ante el caso Juan Guerra en sí mismo, que, lejos de ser «secundario, mediocre y subalterno», es central para la salud de la vida pública de este país al tratarse de las formas por las cuales un ciudadano puede enriquecerse en los aledaños del poder.

En lo que se refiere a EL PAÍS, estamos dispuestos a participar en la controversia desde nuestras propias ideas; la libertad de expresión y el derecho a la información son dos principios esenciales para la existencia de una Prensa libre, institución básica del Estado de derecho.

Tanto es así que no se puede hablar de democracia en ausencia de una Prensa que no tenga las garantías suficientes para desarrollar su labor; los periodistas ejercemos estos dos derechos esenciales en nombre de la opinión pública. Ello nos obliga ante la sociedad en una medida más amplia que la derivada del estricto respeto a las leyes, que debemos acatar como el resto de los ciudadanos.Cuando los periodistas exigimos información en nombre de la opinión pública o criticamos a personas o instituciones de la Admim stración o de la sociedad civil, contraemos una responsabilidad moral y política, además de jurídica. Por tanto, se puede abusar del derecho a la libertad de expresión o del derecho a la información sin infringir la ley. Y hay veces que la Prensa ofrece ejemplos que demuestran cómo el periodismo puede ser puesto al servicio de intereses ajenos a los de los lectores.

Hay que reivindicar y ejercer permanentemente la libertad de expresión como consustancial a nuestra condición de ciudadanos, pero también hay que evitar, antes como ciudadanos que como periodistas, las ambiciones de quienes quieren convertir a la Prensa en un poder libre de todo control.

Joaquín Estefanía

Olvida Estefanía en su artículo de ayer, al referirse a periodistas que sirvieron al régimen de Franco, a su antecesor en el diario gubernamental [Juan Luis Cebrián]. Mientras el actual director del diario al que denosta [Luis María Anson de ABC] era multado, procesado juzgado ante el Tribunal de Orden Público y pasaba un año en el exilio, el ex director de EL PAÍS era un paniaguado del régimen al que sirvió incluso en sus postrimerías, en 1974, como director de los servicios informativos de TVE, cargo de máxima confianza. En esa gestión hay pasajes en persecución del Partido Comunista, a la que se ha referido Mauro Muñoz, que podríamos contar con pelos y señales para vergüenza de algunos.

Sospecho que cuando el titular de Cultura, Jorge Semprún, afirmó que ‘la prensa es uno de los problemas pendientes de la democracia española, el ministro lo que quiso decir en relaidad es que la prensa crítica es un asunto pendiente del Gobierno que hay que eliminar. Aunque lo correcto sería decir que el cuidado de la democracia sí que es una de las cuestiones pendientes de este GObierno, que, entre otras cosas, ha tardado seis meses en cerrar las elecciones legislativas. En todo caso, en este proceso de deterioro de nuestro sistema político el ministro de Cultura ha hehco su aportación: abrir un debate contra la prensa, con la ‘sana’ intención de desviar la cuestión de la corrupción hacia quienes con mayor acierto han puesto en evidencia la farsa de progreso y honradez de ciertos gobernantes.

Y en estas estamos los periodistas. A punto de sentarnos en un banquillo que se nos queda tan grande como parece pequeño para la larga lista de millonarios que se han enriquecido a la sombra del poder, usando despachos oficiales de la nación isn que nadie responda por ello. Y a lo dijo Alfonso Guerra en su desdichada intervención en el congreso: al mensajero, si hay que cortarle la cabeza, se le corta. Y si hay que cumplir algún trámite legal antes de proceder a la imaginaria ejecución por ejemplo con el secuestro de un periódico, aquí está el señor Semprún dando cobertura a la operación. Y para que el proceso a la prensa cuente con todas las garantías jurídicas y deontológicas, el diario EL PAÏS, en el santo nombre de una prensa ambigua y mal llamada de presitgio, se presta a ser testigo fiscal para completar la mascarada de lo que sería un proceso democrático contra la esencia de la propia democracia.

Puesto que de la prensa se trata, vamos a comenzar con una cita del filósofo Fernando Savater, quien, bajo el título de ‘Del Exterminio democrático de la democracia’, escribió un brillante prólogo al libro de Maurice Joly ‘Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu’. Savater comienza con una cita de Ciurán que merece estar en el frontispicio del palacio de la Moncloa: ‘Lo trágico del universo político reside en esa fuerza oculta que lleva todo movimiento a negarse a sí mismo, a traicionar su inspiración original y a corromperse a medida que se afirma y avanza. Es que en política, como en todo, uno no se realiza más que sobre su propia ruina’. Y ya que estamos hablando de nuestro propio desastre como informadores, vale la pena destacar los comentarios de Maquiavelo, quien ofrece a Montesquieu la llave para desactivar la función de la prensa en la democracia: ‘El Gobierno se hará periodista, será la encarnación del periodismo’, a lo que el filósofo español añade: ‘Los periódicos abiertamente oficialistas serán los menos provechosos al poder y existirán sólo para cubrir las apariencias, mientras que la auténtica labor de propaganda la realizarán diarios aparentamente de oposición, críticos superficiales en ocasiones al Gobierno, pero favorecedores a largo plazo de sus designios y coartada además de liberalismo para el autócrata’.

Este retrato de la mejor prensa oficial, que podría servir hoy para definir la situación del diario EL PAÍS fue dibujado a título de insospechada profecía por Savater en enero de 1982, año triunfal del Partido Socialista y momento estelar del rotativo de Miguel Yuste. De un periódico que había iniciado un año antes, a raíz de su espléndida reacción ante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, un fantático despegue profesional y empresarial, del que no fueron ajenos periodistas, gestores y técnicos. Se apuntaló un proyecto esperado en un ámbito cultural de progreso y libertad, que se ha ido deteriorando hasta confundirse con ese diario oficial, útil al poder, que describe el filósofo. Deteriorando o, simplemente, transformando de manera intencionada en favor de oro proyecto menos idealista y más ambicioso, pero ajeno a la línea fundacional de EL PAÍS.

Hoy, de cuanto se hizo en ese periódico, todavía quedan cosas importantes en Redacción y colaboradores y sobre todo una bollante empresa, que disfrutó de las vacas gordas de las ayudas millonarias del Estado. Una emprsa que amplió su ámbito, con desigual fortuna y con la ayuda del Gobierno socialista, a la prensa económica, semanal, la radio y la televisión y que mezcló, con arrogancia, su proyecto con la ambición de monopolio informativo y doctrinal. En muchas cosas, el proceso de EL PAÍS ha sido similar, y parece concertado, con el de la cúpula liberal del PSOE. Por ejemplo, en ese pretendido monólogo de la verdad, el progresismo, la modernidad y la democracia que, a veces, unos y otros acaban creyéndose.

La cuidada identidad entre los sectores elitistas del partido gobernante y los primeros dirigentes del diario oficial es tal que incluso han coincidido en labores tan poco apropiadas para la prensa democrática como las de propiciar la censura y el recorte de la libertad, com ose ha visto en las recientes declaraciones de Semprún y en los comentarios de EL PAÍS, donde parece que se le ha tomado gusto a la función de ‘gendarme’ de la información. De manera que, en vez de protestar la discriminación informativa y publicitaria de la que hace gala el Gobierno contra el periodismo crítico, los nuevos oficiosos se dedican a dar carnés de demócratas o de fascistas a diestro y siniestro. Y, como los árbitros de fútbol, sacan tarjetas amarillas a ciertos medios, como ocurre ahora durante el debate de la corrupción, o rojas, como fue el caso cuando el referéndum de la OTAN o la huelga general, coincidiendo siempre con la oleada de pragmatismo y abandono de lastre ideológico que se practica en la Moncloa.

No obstante, la simbiosis del Gobierno y ‘su periódico’ tiene los matices que exige Maquiavelo para evitar el descaro de la sumisión y producir la eficacia requerida por el poder. Y aunque en ocasiones se intercambian los papeles de gobernantes y periodistas, apenas llegan a las manos y alcanzan a darse pellizcos de monja, para simular una distancia y mantener el reparto convenido de un esgrima de salón. No llegan a las manos y mucho menos a la cabeza del Gobierno, por el bien de la patria y la suprema razón de Estado. Y también por una actitud elitista que emana tanto de la cúpula empresarial del diario como de los sectores liberales del Gobierno y del partido. Una casta política y empresarial que ya ha coincidido a pecho descubierto (como se vio en la famosa foto del régimen de CANAL PLUS) en negocios y empresas. En una serie de proyectos en los que se incluyeron planes financieros de envergadura, que se han venido abajo por diversas razones y por los devaneos de ciertos protagonistas, que se ganaron esas portadas en colorines que tanto enfadaron al Gobierno y a algunos socios de EL PAÍS. De ahí, suponemos que parte la irritación con la llamada ‘prensa amarilla’. No en vano el proyecto o la operación que se vislumbraba era impresionante y casi perfecta: aunar poder público y privado con la excusa de la modernización de España. Poder político, financiero y prensa para impedir toda la alternancia en el liderazgo de los tres estamentos. Así tendríamos: periódico, cadenas de radio y televisión privados; banca privada y banca pública, y, por supuesto, Gobierno, partido, RTVE, EFE y tras ventajas que se desprenden de la mayoría parlamentaria. Vamos, lo que se dice un régimen que, por casualidad, estaría en la misma sintonía y segmento social.

De manera que, cuando en el periódico hay que dar algún palo por la exigencia maquiavélica del guión, los garrotazos siempre se los llevan los descamisados del Partido Socialista. Los dirigentes y burócratas que están fuera de la elite, en asuntos menores, y que deben bailar con la más fea, como ocurre ahora con el caso de los hermanos Guerra. Un tema donde EL PAÍS dio un apretón, consiguiendo, por carambola – buscada o no – la eliminación de Alfonso Guerra de cualquier proyecto de sucesión del líder, Felipe González.

Sin embargo, a la cabeza, ni tocarla. Al Presidente, guante blanco y masaje en sus momentos de crisis – ‘sin duda el político con más credibilidad y más tablas en el escenario español’ – que el líder agradece y devuelve con generosas ayudas, información privilegiada y regalos como ese ‘especial’ canal televisivo, que se anuncia con algo de ‘amarillo’ o pornográfico al amanecer.

Estamos, pues, en unos tiempos verdaderamente malos para la lírica periodística que quiere ser honesta. Y no por la existencia de una prensa sensacionalista en color o en blanco y negro, que no engaña a nadie y que es muy minoritaria. No, ahí no está el problema. El drama del periodismo español está, como diría un conocido periodista, en el tamaño del elefante, o de la prensa oficial más la oficiosa. En la astuta y simulada devoción de cierta prensa que se dice privada y en la manipulación fraudulenta y permanente de los medios públicos de comunicación, cuyo difusión alcanza a la totalidad de los españoles. La ocultación por RTVE del importante debate parlamentario sobre la corrupción es ejemplo de esta situación.

Desde el comienzo de la democracia, nunca hubo tanta prensa oficial y oficiosa junta y no por casualidad, sino por la coincidencia de intereses de gobernantes y editores. DE ahí que no sea un espejismo el vuelco sufrido en la línea informativa y editorial del diario EL PAÍS: giro total con la OTAN, sordina con el GAL, tarde en el ‘caso Castellano’, ausencia del escándalo de Pilar Miró, a palos con la huelga general, leña a los sindicatos, apoyo a la OPA bancaria del Gobierno, fusiones buenas y malas, banqueros buenos y malos, maltrato al Nobel español de Literatura, silencio con los privilegios de CANAL PLUS, silencio con las irregularidades electorales, silencio con el caso Iberia, silencio con operaciones millonarias y silencio con los restos del naufgragio de Rumasa, entre otras muchas cosas. Y con la corrupción política que nos ocupa, sólo un poco de gas en la salida y sin pisar el umbral de la Moncloa.

Es verdad que hace años la prensa era mejor que la de ahora, y no porque algunas revistas y periódicos hinchen titulares y enredos amorosos para vender unos miles de ejemplares, bien minoritarios frente al total de la información, sino porque la hipocresía, una doble moral y la manipulación se han instalado en la que se autocalifica como prensa de ‘prestigio’ imitando la doblez de cierta clase política y completando el monopolio informativo que preside RTVE. De manera que, entre los medios públicos y semiprivados, estamos ciudadanos e informadores más bien rodeados y maltratados. Aunque ésta suele ser la suerte y el trato que al parecer emrecen los periodistas que se precien de serlo en toda democracia. En todo caso, ni siquiera a EL PAÍS le deseamos códigos de ningún tipo. Esos nuevos corsés contra la libertad que hoy distraen al personal, mientras la procesión va por otra calle y en silencio. Cosa que hay que subrayar, porque el hipnotismo del poder es tal que algunos devotos informadores encienden cirios incluso a quienes piden el secuestro de los diarios, demostrando que no saben dónde empieza el entusiasmo y dónde acaba la manipulación. Y puede ocurrirles aquello que preconiza Maquiavelo para los periodistas controlados: ‘Se pertenecerá a mi partido sin saberlo. Quienes crean hablar su lengua hablará la mía, quienes crean agitar su propio partido agitarán el mío, quienes creyeran marchar bajo su propia bandera estarán marchando bajo la mía’.

Pablo Sebastián