Tragedia de DANA en España: Una riada se lleva por delante la vida de más de 200 personas en Valencia

La dana no ha terminado, pero ya es uno de los peores desastres de la historia de España. Más de 200 muertos, miles de personas que no pueden vivir en sus hogares, miles de millones de euros en daños materiales e infraestructuras que no podrán recuperarse en meses. Paiporta, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Chiva, Utiel, Letur son lugares que ya están en el negro libro de las catástrofes ocurridas en suelo español. Sin embargo, en medio del horror han aparecido cientos de vecinos cargando, barriendo y achicando agua. El impulso solidario de los ciudadanos llegó a tal extremo que la Generalitat, aun reconociendo su buena fe, pidió ayer que la masa de voluntarios que caminaba hacia los lugares afectados volviera a su casa o se dirigiera a centros de coordinación para no colapsar las vías de acceso a los efectivos que trabajan sobre el terreno.

Por otro lado, desde el primer momento circulan los bulos que fomentan teorías conspirativas, insultan a la Agencia Estatal de Meteorología o buscan construir un relato de la tragedia que choca frontalmente con la realidad que han visto millones de españoles y padecido centenares de miles de valencianos: una dana de alto impacto reiteradamente anunciada por los científicos de la agencia, una alerta tardía de la Generalitat a la población y un desastre que está costando mucho remediar. El ejemplo más lamentable es la denuncia contra los responsables de Aemet por parte de Manos Limpias, el constante intoxicador de la vida pública española.

Parece evidente que existe un pacto de no agresión pública entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Una decisión, la de ofrecer una imagen de unidad y colaboración que aplaudimos desde el principio en este periódico porque es lo que la ciudadanía espera cuando están en juego la vida y la muerte. Cualquier otra actitud habría sido una irresponsabilidad. Pero pasan los días y crece la desesperación de quienes siguen sin saber nada de sus seres queridos, están sin luz o sin agua, con sus calles colapsadas por un amasijo de coches o sin una casa en la que refugiarse. Y junto a la desesperación se multiplican las críticas ciudadanas y las preguntas sobre la cantidad de recursos disponibles para hacer frente al drama.

En medio aún de una tragedia de esta magnitud, es increíble que haga falta recordar el reparto de competencias del ordenamiento español. La Generalitat valenciana tiene activado el nivel 2 de emergencia, que le permite conservar el mando, la competencia exclusiva sobre la gestión de la tragedia y solicitar la ayuda que crea necesaria al Gobierno central. Es decir, todos los efectivos que Defensa, Interior o cualquier otro ministerio envía estos días a Valencia son los solicitados por el presidente Mazón, que decide además en qué lugar operan. El presidente valenciano puede solicitar el nivel 3 y que el Gobierno central se haga cargo de todo, pero no lo ha hecho. El Ejecutivo central puede decretar una “emergencia de interés nacional” y asumir la dirección de todo el dispositivo, una especie de 155 que despojaría a la Generalitat de sus competencias, pero tampoco lo ha hecho. Han optado por colaborar bajo el mando de la Generalitat, que es el representante legal del Estado en la comunidad. Es probablemente la solución perfecta, pero ambos tienen que explicar con claridad por qué cuatro días después no se llega a todos los lugares que lo necesitan.

Un monstruo meteorológico ha traído dolor y desgracia. Su dimensión explica muchas cosas, pero no todas en pleno siglo XXI. La realidad del cambio climático hace temer nuevos episodios parecidos. La claridad y la pedagogía que ahora se haga no son solo un derecho de los afectados hoy, sino un aprendizaje para el futuro inmediato.

La chusma gobernante, de consuno con los loritos sistémicos que controlan los medios de adoctrinamiento de masas, han atribuido las inundaciones de Levante al llamado ‘cambio climático’. Así lo ha proclamado Ursulina Von der Leyen, con esa fatuidad engolada que emplean estos farfantes y farsantes, acostumbrados a mearnos en la jeta: «Es la dramática realidad del cambio climático». Sólo les ha faltado meter en el guiso a Putin, a estos hijos de la grandísima puta.

En la gota fría de 1982, que reventó la presa de Tous ocasionando cuarenta muertos, llegaron a caer mil litros por metro cuadrado en Cortes de Pallàs (el doble de los que han caído en esta ocasión). Y los más viejos del lugar recordarán también la gota fría que provocó ochenta muertos en 1957, de la que no tenemos datos de precipitación fiables, porque por entonces la capacidad máxima de los pluviómetros era de doscientos litros por metro cuadrado. Tanto en 1957 como en 1982 ocurrió lo mismo que en este 2024, un fenómeno meteorológico típico de estas fechas en el Levante español: aire polar marítimo con viento de levante que trae lluvias torrenciales. Es la ‘gota fría’ de toda la santa vida de Dios, que ahora la chusma gobernante, de consuno con los loritos sistémicos al frente de los medios de adoctrinamiento de masas, llaman ‘Dana’. Pero decir gota fría es referirse a un fenómeno meteorológico sobradamente conocido en tierras levantinas; y estos hijos de la grandísima puta necesitan crear un ‘relato’ para panolis que presente lo acaecido como algo nuevo, desconocido, inopinado y terriblemente devastador, causado por ese ‘cambio climático’ del que todos, todas y todes somos culpables. Porque a estos hijos de la grandísima puta no les basta con exonerarse de culpa, sino que quieren extenderla sobre toda la población, descargando sobre la sufrida gente la responsabilidad de las catástrofes naturales, justificando así las imposiciones a las que nos someten, para lucro de la plutocracia a la que sirven. Si en 1957 y en 1982 la gota fría produjo menos víctimas que en 2024, a pesar de que los medios para predecirla, prevenirla y paliarla eran mucho menores, es porque estamos gobernados por incompetentes criminales sólo atentos a su pitanza que nos expolian materialmente y nos envilecen moralmente.

Tenemos que aguantar que estos hijos de la grandísima puta nos lancen cientos de alertas grotescas en verano, anunciándonos el apocalipsis por achicharramiento, para construir su relato para panolis sobre el llamado ‘cambio climático’. En cambio, cuando se produce una alerta meteorológica real, con previsiones de lluvias torrenciales muy peligrosas, esta chusma se ha quedado de brazos cruzados. Con avisos naranjas el lunes, tendrían que haber movilizado a todos los empleados públicos duchos en labores de auxilio, tendrían que haber suspendido las clases en las escuelas y toda actividad laboral no esencial, tendrían que haber exhortado a la población para que no saliese de sus casas e incluso evacuado algunas localidades. Pero estos hijos de la grandísima puta no movieron un dedo, ni siquiera cuando empezó el diluvio; y, en su negligencia criminal, dejaron que la gente se adentrase en automóvil por carreteras que ya estaban inundadas, dejaron que la gente saliese de sus casas en pueblos con ramblas donde el agua alcanzaba alturas de más de un metro. Es la misma negligencia criminal que antes los llevó –a ellos o a quienes les precedieron en la pitanza– a aprobar planes urbanísticos asesinos, levantando casas a orillas de las ramblas, o de arroyos y ríos habitualmente secos, como si bastase con canalizaciones de chichinabo o con los carrizos de las orillas para contener los desbordamientos ocasionados por la gota fría.

Eso en lo que respecta a las previsiones. En cuanto a los remedios, estamos mostrando al mundo que España es un estado fallido gobernado por hijos de la grandísima puta que destinan decenas de miles de policías, guardias civiles y militares para blindar sus cumbrecitas coloniales y demás saraos sistémicos, pero son incapaces de movilizar al Ejército para despejar carreteras y atender a la población que carece de agua potable, medicinas y alimentos básicos, tal vez porque el Ejército español está haciendo el oso hormiguero en las misiones que nos impone el Tío Sam en los arrabales del atlas, para asegurar el clima belicista que interesa al complejo industrial militar. En el colmo de la avilantez, el doctor Sánchez, recién llegado de hacer el indio para tapar las ignominias de la catedrática Begoñísima y las suyas propias, tuvo el cuajo de insinuar que la hecatombe se había producido porque la gente desoyó las indicaciones de protección civil; pero lo cierto es que, cuando a los móviles de los valencianos llegaron tales indicaciones, mucha gente ya se estaba ahogando, o estaba siendo arrastra. La hecatombe no la ha producido ningún ‘cambio climático’, como pretenden estos hijos de la grandísima puta, sino su incompetencia criminal. Si los españoles de hogaño no tuviésemos horchata en las venas, tendríamos que ahorcarlos y después descuartizarlos, exponiendo por último sus despojos en la plaza pública, para que sean carnaza de las moscas y las aves carroñeras, como conviene hacer con los tiranos. Pero, como estamos dejados de la mano de Dios, seguiremos permitiendo que nos meen en la jeta; y, por supuesto, nos dirán que sus orines pestilentes, como la gota fría de toda la santa vida de Dios, es «la dramática realidad del cambio climático».

Juan Manuel de Prada

a decisión de la juez de Catarroja que investiga las responsabilidades por las 228 muertes que se produjeron en la dana del 29 de octubre en Valencia de imputar a la entonces consejera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, y a su número dos de Emergencias, Emilio Argüeso, así como la contundencia de la relación de hechos contenida en su auto hacen inviable políticamente la continuidad de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. Aunque la instructora no ha procedido contra el presidente de la Generalitat porque es aforado, lo que ralentizaría una investigación que parece marchar a buen ritmo cuatro meses después de los hechos, le ha ofrecido declarar de manera voluntaria, cosa que podría hacer en cualquier momento.

El auto, dictado en una fase inicial de la instrucción, ya concluye de forma tajante que las responsabilidades por el retraso en el aviso a la población se concentran en el Ejecutivo autonómico. Un elemento muy ilustrativo son los ejemplos que recoge de otras instituciones que sí adoptaron medidas de prevención, como la Universidad de Valencia, que decidió suspender las clases, y asegura que había información «sobrada» para proceder así. Y tampoco duda en considerar que esa «inactividad patente», que se tradujo en el retraso en dar la alarma, privó a las víctimas de la dana de la posibilidad de ponerse a salvo. Son valoraciones muy tajantes, aunque estén dictadas en una fase inicial de la instrucción y, por tanto, puedan modificarse en cualquier sentido si surgen nuevas evidencias o nuevas apreciaciones en otro momento procesal. La investigación judicial, a medida que avanza, ofrece conclusiones que evidencian, al margen de cuál sea su traducción penal y de la posible y futura implicación de otras administraciones, la pésima gestión de la catástrofe por la Generalitat dirigida por Carlos Mazón.

Es verdad que el auto inadmite una querella contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo cual resulta muy llamativo y discutible, sobre todo porque obvia la implicación objetiva de esta institución en el apagón informativo sobre lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo. Sin embargo, hay que señalar que, aunque otras administraciones hayan tenido responsabilidad en lo sucedido, y debe investigarse con la misma exhaustividad que al Gobierno valenciano, eso no alivia un ápice el nivel de negligencia exhibido por la Generalitat y su presidente, Carlos Mazón, cuya figura ha quedado hipotecada políticamente para siempre por este luctuoso episodio. La sola imputación por parte de la juez de la persona que él designó para la Consejería de Justicia e Interior, a la que luego destituyó para sustanciar inicialmente las responsabilidades políticas de este caso, lo sitúan en una posición política insostenible.

El Partido Popular dice que «el auto no ha cambiado nada» y es verdad, todo el mundo sabe que, desde el día siguiente de la tragedia, Mazón es un presidente con respiración asistida, que juega los minutos de la basura del partido y al que sólo lo sostiene la incapacidad de los populares para pactar con Vox un sustituto. El paso del tiempo y las evidencias que la misma Generalitat ha tenido que aportar demuestran que su noción de los tiempos resulta interesada y cuestionable: primero dijo que llegó al Cecopi después de las 19.30 y más tarde señaló que a las 20.28, nada menos que casi una hora de diferencia.

Su reciente intento por presentarse en Madrid para darse un segundo aire resultó un verdadero fracaso y no fue arropado por ninguna figura relevante de su partido. Pese a eso, en privado, la dirección del PP ha estado ocultando que no tiene una solución para la crisis o que le incomodaría tenerla y se autoengaña creyendo que quizá Mazón sea capaz de «liderar la reconstrucción». El problema es que las encuestas indican que la hipoteca de Carlos Mazón es más pesada y extensa de lo que puede intuir un Feijóo al que es cierto que no le gusta entrar en el terreno de sus barones. Pero tiene enfrente una izquierda que se está rearmando gracias a su larga experiencia en aprovechar políticamente las desgracias de este tipo, como demostró la tragedia del Metro ocurrida en Valencia o el ‘Prestige’ en Galicia. Quizá quitar a Mazón no arregle la situación en la Comunidad Valenciana, pero mantenerlo en el poder desde luego resulta un grave error y aboca a una profundización de la crisis con un líder débil.