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PDP está integrado en la coalición que lidera la Alianza Popular de Fraga

Tras la disolución de la UCD un gran número de sus dirigentes democristianos se integran en el Partido Demócrata Popular de Óscar Alzaga Villaamil para colocarse en las listas de Coalición Popular

HECHOS

  • El 20 de febrero de 1983 el Consejo Político del Partido Demócrata Popular (PDP) aprobó la adscripción de nuevos miembros a ese órgano, entrando 11 de ellos directamente en el Consejo Ejecutivo que preside D. Óscar Alzaga.

OPERACIÓN DEMOCRISTIANA: DE UCD A COALICIÓN POPULAR A TRAVÉS DE PDP

El 20 de febrero de 1983 el Consejo Político del Partido Demócrata Popular (PDP) aprobó la adscripción de nuevos miembros a ese órgano, entrando 11 de ellos directamente en el Consejo Ejecutivo que preside D. Óscar Alzaga.

Los nuevos miembros del PDP son D. José María Álvarez del Manzano, D. José Ramón Pérez Díaz-Alersi, D. Roberto Fernández de la Reguera, D. Luis de Grandes, D. Amailo Graiño, D. Jaime Mayor Oreja, D. José María Martín Oviedo, D. Vicente Ruiz Monrabal, D. Javier Tusell Gómez y D. Antonio Fernández Galiano. El acuerdo incluye que el Sr. Alzaga nombra a D. Javier Rupérez Rubio como nuevo Secretario General del PDP (en sustitución de D. José Manuel Otero Novas).

También entran en el consejo D. Joaquín Aguinaga, D. Juan Antonio Gómez Angulo, D. Zenón Mascareno, Dña. Lina Oras, D. José María Pujales, D. Modesto Lobón, D. José Ignacio Wert, Dña. Pilar Fernández Labrador y D. Arturo López Monter.

 

22 Febrero 1983

El hundimiento del 'Titanic' y las facturas pendientes

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

LA RÁPIDA incorporación al PDP, federado con Alianza Popular, de conocidas personalidades democristianas procedentes de UCD ha puesto de relieve las enormes prisas de una parte de ese sector ideológico para rematar al partido centrista. Los integrantes de la comisión gestora designada por el Consejo Político para hacer frente al pago de las deudas contraídas y convocar el congreso extraordinario que legalice la extinción del partido se sentirán desmoralizados al percatarse de que su elogiable decisión de permanecer a bordo del Titanic centrista hasta su definitivo desguace no ha servido de ejemplo para aquellos de sus correligionarios que se precipitan a ocupar los botes salvavidas y a trasladar sus enseres al buque insignia del PDP. Aunque la cuestión se inscriba fundamentalmente en el ámbito de la ética política, cabe también plantearse algunos interrogantes acerca de las implicaciones propiamente jurídicas de esta extraña división del trabajo, que atribuye a las gentes respetuosas con su propia imagen la tarea de pechar con los acreedores, pero trata de liberar a los profesionales de la desenvoltura de cualquier responsabilidad en la liquidación de un partido que les dio empleos, gajes y beneficios durante su permanencia en el poder.La ley de Partidos Políticos, aprobada por las Cortes Generales el 4 de diciembre de 1978, no contempla más supuestos de suspensión y disolución de una organización que los acordados por la autoridad judicial como consecuencia de actividades delictivas o comportamientos antidemocráticos. Esa norma, promulgada de forma casi simultánea a la Constitución, se ocupa, sin embargo, de algunas cuestiones indirectamente relacionadas con la actual situación de UCD. Así, al establecer que «todos los miembros del partido tendrán acceso a la información sobre sus actividades y situación económica», la ley permite a cualquier militante exigir una cumplida rendición de cuentas de los ingresos y los gastos de la organización a lo largo de su historia y el detalle de sus actuales partidas de activo y pasivo. Pero ocurre además que UCD, como el resto de las formaciones políticas, ha manejado legalmente cuantiosos fondos públicos, ya que la Administración ha financiado sus actividades, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a través de las subvenciones anuales por los escaños obtenidos en las Cortes Generales y de las cantidades fijas asignadas a los votos conseguidos en las urnas. Dado que el partido centrista recibió sumas considerables por los sufragios y escaños logrados en los comicios de 1979, los contribuyentes tienen cuando menos derecho moral a ser informados de la forma en que fueron gestionados los fondos de una organización que ha pasado de la suspensión de pagos al cierre definitivo de la firma por quiebra política y financiera.

Resultaría escandalosamente injusto que las deudas de esa UCD en trance de extinción fueran pagadas exclusivamente con el patrimonio personal de los militantes centristas que avalaron con su firma las operaciones de crédito, en tanto que el resto de los dirigentes decidieran llamarse andana con el pretexto de que su rúbrica no figura en las pólizas de crédito o las letras aceptadas. Pero sería ingenuo suponer que la totalidad de los políticos que se beneficiaron antaño del poder, en forma de sueldos y retribuciones pagados por el desempeño de cargos públicos de libre nombramiento, acudieran voluntariamente en ayuda de sus desventurados compañeros atrapados en las deudas centristas por garantías personales. No cabe descartar, en consecuencia, la posibilidad de que el dinero estatal contribuyera, de forma directa o indirecta, declarada o secreta, a sufragar la liquidación económica de UCD, a fin de que los acreedores del difunto partido -desde los modestos proveedores hasta los grandes bancos- no se vieran obligados a ejecutar avales personales, pero tampoco perdieran la totalidad de sus créditos.

Resulta necesario, así pues, una amplia, clara y exacta información acerca de los proyectos existentes. Para cancelar la enorme factura del desguazamiento del Titanic centrista, ya que esos datos interesan a todos los ciudadanos y pueden afectar a sus intereses como contribuyentes.

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