La Hemeroteca del Buitre

Televisión Española ha recibido una clara condena judicial por su sectarismo informativo durante la huelga general del 20 de junio de 2002. La Audiencia Nacional ha establecido, en respuesta a una demanda del sindicato CC OO, que sus servicios informativos vulneraron los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical al no ofrecer una información veraz, plural e independiente sobre aquella movilización social, tal como exige el Estatuto de RTVE.

En el clima caliente de los días previos, al que contribuyó Aznar con su planteamiento de la huelga como un partido en que el no se conformaría con un empate, TVE puso toda su bien acreditada capacidad manipuladora al servicio de la estrategia del Gobierno, con el objetivo de obtener una sonada victoria sobre los sindicatos. Entonces ya se hizo evidente un descarado sectarismo, que siguió, en un año difícil para Aznar y su Gobierno, con el desastre del Prestige y las masivas manifestaciones contra la guerra de Irak. Una sentencia judicial establece ahora que TVE vulneró los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical al no haber dado la exigible cobertura informativa a los objetivos de la jornada de protesta. En definitiva, TVE actuó en plena sintonía con las consignas gubernamentales de hacer invisibles a los huelguistas; su quintaesencia fue la declaración matinal del entonces ministro portavoz, Pío Cabanillas: «No ha habido huelga general».

TVE ha sido cogida en flagrante vulneración no sólo de las más elementales reglas de deontología periodística, sino de sus obligaciones legales como servicio público. Ante condena tan contundente habría que esperar de sus directivos una pizca de rubor profesional, más allá de su propósito de recurrirla. Pero lo único que se le ha ocurrido a uno de ellos -el director, Juan Menor- es negar que afecte a la credibilidad de TVE. O sea, que seguirán haciendo de su capa un sayo con los principicios de veracidad, pluralismo e imparcialiad a los que obliga el Estatuto de RTVE.

El partido del Gobierno, en correspondencia con los servicios prestados, no ha dudado en echar un capote a los responsables del atropello saliendo al paso de cualquier crítica a su rigor profesional. Mientras la BBC está en el ojo del huracán de una fuerte polémica político-periodística por una información independiente en un asunto sensible para el Gobierno británico, TVE es condenada por su sectarismo informativo al servicio del poder. Es la diferencia entre una televisión pública digna de ese nombre y otra degradada, sometida a las consignas gubernamentales del momento.

O se está con la libertad de expresión o se está contra la libertad de expresión. Si se está con la libertad de expresión hay que hacerlo con todas sus consecuencias. Los lectores de LA RAZÓN saben que en esta columna he denunciado con dureza la tropelía judicial de cerrar EGIN y EGUNKARIA. El entero sistema democrática descansa sobre el cimiento de la libertad de expresión. Los periódicos no delinquen. Los periodistas a veces sí lo hacen y, como no son ciudadanos impunes, sobre ellos debe caer entonces el peso de la ley.

Digo todo esto tras la lectura de la sentencia de la Audiencia Nacional contra los servicios informativos de TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE). La libertad de expresión ha sido zarandeada en ese texto judicial. Los jueces pueden condenar a un periodista por haber cometido un delito. No pueden juzgar públicamente si un espacio informativo está bien o mal hecho, es parcial o imparcial, objetivo o sesgado. Sentencia por ‘manipulación informativa a TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE) es, en principio, una atrocidad, aunque fuera verdad esa manipulación.

Los profesionales de TVE en uso de su libertad de expresión, acertando o equivocándose, ofrecieron la información que consideraron adecuada, según su bien acreditada profesionalidad, sobre la huelga general. Entrar en una sentencia judicial sobre si manipularon o no la información pone los pelos de punta. ¿Corresponde a los jueces decidir si Gabilondo manipula o nno la información en la SER y sentenciar según su criterio? Gabilondo puede usar su libertad de expresión como le venga en gana y sólo si comete un delito podrán los jueces sentenciar. Cierto que la SER es una empresa privada y TVE un ente público. Pero desde el punto de vista profesional periodístico es igual. Son los oyentes de la SER los que si no están de acuerdo con lo que se emite cambiarán de dial, correspondiendo a la empresa mantener o destituir a Gabilondo. Son, además de los espectadores, los políticos los que pueden presionar a través de las instancias parlamentarias para que se mantenga o destituya a Urdaci y corresponde a la empresa de TVE, que es el Estado, hacerlo o no hacerlo. Pero que los jueces metan sus ilustres narices en los contenidos informativos de los medios de comunicación públicos o privados, salvo cuando el periodista haya cometido un delito, es un dislate que fractura la libertad de expresión en su misma raíz. El sesgo informativo en España de todas las televisiones públicas desde su creación es un hecho que debe abordarse en instancias políticas. Ese mismo sesgo en algunas televisiones y radios, y en ciertos periódicos, debe depender sólo de los espectadores, los oyentes y los lectores, para que se mantenga o no.

Luis María Anson

No hay precedentes en la extensa y polémica historia de Televisión Española. Nunca hasta ahora se había condenado a la televisión pública por un caso de manipulación informativa, aunque haberla la ha habido siempre, pero con otros modos. Por algo la llaman ahora, con una buena dosis de maldad, Televisión Española y de las JONS” o “TeleMoncloa”. Ni en los tiempos de Adolfo Suárez, ni en los mejores momentos de Felipe González con su supermayoría absoluta de 202 escaños, hubo manipulación similar a la era Aznar, que pretedía una dirección general de RTVE independiente. La verdad es que el presidente del PP lo intentó con Mónica Ridruejo, su primera directora general del ente público, pero enseguida se dio cuenta de su error y echó mano de gente de confianza política, dispuesta a hacer todos los recados sin chistar. El control férrero de los telediarios empezó con el incomensurable Ernesto Sáenz de Buruaga, cuya trayectoria sumisa ha sido ahora superada con creces por Alfredo Urdaci. Al director general, José Antonio Sánchez, dicen que le hubiera gustado cesar al director de informativos que heredó, después de la sentencia de la Audiencia Nacional por violeación de derechos fundamentales, pero desde La Monloa lo han frenado en seco. El vicepresidente Rajoy le ha pedido que apoye al director de informativos, que también tiene el respaldo inequívoco del Secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timersmans. Así que, río revuelto, ganancia de pescadores. El director general ha pedido más dinero, aunque RTVE tenga pérdidas millonarias, para comprar todo lo que sea necesario para mantener el liderazgo en la audiencia de Televisión Española y poder serle útil al PP para ganar las elecciones de 2004. Un “pacto entre caballeros” en el que participan los dos vicepresidentes, Rajoy y Rato, que son los candidatos mejor colocados para la sucesión, ha hecho posible que siga el director de informativos, y que el director general tenga más dinero, a pesar de la oposición del presidente de la Sepi, Ruiz Jarabo.

Francisco Caparrós

Criticar la calidad de las televisiones públicas es algo muy frecuente en los países democráticos. Lo que no es frecuente, sino muy extraño, es que una parte importante de los ciudadanos de uno de esos países dé por supuesto que los servicios informativos de los medios de comunicación pública mienten y que lo normal es que, esté quien esté en el gobierno, manipulen la información. Eso sucede casi exclusivamente en España y por más que nos hayamos convencido a nosotros mismos de que es algo normal, no lo es.

Por algún extraño motivo, los españoles parecemos haber renunciado a exigir el respeto de las normas profesionales periodísticas a los responsables de los medios de comunicación pública, con la curiosa teoría de que también se manipula en los medios privados. Pero a nadie se le ocurre en Alemania que porque exista el periódico sensacionalista Bild, las cadenas públicas ADR o ZDF puedan manipular los hechos en beneficio del canciller de turno o de alguno de sus ministros; por no hablar de la BBC británica. Y tengan la seguridad de que los informativos de la televisión pública francesa no se permiten ni la menor broma en este sentido, gobierne Jospin o Chirac.

Que un tribunal condene al responsable de los servicios informativos de una televisión pública de manipular la información y vulnerar derechos fundamentales de los espectadores es una acusación realmente muy grave que no puede archivarse sin más, esperando que termine por escampar. El espectáculo que ofreció ayer Alfredo Urdaci es inconcebible y no porque leyera deprisa o porque lo hiciera después de despedirse los presentadores habituales. Eso son aspectos técnicos o marrullerías, según se mire, pero sin relevancia profesional.

Lo inconcebible es que un periodista admita en público, obligado por los tribunales, que ha manipulado una información en un medio que es propiedad del Estado (es decir de los ciudadanos) y que inmediamente después no presente su dimisión. Es posible que los periodistas en España tengamos piel de cocodrilo, pero este caso de vulneración de las normas profesionales supera lo disculpable.

El señor Urdaci no sólo pretendió ayer hacernos creer que lo que le ha ocurrido es algo casi habitual, sino que ni tan siquiera optó por mantenerse personalmente en un discreto, y muy justificado, segundo plano. Bien al contrario, el jefe de los informativos de TVE decidió hace unos días desplazarse a Roma para cubrir el aniversario de la elección de Juan Pablo II, en lugar de ceder el protagonismo al buen periodista y corresponsal de TVE en la zona que es Ángel Gómez Fuentes. Urdaci lleva varios telediarios ilustrándonos a todos los espectadores no sólo sobre la vida y obra del Pontífice sino también sobre su propia fe religiosa, que sin duda es muy valiosa y profunda, pero que debería permanecer en el ámbito privado. Incluso en el telediario de las 15 horas de ayer, en el que reconoció su desagradable pecado profesional, nos había ofrecido minutos antes una amplia crónica, muy personal, sobre la biografía del Papa. Debió darse cuenta de que no era el mejor momento.

Soledad Gallego Díaz