25 julio 2003
Críticas al Sr. Urdaci por referirse la sindicato Comisiones Obreras por sus siglas 'Ce-Ce-O-ó' al leer la sentencia
La Audiencia Nacional condena a RTVE por vulnerar los derechos sindicales en su tratamiento de la huelga general de 2002 y Alfredo Urdaci es obligado a informar de la sentencia
Hechos
El 24.07.2003 la Audiencia Nacional condenó a TVE por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical a que difundiera la condena en sus informativos, cosa que hizo el 16.10.2003.
Lecturas
Desde el año 2000 que ocupaba el cargo de Director de Informativos de TVE los enemigos de Alfredo Urdaci se habían multiplicado. Uno de ellos es Pedro Soler Rojas, redactor del sector mayoritario que, tras enfrentarse a Baltasar Magro en la redacción de Informe semanal, fue sancionado por Urdaci trasladándolo a Deportes, ante lo que optó por solicitar su baja para convertirse en liberado de CCOO. Con ayuda de Marcel Camacho formó la sociedad Aideka, un grupo de investigación para auditar la labor de los telediarios de TVE bajo el paraguas de CCOO y de la Universidad Carlos III. Desde Aideka, Soler Rojas puso en marcha la supervisión de la labor de Urdaci como presentador y director del Telediario 2. Buscaron elementos que les permitieron demostrar de manera inapelable que la TVE aznarista era manipuladora, y que Urdaci era su instrumento. Y encontraron su base.
El Gobierno aprobó una reforma del subsidio de desempleo conocido como «decretazo», que sirvió como excusa a UGT y CCOO para convocar una huelga general el 20 de junio de 2002. Fue respaldada por PSOE e IU, y contó con el apoyo del sector mayoritario de Torrespaña. Pero el Gobierno estaba en contra, y también los mandos de RTVE y los principales tertulianos políticos peperos de TVE y RNE. El más agresivo fue Carlos Dávila, que aprovechó sus intervenciones en Los desayunos y, especialmente, en Buenos días y el 24 horas para descalificar a los sindicatos. El sector mayoritario de la redacción decidió darle una lección y, el 12 de junio de 2002, a la salida de Los desayunos, Dávila se encontró rodeado por una pila de trabajadores que lo increparon. A la cabeza, Francisco Andújar (líder de UGT) y Marcel Camacho (líder de CCOO). «¡Fascista! ¡Sicario! ¡Comisario político!». El escrache no pre- tendía ser violento, pero la situación fue tan tensa que Charo Zarzalejos, otra tertuliana, se situó frente a los trabajadores del sector mayoritario para sacar de allí a Dávila. El político del PP, Miguel Arias Cañete, invitado aquel día a Los desayunos se acercó también a tratar de pacificar los ánimos y estrechó la mano a Dávila. Los trabajadores, enfurecidos, aceptaron retirarse, no sin antes advertir a Cañete: «¡Lávate las manos, que ese mancha!».
La huelga general tuvo lugar el 20 de junio de 2002 y, al contrario de lo ocurrido en la del 14 de diciembre de 1988, en esta no ocurrió ningún corte de emisión. Acabada la jornada, el Gobierno comunicó que la huelga había sido un fracaso.Y los sindicatos, que había sido un éxito. El resultado parece que estuvo en función de la línea editorial del medio. «La huelga fue general», comenzó el editorial de El País del día siguiente, frente a un ABC que tituló: «Fracasa la huelga general». Javier González Ferrari no aguantó la presión y, harto de críticas de la oposición del PSOE, de PRISA, de ABC y del sector mayoritario de la redacción de Torrespaña, decidió que la huelga general sería el último episodio que estaba dispuesto a soportar. Abandonó el cargo el 18 de julio, apenas un mes después de la huelga. Movió sus contactos políticos y casi se convirtió en el primer ejecutivo de la COPE, donde incluso le enseñaron el que habría sido su despacho allí. Sin embargo, las reticencias en aquella casa causaron que, finalmente, su destino fuera la presidencia de Onda Cero, en el Grupo Antena 3.
Para reemplazarlo, el Gobierno eligió a José Antonio Sánchez (JAS), veterano periodista de la corte de Anson, que se rodeó de ansonitas en su equipo como José Antonio Sentís, nombrado director de RNE (aunque el hombre fuerte de la radio pública era Manuel Ventero Velasco, director de Informativos de RNE) o Álvarez Gundín, nombrado director de relaciones institucionales de RTVE. JAS era un periodista muy bien relacionado con el PP, partido para el que había trabajado (y del que había cobrado) en el pasado. Nada delictivo hay en que un periodista pueda realizar labores de asesoría remuneradas a un partido político, pero esto cuestiona su neutralidad, que no parece que fuera lo que Aznar buscara al designarle. En el momento de ser refrendada la votación por el Consejo de Administración, Consuelo Álvarez de Toledo, consejera a propuesta del PP, pidió a sus compañeros un voto de confianza para el nuevo presi- dente argumentando que no podían votar en contra de él antes de que hubiera empezado. No logró convencerlos, y tanto Sacaluga como el resto de consejeros se posicionaron en contra. Urdaci aprovechó para hacer cambios designando a Carmen Sastre nueva jefa de Nacional. La veterana periodista estaba plenamente integrada en el equipo.
Con la marcha de González Ferrari al sector privado, Urdaci perdió a su principal valedor, pero ni se planteó poner su cargo a disposición del nuevo jefe. Los cargos de director general de RTVE y director de Informativos de TVE estaban completamente disociados. Si Urdaci hubiera aprovechado ese momento para retirarse junto a González Fe- rrari, es posible que se hubiera librado de la estigmatización que estaba a punto de protagonizar. Desaparecido González Ferrari, él era el único responsable de la manipulación aznaril.
Pedro Soler y su grupo Aideka fueron los encargados de acabar con Urdaci a través de un estudio sobre el tratamiento de la huelga general del 20 de junio centrado en el Telediario 2. En aquel informa- tivo Urdaci no dividió de manera proporcional los tiempos entre los representantes del Gobierno, la oposición y los líderes sindicales. Pero lo más descarado para Aideka era que informó de una encuesta del CIS solo con los datos favorables al Gobierno. Se decía que el 50 por ciento de los encuestados estaban de acuerdo con la huelga —dato que Urdaci omitió— y, en cambio, sí difundió el dato de que el 54 por ciento de los ciudadanos decía que no irían a la huelga frente al 34 por ciento que dijo secundarla.
Amparándose en el informe de Aideka, CCOO presentó el 21 de marzo de 2003 una demanda contra TVE, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por vulneración de derechos fundamentales debido a la manipulación. La dirección nacional (confederal) de CCOO, que lideraba José María Fidalgo, no estaba convencida de esa estrategia, pero la agrupación en TVE de Marcel Camacho logró imponer su criterio y tirar para adelante. Los abogados de TVE subestimaron aquel recurso, y el sindicato llevó a profesionales de primer nivel, como su jurista histórico Enrique Lillo para que condujeran el caso (que tuvo a Agustín García Matilla como perito). La defensa de TVE pareció más centrada en polemizar que en contraargumentar la actuación de los telediarios.
«Por supuesto que habría que cesar al Sr. Urdaci si se demostrase que ha habido vulneración de derechos fundamentales… ¿Cómo vamos a tener un director de Informativos que vulnera la Constitución?», decía un confiado Sánchez Domínguez el 28 de mayo. No mucho tiempo después, el 23 de julio, el magistrado Pablo Burgos de la Sala de los Social de la Audiencia Nacional sentenció en primera instancia que TVE «vulneró los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical» al no haber fijado antes los tiempos que debían repartirse entre las entidades convocantes, partidarios y detractores, y por la elección de datos del CIS que hizo aquel día. Condenó a la televisión pública a informar de aquella sentencia en todos los informativos durante un día. CCOO no quería indemnización alguna, sino la cabeza de Urdaci. Creía que, antes de someterse a la humillación de tener que ordenar a sus telediarios emitir aquella información, se marcharía. Pero ni él consideró que debía irse, ni JAS tuvo la intención de cesarlo. La sentencia no era firme y consideraban muy discutible que los jueces pudieran fijar una doctrina sobre los tiempos que un periodista debe dedicar a unos y a otros en una huelga o la parte de una encuesta del CIS que debe o no mostrar. Encargaron a Javier Lamana Palacios, jefe de la asesoría legal, una potente apelación para anular la sentencia de primera instancia. En ese mes de julio todos, los periódicos y las cadenas privadas, informaron de la condena; los telediarios de TVE, no.
En el pasado, otras condenas contra los informativos fueron anuladas en instancias superiores. Ni CCOO ni Marcel Camacho tenían in- tención de esperar. Aunque no fuera firme, reclamaron que la sentencia se ejecutara de inmediato, al margen de cómo se resolviera el recurso. El día 8 de septiembre de 2003, Camacho presentó ante la Sala de lo Social una solicitud de «ejecución provisional» de la sentencia dictada en julio. CCOO se puso en contacto con La 2 Noticias, donde Francisco Llorente acababa de estrenarse como presentador para decirle que leyera la sentencia en su informativo: «Tu telediario es el que más ve nuestra gente». Llorente se negó. No entendía que él tuviera que pagar el pato que, a su ver, le correspondía al huido González Ferrari y a Urdaci.
El 7 de octubre de 2003, El País publicó una tribuna a página completa de Pedro Soler Rojas en la que denunciaba «el desprecio de RTVE ante una sentencia histórica» y defendía que todos los programas informa- tivos de TVE debían informar de la sentencia íntegra lo que, según indicaba el autor, supondría dedicar quince minutos de cada uno de los tres informativos a la lectura de aquello. JAS mandó a María Jesús Chao (primera mujer en dirigir RNE) a negociar con los denunciantes una fórmula para calmar las aguas y que CCOO rebajara la tensión, pero, arguyendo que la sentencia aún no era firme, aceptó que todos los programas informativos de TVE informasen el 16 de octubre, en una pieza de treinta segundos, de la existencia de esa condena a través del texto que les facilitaría el sindicato.
A Urdaci aquello le pareció un error. Descartó la opción de hacer una noticia rápida que narraran distintas voces en off y también la op- ción de que los distintos presentadores de cada telediario, Ana Blanco o Francisco Llorente, leyeran rápidamente esas líneas como un comunica- do, entre noticia y noticia, y pasasen luego a otra cosa. Tomó una decisión más ceremoniosa y autodestructiva: no delegaría en nadie, asumiría personalmente como director de Informativos la orden de leer esa nota de treinta segundos en un vídeo grabado. Lo hizo en un anómalo fondo negro. Llorente al recibir el vídeo preguntó a Pedro Roncal y Andrés Martín Velasco por la peculiar puesta en escena advirtiendo que podía ser contraproducente. Estos le trasladaron que compartían su impresión, pero que así lo había decidido el director de manera unilateral. En lugar de leer Comisiones Obreras, Urdaci decidió leer las siglas y pronunciar «ce, ce, o, o». En el Telediario 1 se emitió al final, justo antes de la despedida; en el Telediario 2, tras el bloque de política; y en La 2 Noticias, a la mitad, antes de los deportes.
Era la forma escogida por Urdaci para hacer patente su malestar con el acuerdo alcanzado por JAS y para molestar más a CCOO, un sindicato al que ya identificaba como enemigo. Si buscaba irritarlos, lo logró. Pero el más enrabietado fue el diputado del PSOE Jesús Caldera, que lo llamó «esbirro». Con aquella decisión, Urdaci cavó su tumba en TVE, creando un clip que se convertirá en la mayor arma de estigmatización: el vídeo de un director de Informativos leyendo una sentencia condenatoria de treinta segundos con fondo negro y con aquel «ce, ce, o, o» lo acompañaría el resto de su carrera profesional.
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26 Julio 2003
Al servicio del Gobierno
Televisión Española ha recibido una clara condena judicial por su sectarismo informativo durante la huelga general del 20 de junio de 2002. La Audiencia Nacional ha establecido, en respuesta a una demanda del sindicato CC OO, que sus servicios informativos vulneraron los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical al no ofrecer una información veraz, plural e independiente sobre aquella movilización social, tal como exige el Estatuto de RTVE.
En el clima caliente de los días previos, al que contribuyó Aznar con su planteamiento de la huelga como un partido en que el no se conformaría con un empate, TVE puso toda su bien acreditada capacidad manipuladora al servicio de la estrategia del Gobierno, con el objetivo de obtener una sonada victoria sobre los sindicatos. Entonces ya se hizo evidente un descarado sectarismo, que siguió, en un año difícil para Aznar y su Gobierno, con el desastre del Prestige y las masivas manifestaciones contra la guerra de Irak. Una sentencia judicial establece ahora que TVE vulneró los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical al no haber dado la exigible cobertura informativa a los objetivos de la jornada de protesta. En definitiva, TVE actuó en plena sintonía con las consignas gubernamentales de hacer invisibles a los huelguistas; su quintaesencia fue la declaración matinal del entonces ministro portavoz, Pío Cabanillas: «No ha habido huelga general».
TVE ha sido cogida en flagrante vulneración no sólo de las más elementales reglas de deontología periodística, sino de sus obligaciones legales como servicio público. Ante condena tan contundente habría que esperar de sus directivos una pizca de rubor profesional, más allá de su propósito de recurrirla. Pero lo único que se le ha ocurrido a uno de ellos -el director, Juan Menor- es negar que afecte a la credibilidad de TVE. O sea, que seguirán haciendo de su capa un sayo con los principicios de veracidad, pluralismo e imparcialiad a los que obliga el Estatuto de RTVE.
El partido del Gobierno, en correspondencia con los servicios prestados, no ha dudado en echar un capote a los responsables del atropello saliendo al paso de cualquier crítica a su rigor profesional. Mientras la BBC está en el ojo del huracán de una fuerte polémica político-periodística por una información independiente en un asunto sensible para el Gobierno británico, TVE es condenada por su sectarismo informativo al servicio del poder. Es la diferencia entre una televisión pública digna de ese nombre y otra degradada, sometida a las consignas gubernamentales del momento.
28 Julio 2003
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE NUEVO
O se está con la libertad de expresión o se está contra la libertad de expresión. Si se está con la libertad de expresión hay que hacerlo con todas sus consecuencias. Los lectores de LA RAZÓN saben que en esta columna he denunciado con dureza la tropelía judicial de cerrar EGIN y EGUNKARIA. El entero sistema democrática descansa sobre el cimiento de la libertad de expresión. Los periódicos no delinquen. Los periodistas a veces sí lo hacen y, como no son ciudadanos impunes, sobre ellos debe caer entonces el peso de la ley.
Digo todo esto tras la lectura de la sentencia de la Audiencia Nacional contra los servicios informativos de TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE). La libertad de expresión ha sido zarandeada en ese texto judicial. Los jueces pueden condenar a un periodista por haber cometido un delito. No pueden juzgar públicamente si un espacio informativo está bien o mal hecho, es parcial o imparcial, objetivo o sesgado. Sentencia por ‘manipulación informativa a TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE) es, en principio, una atrocidad, aunque fuera verdad esa manipulación.
Los profesionales de TVE en uso de su libertad de expresión, acertando o equivocándose, ofrecieron la información que consideraron adecuada, según su bien acreditada profesionalidad, sobre la huelga general. Entrar en una sentencia judicial sobre si manipularon o no la información pone los pelos de punta. ¿Corresponde a los jueces decidir si Gabilondo manipula o nno la información en la SER y sentenciar según su criterio? Gabilondo puede usar su libertad de expresión como le venga en gana y sólo si comete un delito podrán los jueces sentenciar. Cierto que la SER es una empresa privada y TVE un ente público. Pero desde el punto de vista profesional periodístico es igual. Son los oyentes de la SER los que si no están de acuerdo con lo que se emite cambiarán de dial, correspondiendo a la empresa mantener o destituir a Gabilondo. Son, además de los espectadores, los políticos los que pueden presionar a través de las instancias parlamentarias para que se mantenga o destituya a Urdaci y corresponde a la empresa de TVE, que es el Estado, hacerlo o no hacerlo. Pero que los jueces metan sus ilustres narices en los contenidos informativos de los medios de comunicación públicos o privados, salvo cuando el periodista haya cometido un delito, es un dislate que fractura la libertad de expresión en su misma raíz. El sesgo informativo en España de todas las televisiones públicas desde su creación es un hecho que debe abordarse en instancias políticas. Ese mismo sesgo en algunas televisiones y radios, y en ciertos periódicos, debe depender sólo de los espectadores, los oyentes y los lectores, para que se mantenga o no.
Luis María Anson
11 Agosto 2003
Manipulación
No hay precedentes en la extensa y polémica historia de Televisión Española. Nunca hasta ahora se había condenado a la televisión pública por un caso de manipulación informativa, aunque haberla la ha habido siempre, pero con otros modos. Por algo la llaman ahora, con una buena dosis de maldad, Televisión Española y de las JONS” o “TeleMoncloa”. Ni en los tiempos de Adolfo Suárez, ni en los mejores momentos de Felipe González con su supermayoría absoluta de 202 escaños, hubo manipulación similar a la era Aznar, que pretedía una dirección general de RTVE independiente. La verdad es que el presidente del PP lo intentó con Mónica Ridruejo, su primera directora general del ente público, pero enseguida se dio cuenta de su error y echó mano de gente de confianza política, dispuesta a hacer todos los recados sin chistar. El control férrero de los telediarios empezó con el incomensurable Ernesto Sáenz de Buruaga, cuya trayectoria sumisa ha sido ahora superada con creces por Alfredo Urdaci. Al director general, José Antonio Sánchez, dicen que le hubiera gustado cesar al director de informativos que heredó, después de la sentencia de la Audiencia Nacional por violeación de derechos fundamentales, pero desde La Monloa lo han frenado en seco. El vicepresidente Rajoy le ha pedido que apoye al director de informativos, que también tiene el respaldo inequívoco del Secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timersmans. Así que, río revuelto, ganancia de pescadores. El director general ha pedido más dinero, aunque RTVE tenga pérdidas millonarias, para comprar todo lo que sea necesario para mantener el liderazgo en la audiencia de Televisión Española y poder serle útil al PP para ganar las elecciones de 2004. Un “pacto entre caballeros” en el que participan los dos vicepresidentes, Rajoy y Rato, que son los candidatos mejor colocados para la sucesión, ha hecho posible que siga el director de informativos, y que el director general tenga más dinero, a pesar de la oposición del presidente de la Sepi, Ruiz Jarabo.
Francisco Caparrós
07 Octubre 2003
El desprecio de RTVE ante una sentencia histórica
La Audiencia Nacional condenó el pasado 23 de julio a RTVE por vulneración de derechos fundamentales y manipulación informativa. A pesar de que la sentencia se hizo pública en pleno verano, una abrumadora mayoría de medios, todas las televisiones de cobertura estatal y regional, excepto los canales de RTVE, se hicieron eco de la noticia y numerosos diarios y emisoras de radio, excepto las dependientes del Ente Público RTVE, dedicaron editoriales a comentar esta sentencia histórica. Se trataba de la primera condena por manipulación informativa dictada por unos tribunales en nuestro país. Pero RTVE ha ocultado esa información incurriendo nuevamente en una presunta vulneración del derecho fundamental a recibir información veraz, como recoge el artículo 20 de nuestra Constitución.
Durante todas estas semanas, RTVE se ha negado a ejecutar la sentencia alegando que no está obligada a hacerlo hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Y esto a pesar de que la ley ampara el cumplimiento inmediato de la condena cuando, como es el caso, se da como hecho probado el que se han lesionado derechos fundamentales de la ciudadanía, como es en esta ocasión el derecho a la huelga. Efectivamente, la sentencia del magistrado Pablo Burgos da como hechos probados aspectos sustanciales de la demanda presentada por el sindicato Comisiones Obreras, y la prueba pericial de la parte demandada no contradice ni el estudio de investigación realizado por la Asociación Profesional Aideka, que sirvió de base para la demanda, ni lo manifestado por los tres peritos de la parte demandante en sus respectivos informes. Sin embargo, el fallo del tribunal reprueba a la parte demandada RTVE por haber intentado introducir una «polémica estéril» en lugar de haber aportado una justificación razonada de los criterios seguidos para asignar los tiempos de información de los agentes sociales, tal como exige el Estatuto de RTVE.
El pasado día 8 de septiembre, CC OO presentó ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional una solicitud de ejecución de sentencia en relación con la dictada por esa sala condenando a RTVE por manipulación informativa. En un comunicado de prensa, este sindicato señalaba que, además de ser el único medio que no informó de la sentencia que la condenaba, RTVE se había escudado hasta ahora en su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo para no ejecutarla. Esta posición se contradice con el artículo 30.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, que establece el carácter ejecutivo de sentencias como la que nos ocupa; el artículo 524.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, promulgada por iniciativa del PP en 2000, en donde se establece que «la regla general es la ejecución provisional de las sentencias»; y también en la jurisprudencia creada por el Tribunal Constitucional en sentencias como la 105/97 de 2 de junio, que establece que sólo en casos excepcionales puede limitarse el derecho a la ejecución provisional de una sentencia como la actual.
Las recientes declaraciones del director general de RTVE, José Antonio Sánchez, realizadas durante su comparecencia ante la Comisión de Control de RTVE del Parlamento español, limitando la trascendencia de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, contradicen otras manifestaciones realizadas el pasado 28 de mayo por el máximo responsable del Ente en las que había declarado: «Por supuesto que habría que cesar al señor Urdaci si se demostrase que ha habido vulneración de derechos fundamentales… ¿Cómo vamos a tener un director de Informativos que vulnera la Constitución, las leyes? Eso sería intolerable y, por tanto, sería oportuno proceder al cese».
Lo cierto es que el director de Informativos de TVE continúa en su puesto, a pesar del compromiso de su director general de proceder a su destitución en caso de condena, como así ha resultado finalmente.
Debemos recordar que el fallo obliga a RTVE a emitir una información completa de la sentencia en todos los telediarios correspondientes a un día. En otras circunstancias, si RTVE hubiera aceptado ejecutar el contenido de la misma en un plazo razonable, lo lógico habría sido que las dos partes, demandante y demandada, hubiesen pactado un tratamiento profesional de la información que ofreciera, como dice el fallo, una información completa de la sentencia y los fundamentos de derecho en los que se basa. El objetivo prioritario consistiría en hacerla inteligible para la audiencia, ya que, de lo contrario, habría de procederse, como ha ocurrido en prensa en otras ocasiones, a la lectura literal del contenido esencial de la misma, que nunca sería inferior a 15 minutos, exactamente la mitad de la duración de cualquiera de las ediciones del informativo, si se descuentan los deportes. Sin embargo, la actitud mostrada por el máximo responsable del Ente Público RTVE ante el Parlamento el pasado día 24, haciendo una interpretación sesgada y sumamente parcial de la sentencia y el mantenimiento de las prácticas de información igualmente sesgadas que siguen imperando en TVE, nos llevan a dudar de la buena voluntad de la parte demandada.
Por todo lo expuesto, la ciudadanía española debería prepararse para ver cómo la televisión pública estatal incluye en todos los informativos de un día la lectura literal de una sentencia que habrá hecho historia. Una sentencia esencialmente buena para la democracia y que en el futuro habrá de llevar a todos los partidos políticos a pensárselo dos veces antes de realizar una utilización torticera de los medios de comunicación públicos y también, por qué no, de los privados. Al margen de la simpatía política que cada ciudadano o cada ciudadana manifiesten, al margen de a quien acostumbren a dar el voto, deberíamos invitar a todas las personas de buena voluntad a valorar esta sentencia como un paso importante en el reforzamiento de la democracia en nuestro país. Asimismo, éste podría ser también un paso simbólico para alfabetizarnos en una lectura crítica de los medios de comunicación, unos medios necesitados de estímulos para convertirse en una pieza básica de la sociedad de la información y no en un instrumento más de desinformación y desmemoria.
Agustín García Matilla es profesor titular de Teoría y Técnica de la Información Audiovisual en la Universidad Complutense. Ha ejercido de perito a propuesta de CC OO en el juicio contra RTVE. Pedro Soler Rojas es periodista de TVE y coordinador del informe Aideka.
17 Octubre 2003
PARECE NORMAL, PERO NO LO ES
Criticar la calidad de las televisiones públicas es algo muy frecuente en los países democráticos. Lo que no es frecuente, sino muy extraño, es que una parte importante de los ciudadanos de uno de esos países dé por supuesto que los servicios informativos de los medios de comunicación pública mienten y que lo normal es que, esté quien esté en el gobierno, manipulen la información. Eso sucede casi exclusivamente en España y por más que nos hayamos convencido a nosotros mismos de que es algo normal, no lo es.
Por algún extraño motivo, los españoles parecemos haber renunciado a exigir el respeto de las normas profesionales periodísticas a los responsables de los medios de comunicación pública, con la curiosa teoría de que también se manipula en los medios privados. Pero a nadie se le ocurre en Alemania que porque exista el periódico sensacionalista Bild, las cadenas públicas ADR o ZDF puedan manipular los hechos en beneficio del canciller de turno o de alguno de sus ministros; por no hablar de la BBC británica. Y tengan la seguridad de que los informativos de la televisión pública francesa no se permiten ni la menor broma en este sentido, gobierne Jospin o Chirac.
Que un tribunal condene al responsable de los servicios informativos de una televisión pública de manipular la información y vulnerar derechos fundamentales de los espectadores es una acusación realmente muy grave que no puede archivarse sin más, esperando que termine por escampar. El espectáculo que ofreció ayer Alfredo Urdaci es inconcebible y no porque leyera deprisa o porque lo hiciera después de despedirse los presentadores habituales. Eso son aspectos técnicos o marrullerías, según se mire, pero sin relevancia profesional.
Lo inconcebible es que un periodista admita en público, obligado por los tribunales, que ha manipulado una información en un medio que es propiedad del Estado (es decir de los ciudadanos) y que inmediamente después no presente su dimisión. Es posible que los periodistas en España tengamos piel de cocodrilo, pero este caso de vulneración de las normas profesionales supera lo disculpable.
El señor Urdaci no sólo pretendió ayer hacernos creer que lo que le ha ocurrido es algo casi habitual, sino que ni tan siquiera optó por mantenerse personalmente en un discreto, y muy justificado, segundo plano. Bien al contrario, el jefe de los informativos de TVE decidió hace unos días desplazarse a Roma para cubrir el aniversario de la elección de Juan Pablo II, en lugar de ceder el protagonismo al buen periodista y corresponsal de TVE en la zona que es Ángel Gómez Fuentes. Urdaci lleva varios telediarios ilustrándonos a todos los espectadores no sólo sobre la vida y obra del Pontífice sino también sobre su propia fe religiosa, que sin duda es muy valiosa y profunda, pero que debería permanecer en el ámbito privado. Incluso en el telediario de las 15 horas de ayer, en el que reconoció su desagradable pecado profesional, nos había ofrecido minutos antes una amplia crónica, muy personal, sobre la biografía del Papa. Debió darse cuenta de que no era el mejor momento.
Soledad Gallego Díaz
17 Febrero 2004
Urdaci es un caso
En el Reino Unido o en Francia sería inimaginable que el director de informativos de la televisión pública continuara en su puesto tras haber sido condenado judicialmente por manipular una noticia. Una sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de julio de 2003, condenó a TVE por la cobertura tendenciosa que había dado a la huelga general del 20 de junio de 2002. Casi siete meses más tarde, el director de informativos, Alfredo Urdaci, sigue en su puesto y sobre él recae, en la campaña electoral que se avecina, la obligación constitucional de garantizar el acceso a la televisión pública de «los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad» (artículo 20.3 de la Constitución Española).
Hace unos días, el director de los informativos de France 2 -el canal público francés- dimitió porque uno de sus telediarios dio una noticia errónea sobre el porvenir político de Alain Juppé. El Urdaci francés no necesitó ninguna sentencia judicial para asumir sus responsabilidades. Poco antes habían dimitido el presidente y el director general de la BBC tras la resolución de lord Hutton que censuraba a la televisión pública británica por el tratamiento dado al caso Kelly. Aunque hay razones para discrepar del fallo de lord Hutton, la BBC lo aceptó con deportividad. Las diferencias con TVE son sangrantes.
La Constitución obliga a los medios de comunicación de titularidad pública a expresar de forma imparcial la diversidad política, social y cultural de nuestro país, lo que no ha impedido que todos los Gobiernos de la democracia hayan tenido una lamentable tendencia a utilizar TVE como instrumento partidista. Pero la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional carece de precedentes. Tan grave es el asunto vigente que 506 trabajadores de los servicios informativos de TVE, sobre un censo de 1.304, están impulsando un organismo para poner coto a lo que tildan de «creciente manipulación que está mermando gravemente la credibilidad de la cadena pública y de sus trabajadores».
Obligado a leer en directo la sentencia condenatoria, Urdaci lo hizo al final de un telediario, deletreando para mayor escarnio las siglas del sindicato demandante. Impertérrito, el director de informativos se mantiene en su puesto haciendo apología del Gobierno, actuando eventualmente como entrevistador áulico de Aznar. No es de extrañar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa citara el mes pasado a TVE como ejemplo de «manipulación informativa». España, según el Consejo de Europa, forma parte del grupo de países donde los medios de comunicación públicos siguen bajo el «control político directo» del Gobierno. ¿Tiene algo que decir al respecto el nuevo líder del PP?