Un comunicado conjunto de los obispos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria equiparando la violencia de ETA con la del Ejército desatan la protesta del Gobierno Calvo Sotelo: «Es una pastoral inoportuna»

Los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria publicaron ayer una pastoral conjunta que ofrece un preocupado y casi sombrío diagnóstico del momento actual del País Vasco, preocupación que, como es lógico, compartimos en esta hora todos los españoles, ya que la problemática de las provincias vascas termina por gravitar hondamente sobre la convivencia de los españoles todos.

Parten los obispos de la constatación de los recientes atentados de ETA, dirigidos a hostigar a las Fuerzas Armadas y que surgen de la clara estrategia de quienes tratan de colocar al país al borde de una situación límite que pudiera ayudar a la reimplantación de una dictadura que terminara por favorecer a su proyecto revolucionario.

Señalan, después, algo más grave: el hecho de que algunos sectores de la población vasca «comparten y apoyan en modos y niveles diversos el proyecto y estrategia de ETA» y el también grave fenómeno de las ‘muertes y acciones violentas igualmente reprobables’ obra – desde el extremo opuesto – del Batallón Vasco-Español.

Apuntan más tarde como sectores inmovilistas de la sociedad no han digerido la reforma política del país y empujan, en cierto modo, a las Fuerzas Armadas a una intervención militar que controlase el proceso político español. Hay quienes – advierten – parecen dispuestos a renunciar a la libertad en aras de la seguridad.

Condenan más tarde las amenazas, los secuestros, el llamado impuesto revolucionario y las acciones perpetradas por grupos armados y subrayan que las deficiencias del sistema socioeconómico, que los mismos hipotéticos o reales abusos cometidos en la represión «no justifican esas muertes ni invalidan la legitimidad del proceso democrático». Recuerdan también que la función de las Fuerzas Armadas es servir a las instituciones y que no les corresponde a ellas dictaminar sobre la legitimidad del proceso democrático, ya que es el pueblo entero quien tiene que decidir su proceso democrático y autonómico.

Partiendo de toda esta serie de consideraciones llegan los obispos a una doble conclusión referida ya al momento actual. Por un lado – afirman – ‘los gobernantes tienen el derecho y el deber de adoptar ante la violencia armada las medidas que sean necesarias para defender la sociedad’. Y, por otro – recuerdan – ‘al dictarlas y aplicarlas han de mantener con exquisito cuidado dentro de los límites exigidos por los derechos fundamentales de las personas, de los grupos y de los pueblos».

¿Se nos permitirá señalar algunos ‘peros’ a este documento que reconocemos pacificador y constructivo? El primero apuntaría a la fecha de su publicación: bastantes de sus párrafos – concretamente a los que se refieren al papel del Ejército y que, en una lectura serena se refieren al pasado golpe – publicados hoy suenan a crítica a la intervención del Ejército en la lucha antiterrorista, lo que da a las palabras episcopales un cierto tono de ambigüedad.

Un segundo ‘pero’ a ese tipo de provincialismo que se percibe con frecuencia en documentos anteriores y en el actual: los obispos vascos – al escribir desde su pueblo y con la lógica preocupación por su pueblo – parecen perder de vista el conjunto del pueblo español y no descubren que fuera de sus provincias también esos problemas gravitan y angustian. El mundo está hoy más unido de lo que se refleja en ese texto: en los problemas vascos toda España se juega su felicidad y su destino. La autonomía vasca es un problema más, no es el eje del Universo, no la única vía de futuro para el país. Tendrán que caminar, pues todos los problemas juntos. Y, significativamente, la paz en el País Vasco ayudará más al resto de la pacificación nacional.

LA DECLARACION conjunta de los obispos del País Vasco en torno a la situación en Euskadi y a las repercusiones del golpe del 23 de febrero sobre nuestra vida pública ha causado no poco revuelo y preocupación en sectores de la política oficial y de la milicia. Como si estuviéramos adentrándonos en el túnel del tiempo, la reacción del Gobierno recuerda algunas de las actitudes adoptadas por el anterior régimen, desde mediada la década de los sesenta hasta su final, frente a los pronunciamientos críticos -por ejemplo, el de monseñor Añoveros- de la jerarquía eclesiástica. Vaya por delante nuestro esencial acuerdo con el contenido de la declaración que hoy comentamos, y que no hace sino poner de relieve verdades evidentes ya señaladas de antemano por numerosos ciudadanos.La constatación de la brutalidad del terrorismo de ETA y sus fines involutivos no puede sino agradecerse viniendo como viene de la cabeza de una organización -la eclesiástica- no pocos de cuyos miembros se vieron hasta hace poco envueltos, directa o indirectamente, en las actividades violentas del independentismo vasco. La ambigüedad con que en el pasado párrocos y sacerdotes del clero regular enjuiciaron los crímenes terroristas se, explica, en parte, porque resultaría muy difícil escribir la historia de ETA haciendo abstracción de la cobertura moral, ideológica y material dada por algunos eclesiásticos a las bandas armadas y del notable número de ex seminaristas y ex sacerdotes que han militado en sus filas. Esa equívoca postura, sin embargo, había dado paso en tiempos más recientes a firmes actitudes de condena del episcopado contra la organización terrorista. No obstante, no recordamos un documento tan contundente y esclarecedor como este, si bien sería deseable que, algún día, la Iglesia vasca realizara una honesta y valiente autocrítica sobre sus ambiguas tolerancias en el pasado respecto al tema del terrorismo de ETA.

Las observaciones de los obispos sobre los peligros de una eventual intervención militar en Euskadi no pueden ser más ponderadas, y responden al común sentir del ciudadano medio. Son fruto de una concepción lógica y moderna -y nada revolucionaria, desde luego- de la Junción de las Fuerzas Armadas en una sociedad civilizada, y avisan de riesgos tan obvios como preocupantes. Desde estas mismas páginas hemos tenido ocasión de señalar y esos peligros y la necesidad de limitar claramente, en el tiempo y en los objetivos, la involucración del Ejército en medidas policiales o de represión del terrorismo. Poi último, la llamada a las autoridades, y notablemente la referencia explícita a las responsabilidades del Gobierno autónomo y del partido que lo nuclea, no puede ser más oportuna, y entra dentro de la misma línea de servicio al ordenamiento constitucional.

El único reparo que podría ponerse así a la declaración es la constatación de la enorme repercusión, desproporcionada respecto a los contenidos, que toda opinión episcopal adquiere aún entre nosotros, en virtud del poder real detentado por la Iglesia católica en la comunidad civil. Este poder es el que en repetidas ocasiones nos ha llevado a reclamar una mayor neutralidad eclesiástica en los asuntos temporales y una menor arrogancia en las intervenciones de la jerarquía sobre cuestiones públicas. Y si es criticable, como lo es, que los órganos de Prensa golpistas, los partidos políticos clericales y las oficinas de Prensa del Gobierno protesten por esta intromisión eclesial, cuando no lo hicieron por otras anteriores, sólo porque el contenido del actual documento no les gusta, tampoco sería admisible que, por estar de acuerdo con los análisis y recomendaciones de esta carta pastoral, silenciáramos que nos sigue pareciendo detestáble esta manía eclesiástica de permanente tutela de la sociedad civil. Precisamente, a ninguna otra institución como la Iglesia, después de las Fuerzas Armadas, son tan aplicables las advertencias de los obispos vascos sobre la necesidad de evitar presiones institucionales extrañas al normal funcionamiento del Estado. Y tan necesario es evitar tener una democracia tutelada por las armas, como coartada por las casullas. La triste constatación de que las casullas y las armas han ido no pocas veces unidas en nuestras guerras civiles, y de manera especial y rotunda en los históricos y sangrientos conflictos que han asolado repe tidas veces el País Vasco, no debería haber sido olvidada o evitada en el documento episcopal.

Este especial poder de la Iglesia católica está reconocído hasta en la. propia Constitución. Los legisladores de nuestra carta magna realizaron una niención explícita de la importancia del catolicismo en nuestro país y de la tradicional implantación en España de la Iglesia, cuyos representantes tuvieron buen cuidado de que eso se hiciera. Por esa razón, no es lo mismo emitir opiniones políticas desde las páginas de un periódico o la tertulia de un café que desde un púlpito. Otra observación que cabe formular es la sorpresa que para muchos ciudadanos puede representar la discordancia entre esas loables opiniones y las que, en el presente o en el pasado, han expresado, acerca de los sistemas políticos preferidos por la jerarquía, otros prelados. Sin contar con los pronunciamientos de la jerarquía, constituida en Conferencia Episcopal, sobre proyectos de ley que se debáten en el Parlamento. Porque una cosa es respaldar un sistema político de forma global en función de sus valores (garantía de las libertades y de los derechos humanos, igualdad ante la ley, legitimación de los gobernantes por su condición de representantes de la soberanía popular), y rechazar cualquier variante de dictadura, como han hecho los obispos vascos, Y otra cosa muy distinta es interferir el funcionamiento de ese sistema desde dentro mediante presiones extraparlamentarias sobre diputados y gobernantes.

Dicho esto, permanezca no obstante nuestro reconocimiento por la valentía y el coraje de los obispos vascos al publicar la pastoral, y nuestro acuerdo en los puntos fundamentales de sus análisis, valoraciones, juicios, predicciones y recomendaciones. Y la reflexión añadida de que, caso de ser inevitable que los prelados opinen organizada y públicamente sobre cuestiones que afectan a la vida política nacional, y hasta internacional, como el propio Papa acostumbra, al menos lo hagan para salir en defensa de los derechos humanos y de la libertad, que tantas veces olvidan a la hora de defender los intereses sectoriales de la institución a la que representan.

Las reacciones que hemos detectado sobre el documento de los obispos de las tres diócesis vascas han confirmado nuestra opinión de ayer en el sentido de que se ha producido perplejidad en diferentes ambientes y sectores de la vida nacional. El tema, en efecto, es lo suficientemente grave y complejo como para volver sobre él y añadir algunas consideraciones en la misma línea que ayer iniciamos.

En primer lugar, y recogiendo los comentarios expresados por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, hay que dejar claro el derecho y el deber de los citados obispos a expresar lo que, según su conciencia pastoral, hayan considerado oportuno decir en este momento a los fieles de sus respectivas diócesis. Aun con todo los problemas y polémicas que el documento suscite, creemos que es mucho más positiva para una sociedad una situación en que tal documento se pueda manifestar públicamente, que otro supuesto en el que tras haber decidido la necesidad pastoral de hablar los obispos hubieran encontrado trabas insuperables para su liberad de expresión, como obispos y como españoles.

Insistimos en que el documento tiene muchos aspectos positivos y algunos negativos, desde nuestro punto de vista. Entre los primeros, cabe destacar los siguientes: la necesidad de salvar la libertad para salvar consiguientemente la paz, como reza el título mismo del documento; la llamada a una actitud de colaboración activa para rehacer una convivencia muy deteriorada (y añadiríamos nosotros que esa llamada es muy importante tanto referida al interior del País Vasco como a los efectos del problema vasco sobre el resto de España); la inequívoca condena de ETA, nombrada expresamente, y la clarificación de que las deficiencias existentes en estos momentos ‘no justifican estas muertes (las provocadas por ETA) ni invalidan la legitimidad de un proceso democrático respaldado por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo en sucesivas consultas electorales; la advertencia de que la intervención del Ejército la de ser considerada como una medida absolutamente excepcional y ha de llevarse a la práctica con la máxima prudencia y con la aplicación de una serie de cautelas derivadas del inmenso poder de un Ejército moderno, advertencia que nosotros mismos hicimos nada más conocer la decisión gubernamental de incorporara las Fuerzas Armadas a la lucha antiterrorista; la necesidad de evitar que los militares se conviertan en jueces y conductores del poder civil, tesis que creemos comparte también el propio ejército; la advertencia de que la seguridad individual y cívica es un valor necesario para el desarrollo de la libertad, pero no debe llevarse hasta extremos que lesionen los derechos inviolables de la persona humana, porque no sería coherente que quienes acuden a resolver un problema provocado por un grupo que impide la convivencia pacífica se permitan caer en los mismos defectos que van a combatir y cuyas consecuencia han sufrido y siguen sufriendo en sus mismas filas.

Sin embargo, tal como anticipábamos ayer, el documento encierra algunos aspectos que, además de producir perplejidad, pueden contribuir, y de hecho han contribuido, a sembrar confusión e innecesarias irritaciones en numerosos ciudadanos, tanto del País Vasco como del resto de España. Algunos, por ejemplo, llegan a sacar la impresión de que se equiparan las acciones asesinas de ETA con las acciones represivas de las Fuerzas de Seguridad del Estado; cosa a la que contribuye asimismo el hablar de ‘acciones militares’ refiriéndose a las realizadas por una organización terrorista que no combate militarmente, sino con múltiples características de la delincuencia común. Además, parece evidente que la legitimidad que asiste a los obispos vascos de dirigirse exclusivamente a sus diocesanos encierra, al tratarse de un problema que afecta ya, y muy directamente, a España entera, el grave peligro e aparecer con un tono localista, hiriente para todas las personas y comunidades que sufren en su carne los trágicos resultados de las acciones criminales de ETA en otros puntos del territorio nacional.

En resumen, un documento que es producto legítimo de la conciencia pastoral de los obispos, perfectamente asumible para una sociedad democrática, discutible en sus estimaciones más netamente políticas y en algunos aspectos de su redacción, y para algunos discutible también en su oportunidad, pero en ningún caso merecedor de las reacciones extremas que se han producido en los sectores más intransigentes del espectro político español.

El documento de los obispos vascos ha sido inoportuno desde el punto de vista del Gobierno, pero desde una perspectiva pragmática no deja de ser iluminador. En realidad es un eslabón más de la pugna entre la Iglesia y el Estado. No hay la menor duda de que en circunstancias como las que vivimos una exhortación así tendrá siempre actualidad histórica. Es muy arriesgado investigar experimentalmente los elementos de la conciencia pastoral a una luz que no sea la suya propia. desde León XIII, en general, y desde el Concilio Vaticano II en particular, el cristianismo es también un problema de situación. El ejemplo más claro es el del Papa, cuya actitud, por lo demás cargada de peligros, responde al síndrome polaco a través del cual parece querer encauzar toda la política vaticana.

La posición de los obispos parece inexpugnable.

Ahora bien, el documento llama la atención no por su nacionalidad intrínseca, sino porque, al no demorarse en las distinciones sitúa en el mismo plano el mal del terrorismo y su represión. Es en el efecto psicológico, y no en la racionalidad, donde está la virulencia de ese documento, que es necesario ver dentro del sistema local de las reivindicaciones eclesiales, desde la enseñanza religiosa a la indisolubilidad del matrimonio. Por su parte, el Gobierno ha hecho el papel poco lucido del que tiene razón y no la sabe expresar. Ha olvidado que la cálida alianza entre el cristianismo y la libertad social y política forma un argumento muy superior a cualesquiera de los argumentos de la belle époque de nuestro catolicismo, y que es aquel sirviendo para responder a la intención secularizadora del Estado.

Para el Estado el documento es de una inoportunidad máxima y para la Iglesia de una oportunidad máxima también. Y lo más seguro es que la ‘escuela polaca’, a la que el Gobierno ha acudido con su memorial, aconseje al fin la negociación de todo el contencioso, no sólo del problema contenido en el documento de los obispos vascos. En él, en ese documento, se expresa la esencia de la realidad de la libertad. La encarnación de la esencia de la épica de la Iglesia. Y la libertad del pueblo vasco debiera encarnar, ahora, en la condenación exclusiva del terror y de su tiranía. Y sólo mediante esa encarnación la esencia de la libertad expuesta en el documento podría reconciliarse consigo misma.