Un escándalo de soborno a un periodista provoca la dimisión del presidente de Murcia, Andrés Hernández Ros (PSOE)

La dimisión del presidente de la comunidad murciana, provocada por el escándalo del presunto soborno a dos periodistas que ha intentado efectuar un miembro de la ejecutiva socialista regional, y tras la que se ve la mano de la secretaría de organización del PSOE, Carmen García Bloise, no debe terminar en este holocausto político: la credibilidad del Partido Socialista obliga a una investigación judicial profunda que aclare, entre otras cosas, si alcanza alguna responsabilidad penal al presidente dimisionario.

En todo caso, el hecho de tratar de interferir en los medios de comunicación no es un hito aislado: los socialistas están manteniendo un peligroso equilibrio sobre la cuerda floja en sus relaciones con la Prensa, y conviene superponer el escándalo de Murcia a otros escándalos, asimismo significativos, que se desarrollan en el mismo ámbito: por ejemplo, produce consternación el ver a un alto funcionario de la Moncloa pidiendo periódicamente la cabeza de los periodistas que le resultan incómodos, recurriendo a métodos que habrá que calificar, como mínimo de autoritarios. Asimismo, es inaceptable el modo como círculos próximos al PSOE se han hecho con el diario CÓRDOBA, utilizando técnicas que creíamos ya proscritas y e impropias de un partido democrático. Diríase, en fin, que parece como si el Partido Socialista se hubiera quitado el embozo, para pasar a ejercer un predominio a toda costa sobre los medios de comunicación.

Queremos, por otra parte, felicitar desde aquí a los colegas de LA VERDAD de Murcia, que han sabido defender la libertad de expresión a quienes piensan que también este valor democrático fundamental tiene un precio. Y no podemos concluir este comentario sin mencionar, por contraste, la vergonzosa conducta de la televisión oficial, que ha pretendido velar a la audiencia el escándalo, atribuyendo la dimisión a complejas motivaciones políticas y encubriendo, así, a unos presuntos delincuentes que deben quedar al margen de la ilusionada construcción política que estamos llevando a cabo los españoles.

La dimisión de Andrés Hernández Ros como presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia guarda relación directa con la tentativa emprendida por Francisco Serrano, responsable de finanzas del PSOE y concejal del ayuntamiento de la capital, para sobornar a dos periodistas del diario La Verdad. Joaquín García Cruz y José Luis Salanova Fernández -redactores del diario murciano- denunciaron la entrega de medio millón de pesetas por el dirigente socialista, que pretendía comprar con dinero el apaciguamiento crítico de ambos periodistas en relación con el presidente de la comunidad autónoma. Los tribunales se pronunciarán en su día sobre el asunto. Entretanto, cada cual es libre de realizar sus apuestas, asumiendo la inevitable cuota de riesgo, sobre la veracidad de las declaraciones de unos y de otros en torno al vergonzoso asunto. No hemos podido encontrar ni un gramo de duda razonable que impida dar por sentado que los dos periodistas fueron objeto de un intento de soborno. Más insegura resulta, en cambio, la tarea de delimitar las responsabilidades dentro del PSOE a propósito de este sucio incidente. En cualquier caso, difícil lo tienen quienes propongan convertir a Francisco Serrano en el solitario chivo expiatorio de un asunto que implica, por imperativos de la lógica, a otras instancias. Porque no parece probable que el dinero destinado a los periodistas procediera del bolsillo privado del responsable de finanzas del PSOE de Murcia.Desde hace meses, las tentativas más o menos encubiertas realizadas por algunos medios oficiales -en su mayoría pertenecientes a las comunidades autónomas- para mediatizar a empresas y periodistas, son moneda corriente en el mundo de la Prensa. De esta maijera, el fracaso de la política informativa del Gobierno encontraría su reverso de eficacia a través de, una guerra sucia orientada a sobornar a periodistas para llevarles a defender las tesis, las posiciones o las imágenes de líderes que el razonamiento y la información les impiden amparar. La eterna discusión moral en torno a la distribución de las culpas entre los corruptores y los corrompidos resulta bizantina. Las responsabilidades políticas corresponden en este caso íntegramente a los cargos públicos que fueron elegidos por los ciudadanos para administrar los recursos presupuestarios y que acudieron a las urnas bajo los avales de los 100 años de honradez del partido fundado por Pablo Iglesias y del programa de cambio y reforma moral lanzado por Felipe González. Nadie puede olvidar, en este sentido, las enérgicas denuncias expresadas durante la campaña electoral de 1982 por el hoy presidente del Gobierno contra la utilización defondos reptiles por anteriores Gobiernos para corromper a la Prensa.

El PSOE es una formación política reconstruida desde sus cenizas a partir de 1974. En el congreso de diciembre de 1976, sus militantes eran sólo unos escasos millares. Los buenos resultados electorales obtenidos por los socialistas en 1977 y 1979 hicieron presagiar su acceso al poder a corto plazo. Las decenas de miles de cargos públicos -pertenecientes a las administraciones central, autonómica, provincial y municipal- en perspectiva constituyeron, sin duda, un atractivo aliciente para que un número indeterminado de oportunistas acudieran en ayudadel vencedor en vísperas de su triunfo. Pero los peligros de corrupción no proceden sólo de esos convidados de última hora al banquete. El ejercicio del poder parece haber desarrollado en algunos sectores de los nuevos administradores estilos de comportamiento lindantes con la patrimonialización del Estado, y prácticas de corrupción, como el intento de soborno producido en Murcia.

La única cuestión abierta a la discusión, en el terreno de los hechos, es la magnitud de esos fenómenos. Es probable que la corrupción entre los cargos públicos socialistas sea mucho menor de lo que sus adversarios de la derecha -algunos ocupados todavía en borrar las huellas de su anterior paso por el Estado- insinúan o proclaman. Pero los socialistas no están en condiciones de esgrimir el prindipio de la presunción de inocencia en el terreno de la administración de los recursos públicos, entre otras razones porque durante su estancia en la oposición no aplicaron el beneficio de la duda a sus competidores.

El Gobierno de Felipe González conserva un alto grado de credibilidad, entre otras cosas porque buena parte de los ciudadanos creen en la honradez del presidente y de la gran mayoría de sus colaboradores. Ese capital político y moral puede desbaratarse si el Gobierno y su partido adoptan ante este tipo de fenómenos degenerativos en la Administración una actitud pasiva o deciden protegerse de una supuesta campaña orquestada. El caso de Murcia debe ser investigado hasta sus raíces, aunque éstas se extiendan a insospechados lugares del PSOE y, pongan en diricil situación a quienes promovieron y ampararon a Andrés Hernández Ros y Francisco Serrano.

Es un lugar común eso de que todo hombre tiene su precio. Lo que no puede decirse, en cambio, de toda mujer, porque queda muy feo. Ahora lo que hay que saber es si todo periodista tiene su soborno. Desde luego en Murcia, tierra excelente de hortalizas y prosistas, la cosa no está clara.

Como yo llevo poco tiempo en esto de la Prensa, no tengo experiencia, así que he hecho una pequeña encuesta sobre el fallido soborno murciano entre gente curtida del reporterismo andante. Las conclusiones más generalizadas eran tres.

• Ese Hernández Ros, presunto promotor del asunto, ha insultado a la profesión periodística española. Por medio millón no se compra ni a un periodista de provincias.
• Los periodistas murcianos que no han aceptado el medio kilo merecen el reconocimiento de la Prensa española en general y la de provincias en particular. De los periodistas honrados, porque su virginidad profesional resplandecerá sin sombra ni sospecha. Y de los corruptos porque podrán trincar más.
• Tal y como se ha encarecido el soborno periodístico en Murcia, y en el supuesto de que los periodistas sean personas tan frágiles como las demás, ¿a qué precio se pone ahora la compra de un periodista – especialmente un columnista – en los periódicos de Madrid?

A mí esto del soborno me intriga una barbaridad, porque eso de saber el precio de uno – o el que le adjudican – no deja de ser metafísicamente interesante. Pero debo de tener una fama horrible porque hasta ahora, es que ni la menor oferta. Para calmar mi curiosidad ¿tendré que pasar por Murcia?

Federico Jiménez Losantos

UNO DE los halagos más venenosos que se suelen dirigir a a Prensa es calificarla de cuarto poder, y no hay que descartar la posibilidad de que esa calificación, en el fondo, responda a un deseo de desacreditarla ante los ojos de la sociedad, a la que la palabra poder le recuerda antes los rigores y los excesos de algunos gobernantes arbitrarios, la indiferencia y el desapego de otros respecto a los problemas reales de la calle, que no la función de amparo y defensa de los ciudadanos, que también le corresponde.El II Premio Ortega y Gasset, que ha recaído en José Luis Salanova Fernández y Joaquín García Cruz -periodistas a pesar de la increíble actitud de sus compañeros de la Asociación de la Prensa de Murcia, que les niegan el ingreso en la entidad con el argumento de que carecen del carné oficial del antiguo régimen-, ha intentado subrayar el agradecimiento que se debe a los profesionales que tienen la valentía y la independencia de desafiar al poder establecido en los casos de flagrante arbitrariedad, pues ni siquiera el origen democrático de unos cargos públicos les confiere patente de corso para desviarse de sus estrictas obligaciones. Las informaciones de aquellos dos modestos reporteros de la Prensa local, primero, y luego la resistencia mostrada frente a los intentos de acallarles, acabaron forzando la dimisión del presidente del Gobierno autónomo de Murcia, Andrés Fernández Ros, entonces dirigente del Partido Socialista Obrero Español. Una actitud profesional correcta sobre la que debe reflexionar la sociedad española, que si disfruta de una libertad de expresión desconocida en las últimas décadas, asiste con desesperanza a las maniobras del poder para poner límites a los medios de comunicación, recortando uno de los derechos fundamentales de toda sociedad democrática.

Sin ánimo de dramatizar, valgan algunos ejemplos. Con la llamada ley Antiterrorista en la mano, cualquier diario que se edita en España puede ser cerrado provisionalmente sin que medie un juicio en el que pueda ejercitar su defensa. Se trata de una norma que podría ser aplicada por cualquier golpista, acogiéndose para mayor sarcasmo a una ley aprobada por un Parlamento democrático, para silenciar cualquier discrepancia. Otra ley, la de la protección del derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, concebida para proteger al ciudadano de a pie -por ejemplo, contra las escuchas telefónicas o las observaciones policíales no justificables-, está siendo utilizada torcidamente para descalificar las críticas a la actuación de los cargos públicos. La ley de Rectificación, por otra parte, revive las notas de inserción obligatoria de otras épocas, aunque esta vez sea el juez y no el funcionario de turno quien dicte la orden, pasando por encima del legítimo derecho que tienen los editores de una publicación a decidir cuáles son sus contenidos.

Tal vez escribir hoy en España no sea llorar, pero tampoco es ejercer ese cuarto poder que la Prensa ni tiene ni quiere. Los periodistas ganadores del Premio Ortega y Gasset no hicieron otra cosa que cumplir brillantemente con su obligación cuando denunciaron el abuso de un poderoso. Y si éste cayó, no fue por el poder de la Prensa, sino porque la sociedad democrática, a la que deben servir los periodistas, tiene elementos correctores para evitar que el poder viole la legalidad o ampare a quienes la violan.