Victoria Rosell renuncia a repetir como candidata de Podemos por Las Palmas ante las investigaciones contra ella de EL MUNDO de David Jiménez y el juez Alba

La candidata de Podemos y juez Victoria Rosell tiene un problema. La Fiscalía de Las Palmas ha abierto una diligencia de investigación para indagar sobre su comportamiento durante la instrucción de la causa que llevaba a cabo contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. La sospecha de la Fiscalía es que la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, negoció la venta de una licencia de radio al investigado en plena instrucción de la causa, algo que debería haber llevado a Rosell a abstenerse de forma inmediata de seguir al frente del caso.

Según explicaron fuentes de la investigación, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se quedó sin su emisora de radio porque el Gobierno canario le prohibió emitir. Se trataba de una radio fuerte por el vínculo del fútbol y con importantes contratos publicitarios. Pero en el mismo momento en que se quedaba sin emisora Ramírez empezó a tener una alternativa para hacerse con otra: un acuerdo con el periodista Carlos Sosa. Bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios, ambos acordaron la cesión de una emisora a Ramírez para que hiciera y deshiciera a su antojo.

El anuncio de que Rosell se incorporaba a las listas de Podemos se produjo el pasado 23 de octubre. La venta de la emisora se firmó tres días después, el 26 de octubre. Fuentes de la investigación añadieron que las negociaciones llevaban semanas produciéndose. A todos los efectos se trata de una compra a la entidad Clan de Medios, Comunicación y Marketing, propiedad de Carlos Sosa. El montante económico de la operación supera los 300.000 euros.

La representante de la Fiscalía ya denunció un extraño retraso en la instrucción que estaba realizando la juez Rosell relativa a Miguel Ángel Ramírez. Ahora, en esa pieza de investigación la Fiscalía quiere averiguar hasta qué punto ese retraso tuvo que ver con el negocio que estaban cerrando el investigado Ramírez con la pareja de la juez.

En el caso en el que está acusado el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se indagan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Fue la propia Fiscalía la que presentó una denuncia contra este conocido empresario al entender que sus actuaciones con los pagos a sus 3.000 empleados no se ajustaban a la ley. De hecho, desde la Seguridad Social se le reclaman hasta 13 millones de euros no ingresados.

Las pesquisas le correspondieron por reparto a la juez Rosell. Ramírez ya tenía una primera condena. El empresario de 46 años, propietario de Seguridad Integral Canaria –la mayor empresa de seguridad de las islas con 5.500 trabajadores en toda España–, había sido condenado a tres años de cárcel por levantar ilegalmente una pajarera, un estanque de 400 m2, dos aparcamientos, una vía… todo ello después de «la tala de múltiples árboles» en una zona protegida medioambientalmente y conocida como La Milagrosa, a las afueras de Las Palmas.

La condena, tras tumbarse un indulto parcial concedido por el Supremo, se encuentra suspendida. Sin embargo, una segunda condena supondría su inmediato ingreso en prisión. Sólo hay una posibilidad de que eso no ocurra: que la primera condena quede definitivamente sin efecto al haber transcurrido tres años desde que fue dictada. Ya han pasado dos, por lo que si la causa actual no se resolviera antes de un año no se produciría la acumulación de condenas y Ramírez evitaría la prisión.

Las investigaciones actuales que el presidente de Las Palmas tiene abiertas se concitan entre 2008 y 2013. Las pesquisas judiciales se inician a principios de 2014. Pero ya en junio, la fiscal que acompañaba a Rosell en la investigación puso una queja contra la instructora al considerar que se estaba produciendo un «retraso malicioso». El Consejo General del Poder Judicial archivó esta queja al entender que no existía prueba material que avalara que el retraso de la causa fuera malicioso.

Durante su instrucción, la juez Rosell contaba con un juez de apoyo, Alejandro Navarro, al que quería dejar en herencia sus investigaciones cuando se incorporó a las filas de la formación de Pablo Iglesias. El presidente del Tribunal Superior de Justicia optó por nombrar un juez sustituto profesional, pese a que recibió numerosas presiones para que la causa no llegara a manos de otro magistrado ajeno al juzgado de Rosell.

En este ínterin entre el movimiento de Podemos y la concreción del fichaje, el abogado de Ramírez presentó dos peticiones de sobreseimiento de la causa, cuando Rosell aún estaba al frente del juzgado.

Al investigado se le solicitaron documentos sobre el pago de las dietas a sus empleados, que es donde la Justicia entiende que se han cometido los delitos investigados. Se le dieron inicialmente 15 días para que los presentara. Al finalizar el plazo, Ramírez aseguró que no le había dado tiempo a recopilar toda la información y pidió más tiempo. Rosell le concedió un mes más. Pasado ese plazo, Ramírez adujo que toda la documentación le fue requerida ya por Hacienda y por la Seguridad Social y reclamó que el juzgado la pidiera a ambas instancias. La juez instructora dio el visto bueno a este recurso. Cursó petición a Hacienda y a la Seguridad Social para que facilitara una documentación que aún no ha llegado. La Fiscalía presentó recurso contra esta decisión, que está pendiente de resolverse por la Audiencia Provincial.

LA INVESTIGACIÓN que la Fiscalía de Las Palmas ha abierto a la juez Victoria Rosell, ahora en las listas electorales de Podemos, por un presunto trato de favor en una causa que ella instruía antes de pasarse a la política es un asunto grave en sí mismo porque si hay una actividad pública en la que la limpieza debe ser máxima es la de la Administración de Justicia.

Como informamos ayer, la juez instruía un caso contra el empresario Miguel Ángel Ramírez mientras éste hacía negocios con su pareja, el periodista Carlos Sosa; éste cobró 300.000 euros del empresario tras venderle una emisora de radio sólo tres días después del anuncio de la incorporación de Rosell a Podemos.

Esta relación tan directa con el investigado debería haber llevado a Rosell a dejar el caso de manera inmediata, cosa que no hizo. Incluso fue acusada ante el CGPJ por el fiscal de dilatar el proceso sin justificación, aunque este organismo archivó la denuncia por falta de pruebas.

Como decimos, esta situación tiene gravedad por sí misma, pero el hecho de ser protagonizada por una candidata de Podemos la amplifica considerablemente, porque Este partido ha hecho de la limpieza de la vida pública y de la regeneración de la política su principal bandera electoral para derrotar a la «vieja política». Una formación política que exige la máxima transparencia a los demás no puede permitirse el lujo de tener el más mínimo fallo. Si Podemos coloca para otros el listón a una determinada y exigente altura –algo sin duda muy saludable para la democracia–, tiene que estar seguro de poder superarla él mismo. En caso contrario, queda en entredicho.

Por eso fue decepcionante también la respuesta de Victoria Rosell a la información publicada por nuestro periódico. Manifestó que no había cometido delito alguno –nadie la acusaba de ello–; denunció la existencia de una conspiración política contra ella y manifestó que se sabía respaldada por sus compañeros de Podemos. Las mismas respuestas que hemos oído tantas veces en otras tantas investigaciones judiciales. Más de lo mismo.

La fiscal de Las Palmas encargada de los delitos económicos abrió unas diligencias de investigación contra la juez y candidata de Podemos Victoria Rosell hace apenas una semana. Y desde entonces ha dado pasos precisos y rápidos. El primero de ellos, encargar gestiones documentales a la Policía Judicial adscrita a su causa. Quiere que se recopile toda el material posible sobre el contrato de venta/cesión de la emisora del compañero sentimental de la magistrada-candidata.

En concreto, según informaron a EL MUNDO fuentes cercanas a la investigación, la fiscal quiere que se revisen los pagos, de dónde han partido los cheques con los que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, realizó los pagos por la emisora de Carlos Sosa, pareja de Rosell. Pero, sobre todo, quiere concretar fechas de las operaciones.

Porque lo que trata de averiguar es si estas gestiones comenzaron o se negociaron cuando Rosell aún no había dejado su juzgado para entrar en política e instruía una causa contra Ramírez.

El empresario investigado gestionó la compra de la emisora a la pareja de Rosell después de que el Gobierno canario le retirara la licencia a su radio, que le servía de soporte para la promoción del club de fútbol que preside. Esa compra se concretó tres días después de que la juez Rosell anunciara su incorporación a las listas de la formación de Pablo Iglesias como número uno por Las Palmas.

Este dato fue puesto ayer de manifiesto por la magistrada a modo de explicación, queriendo demostrar con ello que la venta de la emisora por parte de su pareja fue posterior a su salida del juzgado.

Sin embargo, la fiscal sospecha que la firma de este tipo de contratos no se puede cerrar en apenas tres días y que se pudieron producir acercamientos y negociaciones anteriores. Por ello, quiere comprobar cómo ha sido el proceso de compra y cómo se han realizado los pagos. Para hacerlo ha encargado las gestiones a la Policía Judicial.

Además, la fiscal ha llamado a declarar al representante legal de la UD Las Palmas que firmó el contrato con Carlos Sosa. Éste ratificó la fecha de la firma y señaló que todo se concretó el 26 de octubre. Pero, a preguntas de la representante del Ministerio Público, no pudo detallar cuándo comenzaron las negociaciones para adquirir la emisora del compañero sentimental de Rosell. Justo el extremo en el que está la clave que busca la fiscal.

Cuando menos, desde el 15 de octubre las conversaciones estaban ya muy avanzadas, porque así lo difundieron periodistas de Las Palmas que, incluso, en aquel momento aportaron detalles sobre cómo se estaba cerrando el acuerdo. Ese día, Rosell aún no era candidata y seguía estando al frente del Juzgado de Instrucción número 8, que en aquellas fechas instruía una causa contra el propio Ramírez. Por este motivo, especialistas jurídicos consultados por este periódico entienden que la ahora candidata debería haberse abstenido de investigar al presidente de UD Las Palmas.

Aseguran que, sin entrar en más detalles, si existe una relación directa entre el investigado y alguien tan cercano a la juez de instrucción, puede afectar a la causa. Cuando menos es una cercanía muy cuestionable y la ex juez debería haber abandonado la instrucción de este sumario, insisten estas fuentes.

La fiscal de delitos económicos tiene intención de apurar todas las gestiones. Entre ellas se incluye llamar a declarar al propio empresario Miguel Ángel Ramírez para averiguar cómo y desde cuándo se gestó la compra de la emisora de Carlos Sosa. Ramírez acudirá hoy mismo a la Fiscalía.

A la entonces juez Rosell le tocó por reparto instruir una causa contra Ramírez. La Fiscalía se querelló contra él por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. La fiscal llegó a denunciar –sin éxito– a la juez Victoria Rosell por lo que interpretaba que era un «retraso malicioso» en la instrucción. La denuncia llegó al Consejo General del Poder Judicial, que la archivó al entender que no había elementos objetivos para poder mantener la acusación.

EL TRIBUNAL Supremo abrió ayer una causa para investigar a Victoria Rosell por los delitos de retardo malicioso, prevaricación y cohecho, tras admitir parcialmente la querella que interpuso el ex ministro José Manuel Soria contra la diputada de Podemos y juez en excedencia. La Sala Penal inadmitió los otros delitos de injurias y calumnias que figuraban en la querella al considerar que las expresiones vertidas por Rosell contra el ex titular de Industria están amparadas por la libertad de expresión, que prevalece sobre el honor o dignidad cuando los afectados ejercen un cargo público. En todo caso, el pronunciamiento del Supremo y la gravedad de los delitos que originan la causa dejan a Rosell en una posición insostenible, máxime si el juez la cita a declarar en calidad de investigada. Y, en coherencia con el exigente discurso de Podemos en materia de transparencia, el partido de Pablo Iglesias debería excluir a Rosell de las listas en caso de adelanto electoral.

El núcleo de la investigación sobre la diputada de Podemos se centra en un presunto trato de favor en la causa que ella instruía y en la que mantuvo imputado al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, mientras éste hacía negocios con la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa. EL MUNDO desveló que Sosa cobró 300.000 euros del empresario después de venderle una emisora de radio sólo tres días después del anuncio de la incorporación de Rosell a Podemos. Pese a mantener una relación tan directa con el investigado, Rosell no abandonó el caso. Ramírez declaró ante el juez que su vinculación con Sosa no sólo existía cuando fue investigado, sino que se prolongó desde 2000 hasta ahora.

La decisión del TS llega después de que el juez que sustituyó a Rosell en Las Palmas remitiera un demoledor informe al Alto Tribunal, en el que califica de «inexplicable» la actuación de su antecesora. Además de enumerar episodios de retrasos e irregularidades, el juez destaca que la causa se reactivó cuando la Fiscalía se puso a indagar en la labor de la instructora y que la investigación relacionada con su pareja fue la única que Rosell no llevó al ritmo que debía. El auto de la Sala Penal deja en manos del juez instructor del caso Rosell dilucidar si la dilatada tramitación de aquel proceso quebró el principio de imparcialidad que debía prevalecer en la actuación de Rosell. Y, más aún, si ésta «estuvo relacionada con favorecer las relaciones comerciales» entre Sosa y Ramírez, es decir, si la actual diputada de Podemos buscaba enriquecer a su pareja.

Rosell no es un rostro menor en la formación morada. Encabezó la lista de Podemos en Las Palmas el 20-D, fue presentada por Pablo Iglesias como candidata a ministra de Justicia e incluso intentó formar parte de la Diputación Permanente del Congreso para conservar su aforamiento en caso de disolverse las Cortes. En lugar de admitir las evidencias reveladas en la investigación, el líder de Podemos siempre se ha escudado en una inexistente campaña judicial y mediática para exonerar a su correligionaria. Ayer volvió a defender su comportamiento «honesto y ajustado a Derecho». Iglesias puede seguir aferrado a los mismos subterfugios que esgrime la vieja política a la que dice combatir. Pero lo responsable y ejemplarizante por parte de Podemos sería dejar fuera de sus candidaturas a Rosell. Lo contrario constituiría una burla a los ciudadanos en un partido que alardea de abanderar la regeneración política.

Fue la Fiscalía de Las Palmas la que levantó la liebre. Todo le sonó raro. Desde la lentitud en la instrucción de la causa por la entonces juez Victoria Rosell, hasta la cercanía entre el investigado y la pareja de la candidata. Y más aún la proximidad de fechas entre la excedencia obtenida por Rosell para dedicarse a la política y el cierre de la venta de la emisora entre su pareja y su investigado. Nada le cuadraba y abrió una investigación. Fue EL MUNDO el que comenzó a dar cuenta de las posibles irregularidades cometidas por Rosell durante esta instrucción. Las sospechas de que hubiera gestionado una causa de forma beneficiosa para su pareja y, por extensión, para el investigado, removieron las sillas en la Fiscalía.

La pareja de la diputada, el periodista Carlos Sosa, firmó un contrato que le reportaba 300.000 euros con el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado tras una denuncia del sindicato USO por un presunto fraude conjunto de más de 21 millones a la Seguridad Social y la Hacienda Pública en el juzgado de Las Palmas del que Rosell era titular. El acuerdo se selló sólo cuatro días después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concediera la excedencia a la candidata de Podemos y ésta abandonara el caso.

Lo que la Fiscalía sospechó es que ese contrato se negoció antes, mientras Rosell todavía instruía ese procedimiento y que, por tanto, debió haberse abstenido para no incurrir en una posible prevaricación. La representante del Ministerio Público elevó sus sospechas al CGPJ mientras Rosell la denunciaba por sus investigaciones. El Tribunal Superior canario arropó entonces a Rosell frente a la Fiscalía al entender que había vulnerado los derechos de la ya entonces candidata.

La silla que dejó Rosell en el juzgado fue ocupada por otro magistrado, Salvador Alba, que tuvo que levantar las alfombras de ese sumario. Y se encontró con cocodrilos. Los puso por escrito, primero al CGPJ y después al Tribunal Supremo. Todas las sospechas de la Fiscalía llegaron al Poder Judicial que, pese a las evidencias, optó por dar carpetazo y no abrir ninguna actuación sobre Rosell. Para entonces, la considerada ministra de Justicia de Podemos había desatado ya una campaña mediática contra el juez, la fiscal y el entonces ministro en funciones José Manuel Soria. Este periódico tampoco se quedaba fuera de sus ataques. A todos acusaba de formar parte de una conspiración política contra ella. EL MUNDO ha ido desgranando paso a paso las gestiones sobre este procedimiento. Entre ellas, la querella que presentó el ex ministro, quien fichó como abogado al que fue fiscal general del Estado con el PSOE Eligio Hernández.

Además de injurias y calumnias, el ex ministro también elevó al Supremo sus dudas sobre la legalidad de la instrucción. La querella llegó al Alto Tribunal que, antes de tomar una decisión, se dirigió al juez sustituto para que emitiera un informe técnico sobre el caso cuando tomó las riendas del juzgado. El informe fue demoledor. Alba detalló punto por punto todo lo que se encontró en el sumario e, incluso, lo que no se encontró… Retrasos injustificados, material no facilitado a las partes, peticiones de fianza sin resolver… El asunto está ahora en manos del Supremo.

Que un juez se reúna a solas con un imputado sin presencia de su abogado ni del secretario del juzgado ya es bastante irregular. Pero que en esa reunión el juez le detalle a un imputado qué tiene que declarar la siguiente vez que vuelta al juzgado –esta vez, de manera oficial– para fabricar así una acusación contra una diputada es de una gravedad mayúscula. Aterradora. Terrible para la imagen de la justicia y de la propia democracia de este país.

Una semana después de la reunión a solas, el 23 de marzo, el imputado volvió al juzgado para declarar “voluntariamente” lo que el juez le pidió. El juez se dio prisa: le convocó el miércoles de Semana Santa, y ese testimonio fue clave para que la querella que el exministro José Manuel Soria había presentado poco antes contra Victoria Rosell fuese admitida en el Tribunal Supremo.

Casualmente, el exministro offshore José Manuel Soria y el juez Salvador Alba se conocen bien. Casualmente, el político –entonces presidente del PP de Canarias– avaló al juez para un ascenso en su carrera judicial: como candidato al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por suerte para la Justicia, al menos Soria en esto fracasó.

Este proceso judicial contra Victoria Rosell o  las exclusivas sacadas de Youtube contra Pablo Iglesias son dos ejemplos de cómo funciona “la maquinaria”: esa relación perversa entre aparatos del Estado, periodistas sin escrúpulos y el Partido Popular. Ayer era contra los independentistas. Hoy, contra Podemos. Mañana puedes ser tú.

EL PROCESO que sigue el Tribunal Supremo contra la juez Victoria Rosell, tras la querella presentada por el ex ministro José Manuel Soria, por los delitos de retardo malicioso, prevaricación y cohecho al favorecer presuntamente a su pareja en la instrucción de un caso contra el empresario Miguel Ángel Ramírez dio ayer un giro inesperado. Eldiario.es difundió una grabación en la que el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba prepara extraprocesalmente una declaración de Ramírez para exonerar al empresario a cambio de pruebas contra la jueza, a la que Alba había sustituido cuando decidió pasar a la política en las listas de Podemos.

En la conversación grabada, que el juez Alba manifiesta que ha sido manipulada, queda patente la intención del magistrado de preparar pruebas contra Rosell, a quien califica de «cabrona» e «hija de puta». Precisamente la declaración procesal de Miguel Ángel Ramírez ante Alba –la que se oye en la grabación cómo se está preparando– fue una de las pruebas que el Tribunal Supremo tuvo en cuenta para admitir a trámite la querella contra Rosell presentada por Soria, por lo que puede afectar de forma considerable a la situación procesal de la jueza.

Precisamente ayer, desde el partido dirigido por Pablo Iglesias se intentó convencer a la opinión pública de que el denominado caso Rosell no es más que un montaje. El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil del partido, Rafael Mayoral, afirmó que las grabaciones del juez sustituto de Victoria Rosell contra la ex diputada demuestran que ella «es una persona de total confianza». Sin embargo, creemos que la aparición de esa grabación no debe significar directamente la exoneración de Rosell ni la paralización del proceso que se sigue contra ella en el Supremo.

En primer lugar, hay que reprobar con contundencia la conducta del juez Salvador Alba, contra quien el Consejo General del Poder Judicial abrió ayer diligencias informativas. Alba ha podido poner en duda la cualidad básica de cualquier actividad judicial: la independencia. Si se confirma la existencia del encuentro extrajudicial entre Ramírez y el juez y la veracidad de la conversación, Alba debería ser obligado a abandonar la carrera judicial, al margen de las responsabilidades a las que tuviera que hacer frente en un proceso penal.

Pero la situación procesal de Alba no tiene por qué afectar a la de Rosell. Es cierto que, probablemente, la declaración de Ramírez será anulada en el procedimiento, pero contra ella continúan existiendo los mismos indicios que llevaron al Supremo a abrir la causa. Por una parte, no abandonó el caso que instruía contra Miguel Ángel Ramírez a pesar de que éste mantenía fuertes relaciones comerciales con su pareja, el periodista Carlos Sosa. Además, Rosell dilató el proceso de manera injustificada. Este periódico reveló en su día que Sosa cobró 300.000 euros del empresario tras venderle una emisora de radio tres días después de la incorporación de Rosell a Podemos.

Que Rosell no se abstuviera en un proceso en el que tenía una relación personal tan directa y que lo retrasara sin causa son hechos objetivos que, en principio, no tienen nada que ver con el bochornoso apaño de Alba con Ramírez. Se trata de dos jueces sospechosos –de momento–, que deben ser investigados por la Justicia. Y cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades si las hubiere.

El juez Salvador Alba ha enviado sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en los que asegura que la grabación que sirvió de base para acusarle de fabricar una declaración contra la ex diputada de Podemos Victoria Rosell «ha sido manipulada». Asegura, apoyándose en un informe pericial, que la grabación tiene «inserciones» de otras conversaciones y contextos.

«Las grabaciones cuestionadas presentan diferentes cortes intencionados, observándose una discontinuidad en las grabaciones no consideradas como lógicas en el entorno en el que se desarrolla el registro de audio, lo que pone de manifiesto su manipulación intencionada», apunta el escrito presentado por el juez.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJC decidió abrir un procedimiento contra Alba por presuntos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, para investigar si se puso de acuerdo con un imputado en una causa cuya instrucción comenzó la juez Rosell, el empresario Miguel Ángel Ramírez, para que éste declarara cuestiones que podían perjudicarla. Todo a raíz de una denuncia presentada por el propio Ramírez, en la que aportó una grabación con una conversación con el juez.

Salvador Alba sustituyó a Rosell en su juzgado de Las Palmas de Gran Canaria durante los meses en que ésta ejerció como diputada de Podemos en el Congreso. Emitió un informe sobre el estado de la causa abierta a Ramírez por delitos fiscales y contra la Seguridad Social que sirvió de base para que el Tribunal Supremo admitiera una querella del ex ministro José Manuel Soria contra la dirigente de Podemos. El juez puso de relieve la coincidencia de la investigación de Rosell sobre Ramírez con los negocios del investigado con el compañero sentimental de la ex diputada.

En esa querella, cuya instrucción ahora corresponde también al TSJC, Soria acusa a Rosell de prevaricación, retardo malicioso de la instrucción y cohecho, porque considera que ralentizó la causa o no tomó determinadas decisiones influida por intereses personales: los negocios que su pareja, el periodista Carlos Sosa, mantenía con el empresario Miguel Ángel Ramírez, propietario de la UD Las Palmas. El informe que Alba elevó al Supremo contenía una declaración prestada ante él por Ramírez en la que éste reconocía que había financiado durante años negocios periodísticos dirigidos por Carlos Sosa, lo que podría poner en cuestión si Rosell debió o no abstenerse de instruir ese procedimiento, por tener interés en él.

En cuanto Alba abandonó el juzgado, Ramírez proporcionó a su nueva titular la grabación de una conversación que mantuvo con el juez días antes de su declaración formal, en la que supuestamente éste le dijo lo que tenía que manifestar para perjudicar a Victoria Rosell, a cambio, presuntamente, de favorecer una posible nulidad de su procedimiento.

Alba abandonó el juzgado de Rosell sin adoptar medida alguna definitiva sobre el caso de Ramírez y después de imponerle una fianza que la ex diputada había dejado sin resolver, pese a las peticiones de las acusaciones lideradas por el sindicato USO.

Alba proporcionó al TSJC y al CGPJ un informe pericial suscrito por la Asociación de Peritos Judiciales de Andalucía que concluye que esa grabación «ha sido manipulada» y «no se corresponde» con la conversación en la que supuestamente se tomó. «Se observa en las grabaciones que se han añadido palabras y frases sacadas de otro contexto y pertenecientes a diferentes espacios temporales».

Frente a ello, Ramírez presentó ayer un informe suscrito por tres peritos que concluye que la grabación que ha aportado sobre la conversación que mantuvo con el juez Salvador Alba no ha sido «alterada ni manipulada». Estos expertos indican que «no se observa ningún indicio de que los archivos de audio (dos ficheros mp3) hayan sido alterados o manipulados, ya que en el espectro analizado no se observan caídas en ningún intervalo de tiempo durante la conversación», según informa Efe.