26 abril 1934

El jefe del Estado se mostró criticó con la amnistía aprobada por el Gobierno Lerroux para conceder gracia al general golpista Sanjurjo

Alcalá Zamora causa la dimisión del Gobierno Lerroux al criticar su amnistía: Ricardo Samper nuevo presidente del Gobierno

Hechos

El 27.04.1934 se formó un nuevo Gobierno presidido por R. Ricardo Samper.

Lecturas

El 28 de abril de 1934 D. Ricardo Samper Ibáñez, del Partido Radical, es nombrado presidente del consejo de ministros por el jefe de Estado D. Niceto Alcalá Zamora tras la dimisión del jefe del Partido Radical, D. Alejandro Lerroux García por falta de apoyo parlamentario y por considerarse desautorizado por el jefe del Estado, D. Niceto Alcalá Zamora, que criticó su amnistía al general golpista D. José Sanjurjo. El Sr. Lerroux García era jefe de Gobierno desde diciembre de 1933 tras sus buenos resultados en las elecciones legislativas de noviembre de 1933.

 La polémica amnistía al General Sanjurjo, que ya se ha hecho efectiva, causa del enfrentamiento entre el jefe del Estado (Sr. Alcalá Zamora) y el jefe de Gobierno (Sr. Lerroux) que ha terminado con la dimisión de este último.

 

El Gobierno Radical necesita el apoyo de los diputados de la CEDA para sostenerse y la CEDA condiciona ese apoyo a formar parte del Gobierno.

  • Presidente de la República – D. Niceto Acalá Zamora
  • Presidente del Gobierno – D. Ricardo Samper Ibáñez (Partido Radical)
  • Ministro de Estado – D. Leandro Pita Romero (Independiente)
  • Ministro de Gobernación – D. Rafael Salazar Alonso (Partido Radical)
  • Ministro de Hacienda – D. Manuel Marraco (Partido Radical)
  • Ministro de Justicia – D. Vicente Cantos (Partido Radical)
  • Ministro de Guerra – D. Diego Hidalgo (Partido Radical)
  • Ministro de Marina – D. Juan José Rocha García (Partido Radical)
  • Ministro de Obras Públicas – D. Rafael Guerra del Río (Partido Radical)
  • Ministro de Agricultura – D. Cirilo del Río Rodríguez (Partido Republicano Progresista)
  • Ministro de Industria y Comercio – D. Vicente Iranzo (Independiente)
  • Ministro de Trabajo – D. Josep Estadella (Partido Radical)
  • Ministro de Instrucción Pública – D. Filiberto Villalobos (Partido Liberal Democráta)
  • Ministro de Comunicaciones – D. José María Cid Ruiz Zorrilla (Partido Agrario)

El gobierno en minoría del Sr. Samper Ibáñez aguantará hasta el 4 de octubre de 1934.

26 Abril 1934

Una crisis trascendental

AHORA (Director: Luis Montiel)

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Ninguna de las personalidades consultadas por el Jefe del Estado en el día de ayer ha ocultado la gravedad de la situación creada por el planteamiento de la crisis. Análoga preocupación refleja la Prensa de todos los matices. Las dificultades que presenta el trance político hacen temer que su tramitación sea en extremo laboriosa. Nunca como ahora sería necesaria sin embargo, la máxima rapidez en las resoluciones. La crisis presente arrastra demasiado sedimento. La corriente llegará a enturbiarse de un modo alarmante si no se le abre cauce sereno con la mayor celeridad posible.

Son las Cortes las que en estos momentos de desorientación y desconcierto señalan la pauta segura para dar solución adecuada al pleito político. Existe en el Parlamento una mayoría cuya amplia base permite forjar fuertes instrumentos de gobierno. Pilar fundamental de esa fuerza es el Partido Radical, cuya representación numérica rebasa con notoria holgura a de todos los demás grupos afectos al régimen. La minoría radical y especialmente el Sr. Lerroux, jefe de estas huestes del republicanismo histórico, ha prestado grandes servicios al interés nacional durante las últimas etapas de gobierno. El Sr. Lerroux viene esforzándose en mantener un espíritu de concordia merced al cual ha sido posible la incorporación de importantes sectores al régimen republicano. El sentido moderado de su política le ha granjeado la confianza y la estimación de determinados núcleos políticos que se hallan a su derecha. Nadie como el jefe del Partido Radical puede, en las actuales circunstancias, brindar la solución que se busca aunque con ello tuviese que añadir nuevo sacrificio a los muchos que su patriotismo le ha impuesto.

De no ser el Sr. Lerroux el llamado a formar nuevo Gobierno sería necesario reclutar el futuro equipo ministerial en las filas de los grupos políticos que integran la mayoría parlamentaria. La composición de estas Cortes – cortes recién estrenadas con el cuño legítimo de una auténtica representación de la voluntad nacional; conviene tenerlo presente – no permite arbitrar otra fórmula, como no fuese en abierta discrepancia con el sentír de la opinión del país, patentemente manifestado en las urnas. En cualquier caso el Partido Radical habría de ser elemento básico y, por tanto, imprescindible para llevar a término satisfactorio una concentración política capaz de asumir las responsabilidades del Poder. El Sr. Lerroux y los amigos que le siguen no pueden dejar de prestar su cooperación directa en el futuro Gobierno. Su lealtad al régimen debe mostrarse a prueba de contrariedades y tribulaciones.

No columbramos, de momento, otras perspectivas en el horizonte, harto anubarrado a la sazón. Celebraremos que el Poder moderador halle las necesarias facilidades para dar solución a una crisis cuya gravedad no cabe desconocer. La iniciativa presidencial reviste singular trascendencia en estos instantes. Nadie puede, sin poner en riesgo altos intereses del régimen, atravesarse en el camino de la prerrogativa que la Constitución confiere al Jefe del Estado. La resolución del Presidente de la República ha de mostrarse libérrima, a cubierto de cualquiera especie de presiones políticas. Nunca como en estas circunstancias se hace necesario mantener limpio y claro el ambiente en torno de la primer magistratura de la nación.

26 Abril 1934

Con el más alto respeto

LA ÉPOCA (Director: Alfredo Escobar, maqués de Valdeiglesias)

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Ni aún con él nos hubiéramos permitido apostillar con un comentario, y menos con una censura, un acto del Jefe del Estado.

Pero no se nos alcanza que el Jefe del Estado haya bajado al palenque de la pública discusión, si no es para medir sus argumentos y sus razones con los de aquellos a los que intenta regatear la razón y el acierto.

Sin duda, el contradictor a quien se dirige el documento presidencial es el Parlamento. Pero el Parlamento es el altavoz de la voluntad popular se le conceda el derecho de exponer sus opiniones y sus deseos. Y es esta la razón que nos impulsa hoy a escribir, aunque lo espinoso de la ocasión obligue a la brevedad.

Empecemos por decir que entendemos los verbos promulgar y explicar con un significado claramente distinto. Y parece, en cambio que el redactor de la nota que comentamos se complace en confundirlo entre sí. Es cierto que la Constitución deja latitud suficiente respecto a la fórmula de promulgación se trocase en un índice de inquietudes espirituales o en un sobradero de conocimientos jurídicos, como de que apareciese respaldada con un delicado madrigal.

Quiere decirse que el caso queda totalmente al margen de la Constitución; es más constituye un intento de correctivo de la Constitución cuya traducción exacta habría que ir a buscar en el artículo 85 del mismo cuerpo legal.

Bastaría ello para evitarnos disquisiciones sobre si el artículo 102, tiene un valor preceptivo o si no tiene más alcance que el de un consejo. Ni el artículo 102 ni otro alguno de la Constitución han sido redactados para otra cosa que para que sirvieran de preceptos cuya observación es obligatoria.

Esto es tan obvio como la consecuencia que se deduce de estos argumentos con que el Presidente de la República trata de justificar el motivo por el que aludió acogerle al artículo 83 de la ley fundamental de la República, que regula su derecho a veto.

“Para la eficacia – escribe – de la prerrogativa reservada por el artículo 83 sería necesario, según el texto del mismo, la conformidad de las Cortes, ya que se aspira, no a detener la ley, sino a modificarla en un sentido de colaboración, no de lucha. Ahora bien, la previsión fundada. Lindando con la evidencia, sin necesidad de exploraciones, patentiza la inclinación de las Cortes, en contacto inmediato y con origen reciente, respecto de la opinión pública a mantener el texto votado, y ello no por una explicable y legítima defensa de potestad que nadie discute ni combate, sino porque al reflexionar sobre ello, estimaría más conveniente al interés nacional sustentarlo’.

Y ello quiere decir – y ya lo apuntáramos ayer – que el Presidente de la República se reconoce en abierta discrepancia con unas Cortes que por su contacto inmediato y su origen reciente representan con la mayor pureza imaginable a la opinión pública. Más claro aún, que el Presidente de la República esta frente a esta misma opinión pública.

Reconocimiento implícito de la razón que asiste a todos los que hoy sostienen como única salida de este angustioso trance, la dimisión del más alto magistrado de la nación.

26 Abril 1934

El escrúpulo

ABC (Director: Juan Ignacio Luca de Tena)

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Si no es un caso gravísimo, de verdadera salvación pública, en el que a toda costa convenga detener la ejecución de una ley catastrófica, el veto es una prerrogativa inútil. Pedirle a una Cámara de Poder a Poder, la revocación inmediata de una ley, será generalmente un intento vano. Será difícil que el veto encuentre razones nuevas y originales que pesen sobre la Cámara más que su propia deliberación y que el debate público de opinión y de Prensa. Eficacia del veto, ninguna; inconvenientes muchos; que nunca resultará sin consecuencias el fracaso y el desaire de la prerrogativa. Mejor camino y alguna frecuencia tienen las rectificaciones legislativas en la espontaneidad parlamentaria y en la presión o el influjo del interés público. La Monarquía no empleo jamás el veto. Y después de la copiosa legislación anticonstitucional del bienio, promulgada llanamente: con todo lo que ha sido y ha de ir aún al Tribunal de Garantías, pensábamos que tampoco en la República se aplicaría jamás el veto. Hay entre las leyes anticonstitucionales algunas que violan artículos que la Constitución declara inmutables, exentos de toda modificación a la que no preceda la convocatoria del plebiscito revisorio. ¿En qué podrá recaer ya el veto? Sin embargo… El episodio es originalísimo, singular. Tenemos una ley promulgada oficialmente, pero de hecho no promulgada. Junto al derecho de promulgacón aparece, suscrita por el jefe del Estado, una recusación severísima, crítica implacable de la ley promulgada. Esta crítica hubiera podido ser un estupendo turno en contra, una de aquellas oraciones en que se recreaba y exprimía todas sus dotes el Sr. Alcalá Zamora, un discurso como aquel que su patriotismo rugió en el Congreso ante las esculturas de los Reyes Católicos que aún yacen allí, cerca de las lápidas de Galán y García Hernández. Un discurso que indudablemente satisface al autor y no debía quedar inédito, porque apura todos los resortes de la dialéctica forense y política en la impugnación minuciosa de la ley, de manera que al acabarla de leer hay que decir. ‘No cabe más’. Es el turno en contra más empeñado y de más resonancia. ¡Y de qué calidad!

La nota explica el caso de conciencia el escrúpulo atormentador del presidente de la República ante la ley de Amnistía, que en puntos de importancia le parece irregular, confusa, equivocada; no dice vituperable, pero, aun con la jettatura de la palabra, podía decirlo, ateniéndose a su razonamiento. ¿Por qué no ha seguido con ella el procedimiento constitucional del artículo 83? Porque, sobre no considerarse infalibre, temía la ineficacia del trámite, no confiaba en la rebotación de la Cámara; pero principalmente porque, siendo insustituible en estas Cortes el Gobierno Lerroux, debía evitar a toda costa la crisis total. Pues ahí está la crisis por la que no quiso negarse a la promulgación, y con mayor gravedad, que si la ley hubiera vuelto al Congreso. Y la nota crítica, que es para las Cortes, para que se enteren de ella las Cortes, ¿tendrá para la rectificación de la ley más eficacia y menos consecuencias que el procedimiento constitucional suspensivo de la promulgación? ¿Qué van a decir las Cortes? ¿Qué pueden hacer, sino reiterar su confianza al Gobierno que sostenían que ha respetado cuidadosamente la potestad parlamentaria en la tramitación de la ley de Amnistía y en la crisis? ¿Qué pueden hacer con respecto a la ley cuando ni siquiera se les propone constitucionalmente la rectificación? La nota presidencial añade a los comentarios técnicos otros de carácter político. ¿De qué manera pueden las Cortes discutir con el Jefe del Estado sobre una comunicación personal del jefe del Estado acerca de cuestiones políticas?

Observen los lectores que no hablamos de la crisis ministerial, ni de las consultas, ni de la solución que la crisis deba tener. No es esto lo más importante ni lo que más interesa. La atención pública va más allá de la crisis ministerial, al o que ocurra después a la verdadera y más grave crisis planteada por el escrúpulo de Su Excelencia.

26 Abril 1934

De la solución de esta crisis depende que estalle o no la Guerra Civil

EL LIBERAL (Director: Francisco Villanueva)

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Parece comprobado que el presidente de la República no hizo uso de la facultad que le atribuye el artículo 53 de la Constitución, porque el Gobierno le anunció su propósito de dimitir si no era firmada la ley. Y que su excelencia aceptó como mal menor la fórmula de los decretos aclaratorios, publicándose con ellos una nota del presidente en que se hicieran constar los escrúpulos que le inspira la ley de Amnistía.

Si esto es así – y así es, según parece – la actitud del Gobierno es correcta. El Gobierno no tiene por qué dimitir cuando el presidente devuelve una ley al congreso.

Y si dimite o anuncia la dimisión, coarta el libre ejercicio de la facultad presidencial.

Nada tan concreto como esto se supo en la crisis de junio de 1933 y los enemigos de aquella situación política y parlamentaria, que son los ministeriales en la situación actual, promovieron un gran escándalo denunciado coacciones intolerables en el ánimo del jefe del Estado a la hora de resolver una crisis.

Lo incomprensible en el proceso de la promulgación de la amnistía es que habiéndose cerrado el paso a la dimisión del Gobierno con la fórmula de los ‘decretos aclaratorios’ y la nota convenida para salvar escrúpulos se produzca la crisis después de aparecer en la ‘Gaceta’ la amnistía y sus aclaraciones. De la confianza del jefe del Estado no se podía dudar, puesto que por no retirarla dejó de usar la facultad que le atribuye el artículo 83.

La primera reacción ha sido la del Gobierno. Antes de presentar la dimisión celebró consultas en la Presidencia del Consejo. Luego fue el Sr. Lerroux a entrevistarse con el jefe del Estado y al salir dijo:

– Buena redada y pez gordo. He presentado la dimisión al presidente de la República. Las consultas empezarán esta tarde a los cuatro.

La crisis será laboriosa, porque tendrá que ser consultada alguna persona que no está en Madrid.

Esta crisis es la más difícil que tuvo hasta ahora la República.

Es la crisis de la pugna entre los poderes del Estado producida por una ley de amnistía con sentido de trágala por entender que socava los cimientos del régimen y que es un factor más de empuje a la Guerra Civil en que vivimos.

Al notificarse al Congreso que el Gobierno estaba en crisis de la minoría de Renovación Española salieron gritos subversivos que fueron apagados por vivas a la República y se produjo en los pasillos el consiguiente revuelo.

El momento es crítico para la República. La suprema representación del régimen está en el Jefe del Estado.

Ni al as Cortes ni al Gobierno se ha hecho ningún agravio. El Poder moderador ha querido moderar tanto que resulta el más desairado por su propia moderación. El Gobierno y las Cortes no tienen de que quejarse. Ayer mismo apareció la amnistía en la Gaceta.

Depóngase toda violencia para no dificultar una solución conveniente al régimen. El jefe del Estado es lo más permanente. El Gobierno, lo más accidental y efímero.

No es fácil prever cómo se resolverá el conflicto, de no aceptarse la solución que nosotros venimos patrocinando desde hace tiempo: un Gobierno de amplia concentración republicana: un Gobierno que no permita decir a nadie que la República es ‘suya’ ni de la derecha, ni de la izquierda, aunque en él haya ministros de una y otra mano; un Gobierno que nosotros llamamos de amplia coalición republicana; pero de tan amplia concentración que pueda llamarse nacional, por integrarlo la representación de todo lo que está dentro de la República.

¡Todo hace falta para salvarla!

Esta pugna entre poderes del Estado tiene que resolverla el fervor republicano. ¡Viva la República!

26 Abril 1934

¿Dónde está la soberanía?

LA NACIÓN (Director: Manuel Delgado Barreto)

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En el régimen monárquico, por su naturaleza, y por imperativos de su Constitución, lo que se llama soberanía la compartían el Rey y las Cortes. El Rey, tan soberano como las Cortes, no tenía, en ningún texto, limitada facultad de disolver a estas. Pero el Rey, a veces, rechazaba iniciativas o decretos del Gobierno, y las crisis, como es lógico, se producían. Pero la Corona nunca dejó de sancionar una ley votada en Cortes. De donde se infiere que, de hecho, la soberanía del Parlamento estaba siempre por encima de la soberanía real, conforme a la voluntad del Monarca.

Avanzamos… Es decir a nuestro juicio retrocedimos; pero en lo que se llama senda ‘liberal y democrática’ dio la legislación a partir del 14 de abril un paso temerario hacia adelante. Fuera del parlamento no hay nada, pudo exclamar arrogantemente el Sr. Azaña. En cierto modo y en orden a la supremacía del Poder, fuera del Parlamento no hay nada más que el país, cuando el Parlamento deja de reflejarlo o de representarlo. El mismo artículo 83 de la Constitución faculta al Presidente de la República, pues no sólo de hecho, sino de hecho y de derecho, de todas maneras, la más alta soberanía radica en el Parlamento.

¿Se ha perdido la soberanía? ¿Se extravió en alguna callejuela ignorada? Nosotros no podemos olvidarnos nunca de lo que somos y de lo que valemos y ayunos de ciencia, confesamos, modestamente, nuestra ceguedad y nuestra infelicidad. ¿Estaremos también trastornados? Porque esta misma mañana, pensando en la gravísima situación que se le ha planteado a España y leyendo consejos y declaraciones y meditando en torno a ese largo documento casuístico, que no entendemos integralmente nosotros hemos pasado unas horas buscando entre las distintas jerarquías establecidos, el domicilio moral de la soberanía. Nosotros no podemos decir – no lo decimos ni lo pensamos – que la soberanía hoy por hoy, no tiene domicilio conocido.

Lo que nosotros declaramos es la magnitud de nuestra propia torpeza. No sabemos dónde está, donde radica, en este histórico momento, lo que se llama en doctrina democrática la soberanía. Si la soberanía tiene una noción de pudor, al verse tan mal tratada, tan desdeñada y desnudita, puede que la pobre, avergonzada de cómo la han puesto, pese a su alcurnia e importancia, se haya metido por ejemplo a cuidar ganados. Como en los cuentos maravillosos de los niños, la Princesa de hizo pastora. En la urbe, nuestros ojos no la descubren.

Lo que ven nuestros ojos – eso sí – es un forcejeo. A ver, por tanto, quien puede más. ¿Qué importancia tiene, frente a tal forcejeo una crisis de Gobierno? Se nos antoja que a esa crisis – a la del Gobierno – nadie le da importancia. Nosotros diríamos inclusive que ya el anciano presidente del Gobierno dimisionario, con su vida de luchador, con su experiencia de caudillo, no experimenta ni siquiera la vocación de dar consejo. ¿Para qué? El se sumó lealmente a la voluntad explícita de la mayoría que le apoyaba, y si esa mayoría limpiamente y recientemente obtenida en las urnas, no es la soberanía ¿dónde está y dónde vive la soberanía?…

Somos enemigos políticos de D. Alejandro Lerroux. Somos contrarios, además, a esos tópicos democráticos y liberales que Lerroux representa. Nosotros queremos otro régimen, y principalmente, otro Estado. Pero nosotros aspiramos en todo, y en la lucha también, a la gloria de ser españoles. Como españoles, como caballeros, nos inclinamos respetuosamente ante el gesto de D. Alejandro Lerroux. Somos ante el ring unos espectadores un poco sentimentales, de este forcejeo. No sabemos quién va a vencer. Ni nos importa tampoco quién tiene más fuerza. Lo que nos interesa es quien tiene razón. Y ante quien la tiene nos descubrimos, sin adhesiones, pero con noble emoción de ciudadanos y de caballeros.

El Análisis

Un Punto de Inflexión en la II República

JF Lamata

La crisis del año 1934 marca un punto de inflexión en la II República, reflejando las profundas divisiones y tensiones políticas que amenazan su estabilidad. El presidente del Gobierno, Ricardo Samper intenta formar un Gobierno sin la CEDA, el partido más votado en las elecciones de noviembre de 1933, que condiciona su apoyo parlamentario a la entrada de sus ministros en el Gobierno. El diario derechista ABC, dirigido por Juan Ignacio Luca de Tena, critica duramente la falta de uso del veto por parte del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, al promulgar la ley de amnistía, calificándola de una prerrogativa inútil que no logra detener una ley catastrófica. Esta crisis revela una pugna entre los poderes del Estado, donde la decisión de Alcalá Zamora de aceptar a regañadientes la ley de amnistía para evitar una crisis total se convierte, irónicamente, en el detonante de una crisis aún mayor.

Desde una perspectiva opuesta, el diario izquierdista El Liberal, bajo la dirección de Francisco Villanueva, alerta sobre el peligro inminente de una guerra civil si no se encuentra una solución adecuada. El periódico argumenta que la actitud del Gobierno ha sido correcta al no dimitir ante la promulgación de la ley de amnistía, pero critica la falta de coherencia al producirse la crisis después de que la amnistía y sus aclaraciones ya se habían publicado. El Liberal aboga por un gobierno de amplia coalición republicana que integre a todas las fuerzas que se declaren republicanas y excluya, por tanto a la derecha no republicana (ganadora de las últimas elecciones), buscando salvar la República mediante una representación nacional inclusiva. Ambos diarios coinciden en que la entrada de ministros de la CEDA en el Gobierno rompe el frágil consenso y abre una nueva etapa de incertidumbre y conflicto en la joven República española, cada con menos afectos entre la ciudadanía, reflejando un consenso imposible que pone en riesgo su propia supervivencia.

J. F. Lamata