Ángel Acebes Paniagua califica a su sucesor como ministro de Interior, José Antonio Alonso Suárez de ‘miserable’ por insinuar este que él había cometido ‘imprevisión’ en el 11-M

El anterior ministro del Interior, Ángel Acebes, dedicó ayer una sarta de lindezas («miserable», «indecente», «mediocre» e «incompetente») a su sucesor en el cargo, José Antonio Alonso, porque éste tuvo la osadía de hablar en la SER de «imprevisión política» en relación al 11-M. Es probable que la expresión de Alonso no sea un modelo de prudencia para referirse al mayor atentado terrorista habido en este país, pero él mismo la matizó luego en el sentido de excluir cualquier responsabilidad del Gobierno del PP. Que Acebes reaccionara 24 horas después con tamaña agresividad sólo puede explicarse como un intento deliberado de montar bronca, de acuerdo con una larga experiencia del PP, en el Gobierno y en la oposición. Las hemerotecas son a este respecto un insobornable testigo de cargo.

A partir del atentado de Casablanca, en mayo de 2003, los servicios de seguridad españoles y de otros países incluyeron al nuestro entre los objetivos posibles del terrorismo islamista; esa posibilidad se reforzó tras la difusión de un vídeo con amenazas de Bin Laden en el que citaba a España. A posteriori, los expertos han reconocido que se infravaloraron algunos indicios, y sugerido que habrá que reforzar los efectivos y medios destinados a combatir ese nuevo terrorismo. Es más, los ciudadanos esperan iniciativas concretas a este respecto. Cabría pedirle al nuevo ministro una mayor matización, pero lo que dijo -en respuesta a una pregunta sobre si la policía estaba preparada para el nuevo desafío- no fue muy distinto de lo que han venido diciendo esos expertos en los medios de comunicación, sin que nadie se haya rasgado las vestiduras.

Acebes atribuyó a su sucesor intenciones que van mucho más allá de lo que realmente dijo y, después de calificar sus declaraciones como «una vileza», aprovechó el viaje para acusarle de no saber nada de lucha antiterrorista -desconocíamos que él fuera un experto antes de llegar al ministerio- y de haber desviado la responsabilidad de los terroristas hacia el Gobierno. Habría sido muy grave si el ministro hubiera hecho esto último, pero tal cosa sólo ha ocurrido en la cabeza de Acebes. Su apelación al Pacto Antiterrorista resulta improcedente: es el propio Acebes, secretario general adjunto del PP, quien magnifica el asunto, poniendo la búsqueda de rentabilidad política por delante de la deseable unidad de criterio entre los partidos firmantes del Pacto Antiterrorista.

Hay en ello una continuidad con otras actitudes del PP y también con iniciativas recientes del ex presidente Aznar: desde la desclasificación de los papeles del servicio secreto para salvar el honor del Gobierno, a las graves acusaciones contra el presidente Zapatero de que el repliegue de las tropas de Irak tras el 11-M avala «el valor del asesinato como herramienta para conseguir objetivos políticos». Ésta sí es una muy grave acusación. La reunión del pacto prevista para la próxima semana debería servir para pedirse y darse las explicaciones que hagan falta y reafirmar el compromiso de no hacer de la cuestión terrorista eje de confrontación entre los dos grandes partidos. El PP debe demostrar que está dispuesto a poner en práctica desde la oposición la lealtad que tanto invocaba desde el Gobierno.

EL ministro del Interior, José Antonio Alonso, se ha confundido gravemente al cometer la indignidad de sugerir que el Gobierno anterior fue «insensible» a la amenaza del terrorismo islámico, acusación que fue todavía más allá al insinuar que los cuerpos policiales habían advertido de la posibilidad de que perpetrase atentados en nuestro país. Tales apreciaciones, realizadas por el máximo responsable de la seguridad en España, podrían inducir fácilmente a la conclusión de que el Ejecutivo de José María Aznar se habría cruzado de brazos ante la amenaza terrorista, transfiriéndole así la culpa de la tragedia del 11-M, desviándola de la exclusiva que corresponde a los criminales.

Es mejor atribuir estas declaraciones a la bisoñez ministerial de José Antonio Alonso que a la intencionada imputación de una acusación tan grave y calumniosa. Pero sea cual sea el motivo de esas declaraciones, es lo cierto que resultan impropias de cualquier ministro del Interior, atentan contra la honorabilidad de los miembros del Gobierno precedente y tratan de deslegitimarle de una forma incompatible, no sólo con la verdad, sino también con la digna alternancia en un régimen democrático. No hay antecedente alguno en todos los anteriores cambios de Gobierno de un responsable de Interior que haya acusado a su predecesor de semejantes conductas. Ni siquiera cuando el PP -siendo ministro Jaime Mayor Oreja- recogió un Departamento traumatizado por casos de «guerra sucia» y corrupción.

Por esas razones -y para que en el futuro el ministro del Interior pueda enfrentarse a la importante tarea que le está encomendada en la que necesitará el concurso de la oposición- José Antonio Alonso haría bien en demostrar el talante que el presidente Zapatero propugna y formular una disculpa pública a Ángel Acebes y al Gobierno anterior.

La tentación de que las acusaciones de José Antonio Alonso se conviertan en ariete para convocar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados son demasiado obvias por parte de algunos grupos parlamentarios como para ignorarla. El Gobierno, con buen criterio, cree inconveniente e innecesaria la investigación parlamentaria del 11-M por los efectos que este procedimiento tendría sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que han demostrado una enorme rapidez y eficacia -todavía bajo mandato del Gobierno del PP- en el esclarecimiento de la trama terrorista del 11-M. La prudencia gubernamental en este aspecto -muy encomiable- resulta incompatible, sin embargo, con la frivolidad que conllevan las declaraciones del ministro del Interior, que es el que debe continuar las investigaciones y poner sus conclusiones a disposición de la Justicia. Un «ajuste de cuentas» como el que están propiciando los socialistas -en el que hay que inscribir las declaraciones de José Antonio Alonso- comienza a convertirse en un proceso inquisitorial y destructivo tan nocivo para los que lo protagonizan como injusto para quienes lo padecen. Y, sobre todo, indigno para la sociedad española que ha expresado su voluntad democrática para que la alternancia en el poder procure una progresión de la libertad y la consolidación del sistema y no para la deslegitimación pertinaz de un partido que acumuló el pasado 14 de marzo casi diez millones de votos.