Campaña de Javier Ayuso (EL PAÍS) contra el comisario Villarejo aireando sus negocios privados, este responde demandando a su fuente, el General Sanz Roldán

El último de estos episodios es la visita de los ‘hombres de negro’ al Comisario. También primicia.

El jueves pasado, Villarejo recibió el aviso de un “bienintencionado amigo” del CNI que le anunció que por la tarde iba a ver a un emisario que le iba a transmitir que se haría pública su vida privada, familiar así como las empresas familiares… salvo que se abstuviera de seguir indagando en ciertas cuestiones delicadas.

Por la tarde recibió la visita de dos periodistas de El País, uno de ellos Javier Ayuso, en otro tiempo Jefe de Prensa de la Casa Real, quien le mostró una serie de papeles que recogían los nombres de las empresas familiares y el argumento de que le parecía extraño que un policía, aunque estuviera diez años de excedencia y al volver siguiera ayudando a sus hijos a mantener el patrimonio familiar, era demasiado patrimonio en tan solo treinta años y que eso era sospechoso.

Justo antes de terminar estas líneas, de nuevo el tal Ayuso se pone en contacto con el Comisario: «sale en portada, lo siento». Villarejo le pregunta: Ayuso, ¿lo haces como periodista o como emisario del CNI? El viejo periodista o agente encubierto de ‘la Casa’ no supo contestar (silencio) para después decir tiene un gran interés periodístico conocer su vida privada. En Comisario zanja la conversación diciéndole que en cualquier país civilizado el descubrir la identidad de un agente encubierto y poner en riesgo su red de colaboradores se consideraría traición. Pero aquí la frivolidad y el morbo puede a la lógica y al sentido común.

Es curioso cómo al peligroso Comisario nadie le tiene miedo, todo el mundo le insulta, insinuando las cloacas, el hedor… el que algunos sienten por tener su ropa interior algo manchada y claro… al final su propio olor termina por afectarle… Es un poco raro que nadie se preocupe de las graves represalias…¡Dios!, como venga el Comisario Oscuro…¡prepararos todos!

Coincidencias de esta campaña contra Villarejo. Meses atrás el Comisario denunció un par de asuntos muy espinosos. Por un lado, el dinero de los fondos reservados que un servicio de inteligencia ha perdido durante el camino para pagar el rescate de unos periodistas y, por otro, que una tal Corina quiera denunciar en el Reino de España las amenazas que un sujeto -al que llama ‘el Troll’- le ha infringido a ella y a sus hijos, salvo que vuelva a los brazos del Señor.

Las cloacas…que vienen las cloacas… a buen seguro que las ratas deben de empezar a esconderse. Hay Comisarios que no desfallecen afortunadamente para la ciudadanía que espera de este país algo más que ‘campañitas’ de prensa, dirigidas por aves con PICÓ (con acento) de escaso recorrido… y se verá.

¿Es más importante publicar la vida del Comisario que participó en la investigación del ático que las investigaciones sobre corrupciones políticas?. Si ello es así, determinados colegas se lo deberían hacer mirar.

Porque, a partir de ahora, ¿qué va a hacer otros medios? ¿van a seguir desvelando las estructuras empresariales de los otros casi 60 agentes encubiertos que tiene la Policía?

El comisario José Manuel Villarejo Pérez, que ha sido noticia con frecuencia en los últimos meses por diversos asuntos políticos y judiciales (especialmente por la investigación sobre el ático en Estepona del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González), compagina su labor de policía con su actividad empresarial. Junto a su actual esposa, Gemma Alcalá Garcés, y el abogado Rafael Redondo Rodríguez participa, y en algunos casos figura como presidente o administrador único, en 12 sociedades que suman un capital social superior a los 16 millones de euros, según datos recogidos por EL PAÍS del Registro Mercantil. Él asegura que es todo normal y que tiene autorización de su jefe directo (el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía). Sin embargo, en el Ministerio del Interior no quieren confirmarlo ni desmentirlo; se limitan a explicar que el actual equipo no tiene nada que decir.

En dos conversaciones mantenidas con José Villarejo en los últimos días, este ha quitado importancia al asunto y ha explicado: “Después de 10 años de excedencia en la policía, me pidieron que volviera como agente encubierto en régimen de excedencia especial y me autorizaron a mantener mi actividad privada; de hecho, he puesto al servicio de la policía alguna de mis empresas para realizar acciones de investigación dentro y fuera de España”. El comisario se refiere a los tiempos en que José Luis Corcuera era ministro del Interior y Agustín Linares, director general de la Policía.

Sin embargo, en fuentes de la propia Seguridad del Estado se pone en duda que se pueda compatibilizar el trabajo de policía con el de servicios privados de investigación o judiciales. En los últimos meses, el nombre del comisario Villarejo ha aparecido en varios sumarios judiciales, en unos casos como investigador por cuenta de la Policía y en otros, como particular contratado para realizar trabajos de diversa índole.

La estructura societaria del comisario Villarejo se gestiona desde su oficina en el número 1 de la plaza de Pablo Ruiz Picasso, la famosa Torre Picasso de Madrid, aunque algunas de sus empresas tienen su sede social cerca de su domicilio particular, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, o en ciudades en donde operan esas sociedades, como Córdoba o Málaga. Entre todas ellas hay cuatro que tienen un capital social millonario y otras cuatro con apenas 3.000 euros. Además de las 12 que están operativas, hay varias que no tienen indicios de actividad, cerraron, se fusionaron o están en fase de liquidación.

Su actividad empresarial comenzó a principios de los años 90 con un capital muy escaso y ha crecido de forma exponencial en los últimos 22 años. En ese periodo, Villarejo ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el Cuerpo Nacional de Policía y en la actualidad está en excedencia especial como agente encubierto, según explicó él mismo a EL PAÍS.

De todas las sociedades en las que participa, la que cuenta con mayor capital y patrimonio es Ciudad Al Mansur S.L., creada el 5 de julio de 1996 y registrada en Madrid bajo la actividad de “parque de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el espectáculo”, con domicilio social en Torre Picasso. Su anterior nombre era Marketing y Publicidad Puquio S.L y antes, Club Hípico Cordobés S.L. La sociedad está inactiva en estos momentos, cuenta con un capital social de 6.118.994,34 euros, no tiene empleados y registró en 2013 unas pérdidas de 173,17 euros. Ciudad Al Mansur tiene unos terrenos en Córdoba que iban a destinarse a un parque de atracciones, sin embargo, tras su recalificación en 2007 vendió parte de ellos a una empresa constructora obteniendo una importante plusvalía.

En ese mismo registro figura como presidente de la sociedad José Manuel Villarejo Pérez y como sociedad matriz Club Exclusivo de Negocio y Transacciones S.L., que cuenta con Gemma Isabel Alcalá Garcés, esposa del comisario, como administradora única y propietaria del 50% de sus acciones. El otro 50% es propiedad de las sociedades Global Sinapsis Investment S.L. e Inversiones Estratégicas Sensibles S.L.; en ambas figura como presidente el propio Villarejo.

La segunda empresa con más capital social del grupo es Premium Salud S.L., con 5,5 millones, que cuenta con un hospital a las afueras de Málaga, Cenyt Hospital. Figura como administrador único el abogado y socio de Villarejo, Rafael Redondo Rodríguez, y entre los accionistas vuelve a aparecer la que puede ser la sociedad matriz de la mayoría de sus negocios: Club Exclusivo de Negocios y Transacciones S.L. El comisario asegura que ese hospital es de su familia.

Cenyt Consultoría Organizacional S.L. es otra de las sociedades con capital social millonario en las que participa el comisario. Constituida en diciembre de 2006, se dedica a la “consultoría y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial” y tiene la sede social en la calle del Convento, 11 en Boadilla del Monte. Villarejo figura como presidente y consejero delegado de la empresa desde mayo de 2008. Los últimos datos, correspondientes a diciembre de 2013 muestran un capital social de 2,8 millones de euros y un beneficio en el año de 200.776,95 euros.

• José Manuel Villarejo Pérez, a punto de cumplir los 64 años, lleva tres décadas trabajando en la sombra en la Dirección General de la Policía, a la que llegó con Ángel Olivares, quien fue director general de 1994 a 1996. Tras una aparente ausencia, fue recuperado «oficialmente» en enero de 2011. Actualmente, está adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, cuyo titular es Eugenio Pino.
• Villarejo y el también comisario Enrique García Castaño se reunieron el 29 de noviembre de 2011 en una cafetería con el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para hablar de la propiedad de su ático de Estepona. González ha dicho que los dos agentes intentaron chantajearle. Villarejo le ha denunciado por ello.
• Villarejo se define como «un agente encubierto». Fue implicado en los noventa en la elaboración del informe Véritas (contra el exjuez Baltasar Garzón). Su nombre ha salido a relucir en el caso del Pequeño Nicolás. Está enfrentado con el comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, quien le ha involucrado en varios asuntos extraños. Villarejo ha escrito: «Cuando estoy en Líbano fingiendo ser transportista de droga o en Irak de comerciante o en Afganistán simulando ser tratante de caballos, estoy realizando una labor que me apasiona».

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, debe explicaciones urgentes sobre actuaciones de policías que parecen claramente irregulares. La grabación del encuentro de dos comisarios con Ignacio González en un lugar público, cuando este era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha permanecido en la sombra más de tres años hasta su difusión (parcial) en medio de una batalla interna del PP. El ministro tiene que aclarar para quién trabajan esos policías, a quién representan y a quién reportan, puesto que parecen actuar al margen de los órganos regulares del Estado de derecho.

Hoy desvela EL PAÍS que el comisario José Manuel Villarejo, uno de los policías vinculados con casos políticos —entre ellos el que afecta a Ignacio González—, participa en una docena de empresas con más de 16 millones de capital. Su nombre aparece vinculado a varios sumarios judiciales, en unos casos como investigador de la policía y en otros como contratado por un particular para realizar trabajos de diversa índole. Personas a las que la sociedad dota del poder de usar placa y pistola no pueden hacer lo que les viene en gana, investigando a quien les parece y en medio de una inquietante confusión entre actividad pública y privada.

Lo más asombroso es que la cascada de irregularidades no ha causado más reacción del ministro que la de quitarse de en medio, alegando que el encuentro de Ignacio González con Villarejo y otro comisario se llevó a cabo antes de que él llegara al Gobierno. Siendo verdad, no lo es menos que han transcurrido más de tres años sin que a Fernández Díaz se le haya movido un músculo. El ministerio tampoco tiene nada que decir sobre las empresas de Villarejo, un comisario que se autocalifica de “agente encubierto”. No menos silente se muestra el propio director de la policía, Ignacio Cosidó, quien, como diputado en la oposición, clamaba contra el descontrol policial y el uso de las fuerzas de seguridad en el caso Faisán.

Tampoco es ocioso recordar que Jorge Fernández estaba a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado cuando se realizaron y difundieron informes sin firma sobre prácticas corruptas y cuentas en Suiza atribuidas a Artur Mas y otros políticos nacionalistas. Todo ello claramente destinado a debilitar a Mas tras consumar su giro independentista.

La policía no puede ser utilizada para operaciones sucias, ni en el PP de Madrid ni contra el independentismo catalán. El ministro tiene la obligación de aclarar todo lo que pueda manchar la buena imagen de las fuerzas de seguridad ante los ciudadanos. Y si es él quien ha organizado o permitido una policía política, el ministro debe hacerse responsable de las actuaciones de sus subordinados y asumir las consecuencias.

Jorge Fernández Díaz ha tratado de forzar la máquina para obtener la ampliación legal de una serie de poderes policiales, entre ellos la capacidad de practicar escuchas telefónicas sin permiso judicial. El caso Villarejo y otros escándalos, a los que el Gobierno tarda en reaccionar, destruyen su credibilidad para pedir a la sociedad y a sus representantes que den cobertura a semejante pretensión.

La existencia de grupos en la sombra dentro de las fuerzas policiales es motivo de escándalo en otras democracias. La diferencia sustancial es la respuesta de las instituciones. En un Estado europeo serio se persigue y depura a los policías que actúan por su cuenta o derivan en partidas de la porra. Lo que no puede nunca hacer una democracia es vivir bajo la sospecha de que sus fuerzas policiales actúan fuera de control.

En estos días la opinión pública ha conocido las interioridades del Comisario Villarejo, así como los nombres de las empresas familiares. Además, se ha divulgado sin ningún respeto la identidad de los miembros de su familia, al margen de cualquier consideración y sin tener en cuenta que posiblemente se vulnerara la Ley de Protección de Datos. La excusa es que el comisario ya es un personaje público, pero esa circunstancia no sirve para ninguno de los componentes su entorno más íntimo y cercano.

Ante el asombro de la clase periodística, Javier Ayuso, para algunos un referente de la profesión, se había manchado de barro los zapatos bajando a la arena del periodismo intrépido llamado de investigación. Allí firmaba la historia de un “escándalo sin precedentes”: que un policía que realiza labores especiales en su corporación tenía “la desfachatez” de mantener una estructura empresarial cuando reingresó en el Cuerpo, tras diez años de excedencia voluntaria.

Este periódico, en otro tiempo serio y sin duda referente de la transición democrática de nuestro país, entiende que en su portada, con los máximos caracteres y durante varios días sucesivos, se deben publicar insistentemente las razones por las que un comisario de Policía tiene o no dinero, si solo contaba con un sueldo modesto de funcionario del Estado. Aunque quizás lo importante en este caso no sea tanto el mensaje como el mensajero.

La reunión

El referido Ayuso, junto con otro compañero, celebró una dilatada reunión de más de dos horas con el comisario, a petición de los periodistas. En dicho encuentro, como si una suerte de interrogatorio inquisitorial se tratara, el mando policial dio toda clase de explicaciones. Paradójicamente, los periodistas reconocieron que tanto en la Policía Judicial como en Información les habían confirmado que estas empresas habían sido usadas para fines policiales.

Cuando el Comisario pregunto qué interés periodístico tenía publicar dichos datos y por qué razón un miembro del CNI le había llamado antes –ofreciendo no publicar nada a cambio de que dejara de visitar a cierta persona vinculada con una alta personalidad del Estado- la única explicación a ello fue la “sospecha, aunque sin pruebas” de que el policía se había enriquecido vendiendo información a particulares.

Según fuentes próximas al comisario, éste no alcanza a comprender que un periódico tan serio como el de Ayuso pudiera publicar en portada una información basada en meras sospechas, cuando dicho medio siempre presume ante la competencia de que ellos solo publican cuando existe respaldo documental.

Sin embargo, el único documento acreditativo de tan grave acusación, según lo esgrimido en el citado periódico para tal derroche de tipografía, es que todo lo había confirmado su fuente y amigo del CNI, al que Ayuso conocía de su época de Jefe del Gabinete de Prensa de la Casa Real, en donde tuvo que lidiar con varios asuntos que afectaron a la credibilidad de la Corona, como el Caso Nóos, la cacería de Botsuana o el salto a la luz pública de una tal Corinna.

(La identidad de esta supuesta fuente será omitida por estar protegida por la Ley de Secretos Oficiales, por lo que nos referiremos a él a partir de ahora con el nombre de Anselmo Cifuentes).

Según ha podido constatar este medio, se da la circunstancia de que Anselmo Cifuentes es el mismo personaje que convenció hasta la extenuación al Comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, de que Villarejo estaba detrás del ‘Pequeño Nicolás’. Por tanto, había que incluirlo como fuera en algún informe para quemarlo. Y así se hizo.

Se da la circunstancia de que un periodista experimentado junto con un policía nada menos que responsable de la unidad de Asuntos Internos de la Policía se creen a pie juntillas un relato sin más comprobaciones, sin elemento probatorio alguno que respalde lo que les cuenta al oído el tal Anselmo Cifuentes. Se opta por la máxima de que “la realidad no te estropee un titular”.

Eso ha debido pensar este miércoles Ayuso cuando se ha encontrado la que para él ha supuesto una inconveniente noticia: el ministro de Interior realizaba unas declaraciones elogiando y resaltando la contribución de Villarejo a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Y es que, tras dos días de portadas inmisericordes (la del miércoles totalmente falsa, ya que no existe ninguna investigación de Asuntos Internos contra el Comisario, dato negado en la propia Dirección Adjunta Operativa a pesar de lo cual se decidió publicar), justo cuando el ministro hace un alegato positivo sobre los méritos de Villarejo, Ayuso entiende que en portada debe de salir mejor que en su día tuvo una sociedad en un paraíso fiscal.

Irresponsibilidad

Todas las fuentes expertas consultadas, que comprenden la importancia de las informaciones reveladas, opinan que la irresponsabilidad de Ayuso no es menor que la de quien le ha proporcionado los datos y, aún más grave, quien ha permitido su publicación. Con ello se ha puesto en riesgo total toda una estructura empresarial creada hace años para infiltrarse en el entorno etarra, gracias a lo cual se obtuvieron nucleares datos que permitieron debilitar en gran medida el entramado terrorista en Sudamérica.

No importa, por tanto, el hecho de que parte de esta base antiterrorista, hoy todavía activa -ETA sigue sin disolverse-, se queme con tal de que todo lo que se relacione con Villarejo sea conocido -y desactivado- para que nunca más vuelva la policía a atreverse a ”hacer la competencia” en asuntos que el reducto de manglanillos entiende que son exclusivos.

¿Cuál va a ser el paso siguiente? ¿Desvelar las identidades operativas falsas con las que el comisario ha actuado y, lo que es más grave, aún trabaja?.

¿Qué clase de garantía tiene un servidor del Estado, cuando una parte de su Gobierno filtra a un periodista datos que ponen en riesgo a él, a su familia y al equipo de colaboradores repartidos en todo el mundo? Y lo que es más alucinante, ¿actúa en contra de la labor que otro Ministerio está realizando en beneficio de todos los españoles?

¿Es todo este desatino fruto de las molestias que provocan las independientes denuncias que hace sobre los manejos de ciertas personas amparándose en prestigiosas instituciones? ¿o es por el cacareado argumento de que el díscolo comisario actúa sin control? Pero, ¿sin control de quién? ¿Acaso no informa siempre a sus superiores de los trabajos que realiza?

Negocios

Las recientes negociaciones que viene realizando Ayuso en nombre de su periódico -aprovechando los contactos de su antiguo trabajo- con la Jefa de Gabinete de una importante personalidad del Gobierno están orientadas a la continuidad de la financiación de dicho medio. Si se cerrara desaparecería un “importante pilar de este país”, una lógica que comparte el medio digital que aporta estas líneas y que por tanto apoya cualquier acción que tenga por fin que ningún periódico deje de publicar para beneficio de sus lectores.

Pero si esta solicitud es a cambio de controlar la información que pudiera poseer una prestigiosa pluma recientemente fichada por el propio Ayuso, ¿no deberían también servir para pedir que cesen la publicación de datos que comprometen unos trabajos que, de ser conocidos, sería algo así como colaborar con banda armada?.

En algún momento Ayuso deberá dejar a un lado su susceptibilidad herida por haberse sentido aprendiz de ‘Charly’ y retomar el talante de respeto institucional que ya demostró, y al parecer con eficacia, cuando estuvo al frente del Gabinete de Prensa del Jefe del Estado. Alguien debería empezar a poner un poco de orden en su casa.

El comisario José Villarejo participa en, al menos, un medio de comunicación, informacionsensible.com, desde el que está defendiendo su posición y atacando a los que considera sus enemigos: Asuntos Internos de la Policía, el CNI e, indirectamente, Vicepresidencia del Gobierno y las informaciones publicadas por EL PAÍS.

En los últimos días, ese diario en la Red ha intentado vincular las noticias publicadas por este periódico sobre el entramado empresarial del mando policial, que investigó el caso González, con una campaña contra el mismo para tapar determinados asuntos relacionados con la Seguridad del Estado y con actividades supuestamente irregulares del comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Blas Martín, al que denunció hace semanas. En esas informaciones se llega a acusar al autor de esta noticia de pertenecer al CNI.

En su afán por desacreditar lo publicado por este periódico, José Villarejo ha llegado a decir que hay más de 60 policías en su misma situación de compatibilizar el ejercicio policial con la actividad privada. Fuentes del Ministerio del Interior han negado esta afirmación, mientras continúan elaborando el informe solicitado por el ministro Jorge Fernández Díaz para determinar si la actividad privada del comisario es compatible con su función policial.

El comisario Villarejo reconoció a EL PAÍS la semana pasada que su mujer, Gemma Isabel García Garcés, periodista de profesión, está detrás del medio digital, creado en el otoño de 2012, en asociación con varios periodistas especializados en temas de tribunales y de Interior. La página web nació con la idea de funcionar como una plataforma de crowdfunding, pero acabó como periódico digital.

En su fundación, esta página web pertenecía a la sociedad Sensible Code, participada en un 80% por Desarrollos Empresariales Potes y en un 20% por Utopic Media. Posteriormente, en noviembre de 2014, el entorno del comisario se hizo con el control de la sociedad. Un mes antes, informacionnsensible.com había dado la primicia de la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias (conocido como El Pequeño Nicolás). El joven fue detenido a las 9.30 horas del día 14 de octubre y la página web informó del hecho a las 14.26 del día 15 con el siguiente titular: “Exclusiva: Detenido un joven que había estafado a los Pujol simulando ser un agente del CNI enviado por la vicepresidenta”. El joven permaneció detenido 72 horas en dependencias judiciales.

Además, antes de que se supiera que Francisco Nicolás había citado a Villarejo en su declaración ante el juez (dijo tener relación con él y que Javier de la Rosa le debía a José Villarejo 250.000 euros), la asociación Transparencia y Justicia se personó como acusación particular en el caso para poder tener acceso al sumario. Se da la circunstancia de que el secretario de la junta directiva de dicha asociación es Rafael Redondo Rodríguez, abogado y socio del policía.

Y no solo eso. Esta misma asociación se había personado también como acusación particular en el proceso judicial contra Esperanza Aguirre, actuando de una forma estrambótica, según explica Ernesto Ekaizer en una información en elpais.com. El abogado David Macías, representante legal de la asociación, contrató a un letrado independiente, el abogado Luis Gerez. Tras conseguir que la Audiencia Provincial de Madrid considerara el incidente de tráfico de Aguirre como un delito de desobediencia en vez de una falta, la asociación decidió prescindir de los servicios de Gerez y prácticamente renunciar a seguir con un caso del que la expresidenta madrileña salió indemne al archivar el juez el caso tras tomarle declaración.

Casualmente, David Macías trabaja con José Villarejo y es el administrador único, desde el 17 de noviembre de 2014, de la sociedad Desarrollos Empresariales Potes, propietaria de la web informacionsensible.com, según consta en el Registro Mercantil de Madrid. Según el artículo de Ekaizer, se puede inferir que el tándem Villarejo-Macías opera coordinadamente y que “la acusación popular es un instrumento para obtener ciertos objetivos que se fijan cuando se deciden a emprender la personación en casos sonados”.

El Ministerio del Interior se encuentra bajo el fuego de las críticas de casi toda la oposición tras el descubrimiento del tinglado empresarial organizado en torno al comisario José Manuel Villarejo, desvelado ayer por este periódico. Se trata de uno de los dos policías que se entrevistaron con Ignacio González en una cafetería cuando este último era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, conversación que fue grabada, ocultada durante más de tres años y sacada a la luz en el momento en que se dirimía la batalla interna en el PP por las candidaturas a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

El propio ministro, Jorge Fernández Díaz, confesó ayer en el Senado que esa grabación ni siquiera figuraba en el expediente policial sobre la presunta investigación ilegal de la propiedad del ático de González en la Costa del Sol. Resulta muy poco tranquilizador que el responsable de las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado diga desconocer lo que hacen comisarios de policía tan peculiares como Villarejo. Tampoco el ministro parecía al tanto del tinglado empresarial de este agente encubierto, como lo indica la orden de indagar su patrimonio, dada a las pocas horas de la publicación de los datos; así como la compatibilidad o no de tales actividades con las de un comisario en activo.

Bien está que el ministro pida información, pero eso no basta. El caso Villarejo solo es el último de la serie de escándalos policiales que acompañan algunos de los principales conflictos políticos. El modo de operar se parece al que en otros países utilizan los denominados gabinetes negros, aquellos dispositivos o despachos constituidos por expolicías o policías en activo que se mueven entre las sombras, utilizando recursos de investigación en los bordes del Estado de derecho, si no al margen del mismo.

Separar el grano de la paja es muy importante para garantizar la limpieza de la competición electoral; era de temer que en un año con tantas convocatorias como 2015 iba a producirse un repunte de actividades fuera de las reglas. Las aclaraciones convienen también a los 70.000 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que tienen perfecto derecho a que las guerras internas entre policías de campanillas —y más si se mezclan con la política— no produzcan el efecto de una mancha general sobre sus actividades.

No cabe duda alguna de que deben investigarse hasta el final las sospechas que existen en torno al ático de Ignacio González en la Costa del Sol. Pero eso no es óbice para demandar al Gobierno, con absoluta firmeza, garantías de que las indagaciones sobre los sospechosos en España —se llamen como se llamen y sean quienes sean— se realizan de acuerdo con la legalidad. El Estado de derecho no puede convivir con las actividades de policías al servicio de guerras políticas, sin pagar el alto precio de una grave adulteración de la propia democracia.

El comisario jubilado y empresario José Manuel Villarejo montó durante años una red de influencias en la justicia española para poder intervenir en los procedimientos judiciales que le afectaban a él o a sus clientes. Esa red sigue viva y tiene como principales activos el instituto de práctica jurídica Schola Iuris, en el que han cobrado por dar clases relevantes jueces y fiscales españoles (entre ellos el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, según los datos públicos del claustro de profesores), y la asociación Transparencia y Justicia, que se persona en aquellos casos de interés para el policía, como hizo hace apenas 10 días en el caso Lezo.

El entramado de sociedades de Villarejo no se limita al sector inmobiliario, hotelero, de consultoría, seguridad o sanidad; la justicia supone un nicho importante para sus actividades. En unos casos a través del despacho de abogados del que es socio (Stuart & Mckenzie Spain) y en otros, a través de las citadas escuela y asociación.

Schola Iuris es un exclusivo instituto jurídico de Madrid en cuyo claustro han confluido altos cargos policiales, reputados abogados y, sobre todo, fiscales y magistrados de relevancia. El centro fue creado el 19 de octubre de 2004 y una de sus especialidades es el máster de Derecho Penal Práctico, homologado por el Colegio de Abogados de Madrid. Los alumnos abonan de matrícula 14.000 euros por 512 horas lectivas.

Este instituto es una sociedad limitada, cuyo titular es la sociedad Procard Europa, con un capital social de 3.010 euros, de la que es administrador único el director de dicho instituto, Ángel Benseny Pellicer. El director es perito calígrafo y psicólogo forense de los juzgados de Primera Instancia de Madrid y el campus está situado en la planta 18 de la Torre de Cristal, en el centro financiero del paseo de la Castellana de Madrid.

Benseny aparece como apoderado junto al abogado Rafael Redondo (socio de Villarejo en la mayoría de sus negocios) y otros dos policías, los hermanos Carlos y Antonio Giménez Raso, en el consejo de la empresa Cenyt Argo, que tiene como sociedad matriz a Cenyt Consultoría, uno de los ejes del entramado societario del conflictivo policía.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con los fiscales Maza y Moix para contrastar la información pública de Schola Iuris y, a través de la Dirección de Comunicación de la fiscalía, han señalado que el actual fiscal general del Estado impartió una sola clase en 2005 y que el fiscal Anticorrupción nunca ha dado ni clases ni conferencias en ese instituto y que no conoce al comisario Villarejo (esta aclaración no se le había solicitado). Esta respuesta contradice los datos incluidos en la web de Schola Iuris durante años.

El propio comisario Villarejo presume en sus conversaciones privadas de tener muy buenas relaciones con jueces y fiscales, con los que mantiene reuniones periódicas. El expolicía y empresario acudió a la toma de posesión del fiscal general del Estado sin estar invitado, pero acompañó al juez decano de Madrid, Antonio Viejo, con quien tiene buena relación.

Los magistrados y jueces españoles están sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las únicas actividades consideradas compatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional son “la docencia o investigación jurídica, así como la producción literaria, artística y científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”. La norma establece con detalle las actividades compatibles y aquellas sobre las que hay que pedir autorización.

Los jueces, magistrados y fiscales pueden dar clase en cursos y seminarios (siempre que no tenga carácter permanente ni suponga más de 75 horas al año), conferencias públicas, participar en tribunales calificadores de pruebas de selección a la Administración, etcétera. Sin embargo, desde algunas instancias se ha planteado la posible connivencia entre estos funcionarios públicos y los abogados que participan en estos cursos y, por supuesto, con los propietarios de las instituciones que les contratan. El que fuera fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha sido uno de los más críticos con estas relaciones.

Además de Schola Iuris, Villarejo tenía una segunda vía para influir sobre aquellos casos de interés: la asociación Transparencia y Justicia, que acaba de personarse como acusación popular en el caso Lezo. Esta asociación fue fundada en 2005, un año después que la escuela de práctica jurídica, bajo el nombre de Asociación para la Protección de la Inversión.

En 2011 cambió de denominación por el nombre actual y fueron designados representante legal el abogado David Macías González y miembro de su patronato Rafael Redondo. Ambos forman parte del núcleo duro de las sociedades de Villarejo. Macías es, entre otros cargos, administrador único de Desarrollo Empresarial Potes, que ostenta la propiedad de la web informaciónsensible.com, dirigida por la actual mujer del policía.

Transparencia y Justicia se ha personado en procedimientos famosos. Entre ellos, el caso Campeón, por el que se imputó al político socialista José Blanco, y el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre en la Gran Vía de Madrid. En este último caso, la asociación tuvo una actuación errática, acusando primero a la expresidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de desobediencia y abandonando el caso posteriormente a pesar de ganar un recurso de apelación.

Este movimiento fue muy comentado en su día (marzo de 2015) y el periodista Ernesto Ekaizer escribió en este periódico que “fuentes jurídicas consultadas señalan que esta aparición y desaparición es un modus operandidel tándem Villarejo-Macías” y que “la acusación popular es un instrumento para obtener ciertos objetivos que se fijan cuando se deciden a emprender la personación en casos sonados”. Esta práctica se ha comparado en ocasiones con la desarrollada por el pseudosindicato Manos Limpias o la asociación de usuarios bancarios Ausbanc.

Claustro de profesores de Schola Iuris