El Congreso aprueba la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) la primera reforma educativa del Gobierno socialista

En nuestra. época, con sus grandes cambios, lo que nos inspiraba y movía en nuestra juventud se queda lejano, y si se presenta otra vez es con aspectos distintos. Es probable que ciertos puntos de los más discutidos de la LODE, ese que aparece en las discusiones de las Cortes con los rótulos de autogestionario o participativo, nos deje un poco fríos a los que nos hemos pasado bastantes años de nuestra vida luchando por la enseñanza pública, tan deficiente desde siempre en nuestro país.Pero viendo desfilar por Madrid, en una húmeda mañana invernal, las banderas y estandartes de la enseñanza, religiosa, recordaba lo antiguo de la lucha. Sin citar la. Inquisición y la paralización consiguiente de los estudios en España, los índices de libros prohibidos, las persecuciones de fray Luis y de los hebraístas de Salamanca, y la del Brocense, me voy a limitar a evocar los difíciles orígenes de la escuela pública en España, la escuela no de pago, sino al alcance de todos los niños, de aldeas y barrios. El triste dicho «tiene más hambre que un maestro de escuela» refleja muy bien la situación de la enseñanza en nuestro siglo XIX Siglo en el que la instrucción popular da pasos de gigante. En Alemania hubo escuelas públicas desde que los reyes de Prusia comprendieron, ya en el siglo XVIII, que un soldado no podía ser analfabeto. En Inglaterra, en Francia, en Bélgica, se desarrollan sistemas de educación pública que reducen por fin el número de analfabetos y preparan a todos los ciudadanos para participar en el gobierno democrático. Estados Unidos y, en la América de nuestra lengua, Argentina desarrollan escuelas públicas que son el crisol nacional donde se funden lenguas y emigrantes.

Mientras tanto, en España, un espíritu coriservador se resiste al desarrollo de la escuela pública. Son los ayuntamientos los que empiezan a pagar, con pobreza, a los maestros de escuela, mientras que unas cifras vergonzosas de analfabetos, el 60%, el 40% de los habitantes, reflejan el atraso y la injusticia.

Sólo como consecuencia de la guerra contra Estados Unidos, en el ambiente regeneracionista de reconocer las culpas, un Gobierno liberal introduce en 1902, por un simple real decreto, casi clandestinamente para no alertar a los conservadores, que los maestros de primera enseñanza reciban sueldo del Presupuesto nacional. Fue nombrado entonces director de Enseñanza Primaria, como cargo técnico, un hombre formado en la Institución Libre de Enseñanza, introductora de la preocupación pedagógica en España: Rafael Altamira. La vuelta al poder de los conservadores, pocos años después, redujo otra vez la dirección general a cargo político, renovable con cada ministro.

Lento y siempre deficiente fue el desarrollo de nuestra escuela pública, pero el impulso dado en los comienzos de este siglo fue mejorando las bases de nuestra educación y se fueron reduciendo las cifras de analfabetismo, aquellas que hicieron a algún político decir que el desastre del noventa y ocho era la consecuencia de enviar analfabetos a. luchar contra soldados y marineros que tenían buena instrucción primaria.

La República de 1931 llevó en su programa la creación de escuelas y un mayor prestigio de los maestros. En los horrores de la guerra civil, que, desgraciadamente, tuvo todavía mucho de lucha de religión, a la persecución y asesinato de curas y monjas en una mitad de España se puede contraponer la de maestros y maestras en la otra.

Después, durante 12 o 14 años, se extendió a todo el territorio de España el cierre de las escuelas normales, que siguió al levantamiento de los nacionales. Durante ese período me acuerdo haber discutido, como director general falangista en el ministerio de Ibáñez Martín, en la misma antesala del ministro, la tesis que sostenía el mismísimo director general de Primera Enseñanza de que el Estado podía ahorrarse todos los gastos de educación, confiándosela tranquilamente a la Iglesia y a la sociedad. Es una idea que brindamos para el año que viene a los fraguistas, que en la discusión de la ley de Presupuestos proponían la supresión de un par de ministerios para ahorrarle dinero al contribuyente.

Pero la verdad es que el progreso del mundo, las fatalidades económicas y sociales han hecho impresentable la propuesta de don Romualdo de Toledo de que la actividad de la Iglesia y la espontánea de la sociedadpuedan ahorrarle al contribuyente ese capítulo de la educación y la ciencia, el más grande, si no me equivoco, en el Presupuesto del año que viene. Pues una de las cosas que se discuten, y se siguen discutiendo, es el de la parte que la enseñanza religiosa, libre o privada, como queramos llamarla, reclama en el pastel de la recaudación estatal.

Cuando oigo en la televisión o en la radio al señor Alzaga, portavoz de la oposición en esta cuestión, con su aspecto no ya de propietario rural, sino de abogado de empresas internacionales, hablando a boca: llena delibertad de enseñanza y reclamando para ella miles de millones del presupuesto estatal, el director general falangista que yo fui, que discutía -sólo a voces, por supuesto, en la antesala del ministro- con el representante autorizado de la tendencia eclesiástica dominante, repasa su larga carrera académica. Pronto me retiré a la universidad de Salamanca, y pude contemplar cómo continuaba la destrucción, desde el mismo ministerio, de la enseñanza pública en todos sus grados, que había ido hasta 1936 progresando dentro de una vieja ley liberal-conservadora, la de Claudio Moyano, de 1857. Pero ya hemos visto la paralización violenta de la enseñanza primaria desde el 18 de julio. Oí decir a personas informadas del ministerio que una de las causas del cese y sustitución de Ibáñez Martín, en 1951, fue el aumento creciente de analfabetos que los militares observaban cada año en los reclutas que llegaban a los cuarteles.

La enseñanza media fue destruida por la ley de 1938, en la que los colegios religiosos conseguían la superioridad sobre los institutos oficiales. Más tarde, cuando los medios económicos lo permitieran, les llegarían a los colegios los créditos para edificios y demás beneficios presupuestarios.

Las universidades, famélicas y desguarnecidas ya desde la ley de 1943, tuvieron sobre sus cabezas el artículo que aseguraba la libertad de enseñanza de la Iglesia también en este grado.

Ése es el resumen de la libertad de enseñanza durante la época de Franco. Mientras las filas de profesores se reducían por el exilio y la depuración, y mediocres fanáticos del Opus De¡ creaban el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para sustituir el modestísimo aparato de la Junta para Ampliación de Estudios que tanto había rendido en la enseñanza superior de los 15 años anteriores a la guerra civil, el crecimiento del país y el progreso general del mundo llevaban a la necesidad de que el bachillerato se generalizara y a que la enseñanza superior se diversificara y abriera, como había ocurrido en países civilizados. Todo ello se echó encima de España en los años finales de Franco, y es la causa del desastre de desorganización e improvisación que pesa sobre nuestra enseñanza oficial y privada, libre y no libre.

El señor Alzaga, que tiene la fortuna de ser joven, no ha vivido la libertad y la falta de libertad de enseñanza en la época franquista, y por eso habla con tanta seguridad. Para mí, después de una vida incómoda y de lucha difícil desde dentro y des de fuera del régimen y de las fronteras, el paso de los estandartes de las huestes que él re presenta me impone desfilar con este artículo para sostener lo contrario que el señor Alzaga y los que se manifestaban contra la LODE.