El diputado Joaquín Calomarde abandona el Partido Popular y se pasa al grupo mixto jaleado por los medios del Grupo PRISA

España es un país democrático de la Unión Europea. Todos los gobiernos de la democracia, incluidos los del Partido Popular, han contribuido a lograr el actual grado de modernización y desarrollo democrático de la sociedad española, que, a fecha de hoy, es tan elevado o más que el de cualquier otro país de Europa. En consecuencia, y quiero que sea mi primera afirmación, es evidente que el grado de crispación de nuestra vida pública no se corresponde con ese nivel de desarrollo democrático de la sociedad española; es anterior a la democracia, no encaja en ella, ni tiene por qué hacerlo, y violenta la estabilidad, no sólo del sistema institucional, sino del desarrollo y la bonanza económica que una democracia moderna precisa, sustentada siempre en la estabilidad del sistema. Ciertamente que haríamos mal si juzgamos que sólo el Partido Popular es el responsable de esta situación. No es así. Y juzgaríamos todavía peor si afirmáramos lo contrario: que sólo Zapatero puede lograr con sus equívocos o errores tamaño dislate político y social como lo es la creciente crispación de la vida social española.

Al ser España una sociedad modernizada, en la que todavía cabe trabajar y ahondar todos juntos, encaja con dificultad aquellas actitudes que son premodernas. Son éstas las que tienden por su propia definición a desencajar el Estado, a malbaratar las conquistas democráticas y a confundir valor y precio, es decir, adversario con enemigo y consigna política con batalla civil. En nuestro país sobran los extremistas, los hooligans, tanto en la izquierda como en la derecha; pero obviamente, yo quiero hoy referirme a mi casa, al Partido Popular, y, en virtud del propio mandato constitucional contenido el artículo 67 de nuestra Constitución en su apartado segundo, lo hago sin someterme ni sentirme ligado a mandato imperativo alguno. Elegido, ciertamente, en una lista electoral cerrada, ello no es óbice para que un diputado del Congreso represente justamente al pueblo español en su conjunto y sólo a él debe su labor, sus aciertos y sus errores.

España precisa un centro-derecha moderno; un Partido Popular centrado, moderado, libre de complejos del pasado; abierto a la modernización real de la sociedad española, que él ha contribuido a consolidar, y sin miedos ni perversiones mayores que las lógicas en la confrontación política parlamentaria. Un Partido Popular que valore, sobre todo, su profundo sentido del Estado; es decir, que no colabore en estrategia alguna, y mucho menos la impulse, que busque, consciente o inconscientemente, ganar el Gobierno aun pagando el impagable precio de desprestigiar siquiera subrepticiamente la excelencia del sistema institucional de la democracia española.

Yo no digo que esto suceda hoy de ese modo radical; pero sí afirmo que hay una tendencia clara en sectores del Partido Popular hacia ese modo de hacer, o mejor, deshacer la política democrática. La democracia es un sistema de pesos y medidas institucionales que neutralizan la violencia, por un lado, y la transforman en legítima defensa del interés propio reglado por la universalidad de la norma y el principio de legalidad emanado de la universalidad de sufragio. Semejante forma de ver las cosas, y de entenderlas, evitaría de suyo, y en un momento, que la crispación creciente provocada en la sociedad española por la actuación arriscada y casi propicia al antisistema por parte, insisto, de sectores concretos del Partido Popular cesara de inmediato. Casi tanto como contribuiría a engrandecer nuestro clima político, el que el señor presidente del Gobierno explicara y asumiera públicamente en el Congreso de los Diputados el alcance de su política, las intenciones que la orientan y que deben ser siempre públicas, en este casi final de la legislatura.

La democracia es, de hecho, un régimen de opinión pública y ésta no puede estar sometida todos los días a un auténtico boomerang político que se retroalimenta sustentado en la crispación política, en la ausencia de grandes acuerdos entre los partidos en asuntos capitales para la pervivencia del Estado y el crujir de huesos y llanto de cementerio propio de la peor tradición política española, aquella que no sabe para qué intervenir en política, ni entiende en el corto y medio plazo para qué hacerlo.

España precisa, pues, un centro-derecha liberal medido, prudente, capaz de plantear a la sociedad española medidas oportunas que lleven ilusión y sentido del futuro a una sociedad plural y compleja como la española; un Partido Popular que crea verdaderamente en el ideario liberal, que espere que los españoles compartan el mismo mayoritariamente como mejor y más cercano a la resolución de sus problemas y necesidades que las recetas socialdemócratas. En cualquier caso, entre las proclamas liberales y el socialismo liberal no puede abrirse, día a día, el foso de un abismo infernal y profundo que parece querer tragarse los equilibrios democráticos y constitucionales por segundos. Esto es claramente un disparate. Y debía ser materia clara de reflexión tanto para el Partido Popular (que es gobierno en siete comunidades autónomas y miles de ayuntamientos, por tanto nada más alejado del contrapoder o la política antisistema) como para el Partido Socialista, que no debería buscar ventajas, posibles o reales, con una política de ostracismo del Partido Popular sea cual fuere el inicial intérprete del aria.

Es en el centro político donde se dirimirá en el futuro electoral inmediato el próximo Gobierno de España. El Partido Popular tiene que estar en esa posición política concreta: el centro reformista, moderado y liberal. Ahí debe librar su batalla electoral y no en el extremo de ningún sitio. Y ahí le debe esperar el Partido Socialista, que no es un enemigo a batir, sino un adversario, un igual, un «par» al que ganar, si es posible, las elecciones.

Un último apunte: al señor presidente del Gobierno hay que exigirle claridad y lealtad con la oposición en lo tocante a la política antiterrorista. Y debería rectificar si ello, por su parte, no ha sido así en algún momento del proceso político en curso en la presente legislatura. Al Partido Popular que necesita España se le debe exigir al unísono un medido, por complejo que pueda parecer en este momento, acercamiento y acuerdo en la política antiterrorista con el Gobierno de España. Eso es lo que, sin lugar a dudas, demanda la prudente, pragmática, moderna y sensata sociedad española, que asiste, sin duda, alarmada a la constante batalla entre los dos grandes partidos en lo que constituye una de las políticas capitales de nuestra democracia: terminar entre todos desde la ley y el Estado de derecho con el terrorismo etarra.

Ni el Partido Popular es un grupo extraparlamentario y antisistema, como algunos interesadamente quieren hacer ver, ni el Gobierno y el partido que lo sustenta, un reducto de radicales antiespañoles. Esto es una peligrosa y grotesca tergiversación de la realidad española que no puede ser entendida por una sociedad libre y plena de confianza en sí misma como es hoy día la sociedad española.

Hay que hacer el mayor esfuerzo político, personal, social y colectivo por restaurar en nuestro país la concordia y la convivencia cívicas, y a ello debe contribuir de manera decisiva, en el inmediato futuro de España, el Partido Popular que los españoles merecen y al que tienen legítimo derecho democrático.

Joaquín Calomarde