El ejército del dictador de Guatemala, Lucas García, arrasa con la embajada española y aniquila a los opositores refugiados en ella

Los militares guatemaltecos se han sucedido en el Poder desde prácticamente la década de los cincuenta. En la actualidad el general Romeo Lucas García es quien ocupa la presidencia. Su gestión se está caracterizando por un evidente intento por contemporizar con Carter, especialmente desde el ‘ejemplo’ de la caída de Somoza, en la vecina Nicaragua.

Los seguidores de la teoría del dominó centroamericano aseguran que, tras Nicaragua, es Guatemala el próximo régimen militar en la lista. Especialmente si se tiene en cuenta el espectacular incremento de la actividad guerrillera desde el pasado año, con operaciones tan significadas como el asesinato del Jefe del Estado Mayor del Ejército.

La violencia política en una enfermedad bien arraigada en el país. En los últimos veinte años han muerto más de 50.000 personas por motivos políticos, sindicales o económicos. El pasado año el número de muertos y desaparecidos ascendió a más de 600.

Los intentos por acabar con esta lacra resultan casi siempre baldíos. Así, el recientemente proyectado ‘Diálogo Nacional contra la violencia’, convocado por varios partidos políticos, tuvo que suspenderse por las amenazas de muerte que pesaban sobre los organizadores.

Bandas paralelas.

El actual presidente ha intentado poner coto a los excesos de los Cuerpos de Seguridad con los sectores más reivindicativos – principalmente el campesinado indio – pero no ha sido capaz de acabar con las bandas paralelas ultraderechistas que, con toda impunidad actúan a sus anchas en el país. Hay quien ha catalogado más de veinticuatro organizaciones que operan actualmente. Las más conocidas son la Mano Blanca, Ojo por Ojo, La Sombra, Los Centauros, etc.

Líderes sindicalistas, profesionales religiosos, campesinos significados son sus víctimas favoritas. Contra esta violencia se ha comenzado a estructurar una guerrilla armada de inspiración castrista, liderada por estudiantes e intelectuales, pero que cuenta entre sus filas con buen número de campesinos e indios. La principal formación de la guerrilla revolucionaria es el Ejército de los Pobres, que consiguió el pasado año ocupar durante corto espacio de tiempo más de 70 poblaciones para emitir comunicados o pronunciar mítines.

La raíz de toda esa violencia no es más que una estructura social injusta, que un reducido grupo de la población pretende eternizar a toda costa. Un solo dato ilustra claramente este hecho. En Guatemala el 2 por 100 de los propietarios poseen el 62 por 100 de las teirras.

Litigios exteriores

La situación exterior tampoco es muy optimista. El régimen del general Lucas García se encuentra con la “incomprensión” de Washington en el tema de los derechos humanos y con la hostilidad del Gobierno de Londres y toda Iberoamérica en el tema de Belice, la colonia británica que pretende desde hace dos años acceder a la independencia.

El Gobierno guatemalteco mantiene desde siempre la reivindicación del territorio y no quiere ni oír hablar del referéndum de una posible autodeterminación. Sin embargo, en las elecciones de hace unas semanas triunfó el candidato independentista. Todo un síntoma.

Con todo, los observadores aseguran que no hay peligro de revolución en el país. “Aquí no tenemos sandinistas”, gusta de afirmar el presidente. Por otra parte, el país es económicamente prospero. «Sólo habría que repartir un poco mejor la riqueza y todo iría sobre ruedas”, comentaba recientemente un diplomático occidental.

José Alejandro Vara

EL ASALTO a la embajada de España en Guatemala por fuerzas oficiales y la matanza de las casi cuarenta personas que había en su interior es posiblemente el episodio más odioso de toda una ya larga serie de violaciones a la inmunidad y a la función de la diplomacia que se viene produciendo en todo el mundo en los últimos años. Ni siquiera el inconcluso suceso de Teherán tiene esa magnitud: el Gobierno iraní ha mantenido una semihipocresía, un medio cinismo, al atribuir el acto a una masa popular; los rehenes están vivos y, por lo que parece, bien atendidos, y las negociaciones funcionan. En Guatemala ha sido una operación de la policía, encubierta y protegida por los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior, llevada al límite de la matanza, a pesar de las dramáticas solicitudes del embajador español, detenido también en los primeros momentos.La supervivencia de Máximo Cajal ha sido probablemente el fallo máximo de la operación: su testimonio ha podido establecer la verdad de unos hechos que, de otra manera, hubiesen sido totalmente atribuidos a los campesinos ocupantes, que habían entrado en la embajada para realizar un acto espectacular de protesta contra la brutalidad de la represión oficial en la región de Quiché. El desenlace ha probado, a costa de sus vidas -y de otras vidas ajenas- la realidad absoluta de esa brutalidad.

No tenía más respuesta posible el Gobierno español que la que ha adoptado: la ruptura de relaciones diplomáticas y de toda índole. Debería ser seguida de otras de carácter internacional. La presión de las naciones del Pacto Andino, incluso del Departamento de Estado, ha ido logrando la erradicación de Gobiernos de este carácter, netamente genocida, en la misma zona de Centroamérica; sería el momento de aplicar medidas similares contra el del general Romeo Lucas García, en Guatemala. Su incompatibilidad con las nociones de civilización democrática que se están tratando de implantar, con la realidad de los derechos del hombre, con la convivencia de los pueblos, viene siendo demostrado desde hace años: el episodio de la embajada española en Guatemala debe ser la señal de que no se le acepta internacionalmente.

Otra cuestión paralela es la de la restauración moral y política del valor de las embajadas. Hace muchos años que están sufriendo toda clase de asaltos. Secuestros de embajadores y de sus familiares y miembros del servicio diplomático, ocupaciones más o menos pacíficas, quemas de banderas, cercos, manifestaciones, atentados, amenazas, forman ya parte casi diaria de la vida diplomática. En muchos casos, estos sucesos proceden de un espontaneismo o de una subversión nacional; pero en muchos otros están fomentados, inspirados, o al menos tolerados, por los Gobiernos que albergan dichas embajadas.

No puede ocultarse, sin embargo, que algunas embajadas utilizan el amparo de la inmunidad y la extraterritorialidad para intervenir en los asuntos internos de los países en los que trabajan; y para servir de amparo, cuando no de tolerancia, a formas varias de espionaje, desde el industrial hasta el militar. En el caso de la embajada española en Guatemala no podría haber ninguna intervención en asuntos internos; ni siquiera había ejercido el derecho de asilo, puesto que los campesinos habían entrado en el recinto contra la voluntad del embajador, que, en el momento de ver penetrar en su despacho, rompiendo las puertas con hachas, a la policía del Estado, estaba tratando de negociar para que el suceso tuviera un final pacífico, devenido en tragedia por la torpeza y la brutalidad de las autoridades guatemaltecas.

Digamos, finalmente, que el comportamiento de Máximo Cajal es un motivo de orgullo para todos sus compatriotas y para quienes consideran que el valor cívico, el respeto a la verdad, la defensa de los derechos humanos es el único baluarte contra la barbarie de nuestra época. Y también una reivindicación de la calidad y competencia de nuestra diplomacia profesional, aunque el Gobierno se siga empeñando en recompensar a sus fieles, dándoles embajadas como mercedes.