Dimite el líder del PSOE, Josep Borrell, salpicado por el ‘caso Hacienda’ que acusa de fraude fiscal a dos de sus colaboradores

Ernesto de Aguiar, director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales entre 1988 y 1990, recibió en 1990 en una cuenta suya en Suiza 399.500 dólares (40 millones de pesetas al cambio de entonces) del Grupo Torras. El contrato para la apertura de esa cuenta, en el Banco Paribas, fue firmado el 31 de agosto de 1990 y Aguiar dejó su cargo en Hacienda en el mes de octubre siguiente. Los pagos, según ha declarado el abogado Juan José Folchi ante los jueces de Londres, se referían a trabajos de asesoramiento fiscal realizados por Aguiar entre 1989 y el verano de 1990.

Aguiar negó ayer a este diario tanto el hecho de haber realizado trabajos de asesoría para Torras como el ser titular de ninguna cuenta en Suiza. Sin embargo, en la documentación judicial del caso Torras en Londres figura el formulario de la cuenta 064073 y 064074 en el Banco Paribas de Suiza, en el que se detalla que el titular y beneficiario de esa cuenta es Ernesto de Aguiar Borrás. Esta documentación forma parte de una comisión rogatoria enviada por los jueces de Suiza a la Corte de Londres y que ha llegado a España a través de las diversas partes personadas en el caso.El citado formulario, escrito en francés, está firmado por Aguiar en calidad de «titular de los haberes que tengan los derechos económicos que generen los valores que sean confiados a la banca».

El contrato para la apertura de la cuenta fue firmado el 31 de agosto, cuando Aguiar era aún alto cargo de Hacienda, y su ejecución, es decir, su conversión en una apertura definitiva de cuenta, se produjo el 3 de septiembre. En el mismo figura, además del titular, el nombre de la persona que recomendó a Aguiar para la apertura de la cuenta: «Madame Ferrier». El primer ingreso, procedente de una cuenta de Folchi en Suiza y con la clave Falcon, por un importe de 262.000 dólares, se produjo en los primeros días de octubre. La segunda transacción, en este caso por 137.500 dólares, se recibió en la cuenta a nombre de Aguiar el 15 de noviembre de 1990. El 5 de octubre de aquel año Aguiar cesó como director general de Hacienda.

Más ingresos

Según la documentación suiza, la cuenta a nombre de Aguiar registró a partir de ese momento otros importantes movimientos, que en conjunto llegaron a superar, hasta 1992, los dos millones de dólares.Según las declaraciones efectuadas en Londres por el abogado Juan José Folchi, demandado en Londres e imputado por el caso Torras en la Audiencia Nacional, su bufete en Barcelona comenzó, a partir de 1987, a solicitar asesoramiento a otros abogados y firmas del ramo especializadas en diferentes áreas. Entre estos asesores se encontraba, según el abogado, Ernesto de Aguiar.

Siempre según la declaración de Folchi, Aguiar prestó su asesoramiento a Torras en al menos dos operaciones. La primera de ellas es la relacionada con la sociedad Oakthorn II, operación que comenzó a desarrollarse en julio de 1989 y culminó en mayo de 1990. Ésta es la que generó los 137.500 dólares para la cuenta en Paribas. La segunda se refiere a la sociedad Pincinco. Esta operación se puso en marcha en el verano de 1990, a raíz de la invasión de Kuwait por Irak. Tras terminar la operación, a finales de septiembre de 1990, según la declaración de Folchi, entre el 4 y el 6 de octubre, Javier de la Rosa, el ex vicepresidente ejecutivo de Torras, dio su aprobación para pagar las colaboraciones prestadas con anterioridad por las diferentes firmas de abogados. En este caso, la cifra a percibir por Aguiar fue de 262.000 dólares, que fueron a su cuenta suiza a primeros de octubre.

POCOS DÍAS antes de que comience la campaña de declaración de la renta, la investigación judicial del caso Torras, que reúne las pruebas de la estrepitosa suspensión de pagos del grupo kuwaití en 1992, ha desvelado evidencias de que dos altos funcionarios de Hacienda, Ernesto Aguiar, director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales entre 1988 y 1990, y José María Huguet, jefe de la Inspección en Cataluña entre 1985 y 1994, recibieron fuertes cantidades de dinero en cuentas corrientes de Suiza por supuestos servicios de asesoría al grupo Torras.La suspensión de pagos de Torras, producida después de que desaparecieran cientos de miles de millones durante la gestión del financiero Javier de la Rosa, es un foco de corrupción que periódicamente sorprende a la opinión pública con asuntos turbios que, como se ve, pueden alcanzar también a servidores públicos.

Las pruebas contra Aguiar y Huguet tienen el calado suficiente como para que se abra una investigación exhaustiva de sus actividades públicas y privadas concomitantes durante su etapa al servicio de la Administración. Es inmoral que un cargo público preste asesoramientos en materias de su competencia a una empresa privada; es legítimo preguntarse si los supuestos pagos hasta ahora conocidos (domiciliados en entidades suizas, lo cual no es ilegal, pero sí sorprendente en servidores públicos) otorgaron a sus pagadores impunidad frente a las actuaciones de Hacienda, recreando así la tan arraigada idea de que no todos somos iguales a la hora de cumplir los deberes fiscales. Han podido cometerse delitos de cohecho (remuneración a cambio de favores), prevaricación (decisiones tomadas a sabiendas de que son injustas) o abuso de los privilegios de un cargo público. La Fiscalía Anticorrupción ya ha mostrado su disposición a investigar el caso; deben ser los tribunales, en todo caso, los que se pronuncien sobre las eventuales responsabilidades penales.

Pero llama la atención el estruendoso silencio de la Secretaría de Estado de Hacienda sobre los hechos comprometedores conocidos. Aguiar y Huguet eran funcionarios de muy alto rango en la estructura jerárquica de Hacienda pública, públicamente comprometidos con un discurso de rigor ejemplarizante contra el fraude fiscal, en sintonía con el entonces secretario de Estado, José Borrell. Un gesto esperable en este caso, para demostrar al menos la preocupación administrativa por el comportamiento de dos de sus antiguos funcionarios, es que Hacienda inicie una investigación interna paralela a la que probablemente abra la Fiscalía Anticorrupción, acompañada de un pronunciamiento sobre el asunto.

Ese gesto todavía no se ha producido, y es necesario. Porque, con independencia de los resultados de la investigación judicial, resulta que la conducta de los funcionarios de la Hacienda pública y de los altos cargos de la Administración tiene un carácter pedagógico para el resto de los ciudadanos. Es un hecho grave que, a veinte días del comienzo de la campaña de declaración de la renta, los contribuyentes se encuentren con que los máximos perseguidores de las primas únicas, por citar un ejemplo, compartían su tarea moralizadora con la asesoría fiscal de un grupo económico.

La actuación de Aguiar y Huguet suministra además combustible adicional para el deterioro de las relaciones entre el cuerpo de inspectores y la cúpula de la Agencia Tributaria. Es conveniente que se aclaren cuanto antes los hechos, se depuren las responsabilidades y se garantice que no existen otras ramificaciones.

Algo debe decir Hacienda y cuanto antes al común de los contribuyentes, que pueden sentirse algo desmoralizados también por el ejemplo de dos ministros del actual Gobierno -Piqué y Arias-Salgado-, de los que se ha sabido en los últimos meses que crearon sociedades instrumentales para aliviar sus cargas tributarias. ¿Quiere el Ejecutivo de Aznar que todos los contribuyentes paguen sus impuestos del mismo modo? Nada tienen que ver estos dos casos con lo que ha aflorado en los sumarios judiciales de Torras, pero tienen en común el efecto desalentador para los ciudadanos.

José María Huguet y Ernesto Aguiar, los dos ex altos cargos de Hacienda que supuestamente cobraron de los antiguos gestores de Torras, llegaron a recibir en sus dos cuentas en Suiza más de 1.000 millones de pesetas entre agosto de 1990 y septiembre de 1992, según la documentación judicial de Suiza a la que ha tenido acceso este diario. Ambos altos cargos abrieron sus cuentas numeradas en un banco de Ginebra (Suiza) en agosto de 1990, mientras seguían en activo en Hacienda. Aguiar dejó su cargo en octubre de 1990, mientras que Huguet lo hizo a finales de 1994. Este último dejó su cargo de jefe de la Inspección en Cataluña que había desempeñado desde 1985.

La documentación que recoge la existencia de estos movimientos bancarios fue desvelada por el juez suizo Tapolet en el curso de una investigación de las autoridades suizas relacionada originalmente con el caso Torras. El informe incluye los correspondientes formularios A en los que ambos, Huguet y Aguiar, reconocen ser los beneficiarios finales de las respectivas cuentas.Según esa investigación judicial, la cuenta de José María Huguet, abierta en agosto de 1990 en la sucursal suiza del banco Paribas, ingresó una cantidad de 660 millones de pesetas entre septiembre de 1990 y la primavera de 1993, aplicando a las diversas divisas (dólares, marcos alemanes, ecus y francos suizos) los cambios de la fecha en que se registraron las distintas operaciones detectadas.

La cuenta 064073 de Huguet en Paribas recibió un ingreso inicial de 1.580.074 ecus (203 millones de pesetas de la época). Desde ese momento fue recibiendo ingresos regulares en pesetas y en divisas. El primero de esos ingresos documentados llegó de otro banco suizo, Lombard Odier, el 31 de octubre de 1990 y fue de 662.500 dólares (casi 64 millones de pesetas). La referencia del ordenante del ingreso es una desconocida sociedad denominada Douax Holdings.

En noviembre de 1990 se registra el tercer movimiento importante, en este caso por 137.500 dólares. Se trata de uno de los pagos realizados con dinero de Torras, aunque los abogados de esta última sociedad afirman que podría tratarse de pagos particulares del abogado Juan José Folchi o de Javier de la Rosa.

Después continúa un rosario de ingresos en marcos alemanes, ecus, pesetas y francos suizos. Los más significativos son los siguientes: 25 millones de pesetas, en febrero de 1993, ordenado por la sociedad Greenscope Investment Limited, desde el Royal Bank of Scotland, de Londres. El 8 de septiembre de 1992 se registraron dos ingresos, de 229.660 ecus y 478.294 marcos alemanes, aparentemente ordenados desde otras cuentas en el mismo banco Paribas.

Como consecuencia de la práctica establecida en el sistema bancario suizo, no hay más datos sobre la procedencia de los ingresos que, a la vista de la cuantía y cadencia, es muy poco probable que procedan exclusivamente de Torras.

En apariencia, Huguet, siempre según los formularios enviados por los bancos suizos al juez Tapolet, comenzó a liquidar su cuenta en Paribas en el mes de abril de 1993. Concretamente, el 16 de ese mes se produjeron cuantiosas retiradas en efectivo: quedaron registradas salidas, al menos, de 1.523.548 ecus y 25 millones de pesetas.

Algo parecido sucedió en el caso de la cuenta del ex director de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Ernesto Aguiar, pero algo antes. El 8 de marzo de 1993 se retiraron de su cuenta, también en efectivo, 766.310 dólares y 1.228.730 marcos alemanes.En total, los movimientos de ingreso detectados en la cuenta 06074 de Aguiar suman unos 395 millones de pesetas, aplicando como en el caso anterior el cambio correspondiente a cada divisa en la fecha de la transferencia.

Curiosamente, Aguiar, al igual que Huguet, realiza un importante depósito inicial en el momento de abrir su cuenta el 27 de septiembre de 1990. Se trata de 1.158.074 ecus.

En total, la suma de los movimientos de ambas cuentas es de 1.055 millones de pesetas, aunque en algún caso se registran movimientos duplicados, al haberse transferido cantidades de una a otra.

En cualquier caso, esta no sería la suma total de haberes que pudieron llegar a registrarse, pues el dinero estuvo en constante movimiento. Por ejemplo, mediante depósitos fiduciarios en otras entidades o en títulos de deuda pública, desde una duración de tres o seis meses a las más rentables de tan sólo 48 horas. También se producen compras de acciones o de deuda de grandes empresas. Ese era en esencia el servicio prestado a ambos por los administradores del banco suizo.

Huguet aparece como la única persona con poder para mover dinero en su cuenta. En el caso de Aguiar, figura también su esposa, Rosario Carrobé Gené. La clave para el acceso a la cuenta de Aguiar es, curiosamente, la palabra Lérida, lugar de nacimiento de los dos ex altos cargos de Hacienda.

LA JUEZ que investiga el caso Torras tomó ayer declaración a Ernesto Aguiar y a Josep María Huguet, ex altos cargos de Hacienda que reconocieron haber ocultado al fisco ingresos de cientos de millones de pesetas. El aplomo de que hicieron gala puede resultar sorprendente, pero recuerda al que otras personas hoy condenadas por corrupción exhibieron cuando comenzaban a ser investigadas. Como Luis Roldán y tantos otros, ambos tratan de admitir lo menos para autoexculparse de lo más. Pero serán los jueces, y no ellos, quienes determinarán si los más de mil millones acumulados en sus cuentas suizas esconden sólo un fraude a Hacienda o también delitos de cohecho y prevaricación. De ser esto último, guardaría relación con los manejos de Javier de la Rosa, un financiero que ha acreditado gran capacidad para contaminar todo lo que toca, y que hoy está en prisión.El pasado día 19, Aguiar y Huguet admitían por escrito, como quien lava, que ellos, los terribles perseguidores del fraude fiscal, eran unos defraudadores; pero lo hacían sólo para rechazar a renglón seguido y con gran contundencia haber cobrado por servicios a De la Rosa, según la sospecha obvia que se deducía del hecho aceptado de que había sido el abogado del famoso financiero, Juan José Folchi, quien había ingresado gran parte de la cantidad que nutrió sus cuentas suizas. Ayer reiteraron su coartada ante la juez: que les dio apuro reconocer -en la correspondiente declaración de la renta- que en muy poco tiempo los cinco millones invertidos en la Bolsa se habían transformado en cerca de 500; y que por eso no declararon esos ingresos y recurrieron a los servicios del citado letrado para que les arreglase la cosa. En Suiza.

Tienen derecho a defenderse, incluso mintiendo, y a la presunción de inocencia. Pero es evidente que su explicación es coherente con la pretensión de impunidad por prescripción del delito fiscal. Éste prescribe a los cinco años, mientras que el de cohecho o prevaricación no lo hace hasta que hayan transcurrido diez.

Tal vez sea verdad lo que declaran, pero, primero, lo que dicen es suficiente como para que su actuación sea considerada un ejemplo máximo de desvergüenza; segundo, es poco verosímil. Y si el asunto ha provocado tanta indignación en todo tipo de ciudadanos-contribuyentes es por el contraste entre el comportamiento público de esas dos personas, adalides de la decencia pública, famosos por la dureza de su discurso contra los sospechosos de no cumplir sus deberes con Hacienda, y su comportamiento personal como contribuyentes privados. Con razón dicen los psicólogos que todo discurso demasiado enfático suele ocultar lo contrario de lo que proclama.

La inculpación por la juez Palacios de Ernesto Aguiar y José Maria Huguet ha puesto en marcha una nueva faceta procesal del caso Torras/Kio, cargada de consecuencias jurídico-penales para ambos acusados y de implicaciones político-electorales para el PSOE. Este episodio ocupará un destacado lugar de deshonor dentro de la infame crónica de escándalos de corrupción de estos años. Aguiar fue delegado de Hacienda en Cataluña hasta 1988 y director general para la Coordinación de las Haciendas Territoriales hasta 1992; Huguet desempeñó la jefatura de la inspección tributaria en Cataluña entre 1985 y 1994. Ambos acusados han reconocido ante la magistrada de la Audiencia Nacional que durante el periodo 1985-1990 ocultaron cerca de 500 millones en sus declaraciones de la renta; también han confesado el origen de esa fortuna (operaciones de bolsa realizadas clandestinamente con un capital inicial de 10 millones) y la ayuda prestada por Juan José Folchi, abogado de Javier de la Rosa, para ingresarlas en cuentas secretas de Suiza. Estos astutos inculpados, aunque han reconocido la autoría de esos delitos menores ya prescritos, desmienten enérgicamente cualquier acusación de cohecho.Durante esos años, el Gobierno socialista lanzó grandes campañas publicitarias para recordar a los ciudadanos su deber moral de contribuir («Hacienda somos todos») y llevó ante los tribunales como escarmiento a algunos defraudadores famosos. Aguiar y Huguet, sin embargo, no aplicaron a sus fraudulentas declaraciones de la renta el rigor inquisitorial desplegado contra los restantes contribuyentes incumplidores; aprovechando su doble condición de juez y parte, estos cínicos émulos de Torquemada, infieles depositarios de la información privilegiada acumulada por el Ministerio de Hacienda, ocultaron los astronómicos beneficios obtenidos -dicen- gracias a un chiringuito bursátil. Aun aceptando, cosa difícil, que esas sumas millonarias no procedieran de sobornos pagados a los inspectores a cambio de su benevolencia, el caso Aguiar/Huguet es nauseabundo: no hay atenuantes para el comportamiento farisaico, prepotente y ventajista de unos funcionarios de Hacienda consagrados a sermonear a los contribuyentes sobre sus obligaciones fiscales y a perseguirles por el menor incumplimiento, pero resueltos al tiempo a defraudar al Tesoro abusando de su privilegiada posición.

Este escándalo salpica inevitablemente al candidato socialista a la presidencia del Gobierno. No se trata sólo -aunque también- de que Borrell fuese secretario de Estado de Hacienda mientras altos cargos de su confianza defraudaban al fisco y se enriquecían mediante procedimientos entre los que podría figurar el cohecho; además, Aguiar y Huguet pertecen a su círculo de amigos personales, como pone en evidencia la simultánea adquisición en 1992 de tres apartamentos contiguos en una estación de montaña. Tomadas cada una por separado, la relevancia pública y la dimensión privada de la proximidad entre el candidato socialista y los inculpados hubiese sido ya incómoda; la coincidencia de la confianza política y de la amistad personal depositadas sobre esas dos personas por el indivisible secretario de Estado de Hacienda Borrell constituye una mezcla explosiva.

A fin de sembrar cizaña, confundir a la opinión y suministrar una coartada paranoica a los afectados, algunos periodistas al servicio del Gobierno han difundido la abracadabrante y disparatada teoría según la cual el caso Aguiar/Huguet sería un torpedo lanzado contra el candidato por la Ejecutiva socialista. Con la seguridad de haber hecho firmemente presa en el escándalo, el PP mantiene por ahora un perfil bajo de denuncias para poder jugar con el candidato -como el gato con el ratón- hasta las elecciones generales. En el prólogo a la edición castellana de La Tercera Vía, de Tony Blair (Aguilar, 1998), Borrell cierra sus reflexiones sobre la creciente desafección de la sociedad hacia los asuntos públicos con una certera conclusión: «Hoy más que nunca los ciudadanos merecen un respeto por parte de los políticos». A su conciencia y a su sentido común corresponde decidir ahora si su candidatura a la presidencia del Gobierno puede ser o no interpretada por los potenciales votantes socialistas como una muestra más del desprecio con que los profesionales del poder tratan a los electores.

Javier Pradera

No se puede desafiar impunemente la voluntad del cesar. Borrell ganó el primer asalto de las primarias a González, que había preparado con mimo el escenario de su vuelta al ruedo político. A un hombre de confianza, Almunia, le encomendó delicadamente la misión de perder las elecciones del año 2000. El clamor socialista reclamaría entonces el retorno del líder indiscutido. González volvería para sacrificarse abnegadamente, por España y por su partido, y vencer en las elecciones de 2003 o el 2004, devolver los bonsáis a su luar de descanso en la Moncloa y encender el pelo a los ingratos, a los desertores, al os críticos, al os traidores de los años oscuros tras la derrota a los puntos de 1996, José Borrell vino a desbaratar con su altiva victoria en las primarias los designios de González. No tuvo agallas para convocar un congreso extraordinario y hacerse con todo el poder. Estaba perdido. Las primarias sólo habían comenzado tras el triunfo inesperado del dirigente rebelde. González tejió sus telarañas desde Gobelas con sutileza florentina y, ayer, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno se hincó de inojos ante el césar, renunció a su candidatura y dejó expedito el camino para el retorno del felipismo. Devastado Borrell, bombardeado el tapado Solana, bonificado Bono, Felipe González decidirá ahora, como siempre, que lo diga Guerra, lo que le venga en gana. El PSOE, que representa a la mitad de los españoles, es él y sólo él. Lo demás, historias para no contar, pesadillas pasajeras, nubes del cálido y corto verano, otros cielos dorados.

Luis María Anson

José Borrell denunció la corrupción, hizo un gesto de romper la omertá, pero ya lo han liquidado. El que dio la vuelta a los sondeos y a los designios no fue capaz de desfelipizar y descontaminar al Partido Socialista y ahora se ha hundido en la charca, infeccionado por la corrupción; no de la meseta, sino la del principado. Si han seguido la cacería, habrán observado que los más crueles con él han sido sus compañeros de partido.

Uno le recordó irónicamente que si fuera secretario de Estado de Hacienda tendría que dimitir.

Felipe y Bono hacen ejercicios de calentamiento, pero es Almunia el que tendrá que conducir ese aparato destartalado hasta las elecciones generales. El PSOE tiene una gran fascinación por el abismo y ha prescindido de alguien que tuvo el espaldarazo de las masas. El aparato, como un doméstico indócil e infiel no ha querido arroparle en los grandes cols que quedaban para llegar a una meta que ya tiene ganador.

A pesar de su condición de jacobino, y tal vez por eso mismo, Borrell ha sido alcanzado por el tintineo del nacionalismo de casino. Esa mezcla de tiburones y patriotas, sin control mediático y sin oposición, que fue el pujolismo, ha resultado letal para los políticos. Los ha devorado. Contad los muertos: Serra, Salas, Piqué, Prenafeta, Roca, Cullel, Alavedra, Borrell. En ese casino de la patria, en el que Pujol era el gran crupier, De la Rosa tenía el papel de presta. Pero De la Rosa está en la banasta y sólo el tetrarca es, hasta ahora, invulnerable.

Ya saben que cualquiera que sea su duración, las instituciones llevan en sí el principio de su propia destrucción, excepto el pujolismo, una fuerza periférica, que sirve para reforzar la techumbre del centro. José Borrel atrapado en su propio aparato, tenía conexiones con el garito y ahora se las han sacado. ¿Quién? El Régimen, la Razón de Estado, la razón de Cataluña. Los miles de millones de petrodólares que volaron han ensuciado hasta el armiño.

Allí en un principado convertido en virreinato, el favoritismo, el despilfarro, el tráfico de favores en la Administración se iniciaron con los casinos y las tragaperras; después, las barajas con las que se jugaban eran hechizos y como las del Buscón, tenían más flores que un mayo. Casi toda la clase política ha navegado en el yate Blue Legend (Leyenda azul) o ha trincado en algún momento de la gobernación; pocos quedan que no hayan hecho un autógrafo en uno de los cheques de JR.

JR tuvo a políticos, directamente, en nómina. Fue el financiero del catalanismo. «El avión privado de JR -escriben Manuel Pérez y Xavier Horcajo en El tiburón- era una especie de palco del Liceo para los cargos del Gobierno catalán. El petrodólar mantenía periódicos y subvencionaba partidos. El caso Huguet y la apoteósica caída de Borrell me recuerdan al estraperlo, aquella mezcla de lerrouxismo y leonera, con la ruleta amañada, que permitía que siempre ganara la banca. Lo inventaron Daniel Straus y un tal Perlo y de la unión de los dos apellidos surgió esa palabra tan castiza. Entonces también se compraron políticos y cayeron gobiernos. Al pobre Borrell lo han cogido de mirón y de lila en el caso Huguet y Aguiar, versión actualizada del estraperlo.

Raúl del Pozo

EL MEJOR Borrell fue el de su despedida como candidato. El estilo directo y el tono sereno de su explicación recordó al del candidato que tantas esperanzas despertó hace un año, cuando ganó las elecciones primarias. La mayoría de los políticos acogió con respeto una renuncia que a partir de hoy pone muy alto el listón ético en esa profesión. Su argumento fue que en política el cumplimiento estricto de la legalidad es imprescindible, pero no suficiente; que hay valores que deben dominar la acción política, por encima de las conveniencias partidistas. Como conclusión, que aunque no ha habido nada ilegal en su comportamiento, su proximidad personal a Aguiar y Huguet extiende una sombra de duda que podría perjudicar la imagen del PSOE o las expectativas de sus candidatos en las elecciones inmediatas.Por lo que se sabe, Borrell tiene razón en ambas cosas. No hay en su actuación nada reprochable desde un punto de vista penal, civil o ético. Pero el hecho de que su ex mujer participase en un fondo de inversiones junto a uno de esos antiguos colaboradores, convertidos hoy en símbolo máximo de la desvergüenza, refuerza la impresión de que no se trataba sólo de funcionarios desleales, sino de personas de su entera confianza personal. Por ello, su decisión de renunciar es prudente, y seguramente sabia. Aunque se haya visto favorecida por otros factores.

El escándalo Huguet-Aguiar, vinculado a un personaje tan nefasto para la vida española como Javier de la Rosa, ha afectado a Borrell en órganos vitales. Por una parte, le golpea en su estandarte de político libre de toda sospecha: que sus dos Savonarolas de confianza hayan resultado como mínimo sendos defraudadores a gran escala proyecta una imagen sobre Borrell insoportable para su propia estima. Por otra, le trabaja su punto flaco: el de su discutible perspicacia para seleccionar a sus colaboradores. La combinación de ambos golpes dejaba a Borrell a la intemperie: a merced de un PP cuya única defensa frente al desenmascaramiento de espabilados tipo Piqué o Arias-Salgado ha sido exclamar: ¡Pues mira que tú!

Pero la historia no se acaba con la renuncia de Borrell: fue éste quien ayer encarnó, en su derrota, la dignidad del político, y no el triunfante portavoz del Gobierno al responder a los informadores que el PSOE «no está en condiciones de dar lecciones». A él y a su partido sí se la dieron ayer. Una gran lección a la arrogancia de quien se siente políticamente impune, y que se extiende a otros dirigentes del PP: al ministro de Fomento por su peculiar manera de administrar sus bienes familiares, y a la candidata del PP al Parlamento Europeo, Loyola de Palacio, que tampoco parece haber acertado al rodearse de altos colaboradores que aprovechaban las subvenciones de la UE para su propio beneficio. José Borrell les puso ayer ante el espejo de su propia incoherencia: el cumplimiento de la legalidad es imprescindible, pero no suficiente para los políticos.

No habiendo reproche de irregularidades, Borrell podía haber intentado seguir, una vez ofrecidas las explicaciones oportunas (que se habían demorado más de la cuenta). De esas explicaciones se deduce que la participación de su ex mujer, con una cantidad modesta, en un fondo de inversiones gestionado por Huguet no tiene nada que ver con el dispositivo que enriqueció a los dos funcionarios de las cuentas suizas. Entonces, ¿por qué la renuncia? Porque esa participación confirma la existencia de una fuerte relación personal con dos presuntos delincuentes que como mínimo abusaron de su confianza sin que funcionara ningún mecanismo de alerta. El PP, tocado ya por serios asuntos de corrupción, y que hace bandera de la reducción de impuestos, habría preferido competir con un candidato al que pudieran tapar la boca recordándole sus amistades peligrosas.

¿Y ahora? En la situación en que se encuentra el PSOE sólo una cosa sería peor que caer en la melancolía: sucumbir a la tentación de la ocurrencia. Creer que basta encontrar un candidato con encanto para suplir las carencias programáticas o la simple falta de ideas. No basta querer ganar, hay que saber para qué se quiere ganar. Y eso no se improvisa en una reunión de urgencia. En las varias elecciones del 13-J, el PSOE parte de resultados tan malos, especialmente en las europeas, que no le será difícil mejorarlos. Y a ello debe dedicar todos sus esfuerzos, pese la crisis puesta de manifiesto por la renuncia de Borrell. Será después de las elecciones cuando la dirección deba resolver el vacío en su candidatura a la presidencia.

Muchos políticos amagan con dimitir, pero se quedan. La experiencia enseña que no es difícil encontrar las más nobles coartadas para no irse, o al menos para aplazar la decisión. A José Borrell le honra haber sabido desechar esas tentaciones; en lugar de atrincherarse, como hubiera deseado el sector más oportunista del PP, ha sido coherente con su compromiso.

Dice Josep Piqué, objeto de todas las comparaciones, que los socialistas no están «en condiciones de dar lecciones de rigor ético». Y lleva razón. Precisamente por esto, José Borrell ha hecho lo único que éticamente es relevante: tomar una decisión. Los sermones encubren, las decisiones clarifican. Precisamente porque Piqué tampoco está en condiciones de dar lecciones de rigor ético, también él será juzgado por lo que haga y no por lo que diga. Y en este punto estamos: Borrell se ha ido y Piqué sigue. El fantasma de la dimisión de Borrell perseguirá inevitablemente a Piqué. Muchos exorcismos tendrá que practicar para ahuyentarlo. Todo hace pensar que la terquedad va a deparar tiempos difíciles al ministro. La filosofía espontánea de los políticos tiene algo de ridículamente varonil. La política, dicen, sólo es para gente curtida, capaz de aguantar lo que le echen. Como si fuera cuestión de machos desafiándose en una taberna del Far West. Los dos reproches principales que se le han hecho a Borrell, incluso desde sus propias filas, son de esta penosa cultura de gallitos de pelea: el político debe demostrar fortaleza para soportar cualquier trance y es inaceptable dar muestras de debilidad frente al adversario. Precisamente por esto, la decisión de Borrell incomoda a muchos, y si sus consecuencias no serán mayores es por la crisis de confianza que hay en la sociedad respecto de los políticos. Me contaba un dirigente socialista que, a medida que sus compañeros de dirección se iban enterando de la dimisión de Borrell, todos hacían la misma pregunta: «¿Hay algo más?». Después de ver caer todo lo que ha caído, nadie se atreve a poner la mano en el fuego por alguien. Si hasta los compañeros de Borrell dudan, cómo no va a dudar la ciudadanía. Se han dado tantos motivos para la desconfianza que la presunción de inocencia se ha convertido en un imposible. Se reconoce la dignidad del gesto de Borrell, pero se hacen muchas restricciones a la hora de expresarlo por miedo a que dentro de unos días resulte que más que una noble renuncia era una huida. La presunción de inocencia es una institución fundamental en la democracia porque afecta al respeto debido entre unos y otros. Hay un uso perverso de la presunción de inocencia que no ayuda a su prestigio: no entenderla como un derecho, sino como una argucia para eludir responsabilidades. Sin un mínimo de confianza, la presunción de inocencia no existe. Hoy en la sociedad española no hay la confianza suficiente con los gobernantes. Están bajo sospecha. El caso Borrell cae en este clima. Y por esta razón su principal consecuencia, elevar el listón de la exigencia democrática, corre el riesgo de perderse. Borrell lo ha dicho: en política, cumplir la ley no basta. El liderazgo democrático pide un plus de autoexigencia. Es hora de convertir en uso democrático la dimisión de los políticos que por acciones pasadas o presentes, aun sin incurrir en ilegalidad, quiebren el principio de confianza. Sin embargo, ha quedado patente el miedo a que el gesto de Borrell cuajara entre una ciudadanía, especialmente la de izquierdas, que se ha sentido completamente abusada por sus dirigentes políticos. Adversarios e incluso correligionarios de Borrell han corrido a minimizar los hechos. Cuando Almunia dice que Borrell ha hecho un gesto excesivo se equivoca. Sólo desde esta exigencia de hechos y no de palabras el PSOE puede recuperar la dignidad perdida. Cuando el PP pone todo el énfasis en los conflictos internos del partido socialista sólo pretende desvalorizar lo que pudiera convertirse en un patrón de medida por parte de la opinión pública. Y cuando Pujol carga contra la política basada en acusaciones, ¿qué ofrece como alternativa? ¿La doctrina como coartada para todas las corruptelas?, en nombre de la patria, por supuesto. Borrell se ha ido. Con el tiempo se disiparán las dudas que ahora planean sobre su decisión. En ningún caso la salida de Borrell debe ser motivo para que el caso Aguiar-Huguet pierda interés y transparencia. Es entre otras cosas una oportunidad excepcional para recordar con hechos, documentos y pruebas que no hay corruptos sin corruptores, y que cargar toda la atención sobre los políticos es convertirlos en chivo expiatorio de unos negocios en los que, a menudo, los principales beneficiarios salen de rositas. La política debe volver a los parlamentos. La democracia no puede vivir sólo del debate de la corrupción que todo lo desvaloriza y todo lo contamina. Pero esconder la corrupción bajo el manto de la ideología sólo sirve para que la metástasis se haga tan grande que el día que se levanta la primera alfombra cae un régimen entero. Recordemos Italia. La democracia sólo se enriquece si encuentra el punto de equilibrio que permite optimizar la relación entre política y transparencia. Esperemos que el segundo efecto Borrell sea más duradero que el primero.

El ruido. Inevitablemente, como un viento azuzando las llamas, la augusta dimisión de Borrell no ha generado la tranquilidad política que sin duda perseguía sino, al contrario, un mayor ruido. Lo que pretendía ser un punto y aparte, un gesto de coherencia (incluso, ¿por qué no?, una comprensible elegía: «no puedo más, aquí me quedo»), se reconvierte en uno de tantos ingredientes del gran festín mediático, en un condimento picante de rumores y juicios de intención, generador de flatulencias internas en el PSOE y de gozosos jadeos en los que se confunden voces de amigos y enemigos. No sabemos muy bien cuándo llegó el ruido, pero está ahí desde hace años y no parece que sea posible, por medio alguno, depurarlo aunque sólo sea un poquito. Nuestra democracia es, por edad, una joven veinteañera, pero parece ya una Celestina desdentada y maloliente entronizando la picaresca, acogiendo bajo su protección a todos los malandrines, expulsando a los bienintencionados, infectando con sus tráficos, reconvirtiendo en bronca y bullicio lo que durante la transición parecía ser prudencia, serenidad, altura de miras. El cazador, la caspa y el acantilado. Borrell no ha sido ajeno a este ruido. Cazador cazado, quemó todas las rentas de campeón de las primarias intentando asaltar el castillo de la corrupción del PP. Era inevitable que, buscando lanas corruptas, saliera Borrell trasquilado. Lo ha sido por causa de sus dos deplorables compañeros de Hacienda, estos hipócritas de corte clásico (inflexibles perseguidores de los pecados del prójimo, los mismos pecados que ellos, a lo grande, cometían). Pero, de no haber sido por estos consumados hipócritas, otros rastros repelentes de los gobiernos de González le habrían salpicado. Parece una impostura que alguien, por honesto que sea personalmente, se desplace como un purista arrastrando las enormes bolas de hierro de un pasado impuro. La hipoteca del felipismo (sin duda exagerada por robespierres de regadío y demagogos a sueldo, pero hipoteca al fin) está ahí: no es posible no verla. No estará cancelada hasta que todos los ministros y dirigentes conectados con los gobiernos de González entiendan que deben buscarse la vida lejos de la política. Pues ¿qué sentido tendría que se jubilara justamente el único que, a pesar de los pesares, tiene arrastre electoral? ¿Será Felipe el único en comprender que los innegables méritos de su etapa han quedado eclipsados por un terrible lastre? Un joven socialista dijo que en el PSOE hay mucha caspa. ¡Si se tratara sólo de caspa! El (o)caso Borrell demuestra que no basta con el champú de un peluquero marchoso para eliminar el plomo. Puede que la espuma de Borrell sea el complemento ideal al experimento de las primarias: algo así como de repente encontrarse frente a un acantilado. Imposible volver atrás, porque allí están las fieras. Hay que saltar. La madeja y la lluvia. En Cataluña, uno de los primeros en hablar del (o)caso Borrell fue, naturalmente, Pujol. Sabemos por qué al coriáceo presidente le parece mal la política fundamentada en la denuncia. Aunque no pueda demostrarse nunca nada, casi todo el mundo en Cataluña sabe que el pujolismo usa el plomo de sus vicios para pescar votos. ¿Como? Mezclando, a muy bajos niveles, política y negocietes, militancia y pequeña renta. La madeja es en Cataluña tan espesa como, en general, irrelevante. Más que grandes embolados millonarios, lo que funciona es la clásica filosofía de peix al cove aplicada al por menor. Peix al cove para la gente próxima: la nostra gent. El pequeño mundo convergente, muy homogéneo, conoce los beneficios de aproximarse al partido (tanto monta: C o U). Suele ser importante callar, no discutir, aceptar directrices, fer bondat. No dudo que este mismo tipo de filosofía casera funcione igual de bien en los feudos de Baleares, Extremadura o Andalucía. El primero en popularizar este tipo de redes fue el pícaro Juan Guerra, que negociaba prebendas colando de refilón el nombre de su hermano Alfonso. También de un hijo de Pujol, no sé cuál, se decía que se presentaba mostrando nada más que una tarjeta con sus dos sonoros apellidos. En fin. Nadie (excepto, seguramente, Fraga) ha sabido sortear como Pujol las heces de sus años de gobierno sin mancharse. El otro día, en Palamós, un mecánico que se dedica a reparar barcas deportivas comentó sin darle apenas importancia que, para conseguir los difíciles amarres en el nuevo puerto, «hay que tener el carnet». Lo gordo no es que esto sea o no cierto, sino que un tipo despolitizado como aquél lo contara con indiferente naturalidad. Así se hablaba en tiempos de Franco de tantos procedimientos administrativos. Los «afectos al régimen» sabían cómo conseguir enchufes, saltar vallas legales, obtener el empleo deseado, beneficiarse de la cosa pública. Veinte años después, con justificaciones opuestas, funciona otro régimen que ha generado parecidos vicios. No va saltar por más que se le ataque este flanco. La madeja se refuerza, se blinda, se encierra en sí misma frente a las críticas, de la misma manera que la almeja, al ser agredida, se encierra entre sus conchas. A estas alturas, cuando todo parece pringoso, cuando todos -incuso los de las manos más sucias- alzan la voz contra la corrupción, denunciarla es, simplemente, aumentar el ruido. Maragall habló un día de la necesidad de un viento higiénico y potente como la tramontana. Pero en esta imagen ha quedado fagocitado Borrell, hacedor de vientos. Mejor sería hablar de la lluvia. Tranquila, persistente y tenaz. Este país recalentado y reseco por tantos años de economía casera, de secretas heces y conformismos varios, necesista una lluvia que refresque el ambiente y permita que afloren los verdes de la esperanza. Si la coartada es sentimental, la contraoferta debe también serlo: frente al gesto huraño y mercantil, la simpatía; frente al claustro patriótico, una múltiple y desacomplejada identidad de muñeca rusa, que las contiene todas. A alguien puede sonarle cursi, pero sólo si la irritación (que deja como estela la madeja convergente) se reconvierte en ilusión, va a saltar el engrudo y será posible la higiene del cambio.

José Borrell ha dimitido como candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, que aún no están convocadas, por el partido socialista. En realidad, ha dimitido de un puesto, que tiene una existencia discutible. Pero su designación directa por votación de los militantes del PSOE pareció, en principio, un método renovador. Se confiaba en que produciría un efecto democrático y que su influencia se contagiaría contribuyendo a regenerar la vida de los partidos políticos anclados en la ley de hierro de las oligarquías. Eran los días del efecto Borrell. Un efecto fugaz, que padeció un primer eclipse fulminante tras la intervención algo desafortunada del candidato en el debate parlamentario sobre el estado de la nación. Además, el encaje de la figura del candidato en el esquema de poder del PSOE, la bicefalia así inaugurada, producía disfunciones muy visibles. Ese era el resultado tanto de la falta de costumbre como de otras erosiones y desconfianzas suscitadas durante la campaña de las primarias que, por fin, parecieron superarse con protestas de mutua lealtad y prudente separación de atribuciones con la secretaría general y la Comisión Ejecutiva del partido. Borrell había sido un magnífico candidato a candidato. Pero tras su proclamación, el tono quejumbroso, de víctima, que tan rentable había sido en su pugna con Joaquín Almunia y el aparato enseguida se probó inapropiado ante audiencias mucho más diversificadas. La nueva tarea por delante consistía en devolver al partido socialista probabilidades de victoria, configurar una verdadera alternativa de Gobierno, pero en esa tarea va a quedar inédito. Enseguida se ha visto que el contagio previsible a otros partidos de las primarias socialistas ensayadas por Borrell tiende a cero.Con la lógica vigente, a partir del momento en que Borrell y el aparato de Ferraz resolvieron sus diferencias y del establecimiento de una leal colaboración entre la Ejecutiva y la oficina del candidato, el Partido Popular tomó nota y se concentró en batir ese objetivo. Por eso, se aceleró la oportuna aparición en Barcelona de dos altos funcionarios de la Agencia Tributaria, los señores Huguet y Aguiar, cuyos enjuagues le habían pasado inadvertidos a Borrell cuando ocupaba la Secretaría de Estado de Hacienda. Entonces el candidato aparentó impasibilidad y se autodenominó corredor de fondo. La Ejecutiva quiso solidarizarse y le ofreció su apoyo unánime en una declaración que sonó como las habituales de las directivas de los clubes de fútbol en vísperas de destituir al entrenador que viene cosechando malos resultados.

Las circunstancias se precipitaron y Borrell se aplicó la esperanzadora doctrina Gallardón. Una doctrina según la cual hay exigencias adicionales, más allá de la estricta legalidad, que deben cumplir quienes eligen la esforzada senda de la política. De ahí, que el candidato optara por la retirada, decidido a evitar perjuicios a su partido. La actitud de José Borrell le ahorra la agonía interminable que le esperaba en adelante. Pero, en una escala más amplia, debería tener otras consecuencias oxigenadoras. El movimiento del candidato al retirarse ha sido el de un judoka, que transforma en energía favorable la fuerza del adversario. Borrell ha movido ficha y ha dado un estímulo para que ahora la muevan los demás que se encuentran en circunstancias discutidas. Así los que alardean de la optimización fiscal de sus ingresos, los de las subvenciones desviadas, los de la trama del lino ardiente y los de otros asuntos varios de explosivos y construcciones, que se anuncian ya para esta feria.

Tranquilos porque en el Gobierno no hay contagio. Piqué no ha querido darse por aludido ni tampoco Loyola del Palacio, atareada como anda en que la banda se le vuelva cruz. Sintonizan bien con su presidente, quien, tras saludar en gaélico en un pub de Dublín, ha sentenciado que «las políticas socialistas acarrean fraude y corrupción». Delenda est Cartago socialista. En cambio los romanos populares, son inatacables por esos ácidos como los metales nobles o, al menos, son ignífugos, inasequibles a la dimisión. Vale. Pero, cuando escuchamos al presidente Aznar en la tribuna del Congreso que los del PP por mucho que defrauden y prevariquen nunca podrán alcanzar las cotas socialistas, recordemos otros excesos de modestia como el de los dirigentes del PSOE afirmando que no estaban preparados para ver brotar la corrupción en sus filas y repitamos con Galileo eppur si muove.