El ex dictador de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías, es ejecutado tras un juicio orquestado por el actual dictador Teodoro Obiang

DE TODOS Ios tiranos derrocados en los últimos meses, Macías es el único que ha sido capturado por sus vencedores. Podría incluso pensarse que hay una convención tácita para evitar cualquier forma de proceso y castigo, o el sobresalto de una ejecución sumaria. La salida de Somoza de Nicaragua fue pactada, como la del sha en Irán; el golpe de Centroáfrica se produjo en el momento en que Bokassa estaba en Libia. Pero Macías fue detenido en Guinea Ecuatorial, y ello ha provocado el extraño proceso de Malabo, la causa 1/79 de la Auditoría Militar guineana.Se da por sentado el carácter criminal de la presidencia de Guinea Ecuatorial; desde la más brutal opresión de la generalidad de la población hasta las torturas y asesinatos cometidos por el tirano con su propia mano, y con toda clase de truculencias sádicas, desde el puñal de triple filo hasta los perros devoradores de carne humana. La misma carencia de mecanismo, doctrina y filosofía de la justicia ante la que ha comparecido puede figurar en la lista de cargos contra el acusado, para quien la única justicia posible era la suya propia. Pero esa carencia existe y el proceso presenta toda clase de lagunas, desde la repentina importación de algunas de las normas, usos y costumbres de los consejos de guerra del Código de Justicia Militar de España hasta la intención de juzgar con arreglo a la nunca repetida jurisprudencia de los tribunales de Nuremberg, sobre todo en lo que se refiere a las cuestiones de genocidio, más una desusada velocidad en la instrucción.

Parece que ante la catadura moral de los acusados -Macías con siete cómplices- y la magnitud de una lista de cargos, que comienza con la ejecución de 462 personas, puede haber un exceso de preocupación por la línea de honesta juridicidad con la que debe ser enfrentado; sin embargo, esa preocupación atañe, más que al acusado, a sus propios jueces; el respeto que se hace por la figura abstracta del procesado representa, sobre todo, el respeto que emana del tribunal y del país que lo forma.

Uno de los aspectos más rebatidos del nuevo régimen de Irán es la forma sumaria en que está ejerciendo la justicia, que pierde así su nombre intrínseco. No debería, en el caso de un régimen que comienza amparándose en el regreso de las formas y de las libertades, ser empañada por lo que puede parecer una farsa con un veredicto preparado. Puede sentar el precedente de que, por aceptar así el castigo de un crimen obvio, pudiera servir para procesos menos justificados. Pero quizá un proceso con una instrucción en las debidas formas, con la escrupulosidad que debe presidir siempre la tarea de los que juzgan, hubiera podido fomentar la idea de que una pequeña banda de ocho personas no puede llevar a un país a la monstruosa degeneración a que llegó en el momento de la caída de Macías. Como se sabe que Hitler no fue un loco solitario, y no hubiera llegado a lo que llegó con la sola ayuda de los juzgados en Nuremberg; o como se puede considerar el caso de Stalin. Todos estos frutos son de un sistema, y aparecen complicadas, y no sólo por lenidad, muchas más personas de las juzgadas.

En todo caso, se está deseando que un nuevo régimen realmente abierto y democrático llegue a instaurarse en Guinea; y no puede dejar de pensarse que quienes fueron sus víctimas no tuvieron derecho ni siquiera a las irregularidades de un juicio improvisado y precipitado, como un telón zurcido y agujereado que quisiera poner el final a una etapa trágica de la historia de Guinea Ecuatorial. Como tampoco se puede olvidar que todas estas torpezas, toda esta inseguridad, todo este espectáculo son consecuencias del propio régimen que se trata de exorcizar. Nadie puede ignorar ya que el daño de una dictadura sobre un país no se limita al período de su vigencia, sino que puede seguir durante años después de su extinción.

LA PENA de muerte, cualquiera que sea el lugar donde se aplique, es un acto moralmente injustificable, por atroces y sanguinarios que hayan sido los crímenes del acusado, y sin el valor ejemplificador que pretenden darle sus defensores. Los muchos «sin embargos» -políticos, sociológicos o religiosos- que apoyarían a la justicia que acaba con la vida del tirano no ocultan el que también en Malabo se haya utilizado la violencia para castigar la violencia. La ejecución del ex presidente Macías, sometido a un juicio que no reunía las mínimas garantías, podría y debía haberse evitado. Su muerte nada aporta al nuevo proceso político guineano; antes bien, es un mal comienzo. El nuevo Gobierno de Guinea Ecuatorial tiene que iniciar una rápida y tenaz tarea de constituir un sistema político en el que los dictadores no tengan cabida y donde la vida humana sea respetada escrupulosamente. Esta postura contra la pena capital debe ser así entendida como un acto de principios superior a los argumentos de eficacia política.El próximo 12 de octubre, el pueblo y el Gobierno de Guinea celebrarán el undécimo aniversario de su independencia. Hasta ahora, el camino ha sido una especie de calvario, en el que también España ha tenido sus culpas y pecados. Unos meses después de la independencia, en la primavera del año 1969, España colaboró con algunos políticos guineanos en la preparación de un golpe de Estado contra Macías, y cuando la operación estaba favorablemente resuelta, llegaron contraórdenes de Madrid. El resultado fue la estampida hacia afuera de la población española y la primera oleada de depuraciones y asesinatos del tirano. Desde entonces, el odio antiespañol se agudiza, y comienza un proceso de miedo y terror cuyo resultado final sería la salida de la población blanca (sin que se produzca ni un solo muerto) y un inexorable y tremendo proceso de degradación en todos los sectores del país. El sistema de organización política y económica de la época colonial es sustituido por el personalismo despótico, por la corrupción y una especie de calcomanía grotesca de una organización soviética de la producción. Los partidos políticos desaparecieron y la política exterior del pequeño Estado se limitó a dar una base pesquera a la URSS, obtener un poco de adiestramiento cubano para las milicias populares (más algunos médicos y maestros) y, cerrando el triángulo-circular de cooperación socialista, una sacrificada asistencia china.

Sin embargo, frente a esas apariencias, y a través de un tejido de influencias, durante los diez largos años del régimen de Macías el grueso de los intercambios comerciales de Guinea se ha venido realizando con España. España ha sido el principal mercado para el cacao, la madera y el café de Guinea, y en España ha comprado Guinea los abonos, el cemento, los alimentos y la maquinaría con que sustentar su economía. Todo esto fue posible gracias a la continuidad de unas pocas empresas españolas que quedaron en el país y cuya eficacia vendría a demostrar ser superior a la de toda la organización soviética. Pero estos miserables hechos, desgraciadamente, sirvieron de poco para que el sector oficial español articulase una política con Guinea, aunque las ayudas nunca han faltado en educación, sanidad y obras públicas. Pero ahora, en la España democrática de 1979, precisamente es el momento de rescatar el tiempo perdido y organizar una ayuda española al pueblo y al nuevo Gobierno de Guinea Ecuatorial. Se trata de un pequeño país con riquezas suficientes para una holgada supervivencia económica, situado en una zona estratégica de Africa y hacia el que confluyen las miradas atentas de la opinión internacional. España no puede fallar en esta nueva oportunidad.