El Gobierno Suárez destituye al ‘fraguista’ Francisco Giménez Torres como presidente del Instituto Nacional de Industria (INI)

LA SUSTITUCION del presidente del Instituto Nacional de Industria, que parece decidida en las más altas instancias gubernamentales, es una de las decisiones más importantes que el Ejecutivo tiene planteadas en estos momentos El peso específico del primer conglomerado empresarial público del país, su destacada. presencia en los sectores en situación más crítica, y el papel del sector público que se perfila en la economía mixta que aquí se plantea, confieren al tema vital importancia, por lo que no es extraño que el Gobierno -sus dirigentes más directamente implicados- calibre detenidamente todas y cada una de las posibilidades.Por si todo ello fuera poco, está pendiente de elaboración el proyecto de estatuto de la empresa pública, a sancionar por las Cortes, que deberá ser remitido a los parlamentarios antes del próximo 30 de junio, según se pactó en los acuerdos de la Moncloa. El titular del INI deberá, obviamente, velar por la aplicación del estatuto, por lo que se antoja un tanto prematuro decidir la sustitución, cuando la persona designada no podrá en modo alguno conocer a priori el esquema filosófico en el que deberá encuadrar la gestión de las 63 empresas en las que el Instituto participa directamente y las más de doscientas en las que lo hace de modo indirecto, cuando menos.

Según todos los indicios, el Gobierno busca en estos momentos a un empresario capaz y brillante, para encomendarle la presidencia del holding estatal, con la idea firme de incorporar criterios de estabilidad y profesionalización a la gestión del Instituto. Ya sería hora, porque no en vano son ya cinco los presidentes que el INI ha tenido en los últimos cuatro años. Lo que resulta especialmente grave, dada la configuración orgánica del Instituto, que dificulta notablemente la toma de contacto de todo nuevo presidente con los problemas reales del grupo de empresas. Así, se ha dado el caso de que algún presidente ha cesado en sus funciones sin haber tenido oportunidad de atajar ninguno de los males que aquejan al funcionamiento del Instituto y sus empresas. Todo ello ha repercutido notablemente en la marcha del INI, que no acaba de encontrar su papel en la coyuntura que se avecina, y arrastra excesivas. implicaciones político-burocráticas que pueden llegar a desvirtuar la primitiva idea dé su creador, el ex ministro -ya fallecido- Suances.

El primer objetivo de cualquier reforma del Instituto Nacional de Industria debe ser profesionalizar la cúspide de sus empresas. Las recompensas políticas, los amiguismos, y la retribución de favores, han sido y siguen siendo -por fortuna, en menor grado-, elementos desvirtuadores de la gestión y factor de desmoralización para los cuadros-auténticamente técnicos del INI y de sus empresas. Las incompatibilidades entre empresa privada y pública deben también incorporarse a la filosofía inmediata a seguir. Los consejos de administración del INI suelen ser panacea envidiable, no sólo por su remuneración -escasa en muchos casos-, sino por las prebendas que incorporan y la posibilidad de presionar a la hora de fijar contratos de suministro, ayuda, cooperación o, incluso, incidir en el mercado que, como es sabido, no ha sido libre en las últimas cuatro décadas. Tampoco estaría de más revisar la composición del consejo directivo del Instituto, plagado en estos momentos de subsecretarios que sólo pueden dedicar tiempos marginales, detraídos de sus ocupaciones ministeriales, para atender las reuniones de trámite del organismo. En tanto no se profesionalicen con mayor amplitud los puestos directivos de la Administración, acaso fuera conveniente rebajar la dignidad de los consejeros del Instituto, para evitar su provisionalidad y lograr que realmente constituyeran un elemento de apoyo a la gestión del grupo de empresas.

Otro elemento de meditación para el Gobierno, a la hora de proponer el futuro estatuto de la empresa pública, es la conveniencia de unificar las distintas participaciones estatales en empresas de todos los sectores, actualmente dispersas por, al menos, seis departamentos, evitando las contradicciones, oposiciones e interferencias acostumbradas entre aquellas sociedades que, siendo de carácter público, concurren en un mismo sector provenientes de distintos ministerios.

Con la salvedad de la oportunidad antes señalada, si el Gobierno busca en estos momentos un nuevo presidente para el INI deberá, forzosamente, propiciar una sintonía entre aquellos factores que configuran su proyecto de empresa pública y la trayectoria del designado. Además, la presencia internacional de España, las implicaciones financieras exteriores del Instituto -en él está centrado el 20% de la deuda exterior española- y la futura integración en la Comunidad Económica Europea exigen del presidente del primer holding empresarial del país una dimensión empresarial de corte moderno, ágil, imaginativo y europeo, capaz de desempeñar con efectividad el puesto por un período más o menos dilatado, al margen de todo desgaste político. Capaz, en suma, de gestionar la filosofía del Gobierno de turno -no olvidemos el contexto democrático- con honestidad, transparencia y eficacia, aplicándola al poderoso instrumento que quedará depositado en sus manos. Huelga decir que, por desgracia, candidatos no sobran. Por ello, la elección es doblemente difícil y el acierto enormemente importante.

De cualquier forma, dos elementos parecen claves. Estabilidad e independencia. Estabilidad de no menos de cuatro años para que la cabeza del holding pueda ejecutar una política coherente. En este sentido, el paso por el Congreso del nombramiento del presidente no sería una novedad desdeñable. Independencia, en cuanto a la gestión, que debe estar dentro de los objetivos de política económica e industrial aprobados por el Gobierno, pero con margen amplio de aplicación. El INI es demasiado importante para dejarlo al arbitrio de los sucesivos Gobiernos que, previsiblemente, se irán sucediendo con el paso de los meses. Un presidente por año, es un lujo que no está al alcance de los españoles.