El Gobierno Zapatero acepta traspasar parta de los ‘papeles de Salamanca’ a la Generalitat de Catalunya

Al abordar asuntos como la investigación histórica, una nación debería priorizar ante todo la capacidad de acceso de los estudiosos antes que el lugar de depósito. Desgraciadamente no es del todo así en España, y bien lo saben no pocos historiadores españoles y extranjeros que se quejan de desorden y obstáculos y de las graves insuficiencias de nuestros archivos. El estudioso no entiende de litigios de competencia ni encaja en ambientes emocionales, y a veces incoherentes, de rivalidades nacionalistas o regionalistas por muy legítimos que sean los planteamientos. Y en ese sentido debería leerse el último de los capítulos de los llamados Papeles de Salamanca, y la recomendación, sensata, de los expertos designados por el Ministerio de Cultura de que se devuelvan los documentos originales a la Generalitat de Cataluña.

No se trata de una decisión vinculante, sino de un consejo muy meditado, que no ha merecido ningún voto contrario entre sus 18 miembros, aunque sí la abstención de los tres representantes salmantinos. Ahora es el Gobierno central el que tendrá que decir la última palabra. Muy probablemente corroborará como «justas y legítimas» las razones esgrimidas por la Generalitat para la devolución de las 507 cajas de legajos que se hallan desde 1939 en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca y que fueron trasladados allí como botín por el Gobierno de Franco.

La reacción de satisfacción de la Generalitat y de los partidos catalanes ha tenido una respuesta un tanto virulenta del alcalde de Salamanca y de exponentes de la Junta de Castilla y León. Un aviso de «resistencia numantina», exagerado y visceral, que presagia probablemente batalla judicial. Mezclar la política en este asunto resulta bastante dañino, aunque el mal ya fue hecho hace casi una década cuando se dio rienda suelta a opiniones vehementes de castellanos y catalanes. Y en nada ayudó la última ministra de Cultura del PP, Pilar del Castillo, cuando decidió en 2002 paralizar la devolución escudándose en el principio de la «unidad de archivo», olvidando que este principio no puede amparar el expolio de documentos por las armas como fue el caso de estos legajos, en su mayoría papeles policiales sobre la detención o el fusilamiento de antifascistas en Cataluña durante la Guerra Civil. Menos viscerales son las opiniones que ha merecido la recomendación por parte del director de la Academia de la Historia, Gonzalo Anes, alertando del peligro de disgregar la documentación de Salamanca. Resultan sensatos esos temores, pero los expertos de alguna manera los disipan al recomendar que allí quede copia de todo el material y, sobre todo, al pedir que se potencie el Archivo de Salamanca y se transforme en un auténtico Museo de la Guerra Civil con más medios y documentos que ahora no tiene.

Ayer, en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas se reunieron su titular, Jordi Sevilla, y el conseller de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, con el fin de establecer calendarios de reuniones para facilitar la aprobación del Estatuto catalán que están urdiendo Maragall, Carod-Rovira y sus secuaces.

También, para poner cuesta abajo – y sin frenos – una serie de partidas sin rematar, como transferencias pendientes, la Carta Municipal de Barcelona y otras bagatelas periferícas a las que Zapatero se comprometió el día en el que los escaños de Esquerra Republicana le sentaron en La Moncloa, y que ahora no tiene más remedio que pagar puntualmente si no quiere que le muevan la silla, le hagan la pirula en un comprometido pleno del Congreso o que le escoñen los presupuestos.

El orden del día de la reunión de marras también contemplaba la configuración del ‘calendario’ del despanzurre del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, o sea, el poner fechas al expolio de ‘los papeles’ que los catalanes reclaman como suyos y que, desde hace unos días, cuenta con el visto bueno de una comisión de expertos – ‘adeptos’ les llama Lanzarote – que no redactó el acta en catalán y luego lo celebró con cava del Penedés porque les daba la risa.

Bueno, a lo que iba, pues que pese a figurar en el orden del día lo del destace del Archivo, el bipartido contubernio de pago de peaje gubernamental no trató del calendario del despanzurre. Al decir del conseller Saura, porque están a la espera de que Zapatero y sus mariachis del Consejo del Ministros, una vez hecho suyo el informe del comité de adeptos, digo de expertos, nombrado a tal fin, imparta su bendición para que los catalanes puedan descuartizar el Archivo expiatorio con todos los sacramentos, y nos dejen las estampitas de las fotocopias digitales.

Con este pifostio del desguace del Archivo se está preparando una más que regular a nivel nacional, o sea, que Cuando Zaparod y Catero-Rovira, con Atocha todavía oliendo a muerte y a pólvora, remataron el acuerdo de ayuda mutua y reparto de las prebendas, la bolsa y ‘los papeles’, no se imaginaban la que se iba a liar con esta último cuestión, en teoría de lo más tivial e inocente.

Hombre, si Zapatero ha comenzado el proceso de despanzurre de la unidad de España y sigue sonriendo hasta a las farolas, porque se rompa la unidad de un archivo de provincias no se va a poner a hacer pucheros, máxime cuando lo propicia él, pero es que al abrirse con el de Salamanca la veda del reparto de fondos de Archivos, lo que en un principio tan sólo era un contencioso a tres bandas – Gobierno, Generalidad de Cataluña y Salamanca – ha dado paso a la reclamación general.

No hay día en que una comunidad autónoma, una ciudad o un municipio no reclame algo que hace décadas – o siglos – le perteneció y que ahora está en un archivo, en un museo o en un fondo artístico del extranjero.

Ya no son sólo papeles, y ya no es sólo Salamanca: piden papeles, sí, como un montón de incunables, pero también cuadros, pinturas murales, imágenes, sepulcros, joyas, cañones y hasta templos enteros desmontados piedra a piedra y trasladados incluso a Estados Unidos.

Los piden desde un montón de sitios – en Castilla y León nada menos que seis provincias, entre ellas la nuestra – y a otro montón de sitios, entre ellos, muchos, al Museo Mares de Barcelona.

La rebatiña no ha hecho más que empezar. Y es lo que me pregunto yo: Este tío ¿de qué coño se ríe, tú?

Íñigo Domínguez de Calatayud

Y, por cierto, que hablando del Archivo de la Guerra Civil, ayer se supo que, gracias a los buenos oficios del secretario regional de los socialistas, Ángel Villalba, al final, el decreto de pernada no se firmará, como se anunció el próximo día 22 de abril, víspera de Villalar, fiesta de la Comunidad de Castilla y León, y de la fiesta de San Jordi, que era pasada muy afrentosa.

Es detalle que hay que agradecer.

En vez de decretarlo en fecha tan desafortunada, han decidido adelantar el despanzurre del Archivo al Consejo de Ministros anterior, o sea, al que se celebrará el próximo viernes día 15. Carod-Rovira y sus secuaces hubieran preferido celebrarlo el día de San Jordi, pero como les adelantan el regalo una semana, han accedido al cambio.

¡Oh, la cortesía catalana tú!

El Gobierno decidió ayer que desmembrará el Archivo de Salamanca para entregar a la Generalitat catalana y a ciudadanos particulares de todo el país aquellos documentos que les fueron requisados durante la Guerra Civil. Se trata de una decisión sumamente desafortunada, tanto en el fondo como en la forma.

A nadie se le oculta que, tras el patético afán de varios ministros por justificar la decisión con emocionales cuentos de enamorados, el proyecto de ley responde a una demanda de ERC ya estipulada en el pacto de formación del tripartito de Cataluña, cuya factura paga ahora Zapatero.

Lo más alarmante es que por un acuerdo coyuntural entre partidos se vaya a deteriorar el Patrimonio Nacional que es de todos los españoles. Porque la medida supone, por mucho que se disfrace con Centros de Memoria Histórica, un daño enorme al Archivo.No hace falta un gran conocimiento de la materia para entender el disparate que supone afirmar, como hizo ayer la ministra, que la «unidad» archivística está garantizada porque en Salamanca quedará una «copia auténtica» de los documentos que se trasladen a Cataluña. El valor histórico de un Archivo consiste precisamente en mantenerlo tal y como fue constituido, con sus originales: tan fatal es fraccionarlo como añadirle postizamente papeles de otra índole; incluso su posible singularidad organizativa ha de perdurar. Si no, será otra cosa, no un Archivo histórico.

Igualmente disparatado es justificar la decisión como una respuesta más a las tropelías cometidas por el régimen franquista, porque precisamente es el respeto de las fuentes de la Historia la mejor forma de garantizar que el testimonio de lo que nunca debió ocurrir perdure en el tiempo.

En cuanto a las formas, el famoso talante del Gobierno ha estado ausente. Este, que ya negoció en exclusiva con la Generalitat los integrantes del comité de expertos, ha decidido hacer lo mismo para determinar qué papeles volverán a Cataluña, despreciando de forma burda a los responsables de Castilla y León. Se han ignorado además todos aquellos informes que desaconsejaban el traslado, como los de la Academia de la Historia y la UNESCO.

Eso sí, nadie podrá acusar a Zapatero de mirar por su tierra más que por otras comunidades.

Muy Sr. nuestro:

Los que firmamos esta carta, nietos y bisnietos de Miguel de Unamuno y Jugo, queremos expresarle nuestro creciente malestar, escándalo, sorpresa e indignación por la utilización por parte de ese ayuntamiento (y la formación política que lo apoya), en su campaña contra la devolución a Cataluña de los archivos de la guerra, de la famosa frase de Unamuno «venceréis pero no convenceréis». La manipulación de la verdad histórica que ello representa es evidente.

Vds. saben que esa frase fue dirigida a los militares golpistas de 1936, al ejército franquista que robó esos papeles en Barcelona y se los llevó a Salamanca. No podemos aceptar que utilicen en su campaña la figura de Unamuno. ¡Ah, cómo se estremecería en su tumba si les oyera, y cómo atronaría su voz nunca acallada dándoles! Pero ya que ello no es posible tenemos nosotros, sus descendientes, que intentar suplirle haciéndonos oír.

¡Por respeto a la verdad y a su figura, exigimos que retiren de todos sus carteles, folletos, etc., relacionados con su campaña, no sólo el nombre de Unamuno sino la frase misma, tan ligada a él que la asociación con su nombre es automática!

Atentamente

Firmado:

Miguel de Unamuno Adarraga DNI 12 543 923
Concha de Unamuno Pérez DNI 7 717 859
Mercedes de Unamuno Adarraga DNI 12 515 603
Josefina de Unamuno Pérez DNI 7 742 972
Carmen de Unamuno Adarraga DNI 12 514 132
María Teresa de Unamuno Adarraga DNI 12 579 296
Pablo de Unamuno Pérez DNI 7 742 715
Salomé de Unamuno Adarraga DNI 12 530 980
Concha de Unamuno Adarraga DNI 12 579 297
Firman también esta carta treinta y cinco bisnietos de Unamuno.

P.S. Dada su calidad de carta abierta nos reservamos el

El Ayuntamiento de Salamanca y más de 200 organizaciones castellanas convocan hoy a los ciudadanos a manifestarse en contra de la desmembración del Archivo sobre la Guerra Civil y el traslado de parte de sus fondos documentales a Cataluña.

Así lo decidió el Gobierno el pasado mes de diciembre tras escuchar a una comisión de expertos designada por la ministra de Cultura.Hemos explicado en estas páginas que el traslado es un despropósito por muchas razones y no es cuestión de insistir en los mismos argumentos. Pero sí hay una cuestión en la que merece la pena ahondar: el trasfondo ideológico que sustenta la reivindicación, impulsada por ERC y otros grupos nacionalistas.

Resulta evidente, en primer lugar, que el PSOE no tenía ningún interés en reabrir este asunto y que a buena parte de sus militantes -sobre todo, fuera de Cataluña y el País Vasco- les cuesta mucho entender la decisión del Gobierno.

Si el Consejo de Ministros ha dado luz verde al traslado de los fondos documentales a Cataluña, ha sido por exigencia de ERC y de Maragall, que se han aprovechado de la debilidad de Zapatero, obligado a ceder para conservar el respaldo parlamentario de los independentistas y de los propios socialistas catalanes.

El argumento que ha sustentado su reivindicación reside en síntesis en que los catalanes combatieron por la República y fueron derrotados por Franco, que expolió los papeles de la Generalitat y se los llevó a Salamanca, capital de la insurrección armada y vestigio de la España imperial.

Todo ello es una burda falsificación de la historia porque hubo catalanes que combatieron contra Franco y otros que le apoyaron, al igual que sucedió en Salamanca, donde, por cierto, hubo una represión feroz contra los republicanos. El Archivo de Salamanca es hoy una institución estatal y, por tanto, su patrimonio es de todos los españoles, incluidos los ciudadanos salmantinos y catalanes.

Contraponer a la Generalitat con el Estado español es un sofisma porque la Generalitat forma parte del Estado. Quienes exigen el traslado de los papeles están negando ese carácter y afirmando implícitamente la incompatibilidad de esos dos espacios políticos.

El debate es, en suma, el reflejo de dos distintas maneras de entender España. Una, en la que todos tienen cabida dentro de la pluralidad y la otra, la que propugna ERC, que quiere romper la unidad del Estado y las instituciones comunes que compartimos.Este es el trasfondo.

Los llamados papeles de Salamanca regresarán el próximo lunes a Cataluña. El traslado hasta su escala temporal en el Ministerio de Cultura se hizo ayer muy de mañana desde la ciudad castellana. Con gran discreción, por temor a incidentes, y con la feroz resistencia del alcalde, el popular Julián Lanzarote, que rechazó la licencia para la carga, denegó la colaboración de la policía municipal y obligó a efectuarla en carretillas. Insistió, además, en calificarlo de forma dramática y grandilocuente como un «expolio y una humillación» para el pueblo salmantino; una humillación extensiva a todos los españoles, según el secretario general del PP, Ángel Acebes.

Lanzarote ha decidido interponer un recurso ante la Audiencia Nacional para paralizar desde Madrid la operación, un recurso que se suma al que el Gobierno de Castilla y León ha presentado al Tribunal Constitucional. No parece que las autoridades autonómicas y municipales tengan mucha confianza en la justicia a tenor de algunos de sus comentarios. Son acciones muy legítimas, no del todo entendibles desde una óptica ajena a la política. Y es que ésa ha sido una de las debilidades del asunto -su politización abusiva- sobre el que se han alentado sentimientos nacionalistas y han influido muchos intereses partidistas.

El traslado obedece al cumplimiento de una ley, aprobada por el Parlamento el pasado noviembre, con el voto de todos los grupos a excepción del PP, por la cual se satisface una petición de tres décadas de la Generalitat para devolver a Cataluña medio millar de cajas que se hallaban depositadas desde 1939 en el Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca y que contienen legajos históricos del propio Gobierno catalán y documentos privados, en su mayoría papeles policiales sobre la detención y fusilamiento de antifascistas, requisados por las tropas franquistas. Una comisión de expertos, designada por el actual Gobierno, recomendó hace un año su devolución, al estimar la petición justa por entender que se trató de un expolio de documentos incautados por las armas. La ley ordena que quede copia en Salamanca del material restituido y se cree en la ciudad un centro documental sobre la memoria histórica del franquismo. Es discutible la tesis de quienes sostienen que con ello se rompe la unidad del archivo, pues se trata de un caso de usurpación violenta y de reclamación posterior.

Un país debería ante todo priorizar la capacidad de acceso de los investigadores antes que el lugar de depósito del material que investigan. Por desgracia, en eso sí que aún vale lo de que España es diferente. Preocupémonos de satisfacer las demandas de historiadores nacionales y extranjeros para solventar el desorden, los obstáculos y las insuficiencias de nuestros archivos antes que jalear las rivalidades territoriales. Pero tal vez con eso no se ganen muchos votos.