La Hemeroteca del Buitre

Al abordar asuntos como la investigación histórica, una nación debería priorizar ante todo la capacidad de acceso de los estudiosos antes que el lugar de depósito. Desgraciadamente no es del todo así en España, y bien lo saben no pocos historiadores españoles y extranjeros que se quejan de desorden y obstáculos y de las graves insuficiencias de nuestros archivos. El estudioso no entiende de litigios de competencia ni encaja en ambientes emocionales, y a veces incoherentes, de rivalidades nacionalistas o regionalistas por muy legítimos que sean los planteamientos. Y en ese sentido debería leerse el último de los capítulos de los llamados Papeles de Salamanca, y la recomendación, sensata, de los expertos designados por el Ministerio de Cultura de que se devuelvan los documentos originales a la Generalitat de Cataluña.

No se trata de una decisión vinculante, sino de un consejo muy meditado, que no ha merecido ningún voto contrario entre sus 18 miembros, aunque sí la abstención de los tres representantes salmantinos. Ahora es el Gobierno central el que tendrá que decir la última palabra. Muy probablemente corroborará como «justas y legítimas» las razones esgrimidas por la Generalitat para la devolución de las 507 cajas de legajos que se hallan desde 1939 en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca y que fueron trasladados allí como botín por el Gobierno de Franco.

La reacción de satisfacción de la Generalitat y de los partidos catalanes ha tenido una respuesta un tanto virulenta del alcalde de Salamanca y de exponentes de la Junta de Castilla y León. Un aviso de «resistencia numantina», exagerado y visceral, que presagia probablemente batalla judicial. Mezclar la política en este asunto resulta bastante dañino, aunque el mal ya fue hecho hace casi una década cuando se dio rienda suelta a opiniones vehementes de castellanos y catalanes. Y en nada ayudó la última ministra de Cultura del PP, Pilar del Castillo, cuando decidió en 2002 paralizar la devolución escudándose en el principio de la «unidad de archivo», olvidando que este principio no puede amparar el expolio de documentos por las armas como fue el caso de estos legajos, en su mayoría papeles policiales sobre la detención o el fusilamiento de antifascistas en Cataluña durante la Guerra Civil. Menos viscerales son las opiniones que ha merecido la recomendación por parte del director de la Academia de la Historia, Gonzalo Anes, alertando del peligro de disgregar la documentación de Salamanca. Resultan sensatos esos temores, pero los expertos de alguna manera los disipan al recomendar que allí quede copia de todo el material y, sobre todo, al pedir que se potencie el Archivo de Salamanca y se transforme en un auténtico Museo de la Guerra Civil con más medios y documentos que ahora no tiene.

Los llamados papeles de Salamanca regresarán el próximo lunes a Cataluña. El traslado hasta su escala temporal en el Ministerio de Cultura se hizo ayer muy de mañana desde la ciudad castellana. Con gran discreción, por temor a incidentes, y con la feroz resistencia del alcalde, el popular Julián Lanzarote, que rechazó la licencia para la carga, denegó la colaboración de la policía municipal y obligó a efectuarla en carretillas. Insistió, además, en calificarlo de forma dramática y grandilocuente como un «expolio y una humillación» para el pueblo salmantino; una humillación extensiva a todos los españoles, según el secretario general del PP, Ángel Acebes.

Lanzarote ha decidido interponer un recurso ante la Audiencia Nacional para paralizar desde Madrid la operación, un recurso que se suma al que el Gobierno de Castilla y León ha presentado al Tribunal Constitucional. No parece que las autoridades autonómicas y municipales tengan mucha confianza en la justicia a tenor de algunos de sus comentarios. Son acciones muy legítimas, no del todo entendibles desde una óptica ajena a la política. Y es que ésa ha sido una de las debilidades del asunto -su politización abusiva- sobre el que se han alentado sentimientos nacionalistas y han influido muchos intereses partidistas.

El traslado obedece al cumplimiento de una ley, aprobada por el Parlamento el pasado noviembre, con el voto de todos los grupos a excepción del PP, por la cual se satisface una petición de tres décadas de la Generalitat para devolver a Cataluña medio millar de cajas que se hallaban depositadas desde 1939 en el Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca y que contienen legajos históricos del propio Gobierno catalán y documentos privados, en su mayoría papeles policiales sobre la detención y fusilamiento de antifascistas, requisados por las tropas franquistas. Una comisión de expertos, designada por el actual Gobierno, recomendó hace un año su devolución, al estimar la petición justa por entender que se trató de un expolio de documentos incautados por las armas. La ley ordena que quede copia en Salamanca del material restituido y se cree en la ciudad un centro documental sobre la memoria histórica del franquismo. Es discutible la tesis de quienes sostienen que con ello se rompe la unidad del archivo, pues se trata de un caso de usurpación violenta y de reclamación posterior.

Un país debería ante todo priorizar la capacidad de acceso de los investigadores antes que el lugar de depósito del material que investigan. Por desgracia, en eso sí que aún vale lo de que España es diferente. Preocupémonos de satisfacer las demandas de historiadores nacionales y extranjeros para solventar el desorden, los obstáculos y las insuficiencias de nuestros archivos antes que jalear las rivalidades territoriales. Pero tal vez con eso no se ganen muchos votos.