El presidente de Cantabria, Juan Hormaechea Cazón, es imputado volviendo a traer inestabilidad a la comunidad

LA INDECISIÓN de los principales dirigentes del Partido Popular (PP) ante el procesamiento del presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, es explicable. No hicieron caso de quienes les advirtieron sobre el riesgo de uncir la suerte de su partido a la de tan contradictorio personaje, y ahora, cuando se encuentran en Cantabria con un Gobierno en el que su presidente y seis de sus consejeros están en libertad provisional, ni Aznar ni Álvarez Cascos saben qué decir.Los motivos del procesamiento son anteriores al pacto del PP con Hormaechea y perfectamente conocidos por la dirección del partido: la denuncia se basa en las conclusiones a las que llegó en marzo la comisión parlamentaria que investigó las irregularidades en la gestión del Gobierno cántabro relacionadas con adjudicaciones administrativas dudosas, gastos de difícil justificación y endeudamiento imprudente. El PP tuvo ocasión de cortar amarras con Hormaechea aprovechando el incidente de los insultos tabernarios contra varios líderes del partido a finales del pasado año. Así pareció haberlo entendido Aznar cuando afirmó que nunca dudaría en renunciar al poder si mantenerlo implicaba perder la dignidad.

Pero todo ello fue olvidado tras las elecciones regionales y municipales de mayo, en las que el partido creado por Hormaechea se convirtió en la segunda fuerza de la comunidad, a escasa distancia del PSOE y muy por delante del PP. El reprobado en diciembre fue apoyado en junio, y Hormaechea recobró la presidencia. Los teóricos de la operación argumentaron que, tras el éxito de la alianza concluida en Navarra con UPN, la alternativa conservadora pasaba por la recomposición de la unidad del centro-derecha en Cantabria, posible modelo para otras estrategias similares. Frente a ese objetivo, otras consideraciones pasaron a segundo plano, y en un alarde de ingenuidad, los dirigentes populares creyeron protegerse ante eventuales nuevos conflictos sometiendo a Hormaechea a la disciplina de la formación conservadora. Lo que hicieron fue meter en casa a un futuro procesado por prevaricación y malversación de fondos.

Al conocerse la noticia, algunos dirigentes declararon que se trataba de «un nuevo caso de manipulación política», pero luego han abandonado esa línea. Aznar se ha limitado a comentar que no tomará decisión alguna antes de hablar con Hormaechea, que está en América. La incógnita es si el PP, que en otras ocasiones no ha dudado en exigir la dimisión de cargos electos procesados (así lo hizo el propio Aznar con el socialista Demetrio Madrid cuando éste presidía la comunidad de Castilla y León), ya a aplicar ahora el mismo rasero. Demetrio Madrid dimitió, pese a que el procesamiento nada tenía que ver con su gestión pública, y también lo hizo el ex popular pasado al nacionalismo Xosé Luis Barreiro, tras ser procesado por el asunto del juego; pero no lo hizo el alcalde de Burgos, José María Peña -otro independiente acogido en las listas del PP-, encausado por un supuesto delito de prevaricación, ni lo ha hecho el vicepresidente de Canarias, Manuel Hermoso, de la agrupación electoral AIC (que gobierna en coalicíón con el PSOE), procesado por un presunto delito de negligencia en el control de caudales públicos.

La ley no obliga a dimitir al cargo público procesado. Lo contrario podría favorecer maniobras de desestabilización de las instituciones de gobierno mediante una utilización maliciosa de las posibilidades del sistema judicial. Será la sentencia la que establecerá, en su caso, la prohibición para desempeñar cargos públicos. No es lo mismo, por lo demás, que el procesamiento se deba a haber dicho que «la justicia es un cachondeo» -otro caso famoso- que a la existencia de indicios de criminalidad en la gestión de fondos públicos. Es verdad que la presunción de inocencia protege a Hormaechea, como a cualquier otro ciudadano, pero al PP le va a ser difícil explicar que la dimisión cautelar que pidió a Demetrio Madrid no sea igualmente exigible a Hormaechea. Y al fin y al cabo, el presidente cántabro sigue siéndolo gracias a los votos del Partido Popular.

EL FACTOR Hormaechea, como antes el factor Peña (alcalde de Burgos), sigue minando la credibilidad del Partido Popular (PP) sin que sus dirigentes quieran darse por enterados. La principal preocupación de su secretario general, Francisco Álvarez Cascos, ante la crisis planteada por la dimisión de seis de los nueve consejeros del Gobierno de Cantabria ha sido dejar claro que la dirección nacional nada tenía que ver con la operación. Lo peor es que ese desentendimiento es perfectamente verosímil. El martes, tras la reunión de la junta directiva del PP de Cantabria, a la que asistieron cuatro de los consejeros dimisionarios, Hormaechea manifestó que se sentía «respaldado» por el partido. José María Aznar había manifestado poco antes que se trataba de un asunto interno que debían resolver los órganos del partido en la región: «Cada cual tiene sus responsabilidades», dijo.Sin embargo, habría motivos para que Aznar y su equipo rompieran con Hormaechea. La imagen regeneracionista con la que el PP pretende atraer al electorado de centro es incompatible con el mantenimiento de la alianza con alguien procesado por prevaricación y malversación de fondos. Sus críticas al descontrol del gasto público por parte de los socialistas resultan escasamente convincentes a la vista de una comunidad cuya deuda dobla su presupuesto anual. Por lo demás, el propio Aznar había empeñado su palabra afirmando que en caso necesario elegiría la dignidad, aun a riesgo de perder el poder. Lo que no impidió que, tras el éxito electoral de Hormaechea en las autonómicas de 1991, el PP volviera a pactar con él.

El pretexto fue garantizar la gobernabilidad, pero ya entonces hubo voces, como la de la diputada Isabel Tocino, que advirtieron que eso no podía hacerse a cualquier precio. Al uncir el futuro del centro-derecha en Cantabria a un personaje investigado por supuestas (y múltiples) irregularidades en la gestión, Aznar asumía un riesgo considerable. Poco después, la negativa de Hormaechea a presentar su dimisión cuando se hizo efectivo su procesamiento dejó en ridículo a los dirigentes del PP, que habían pedido la de Guerra por el procesamiento de su hermano. Esa negativa indicó hasta qué punto Hormaechea había convertido a los dirigentes del PP en sus rehenes.

La situación actual es bastante absurda. Los dimisionarios no han conseguido, como esperaban, la renuncia de Hormaechea, pero advierten que no tienen intención de forzar su salida mediante una moción de censura. La dirección nacional del PP se confiesa «informada pero no responsable» de la iniciativa, con lo que no se sabe si la apoya o no, aunque parece ser que en privado ha reiterado a Hormaechea su petición de dimisión. La idea parece ser la de intentar recomponer la unidad del grupo parlamentario en torno a un candidato alternativo.

Sin embargo, los antecedentes más bien indican que se trata de una hipótesis poco probable. Primero, porque Hormaechea ha dejado claro que es él quien tiene los votos y que no está por la labor; segundo, porque tampoco es seguro que los 15 diputados que fueron elegidos en la lista del partido que creó Hormaechea para esas elecciones se inclinen a ello. Si así fuera, cabe la hipótesis de que el PP vuelva a claudicar, aceptando las condiciones que imponga el procesado presidente. Hay tradición en esto, y no sólo en Cantabria: los populares ya se plegaron a las exigencias de Morano en León y de Peña en Burgos.

Los ideólogos del PP presentaron el acuerdo con los regionalistas de UPN en Navarra como ejemplo de fórmula flexible capaz de acabar con la cantonalización del centro-derecha. A la vista de lo Ocurrido con el asunto de la autovía, es poco probable que hoy repitieran el intento en otros lugares. Pero el otro modelo ensayado, el de colocar a la cabeza de su lista a un líder populista local con etiqueta de independiente, con la idea de controlarlo desde el partido, no ha dado mejores resultados: la amenaza de crear un partido localista o provincialista capaz de disputar el electorado conservador se ha revelado como un eficaz chantaje frente al que Aznar no ha encontrado respuesta.