El presidente de Murcia, Carlos Collado (PSOE) dimite acusado de corrupción, le reemplaza María Antonia Martínez

Una vez que su propio grupo parlamentario le había retirado la confianza, al presidente de la Comunidad de Murcia, Carlos Collado, no le quedaba otra salida que, la dimisión. Es lo que hizo ayer tras una agónica resistencia que añadirá pocos galones a su biografía. Su patética despedida, invocando el juicio de la historia para su gestión, entra dentro de lo que cabe considerar derechos subjetivos del derrotado. Pero tampoco añadirá nada a su ejecutoria, en la que ya figuraban episodios tan poco airosos como el de afirmar, tras ser desautorizado por 22 de los 24 parlamentarios de su grupo, que sólo se iría si así se lo pedía la Ejecutiva Federal del PSOE.Con las elecciones convocadas y las encuestas echando humo, no está el horno para (más) bollos en dicha ejecutiva, y alguien ha debido decirle a Collado que acelere. Durante dos meses, su impasibilidad y su negativa a aceptar la evidencia han sido aprovechadas por la oposición para criticar el «desgobierno de la región» y la «paralización administrativa» de la misma, ejes de la moción de censura que el Partido Popular presentó el mes pasado. La moción no salió adelante porque, pese a haber pedido expresamente la dimisión de Collado, los diputados del PSOE votaron en contra. No tenían otra opción, dado que la moción tiene que ser positiva: con un candidato alternativo, en este caso del PP, al que los socialistas tendrían que haber entronizado como presidente para que la censura prosperase. La otra posibilidad, que el propio grupo socialista plantease una moción contra quien fue su candidato en las dos últimas elecciones autonómicas, resultaba demasiado fuerte. Collado se ha ido cuando esa posibilidad comenzaba a ser considerada.

Collado quedó en minoría en 1990 en el congreso regional, pese a lo cual se le mantuvo como candidato en las autonómicas de 1991. El enfrentamiento latente desde entonces tuvo ocasión de añorar a comienzos de año, cuando se hizo público el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 1989. Dicho informe señalaba la existencia de graves irregularidades financieras del Gobierno regional, especialmente en relación a una adquisición de terrenos que ya había provocado la dimisión de dos consejeros y la presentación de una querella por parte de Izquierda Unida. La fiscalía del Tribunal Superior de Murcia no ha apreciado indicios delictivos en la actuación de Collado (o cualquier otro aforado), por lo que ha remitido la documentación relativa a la querella a un juzgado de instrucción, donde prosigue su tramitación.

La dimisión era exigida, sin embargo, basándose en las responsabilidades políticas apreciadas por la comisión parlamentaria que estudió el caso. En su último intento de resistir, Collado se acogió a la doctrina González sobre Filesa, manifestando que, «al igual que el presidente del Gobierno, no tomaré ninguna decisión hasta que el juez decida sobre el asunto». Pero esa errónea doctrina está ahora muy cuestionada en las altas esferas del PSOE, y no le ha evitado al presidente murciano la dimisión. Al presentarla, no pierde su derecho a la presunción de inocencia. Amparado por ella será juzgado, de acuerdo con los exigentes principios del derecho penal, para determinar si hubo prevaricación y malversación de fondos, como dice IU. Pero de los datos conocidos se deduce una responsabilidad política evidente en las decisiones consideradas. Una vez que la comisión parlamentaria así lo apreció, enviando la documentación a los tribunales, Collado debió haber dimitido.

Han tardado, pero por fin lo han hecho. Los socialistas murcianos van a desembarazarse del presidente de la comunidad autónoma, Carlos Collado al instarle a que formalice «inmediatamente» su dimisión. La Ejecutiva regional salía al paso, de esta forma, del nuevo intento del remiso presidente de dilatar más la marcha, mediante una carta enviada al secretario general de los socialistas murcianos en la que anunciaba su intención de cesar, pretendiendo formalizar la dimisión «el día que convengamos de la próxima semana». Con su actitud durante estos últimos tres meses, Collado ha paralizado la vida administrativa de la comunidad autónoma. Tan contumaz se ha mostrado quien era un cadáver político que el Partido Popular no se fiaba ayer del anuncio de dimisión. «Presentar una dimisión no es escribir el Quijote» ironizó Juan Ramón Calero. Claro que vigas y pajas hay en los ojos ajenos y en los propios. ¿A qué espera la dirección del partido para resolver de una vez el «caso Hormaechea», quitando de en medio a quien no hace sino perjudicar su imagen y su credibilidad?

La alternancia democrática, incluso dentro de un mismo partido, además de no sorprender debe valorarse como positiva. Pero siempre que se produzca dentro de los plazos normales y sin traumas. No ha sido ese el caos de Murcia. El cambio que propiciado por el PSRM-PSOE, tiene lugar ahora en la presidencia de la comunidad es anómalo. Y esa atipicidad ha desconcertado a la opinión pública, ha provocado un cierto desgobierno y ha dado una imagen lamentable de los políticos de esta Región. Es ya la segunda vez que ocurre algo semejante, aun cuando la marcha de Hernández Ros fuera por motivos de interés.

Quienes ahora accedan al Gobierno regional deben ser conscientes de la responsabilidad que asumen. La ciudadanía ya sólo podrá ser convencida que asumen. La ciudadanía ya sólo podrá ser convencida con hechos  muy evidentes. Necesitamos un equipo gobernante con personas eficaces, y no un grupo de amigos o de dirigentes premiados por el mero hecho de ser alguien en el organigrama del partido. Sería también un error que ese equipo se confeccionara pensando sólo en las elecciones o para resolver las diferencias que puedan todavía existir en el seno de la ejecutiva socialista.

La misma responsabilidad que se pide a los futuros gobernantes deberá exigirse al PSRM-PSOE en su conjunto. Y, sobre todo, a sus cuadros dirigentes, los cuales, como es notorio, no han sabido llevar todo este proceso de una manera precisamente ejemplar. Tiene que aprender – y más que ninguno el secretario general – a explicarse ante la opinión pública, y a ser capaces de asumir las obligaciones que le son exigibles. Sepan que, al haber forzado las reglas habituales, adquieren el tremendo compromiso de no incurrir por tercera vez en las mismas equivocaciones. Un buen gobierno hasta justificaría algunas torpezas de origen. Lo contrario, en cambio, habría un perjuicio quizás irreparable al propio partido y desde luego, a la Región. Los murcianos se merecen un partido serio y en paz que mire por el interés general. Sería más que lamentable que guardasen ahora el hacha de guerra para, tras los comicios pasarse entre ellos las facturas pendientes.

En cuanto a la oposición, aparte de dar un margen de confianza prudencial a los que llegan, viene obligada a mantener una crítica seria que mire más a todos los murcianos que a conveniencias partidistas. La sociedad civil, tan vapuleada por unos y otros, tiene derecho a no resignarse y a insistir en que su voz sea escuchada y sus reclamaciones atendidas. De otro modo no habrá servido de nada este segundo calvario  que, por la falta de categoría de algunos políticos, nos hemos visto obligados a soportar.

LA VERDAD