El presidente de Rusia, Boris Yelstin, disuelve a cañonazos el Parlamento Ruso, que había votado su destitución

BORÍS YELTSIN ganó el poder encabezando la resistencia a un golpe comunista (el de agosto de 1991) y quiere conservarlo con otro golpe, éste contra un Parlamento heredero del viejo poder comunista y opuesto a su política de reformas capitalistas. Técnicamente, por tanto, es tan golpista como los Yázov, Kriuchkov, Yanáiev o Páv1ov, que hace poco más de dos años defendieron la supervivencia de la Unión Soviética con tal acierto que ésta saltó en pedazos.La Constitución deja muy claro que si el presidente «disuelve o congela la actividad de cualquier órgano de poder estatal legítimamente elegido», pierde el poder de inmediato. Yeltsin lo ha hecho. Uno de sus dos grandes rivales, el vicepresidente Alexandr Rutskói, tiene base legal para declararse jefe de Estado. El otro, el jefe del Parlamento, Ruslán Jasbulátov, también la tiene al no admitir el decreto.

Es lamentable que la medida de fuerza del presidente se produzca apenas tres días después de que ofreciese un plan de elecciones que preveía comicios legislativos y, seis meses más tarde, presidenciales, aunque sea cierto que la negativa del Parlamento a aceptar su plan se daba por segura.

¿Cuáles son, entonces, las razones de Yeltsin? Lo tiene muy claro: la necesidad de evitar que el país se precipite en el abismo y la convicción de que «la seguridad de Rusia y sus habitantes es más preciosa que la obediencia formal a las contradictorias normas creadas por la legislatura». Su coartada es la de que la desastrosa situación económica y social exige soluciones y no permite estériles guerras intestinas, que superó el voto de confianza al que se sometió en el referéndum del pasado 25 de abril, que el actual Parlamento no representa al pueblo, sino al viejo y denostado poder comunista, y que convoca, -para el 11 y el 12 de diciembre, unas elecciones legislativas en las que la voluntad popular podrá elegir libremente a sus representantes. Incluso anuncia, aunque sin fijar fecha, una elección presidencial en la que pondrá su cargo en juego. Su mensaje es: «No soy un dictador».

Pero lo más importante para Yeltsin, para el pueblo ruso y para la comunidad internacional es el desenlace de este desafio por el poder. Y ese desenlace dependerá de la actitud del Ejército. Jasbulátov ha lanzado una desesperada llamada de socorro al poder militar. Pero hay indicios de que, antes de dar tan arriesgado paso, Yeltsin se había asegurado la lealtad de unidades clave, especialmente en la zona de Moscú. Pero si no hay unanimidad en el estamento castrense, el tremendo peligro es el caos y la guerra civil, una desestabilización que dificilmente podría ser contemplada desde el mundo exterior, como una mera cuestión interna.

Si el golpe comunista de 1991 abrió paso a la descomposición de la Unión Soviética, azotada ahora por guerras salvajes, como las que ahora devastan Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Tayikistán, la crisis actual puede acelerar las tendencias desintegradoras que desde entonces han aparecido en la propia federación rusa, un rompecabezas étnico tan complejo como la propia URSS.

El oso ruso, aunque con las garras melladas, sigue siendo una: superpotencia nuclear. La paz y la estabilidad de Rusia son vitales para la paz mundial. De ahí la prudencia de las primeras reacciones que, en forma alguna, mostraban que Yeltsin hubiese perdido, con su ataque a la legalidad, el respaldo de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza. El mundo aún no ha cambiado de apuesta. Pero aunque así ocurriera, gane o pierda, Yeltsin lleva, desde ayer, el imborrable estigma de ser un golpista.

UNA EXPLICACIÓN cínica pero correcta de la disolución del Parlamento de Moscú anunciada anteanoche por el presidente Yeltsin sería que, al fin y al cabo, el líder ruso ha utilizado métodos no democráticos para disolver una Cámara que tampoco lo es y cuyo funcionamiento y competencias se rigen por una Constitución anterior a la caída del régimen comunista. Yeltsin ha propinado al Sóviet Supremo la misma medicina que éste lleva meses pretendiendo administrarle. ¿Ha hecho mal tratando a los golpistas con un goIpismo más o menos disfrazado?La historia reciente de Rusia está llena de estos confusos enfrentamientos personales, de disoluciones y destituciones, de tomas de poder y recuperaciones del perdido, de referendos. y otros vaivenes con los que no se consigue establecer de una vez por todas un clima democrático serio que acompañe a la reforma económica. Y en esta suma de altibajos se olvida con frecuencia que Borís Yeltsin -por muy rudo, instintivo y autoritario que sea- representa la opción más democrática posible y el futuro. Rusia sigue siendo una superpotencia nuclear, y su paz y estabilidad son vitales para la paz mundial. De ahí la prudencia de las primeras reacciones, que, en todo caso, siempre fueron de apoyo a Yeltsin. En ningún momento perdió éste, con su ataque a la antigua legalidad, el respaldo de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza.

En el pasado mes de abril, el presidente ruso obtuvo dos triunfos importantes: de un lado, ganó el referéndum convocado por él para que los rusos endosaran su mandato y sus reformas. Por otro, se entrevistó en Vancouver con el presidente Clinton y obtuvo un apoyo moral impagable: la garantía de que Occidente cree que el único camino de la reforma pasa precisamente por Borís Yeltsin. La reacción de apoyo del mundo occidental nada más estallar la crisis de anteanoche es buena prueba de que necesita confiar en Yeltsin. Es cierto, sin embargo, que los sentimientos occidentales sufrirían bastante menos si sus acciones llevaran indefectiblemente el sello democrático.

Desde que en agosto de 1991 consiguió imponerse al golpe de Estado que pretendían dar los militares y políticos nostálgicos, el presidente está empeñado en una batalla contra el Parlamento para acelerar el ritmo de las reformas económicas capitalistas y para conseguir enmendar la Constitución brezneviana de 1977.

Este punto constitucional es sin duda el problema más significativo de los planteados y fue el desencadenante de la crisis del pasado martes. El texto de 1977 no autoriza al presidente a disolver el Parlamento y aún menos a lanzar una reforma constitucional; por el contrario, el legislativo tiene derecho de veto sobre los decretos del presidente. Pero Yeltsin, seguro del apoyo recibido del pueblo ruso en el pasado mes de abril, quiere que se promulgue una Constitución nueva para acabar de una vez con la antigua estructura comunista.

Y así, en julio, una conferencia constitucional redactó un proyecto de ley fundamental en el que se prevé el establecimiento de una asamblea federal bicameral elegida democráticamente. (No es baladí el argumento utilizado por Yeltsin de que él es el único que ha sido elegido por sufragio popular, mientras que a los actuales diputados no los ha elegido nadie democráticamente).

Ateniéndose al nuevo proyecto constitucional, Yeltsin disolvió el martes el Sóviet Supremo y convocó elecciones legislativas para los días 11 y 12 de diciembre. Y ateniéndose al texto de 1977, el Sóviet Supremo anuló el decreto presidencial, destituyó a Yeltsin y en su lugar colocó a su archienemigo el vicepresidente Alexandr Rutskói. Punto muerto.

Sólo quedaba un árbitro al que acudir: el Ejército. Sólo que el presidente Yeltsin ya lo había hecho la semana pasada, asegurándose de antemano de lo que eufemísticamente se llama «su neutralidad», es decir, su apoyo. El Ejército no se va a mover para ayudar a Rutskói.

Como la justificación de la acción de Yeltsin (no la disolución de la Cámara, sino el rechazo por él de la anulación de su decreto y de su destitución) se encuentra en un texto constitucional democrático que es sólo de próxima promulgación, la situación debe ser descrita, probablemente, como golpe de Estado. ¿Lo es verdaderamente, cuando lo que busca es conseguir a final de año la elección de un Parlamento democrático? La trayectoria del Parlamento en los últimos meses no ha sido una exhibición de respeto democrático, por grandes que hayan sido en el otro platillo de la balanza las tentaciones populistas de Yeltsin. Frente a dos textos constitucionales es lógico que Occidente tienda a apoyar el que rompe definitivamente con él pasado totalitario.

Sus enemigos han dado a Yeltsin la coartada que necesitaba, y lo que hubiera resultado intolerable hace una semana, el asalto a la sede del Parlamento ruso, no lo es tanto una vez que ha quedado claro que de él emanaron las órdenes para atacar varios edificios gubernamentales, sin hablar de los llamamientos de Jasbulátov a sus partidarios: «¡Asaltad el Kremlin!».En una situación llena aún de incertidumbres, en la que se ignora el coste real en vidas humanas del asalto de ayer, la reacción final del Ejército, hasta ahora disciplinadamente a las órdenes de Yeltsin y de su ministro de Defensa, Grachov, es una incógnita, sobre todo fuera de Moscú. En todo caso, lo importante es subrayar que esta crisis no es ni un problema militar ni un mero problema de orden público.

La única justificación seria dada por Yeltsin para su decreto de disolución del Parlamento fue la convocatoria de elecciones en un plazo de dos meses., Este compromiso debería determinar desde ahora toda la política rusa. Y para que sean unas elecciones democráticas, habrán de poder participar en ellas todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones. Ello implica que Yeltsin no imponga en la propaganda y en la ley electoral condiciones que privilegien a los suyos frente a sus adversarios. Sin esa condición, su golpe de timón del 21 de septiembre se quedaría en golpe a secas de alguien con fuertes tendencias autoritarias.

La necesidad más apremiante es evitar una guerra civil. El Ejército ha demostrado su resistencia a escindirse en función de criterios políticos. Si ha sido firme para restablecer el orden público y recuperar los edificios oficiales asaltados, se han notado en su seno vacilaciones cuando se ha tratado de actuar contra uno de los bandos en pugna. Los esfuerzos del ministro Grachov buscando un compromiso para poner fin al derramamiento de sangre en la Casa Blanca indican cuál es la actitud profunda de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, la celebración de elecciones aconseja un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas con peso real en el país. Ese consenso es necesario, sobre todo, de cara a la ley electoral. En la escena política no están solamente Yeltsin, Rustkói y Jasbulátov (un trío de fuerzas hoy desequilibrado por el hecho de que los dos últimos son hoy prisioneros del primero). Existen otras fuerzas en Rusia, y a pesar del retraso dramático en la creación de partidos, el compromiso indispensable debe no sólo propiciar su formación, sino extenderse al más amplio conjunto de personas y tendencias políticas.

El punto decisivo en este orden de cosas es el papel de las regiones y repúblicas. Moscú no es Rusia, y la reunión del Consejo Federal, con los delegados de 89 repúblicas y regiones, convocada para el viernes próximo, aportará datos esenciales, tanto por el número de asistentes como por la actitud que adopte. Sin apoyo de las repúblicas y provincias, simplemente no habrá elecciones. Aún no se conocen los efectos en la periferia del enfrentamiento de ayer. Pero cada vez que se han acrecentado las grietas en la estructura de poder de Moscú se han agudizado las tendencias de los poderes locales a actuar por su cuenta. Por el camino que van ahora las cosas en la capital, el problema mismo de si Rusia logrará subsistir como federación adquiere una actualidad dramática.

En momentos tan graves ¿serán capaces los políticos rusos de superar el vicio congénito que les lleva a poner sus diferencias personales por encima de cualquier posibilidad de acuerdo? Nadie ha sido capaz de crear un partido digno de tal nombre y este vacío aumentará las dificultades para las elecciones. Las figuras que se han distinguido en el difícil proceso de liquidar el pasado han acabado enfrentándose entre sí. Se diría que el concepto de compromiso es algo que se desconoce por completo; ello es probablemente consecuencia de unos antecedentes en los que la democracia nunca ha existido: el poder ha sido el deuno que mandaba con métodos más o menos violentos. Si ahora no se impone una política de compromiso, sólo cabe esperar lo peor.

Boris Yelstin ha ganado la batalla de Moscú frente a sus rivales, después de haberse visto obligado a emplear la fuerza que había querido evitar durante los doce días de la sublevación. Aunque la sangre haya corrido por la capital rusa, la responsabilidad corresponde totalmente a los rebeldes, parapetados ahora en la insoportable mentira de su ficticia legalidad.

El drama de Moscú hay que considerarlo como desenlace de una situación provocada por la cohabilitación belicosa de dos sistemas contradictorias impuesta por la fantasmal supervivencia de la Constitución de 1978. Yelstin resulta elegido por sufragio universal de los ciudadanos rusos en junio de 1991 para cumplir un proceso de marcha hacia la democracia que intentaban impedir por su parte los comunistas del Soviet Supremo, supervivientes residuales del anterior régimen totalitario. Y esta contradicción radical entre un poder de origen democrático y un cuerpo legislativo alumbrado por el comunismo era insostenible.

La disolución de la Unión Soviética y la elección del nuevo presidente reclamaban consecuencias una modificación del organigrama del Estado y del marco constitucional qen el que se inscribía. Eso es justamente lo que intentaban impedir los comunistas y que no supo rematar Yelstin hasta ahora.

Como la Constitución de 1978 y su hijo natural que era el Soviet Supremo, por un lado y la elección democrática del presidente de la Federación, por otro, eran modelos incompatibles, Rusia ha vivido durante dos años inmovilizada por esa bien llamada ‘guerra de las leyes’ que consistía en la repetición de un juego esteril en el que los decretos del Gobierno de Yelstin eran rechazados por el Parlamento, que a su vez sustituía los textos por otros radicalmente diferentes. La ‘guerra de las leyes’ empotraba al país en la parálisis, y en tales condiciones resultaba imposible gobernar.

El apoyo unánime y rapidísimo de todos los países democráticos a Yeltsin tiene un inmenso valor, porque el mundo entero sabe que el presidente elegido por sufragio universal es el único hombre capaz, hoy, de desarrollar el periodo de transición, mientras su derrota a manos de los nostálgicos del ultracomunismo y otros furibundos nacionalistas, hubiese roto de manera automática toda evolución hacia la libertad.

Hace falta añadir, porque es dato decisivo en estos días históricos, que Boris Yelstin ha recibido el apoyo unánime del Ejército y de las Fuerzas de Segudida del Estado y que la Solidaridad demostrada por el general Pavel Gratchev, ministro de Defensa y Viktor lerin, ministro de Interior, ha constituido un sólido factor de apoyo para saldar la crisis victoriosamente.

Todavía queda pendiente la gran cuestión de aplicar la democracia y no limitarse simplemente a proclamar sus benéficos ideales. Sobre este punto sería ingenuo olvidar que Rusia ha enterrado el comunismo en 1989, pero todavía no ha alcanzado la democracia en 1993, por la sencilla razón de que se encargaban de impedirlo Jasbulatov y los ultracomunistas.

Desamparada en esa tierra de nadie abierta entre el pasado comunista y la prometida democracia, la Federación Rusa ha perdido dos años. Ahora hace falta que unas elecciones libres convoquen la Asamblea Constituyente que entierre la momia totalitaria del texto de 1978, aparezcan los partidos hoy inexistentes y, por fin, salga del fangoso pantano donde chapotea llena de esperanzas que no encontraron aún su recompensa. Yelstin era el único que podía abrir el camino. Por eso es justa la ayuda que el mundo le presta en este instante, pero en el convencimiento de que los problemas no se han resuelto ayer sino que empiezan a partir de mañana.

EL presidente ruso, Boris Yeltsin, ha ganado otra batalla, pero el precio en vidas, daños y símbolos ha sido tan alto que a medio plazo todos pierden. Habrá un antes y un después del 3 de octubre. La violencia del fin de semana es un gravísimo precedente y un duro golpe psicológico para rusos y extranjeros. A corto plazo, la contundencia de la respuesta de Yeltsin tendrá un efecto de vacuna sobre los adversarios del presidente, pero con el uso de la fuerza masiva en Moscú se ha roto un tabú y se abren las espuertas para futuros salvadores de la patria.

La lealtad demostrada por los mandos militares tendrá un precio. El silencio y la pasividad de la población, que hoy han favorecido a Yeltsin, mañana se volverán contra él. De momento, complican el proceso de reformas. El apoyo incondicional de Occidente se esfumará si Yeltsin no cumple pronto sus promesas de elecciones libres y limpias, y desatasca las reformas económicas. Pero la penuria en que estas reformas ha hundido a la mayor parte de los rusos y la reacción tan violenta de sus adversarios dentro y fuera del Parlamento le obligan a ralentizar el cambio. Los ejecutivos regionales y locales están con él, pero casi todos los soviets de la Federación están en contra. Sin su colaboración, será muy difícil llevar a buen puerto el proceso electoral prometido. Hasta las elecciones, se abre un interregno peligrosísimo, con Yeltsin presidiendo, legislando y juzgando. Si en las elecciones se repiten los resultados del referéndum de abril, Yeltsin ganará. La gran división entre la nueva Rusia y la vieja Rusia -los jóvenes y los adultosvolverá a quedar patente. Antes, Yeltsin quiere concluir sus negociaciones con los dirigentes republicanos, regionales y locales sobre una nueva constitución. Sería mejor que la asamblea o Duma que se elija -en diciembre o algo más tarde- fuera constituyente. Más urgente todavía es que Yeltsin organice su propio partido político y facilite la formación de otros, pues sin un sistema de partidos, y hoy no lo hay, es difícil que prospere el proceso de democratización. Sin propietarios, no es posible que surjan en Rusia los intereses sobre los que pueden crecer los partidos. De ahí la importancia fundamental que tiene para la democratización la privatización. Un gesto de magnanimidad con sus enemigos le ayudaría, pero la generosidad con sus adversarios no es la mejor cualidad del presidente ni se encuentra fácilmente en la historia de Rusia. El único freno de Yeltsin, si se impusiera ahora su vena autoritaria -que no lo creo mirando a su obra de los últimos dos años son los dirigentes de las repúblicas y las regiones, pero éstos están tan divididos o más que los parlamentarios. Yeltsin no sólo ha disuelto el Parlamento. Ha declarado ilegal al Tribunal Constitucional y ha destituido al vicepresidente Rutskoi. Si se reanudan las manifestaciones en contra, el estado de emergencia, que debería levantarse el día 10, puede prolongarse.

El despliegue de francotiradores en el centro de Moscú en las últimas horas es una prueba de que la estabilidad y el restablecimiento del orden pueden ser mucho más difíciles de alcanzar que la victoria sobre Jasbulatov, Rutskoi y varios centenares de comunistas y fascistas. Mientras no se recupere la estabilidad, el rublo seguirá cayendo, la confianza de los inversores bajo cero, las reformas en el congelador y la economía en minas. Boris Yeltsin ha ganado en su pulso de 18 meses con sus antiguos aliados contra Gorbachov, pero no es la victoria del bien sobre el mal, salvo que se acepte una visión maniquea del conflicto ruso. Entre los muchos puntos oscuros que hay todavía en los sucesos del fin de semana en Moscú, dos hechos parecen claros. Los parlamentarios rebeldes, dirigidos por Rutskoi, lanzaron un golpe en toda regla el domingo y durante horas llegaron a creer en la victoria. Reaccionaban así al golpe anticonstitucional de Yeltsin del 21 de septiembre, cuando disolvió el Legislativo y convocó elecciones anticipadas. La euforia inicial tal vez les impidió evitar dos graves errores:la muerte de varios policías y civiles, y el escaso apoyo popular y militar a su insurrección. Nunca pasaron de 15.000 los manifestantes que les apoyaron, la mitad aproximadamente que en agosto del 91. Nunca recibieron el respaldo de unidad militar alguna. Con su violencia contra la Policía, el Ayuntamiento y Ostankino (la sede de la Televisión rusa), cayeron en una trampa mortal. ¿Sela preparó Yeltsin? ¿Fue imprevista? Se puede especular lo que se quiera. El hecho es que Yeltsin, comprometido a no usar la fuerza ante su pueblo y las grandes potencias extranjeras, en ese momento quedó liberado de cualquier atadura para aplastar definitivamente a sus adversarios. La única duda durante horas fue si los militares, que le habían jurado lealtad, cumplirían su orden de intervenir. La duda tardó poco en despejarse. La 27 Brigada del KGB, los paracas de Tula y la división Dzerjinski hicieron lo que se les mandó sin rechistar. Primero liberaron la sede de Televisión, después el Ayuntamiento, y luego acabaron de limpiar el Parlamento.

El dilema de Rusia hoy queda perfectamente resumido en la siguiente frase del economista Grigory Yavlinsky, único candidato confirmado por ahora a las próximas elecciones presidenciales: «El Parlamento era ilegítimo y las decisiones del Presidente fueron ilegales». Así las cosas, el resultado del órdago a la grande de Yeltsin sólo podía terminar con el triunfo de la ilegalidad sobre la ilegitimidad o viceversa. Triunfó la ilegalidad, pero, ¿tiene sentido hablar de legalidad o ilegalidad en una situación revolucionaria como la que vivió la Unión Soviética a finales de los 80 y vive Rusia desde hace dos años?