27 junio 1973
Más regímenes autoritarios en el cono sur de Ame´rica
El presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry, da un ‘auto-golpe’ de Estado para convertirse en dictador
Hechos
- El presidente de Uruguay, J. M. Bordaberry presidió el golpe de estado del 27 de junio de 1973. Disolvió el Parlamento —al que sustituyó por un Consejo de Estado designado por el poder ejecutivo—, los partidos políticos y suprimió las libertades civiles. En lo que se denominó el «proceso cívico militar».
Lecturas
Entre sus primeras medidas, la recién estrenada dictadura uruguaya ha dispuesto la disolución de la CNT (Convención Nacional de Trabajadores) y ha encarcelado a sus dirigentes, que habían dado la orden de ocupar las fábricas.
La ascensión de las Fuerzas Armadas hacia el poder, que ya en febrero fue favorecida por el propio presidente Bordaberry, se consolida ahora también con el auxilio de mandatario uruguayo.
En la madrugada del 27, Bordaberry se consolida ahora también con el auxilio del mandatario uruguayo.
En la madrugada del 27, Bordaberry disolvía las cámaras de senadores y diputados, con el apoyo de unidades blindadas que rodearon el palacio del Congreso. En sustitución de la legislatura, se constituyó un Consejo de Estado. Como medidas complementarias, el presidente decretó limitaciones a la libertad de reunión y restricciones a la libertad de prensa. Se prohíbe, en particular, que sean publicados comentarios referidos al Poder Ejecutivo en que se le atribuyan «propósitos dictatoriales».
Para justificar su golpe de estado, Bordaberry señaló que el país se encuentra en un proceso de ‘desinstitucionalización’, que los parlamentarios obstruyen sistemáticamente sus proyectos legislativos y que han rechazado la solicitud de desafuero del senador Enrique Erro al que el gobierno acusa de ‘encubrimiento y acción subversivas’.
El Análisis
Uruguay, el fin de la democracia y el inicio del “proceso cívico-militar”
El 27 de junio de 1973 marca una fecha negra en la historia uruguaya. El presidente Juan María Bordaberry, elegido en 1971 en un país con larga tradición democrática, dio un paso irreversible al disolver el Parlamento, sustituirlo por un Consejo de Estado controlado por el Ejecutivo y suspender los partidos políticos y las libertades civiles. Con este gesto, Uruguay —considerado durante décadas la “Suiza de América” por su estabilidad institucional y su Estado de derecho— entró en la lógica de las dictaduras militares que ya asolaban gran parte de América Latina.
La década anterior había sido convulsa: un bipartidismo tradicional dominado por colorados y blancos incapaz de dar respuestas a la crisis económica y social, un sindicalismo cada vez más combativo, y el auge de la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, que puso al Estado contra las cuerdas. El discurso de Bordaberry y de los mandos militares se amparaba en la lucha contra la “subversión comunista”, un argumento que encajaba a la perfección en la lógica de la Guerra Fría y que hallaba eco y apoyo en Washington, preocupado por otro “Chile de Allende” en el Cono Sur.
La dictadura de Bordaberry, pronto absorbida por los mandos militares que le relegaron a un papel casi decorativo, se alineó con otras experiencias represivas de la región bajo la sombra de la llamada Operación Cóndor. Como en Argentina, Chile, Brasil o Paraguay, se instauró un régimen de control absoluto, con censura, persecución de opositores y uso sistemático de la tortura. Uruguay, que en los años 60 había sido un país de libertades, pasó a ser uno de los más militarizados y represivos de América Latina. El “proceso cívico-militar” pretendía ser una defensa del orden; en realidad fue la liquidación de una democracia que, con sus debilidades, había sido un referente en el continente.
J. F. Lamata