‘Tanquetazo’: Fracasa un intento de Golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, que se mantiene gracias al apoyo de los mandos del ejército, Generales Prats y Pinochet

Descontado el DIARIO DE LA MARINA por haber tenido inicialmente otro titular en su cabecera, EL MERCURIO de Santiago de Chile es el periódico más antiguo de la gran América en sus dos hemisferios, al norte y al sur de la línea ecuatorial. Periódico que ha cumplido ya centenarios, es, además, una auténtica institución en Chile; una independiente voz perenne del pueblo chileno.

Ahora, esa voz forjada con los acentos más enraizados en el proceso histórico de su nacionalidad, esa voz decantada con las consideraciones de mayor patriotismo y nobleza político ha sido compulsivamente acallada, por vez primera en su larguísima historia. Una orden judicial ha suspendido temporalmente durante un periodo de seis días la publicación de EL MERCURIO.

A lo que parece el poder judicial chileno, en instancia superior, recibió un requerimiento del Gobierno para que fuera aplicada al prestigioso periódico una norma de la legislación sobre la seguridad interior del Estado.

¿Qué ha publicado EL MERCURIO para verse reducido al silencio seis días?

EL MERCURIO no es, naturalmente, un diario gubernamental, ni servidor adepto y sumiso a la política del presidente Allende. No es, tampoco, una excepción, porque existen todavía, en la democracia chilena, partidos políticos alineados en la oposición. Uno de estos partidos, concretamente el denominado Partido Nacional, había elaborado hace pocos días un manifiesto en el cual se afirma que el Gobierno chileno, por actos y decisiones reiterados, se encuentran ya al margen de la Constitución y de la ley. Esta acusación, dado el sistema o régimen político, chileno, incluye al presidente Allende.

EL MERCURIO publicó el manifiesto del Partido Nacional y al estimar el Gobierno que el texto es sedicioso, ha recaído sobre el decano de la Prensa americana la sanción de temporal suspensión.

La dirección – René Silva Espejo y Arturo Fontaine Aldunate – ha declarado que se acata la resolución del magistrado – pues EL MERCURIO siempre acató la Constitución y las leyes – pero que se había presentado la oportuna apelación en legítimo intento de conseguir que se levante la sanción.

Colegas en la ardua y esencial función del periodismo, no podemos dejar de expresar una serena repulsa hacia la suspensión de EL MERCURIO, sin entrar en la dilucidación del juego concatenado de causas o razones políticas que se esgriman, para justificarla, por las autoridades chilenas.

A esta explicable reacción debemos añadir un presentimiento de temor y recelo que jamás querríamos ver cumplido.

No hace mucho la emisora de televisión de la Universidad de Chile fue asaltada por la Universidad de Chile fue asaltada por grupos que inutilizaron uno de los canales de la misma. Reanudadas las emisiones por otro canal nuevo, éste no ha sido autorizado. Y los Partidos Nacional y Demócratacristiano recurrieron – hasta ahora sin fruto – contra la decisión porque infringe las garantías constitucionales de la televisión universitaria de la autonomía de la Universidad y de la libertad de expresión.

No es ciertamente buen síntoma, no es augurio favorable para los periódicos privados de Chile, para los medios de comunicación que se expresan con independencia la línea de dureza coactiva aparecida en la política gubernamental chilena. Y no es, tampoco, señal de buena salud para el régimen de Allende, donde parece apuntar el ocaso o la drástica reducción de libertades elementales sustantivas.

Inscrito o no en los textos de la Constitución, el principio de una razonable libertad de prensa forma parte verdaderamente importante e imprescindible, de la vida y proceso de las sociedades políticas. Y toda merma injusta que en él se haga deteriora la básica libertad comunitaria.

Grave error el cometido por el regimiento blindado número 2 del Ejército chileno. Su acción al intentar ocupar el palacio de la Moneda, sede de la Presidencia, ha sido uno de los más graves de la historia del país. Cualesquiera que sean las razones que puedan explicar – y alguien dirá: justificar – un intento violento contra el Gobierno del Presidente Allende y la Unidad Popular, hay otra razón suprema que obligaba a evitar la intentona del 29 de junio. Nos referimos a la posición tradicional de las Fuerzas Armadas chilenas que, como en casi ningún otro país americano al Sur del Río Grande, se ha caracterizado por su fidelidad a la legalidad constitucional vigente. En un continente en el cual la tradición del golpismo militar es una de las más arraigadas en la vida política de la mayoría de las Repúblicas iberoamericanas, Chile representa una excepción notable.

Desde 1927, en efecto, no se cuenta más golpe que el dado entonces por el coronel Ibáñez de Campo. Por fidelidad a la legalidad el Ejército chileno apoyó la llegada del presidente Allende al Poder como apoyaría dado el caso la sustitución legal del mismo en la Casa de la Moneda si se produjera por los caminos legales.

El regimiento blindado número 2 ha intentado romper esa tradición adoptando una postura rebelde, anti-constitucional y, por ende, violenta, para derribar al Presidente legalmente elegido y que – punto decisivo para el enjuiciamiento completo del incidente – no queda probado se haya apartado de la legalidad en cumplimiento de su programa de llegar al socialismo por las vías constitucionales, por tanto, dentro de la democracia y la libertad. Grave error el de la unidad militar sublevada. Y acertada actitud la de la mayoría aplastante de las Fuerzas Armadas que, al mando del comandante supremo, general Prats, han reducido rápidamente a los rebeldes. Porque, se puede tener el concepto que se quiera respecto a la situación chilena. Pero hay un punto de la misma que no ofrece duda en cuanto a su valoración positiva. Y es el factor de equilibrio y seguridad de las Fuerzas Armadas a la Constitución.

La postura garantizada, justamente, no sólo el curso de una experiencia que está en marcha y en desarrollo constitucional, como es el gobierno de la Unidad Popular; garantizada, también, que en el caso de que las urnas, en una venidera consulta electoral, mostraran que el país ha retirado su confianza al actual Gobierno, cualquier intento por parte de éste de perpetuarse en el Poder tropezaría con la fidelidad de las Fuerzas Armadas a la legalidad constitucional. De manera que el puesto del Ejército en la vida política chilena no se encuentra en un lugar político o en otro, sino que se sitúa en el fiel de la balanza o por encima de ella para garantizar su buen funcionamiento legal. La aventura del segundo regimiento blindado hace correr un grave peligro: que esa postura equilibrada y constitucional de las Fuerzas Armadas se transforme en una actitud de politización. Como la que desempeña tradicionalmente en casi todas las Repúblicas de la América Latina: tanto la de habla española como la del Brasil, Haití, etc., con los indudables matices que la situación ofrece según los países. Y que la posibilidad existe lo demuestra, en estos mismos días, precisamente lo que está sucediendo en Uruguay, donde las Fuerzas Armadas han roto su tradición de legalismo también vigente en el país hasta ahora: si bien en Montevideo, a diferencia de Santiago de Chile, parece que el movimiento ha sido mayoritario y que está en vías de triunfar con las enormes consecuencias que esto llevará consigo.