3 julio 1985
La derecha, tras oponerse inicialmente, aceptará repartirse el CGPJ con los socialistas
El PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra aprueba que el Poder Legislativo tome el Control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): «Montesquieu ha muerto»

Hechos
El 3 de julio de 1985 entra en vigor la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
Lecturas
La publicación en el BOE, el 3 de julio de 1985, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) supone una modificación del reglamento elección del principal órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): los doce miembros de procedencia judicial, hasta entonces elegidos por los propios jueces y magistrados, pasan a ser designados por el Congreso y el Senado, es decir, a instancias del PSOE el principal órgano de gobierno del poder judicial pasa a estar controlado por el poder legislativo.
El artículo 122.3 de la Constitución de 1978 establece que el CGPJ estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y veinte vocales nombrados por el rey por un periodo de cinco años. La Constitución determina expresamente que ocho de esos vocales serán elegidos por las Cortes, pero remite a una ley orgánica la regulación de la elección de los otros doce, que necesariamente deben pertenecer a la carrera judicial.
| Composición del CGPJ | Ley Orgánica 1/1980 (Gobierno UCD) | Ley Orgánica 6/1985 (Gobierno PSOE) |
|---|---|---|
| 12 vocales de procedencia judicial | Elegidos por los jueces y magistrados. | Seis elegidos por el Congreso y seis por el Senado. |
| 8 vocales juristas de reconocida competencia | Cuatro elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado. | Se mantiene el mismo sistema. |
| Mayoría parlamentaria exigida | Tres quintos para los ocho vocales de elección parlamentaria. | Tres quintos para los veinte vocales. |
| Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ | Elegido por el propio Consejo y nombrado por el rey. | Se mantiene la elección por el Consejo y el nombramiento por el rey. |
| Duración del mandato de los vocales | Cinco años. | Cinco años. |
El 10 de enero de 1980, durante el Gobierno de UCD, se aprueba la Ley Orgánica 1/1980 del Consejo General del Poder Judicial, que permite constituir el primer órgano de gobierno de los jueces de la democracia española. Los comicios celebrados entre los miembros de la carrera judicial otorgan una posición predominante al sector conservador de la magistratura, posteriormente articulado en torno a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El 23 de octubre de 1980, Federico Carlos Sainz de Robles Rodríguez, magistrado del Tribunal Supremo, es nombrado presidente del CGPJ y del Supremo tras obtener el respaldo de doce vocales, frente a los cinco que apoyan a Ángel Escudero y los tres que votan al catedrático Antonio Hernández Gil. Durante los siguientes cinco años, el Consejo mantiene diversos enfrentamientos competenciales con el Gobierno, tanto durante la presidencia de Adolfo Suárez como durante la de Felipe González.
El 1 de agosto de 1984, el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsado por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma Bartret, antiguo vocal del CGPJ. Inicialmente, el proyecto no contempla la modificación integral del sistema de elección de sus miembros. Sin embargo, una enmienda presentada por el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés Molet, inicialmente rechazada, proporciona al PSOE la fórmula para cambiar el modelo. A principios de marzo de 1985, la dirección socialista decide respaldarla. Según las informaciones parlamentarias publicadas entonces, en la decisión pesa la composición mayoritariamente conservadora de la carrera judicial y la importancia de los futuros nombramientos de magistrados del Supremo, presidentes de audiencias y miembros del Tribunal Constitucional. Los socialistas defienden que la participación parlamentaria garantizará una mayor legitimidad democrática y pluralidad ideológica en el Consejo.
La modificación encuentra una enérgica resistencia en el Grupo Popular, cuyo principal portavoz en esta materia es José María Ruiz-Gallardón, y en la propia dirección del CGPJ. El 28 de marzo de 1985, el Congreso aprueba el proyecto por 188 votos a favor, 65 en contra y tres abstenciones. Únicamente el CDS de Adolfo Suárez y Juan María Bandrés acompañan a los socialistas en el voto favorable. Los diputados de Alianza Popular y sus aliados, los centristas, la Minoría Catalana y el PNV votan en contra, mientras que los comunistas se abstienen. El 20 de junio de 1985, tras su paso por el Senado, el Congreso aprueba definitivamente la ley. El rey Juan Carlos I la sanciona el 1 de julio, se publica en el BOE del 2 de julio y entra en vigor el 3 de julio de 1985.
La aplicación del nuevo modelo desemboca en una negociación entre el PSOE y Alianza Popular para determinar la composición del segundo CGPJ y su futura presidencia. El 23 de octubre de 1985, los nuevos vocales eligen presidente a Antonio Hernández Gil, catedrático de Derecho Civil, expresidente de las Cortes constituyentes y hasta entonces presidente del Consejo de Estado. Sainz de Robles, que aspira a continuar en el cargo, obtiene cinco votos en una de las primeras votaciones y queda eliminado. La elección de Hernández Gil, acordada previamente por los principales partidos, suscita discrepancias entre seis vocales que cuestionan el procedimiento seguido. La primera renovación efectuada conforme al nuevo sistema evidencia, por tanto, el peso de los acuerdos partidistas tanto en la designación de los consejeros como en la elección de su presidente.
Posición al votarse en el Congreso:
| Grupo o formación | Posición | Consideraciones |
|---|---|---|
| PSOE | A favor | Defiende la legitimidad democrática de las Cortes y la necesidad de introducir mayor pluralismo en el gobierno judicial. |
| Euskadiko Ezkerra (EE) | A favor | Juan María Bandrés es el autor de la enmienda que origina la modificación del sistema. |
| Centro Democrático y Social (CDS) | A favor | Respalda el conjunto de la ley impulsada por los socialistas. |
| Grupo Popular (AP-PDP-UL) | En contra | Considera amenazada la independencia judicial y anuncia un recurso de inconstitucionalidad. |
| Grupo Parlamentario Centrista | En contra | Rechaza el conjunto del proyecto. |
| Minoría Catalana (CiU) | En contra | Mantiene discrepancias con el proyecto, que también aborda la organización territorial de la justicia. |
| Partido Nacionalista Vasco (PNV) | En contra | Su portavoz Marcos Vizcaya denuncia la insuficiente consideración de las reivindicaciones autonómicas. |
| Partido Comunista de España (PCE) | Abstención | No respalda el conjunto de la ley, pero tampoco vota contra ella. |
Posicionamiento de las asociaciones judiciales:
En marzo de 1985 ya existen las tres corrientes asociativas que marcarán durante las siguientes décadas el debate sobre el gobierno de la justicia. Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria proceden de sendas corrientes internas de la APM, de la que se han desvinculado en 1984.
Asociación Profesional de la Magistratura (APM)
Presidida por José Gabaldón López. Mayoritaria y de orientación conservadora, se opone frontalmente a la reforma. Advierte que la elección parlamentaria favorecerá la subordinación del Consejo a los partidos. Algunos de sus miembros promueven una recogida de firmas para solicitar la intervención moderadora del rey. Convoca un congreso extraordinario del 9 al 12 de mayo de 1985.
Grupo Judicial Francisco de Vitoria
De orientación moderada, también rechaza el cambio. Considera que supone un grave retroceso para el asociacionismo judicial. En octubre, tras conocerse la composición del nuevo Consejo, denuncia que no se ha escuchado suficientemente a las asociaciones y que amplios sectores de la magistratura quedan sin representación.
Jueces para la Democracia (JpD)
De orientación progresista y heredera del movimiento Justicia Democrática. Su portavoz, Cándido Conde-Pumpido Tourón, expresa el 9 de marzo de 1985 una posición favorable a la reforma. Considera positiva la vinculación del Consejo con la soberanía popular, pero advierte de los riesgos para el equilibrio constitucional entre poderes. Reprocha a la APM haber defendido un sistema electoral mayoritario que marginaba a las minorías judiciales. Jueces para la Democracia había iniciado los trámites para constituirse como asociación independiente el 18 de enero de 1985. Entre las figuras que durante aquellos años representan a la magistratura progresista se encuentran Cándido Conde-Pumpido Tourón, Luciano Varela Castro, Juan Alberto Belloch Julbe y María Margarita Robles Fernández.
Resulta especialmente significativo que Jueces para la Democracia no concediera un respaldo incondicional al proyecto socialista. Intentó mediar entre el Consejo saliente y el ministro Fernando Ledesma, pero este descartó cualquier negociación que supusiera renunciar a la elección parlamentaria de los veinte vocales.
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La oposición de Federico Carlos Sainz de Robles

El 29 de marzo de 1985, Sainz de Robles rechaza que su actuación obedezca a motivaciones partidistas. También responde a unas declaraciones atribuidas al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, según las cuales resultaba más difícil incorporar al Poder Judicial al cambio político que al poder militar. El presidente del Supremo distingue entre la aceptación de la Constitución por los jueces, que considera indiscutible, y la identificación de estos con la ideología del Gobierno, que considera incompatible con su independencia. Si lo que Guerra reprochaba era precisamente esa falta de identificación ideológica, Sainz de Robles entendía que constituía un elogio a la carrera judicial. Sainz de Robles no consigue impedir la reforma ni mantenerse en la presidencia. El nuevo Consejo elige le releva de sus funciones en octubre a Antonio Hernández Gil, candidato consensuado previamente entre el PSOE y AP.
La controversia constitucional tiene dos recorridos diferentes:
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Sentencia 45/1986, de 17 de abril: el Tribunal Constitucional rechaza los conflictos de atribuciones promovidos por el Consejo General del Poder Judicial frente a las Cortes.
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Sentencia 108/1986, de 29 de julio: el Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por 56 diputados y avala el nuevo sistema de elección de los vocales.
Esta segunda sentencia contiene una advertencia particularmente relevante. En su fundamento jurídico decimotercero, el Tribunal Constitucional reconoce que el objetivo de reflejar el pluralismo existente en la carrera judicial puede alcanzarse más fácilmente mediante la elección directa por los propios jueces.
No obstante, considera constitucionalmente admisible la elección parlamentaria, siempre que la mayoría cualificada sirva para garantizar ese pluralismo. Advierte expresamente del peligro de que las formaciones políticas se repartan los puestos del Consejo en función de su representación parlamentaria.
El Tribunal distingue, por tanto, entre la constitucionalidad del sistema y la conveniencia de la utilización que los partidos puedan hacer de él. No declara inconstitucional la reforma, pero tampoco avala el reparto partidista de las vocalías.


31 Marzo 1985
Poder judicial, soberanía e independencia
La elección por el Parlamento de los vocales del Consejo del Poder Judicial, tal como se contempla en el proyecto de ley orgánica ahora en discusión, es perfectamente constitucional y responde con exactitud al artículo 1º-2 de nuestro primer texto legal, según el cual «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado». A partir de esta tesis, el autor del artículo desmonta uno a uno todos los argumentos esgrimidos por los sectores políticos y de la magistratura discordantes con la redacción del proyecto de ley. Entre otros argumentos, considera que la elección preceptiva según la Constitución de un número de vocales a cargo del legislativo no supone una limitación, sino el establecimiento de un cupo de mínimos, a fin de que por una ley posterior no pudiese quedar quebrantado el precepto constitucional básico que exige la presencia en todo órgano institucional de personas elegidas por los directos representantes de la soberanía nacional. La división de poderes y la independencia del poder judicial quedan, según el articulista, perfectamente garantizados.


09 Abril 1985
La elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial
Cuando se afirma que la elección por las Cortes Generales de los 12 vocales de procedencia judicial significa un atentado a la independencia del Poder Judicial y una vía abierta a la politización de la justicia, se están haciendo afirmaciones que podrían utilizarse como argumento demostrativo de que quienes así se expresan ya han tomado partido previamente por claras razones políticas. Estas manifestaciones silencian que las Cortes Generales han de elegir esos 12 vocales entre jueces y magistrados de todas las categorías, jueces y magistrados en activo servicio, que están desempeñando sus funciones en el Tribunal Supremo, en las Audiencias y en los Juzgados de España, y a los que habrá que conceder que son tan dignos, preparados, independientes, imparciales e integrantes del poder judicial como todos los demás. Quienes utilizan este argumento están pensando, o prejuzgando que esos jueces serán elegidos por su significación política, su propensión a supeditarse al poder ejecutivo o su parcialidad. Y esto es una presunción gravísima y una más que velada acusación, que no puede menos de calificarse que de intolerable. En el actual Consejo General de Poder Judicial hay vocales de elección parlamentaria que son magistrados pertenecientes a la carrera judicial, en la que estaban actuando cuando fueron designados por las Cortes. ¿Es que estos vocales son menos independientes que los que accedieron al cargo por elección interna entre los magistrados como candidatos de la única asociación profesional existente?
La elección parlamentaria
Pero esta realidad no afecta solamente a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que han sido o que van a ser de elección parlamentaria. Afecta de lleno a los miembros de otros órganos del Estado que ejercen funciones jurisdiccionales y que han sido, asimismo, designados por las instancias directamente representativas de la soberanía popular. Concretamente hay que referirse al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Cuentas. ¿Podrá decirse que la elección parlamentaria, inclusive por el Gobierno en parte, de la mayoría de los magistrados del primero les vicia de parcialidad? ¿Podrá decirse que los segundos, cuando ejercen funciones jurisdiccionales en exigencia de responsabilidades contables y dictan auténticas sentencias, que pueden llegar por la vía de recurso de casación al Tribunal Supremo de la nación, pueden no ser imparciales porque han sido nombrados por las Cortes Generales? En realidad, el problema deriva directamente de la asunción. o no del Estado social y democrático de Derecho que instaura nuestra Constitución. Si se considera que la elección por las Cortes Generales constituye una especie de vicio que mancha cualquier designación o nombramiento que salga de ellas, parece claro que no se asume, o no se comprende, lo que es la más directa representación del pueblo español. Lejos de ello, la elección por las Cortes Generales, y más aún cuando se produce por mayorías reforzadas de tres quintas partes de cada Cámara, debería ser título de legítimo orgullo para el así designado, y garantía, en el supuesto del máximo órgano de gobierno del poder judicial, de que éste se integra por personas, que gozan de la plena confianza del pueblo español, del que derivan todos los poderes del Estado. ¿Es que son de mayor fiabilidad los pactos dentro de asociaciones o tendencias profesionales que el consenso que ha de producirse, para la finalidad pactada, en las Cámaras legislativas?
Se olvida, cuando se habla, como se está haciendo en estos días, de politización y de posibilidad de claudicaciones partidarias en la justicia, que tanto la independencia del órgano de gobierno del poder judicial como la de los propios jueces y magistrados no dependen de su sistema de acceso a las respectivas instancias, sino de una serie de garantías paralelas, como son la inamovilidad, las prohibiciones e incapacidades establecidas en los correspondientes estatutos orgánicos, la responsabilidad, incluso, si se quiere, la disposición de medios suficientes y, en último término y para que se entienda por todos, la dignidad y honradez de quienes juzgan a los ciudadanos o de quienes han de gobernar a los que juzgan.
Los ejemplos europeos
El poder judicial se integra y ejerce por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Pero el poder judicial, como se ha dicho antes y como establecen los artículos 1.2 y 117.1 de nuestra Constitución, es un poder más del Estado, que emana del pueblo español. Si esto es así, y si no se asume, dígase también ¿cómo se comprende que nuestro Texto Fundamental haya querido dejar, sin al menos tina mínima conexión -que no subordinación- con la representación legítima de aquél, el gobierno de un poder al arbitrio exclusivo, como si sólo a ellos importara, de un colectivo de funcionarios por muy integrantes de ese poder que sean? En el ejemplo italiano, que es el que más se cita como afín al español, hay una clara diferencia, que allí salva esa mínima conexión con la representación popular que debe existir entre los tres poderes, y que es el hecho de que el presidente del Consejo Superior de la Magistratura es el presidente de la República, de elección parlamentaria, conforme es bien sabido. Y nada se diga de los modelos francés o alemán, en que los miembros de los, órganos equivalentes, o son de designación presidencial o están formados por los ministros de Justicia de los Estados y un número igual de miembros elegidos por la Dieta Federal. Habrá que imaginar que nadie osará decir que la justicia en Francia, RFA o Italia está. mediatizada por la política o que en estos países el poder judicial carece de independencia. Para tratar jurídicamente la constitucionalidad de la fórmula controvertida en estos días basta con la consideración. del argumento principal que, desde un punto de vista de técnica jurídica, se esgrime por quienes la rechazan. Se dice que si la Constitución hubiera querido atribuir a las Cortes Generales la facultad de elegir a los 12 vocales de procedencia judicial hubiera hecho extensivo a éstos el procedimiento previsto para la elección de los ocho vocales restantes. Si no lo ha hecho así, se sigue argumentando, es que ha agotado en estos últimos la intervención parlamentaria. En definitiva, se trataría de una aplicación concreta del clásico aforismo interpretativo consistente en entender que si la ley se refiere a un caso, habrán de considerarse excluidos los demás, es decir, del que viene conociéndose como argumento a contrario sensu.
Pero, aparte de que este argumento normalmente nada prueba y ha de utilizarse con extremada precaución, parece claro que una interpretación literal, y lógica del artículo 122.3 de la Constitución deja abierto el sistema de elección de los vocales judiciales y sólo exige que, como todos, sean nombrados por el Rey, de entre jueces y magistrados de todas las categorías, en los términos que establezca la ley orgánica del Poder Judicial. Y hay que añadir que tan clara es esta interpretación que la propia ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial hoy vigente, no se limitó, como hubiera sido lo lógico, a entrar directamente en la regulación del sistema de elección de aquellos vocales, sino que hubo de determinar, después de una transcripción prácticamente literal del artículo 122.3 de la Constitución, en sus artículos 7º y 8º, quiénes eran o podían ser los electores -artículo 12-, y lo hizo porque era una necesidad ineludible ante la inconcreción del texto constitucional y, además, con una clara distinción de las preposiciones entre para designar a los elegibles y por para hacerlo respecto de los electores.
Si todo ello es así, valdría la pena pedir un mínimo de meditación y de respeto cuando se hable de politizaciones e inconstitucionalidades en este punto, sin perjuicio, claro está, de lo que resuelva, o pueda resolver, en su día el Tribunal Constitucional.
Pascual Sala Sánchez es presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.
El Análisis
La frase «Montesquieu ha muerto», atribuida a Alfonso Guerra y cuya autoría literal este siempre ha negado, ha quedado asociada a la reforma judicial de 1985. No sería justo ignorar el problema que los socialistas pretendían resolver: la carrera judicial española era mayoritariamente conservadora y el sistema electoral de 1980 favorecía que la APM monopolizara la representación judicial en el Consejo. Los sectores progresistas, representados por magistrados como Conde-Pumpido, Varela, Robles o Belloch, tenían motivos para temer que sus posiciones fueran sistemáticamente minoritarias en los órganos de gobierno de la magistratura. Otra cosa es que la solución a un posible monopolio corporativo tuviera que consistir en trasladar a los partidos políticos la totalidad de las designaciones. Cabía modificar el sistema electoral judicial, introduciendo mecanismos de representación proporcional que garantizaran el pluralismo sin privar a los jueces de su condición de electores.
Controlar el Consejo General del Poder Judicial no equivale necesariamente a controlar la justicia: los vocales no pueden ordenar a un juez qué sentencia debe dictar, ni revocar una resolución judicial por considerarla políticamente inconveniente. Pero tampoco puede despreciarse la influencia de un organismo que decide nombramientos discrecionales, ascensos, presidencias de tribunales y la composición del Tribunal Supremo a través de sus nombramientos. Resulta significativo que el propio Tribunal Constitucional, al avalar la reforma en 1986, advirtiera del peligro de que los partidos se repartieran las vocalías en función de sus respectivas cuotas parlamentarias. El problema de la reforma de 1985 era que, al intentar evitar la hegemonía de una tendencia ideológica dentro de la magistratura, lo que hizo fue blindarse el control partidista del gobierno de los jueces.
J. F.
