El PSOE presenta una nueva moción de censura contra el presidente de Cantabria Hormaechea, que fracasa por el voto en contra del PP

Se comprende la resistencia de los diputados del Partido Popular (PP) en la Asamblea de Cantabria a respaldar con sus votos la candidatura del socialista Jaime Blanco a la presidencia de esa comunidad. Pero ellos y la dirección nacional de su partido deben comprender que será dificil librarse del actual presidente, Juan Hormaechea, sin pagar un precio por haberle sostenido durante años contra toda prudencia y cualquier principio.Hormaechea, especialista en dejar en ridículo a quienes confían en él, expendió su última provocación contra Aznar en vísperas de las elecciones generales del 6-J: decidió resucitar a su en teoría disuelto partido para disputar al PP el voto conservador de la región. El efecto fue privar a los populares tal vez de un diputado y dos senadores. La consiguiente ruptura ha dejado al Gobierno de Cantabria en una situación surrealista: reducido a tres consejeros fieles a un presidente que en otoño será juzgado por prevaricación y malversación de fondos y sostenido por ocho diputados -de una Asamblea de 39- exiliados en el Grupo Mixto tras su expulsión del Popular.

El deterioro que ese panorama expresa ha sido aducido por los socialistas como argumento para presentar una moción de censura destinada a desalojar a Hormaechea. Tal desalojo es imposible, sin embargo, sin el respaldo de al menos dos diputados del PP. La moción se debatirá el próximo día 1, y hasta última hora intentarán los socialistas un compromiso con los populares similar al que sirvió en diciembre de 1990 para censurar por primera vez a Hormaechea y constituir un Ejecutivo de concentración que gobernó la comunidad, con presidente socialista, durante seis meses. Los populares se resisten ahora a apoyar la moción por considerar que la otra vez fueron los socialistas los más beneficiados con la operación. Es posible que así fuera, pero resulta poco consistente como argumento; tan poco convincente como el de Martín Villa, aceptado a la postre por el resto de la dirección del PP, para reconstruir el pacto con Hormaechea después de las elecciones regionales de 1991: el de que la mayoría de la población se había pronunciado por opciones de centro-derecha.

La de Cantabria es la comunidad autónoma cuyo Gobierno está más desprestigiado ante sus propios ciudadanos: así lo revelaba la macroencuesta del CIS de noviembre pasado, en la que el Ejecutivo cántabro aparecía en última posición en honradez, eficacia, valoración global de la gestión y calificación de su presidente. Ese descrédito ha afectado a la credibilidad del PP en la reciente campaña, sin que sus principales dirigentes hayan sido capaces de hacer frente con energía al problema (Aznar, que en 1990 aseguró estar dispuesto a disolver el partido en Cantabria si ésa era la única salida digna, dijo en plena campaña que el problema planteado por Hormaechea no era de su incumbencia). Los insultos a Tocino, Fraga y Aznar en una noche de copas o la resistencia a acatar la recomendación de dimisión planteada por la dirección del PP tras hacerse efectivo su procesamiento son comportamientos de Hormaechea que se inscriben en una gestión más extravagante que eficaz, y uno de cuyos efectos ha sido un endeudamiento que hipoteca el futuro de la región por largos años.

Frente a ese panorama, a los populares debería resultarles irrelevante que los socialistas se beneficiaran más o menos de la cuenta si a cambio consiguen desligarse de un personaje que ha demostrado estar dispuesto a hundirles con él. Sobre todo, la operación resultaría barata si Aznar aprende de una vez que en política nada es gratis y que no hay atajos en el camino hacia la mayoría: que operaciones más o menos oportunistas consistentes ora en introducirse en partidos regionalistas -como en Navarra-, ora en integrar a caudillos populistas locales en las propias filas -como en León, Burgos o Cantabria-, implican riesgos más que proporcionales para la coherencia del proyecto y acaban pasando factura. Pero también el PSOE cántabro debería haber amarrado los apoyos, incluso al precio de tener que presentar un candidato diferente, antes de lanzarse a una piscina a la que parece faltarle agua.

El «caso Hormaechea» se sigue interponiendo en la carrera política de José María Aznar, quien no tendrá queja de los medios informativos, que se han mostrado extraordinariamente benévolos con el líder del Partido Popular en relación con tan escabroso asunto. Un par de campañas bien orquestadas y Aznar habría fenecido políticamente. Porque es una historia única e irrepetible. Lo que ha soportado y sigue soportando el PP es algo que no se entiende si no es desde la desnuda apetencia de poder o desde la marginación absoluta de la ética política. «No cambiaré la dignidad por el poder», fue la célebre sentencia de Aznar, clamorosamente incumplida pocos meses después. A partir de ese momento, ya todo fue posible. Juan Hormaechea, en los preludios de las últimas elecciones, estuvo humillando al presidente nacional del PP y a todo el partido, hasta que cumplió su amenaza de resucitar la Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA) y presentarse a los comicios al margen y contra el que venía siendo su partido. Esas situaciones no las hubiera tolerado nadie, ni en el Partido Socialista ni en ningún otro partido. Desde el momento en que Aznar transigió en pactar de nuevo con Hormaechea, a raíz de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 1991, podía esperarse cualquier cosa. Y ya vemos que ocurrió hasta lo inimaginable. Ahora estamos ante el puro esperpento: un gobierno cántabro que no cuenta con más apoyo que siete diputados, que forman el último reducto del singular presidente. Y encima haciendo frente a una moción de censura socialista de la que el recalcitrante va a salir indemne por los escrúpulos del PP, que tenía que haberse adelantado a promover la moción, lo que tal vez le hubiese permitido pactar con el PSOE un presidente de recambio del PP. Lo mismo que hace dos años y medio pactaron para derribar a Hormaechea y sustituirlo por el socialista Jaime Blanco, el mismo candidato alternativo de hoy. El Partido Popular ha sostenido y sostiene -en realidad no sabemos – hasta cuándo- a quien le ha humillado, le ha desautorizado, le ha vilipendiado, le ha desacreditado y le ha traicionado. Es un caso único en la historia y en cuestiones de ética comparativa, además quedan a la altura del betún. En el partido competidor, el PSOE, sin recurrir a ningún archivo, recuerdo ahora mismo los casos de tres presidentes autonómicos relevados de sus cargos por motivos mucho menores que los que se le imputan judicialmente al cántabro. Me refiero a los murcianos Hernández Ros y Carlos Collado y al castellanoleonés Demetrio Madrid, los dos últimos exculpados luego por la Justicia y el primero creo que ni siquiera inculpado. Y llovía sobre mojado, después del caso del alcalde burgalés, que también se resistió lo suyo. Vamos a ver si el PP opta o no por el borrón y cuenta nueva.

HORMAECHEA SIGUE. ¿Por cuánto tiempo? Dependerá del momento en que el Partido Popular decida resolver la contradictoria situación en la que se encuentra: apoya con sus votos a quien le ha traicionado en las recientes elecciones, insultado a sus dirigentes y endosado el caso de corrupción que lleva su nombre. Es difícil vislumbrar mayor proclividad al masoquismo político si, como parece, lo que se pretende es mostrar un deseo sincero de regeneración de la vida pública.Ya en terrenos tácticos, lo cierto es que en el fracaso de la moción de censura presentada por los socialistas al presidente cántabro la principal responsabilidad corresponde a sus promotores: una iniciativa política de esa envergadura no puede quedar reducida a un intento vano. No sólo por el coste político que supone para quienes la toman, sino porque tal derrota conlleva en alguna medida el reforzamiento de aquel contra el que va dirigida. Es decir, justo lo contrario de lo que se pretendía con dicha moción de censura.

El resultado no puede ser más disparatado: un dirigente público procesado, desprestigiado, aislado y enfrentado a los dos partidos de mayor peso en el ámbito estatal que, pese a ello, sigue al frente del Ejecutivo de Cantabria. ¿Qué ha impedido a los populares y socialistas acordar una propuesta alternativa a quien ambos grupos consideran un gobernante nefasto, que ha hipotecado el futuro de la autonomía con una deuda absolutamente desproporcionada a sus recursos?

Los dirigentes del PP han dado a entender que la hora de la verdad para Hormaechea sonará en otoño próximo, cuando el político cántabro comparezca ante la justicia para responder de los delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos que se le imputan. Pero no se entiende qué es lo que ese instante añadirá a la mejor comprensión del procesado. Si, como pudiera alegarse, no deberían adoptarse decisiones previas a la celebración del juicio, lo que en definitiva se defiende es que el caso Hormaechea es exclusivamente judicial. Un evidente error que entierra los componentes políticos, el talante populista y la megalomanía del personaje.

Lo que, en cambio, sí ayuda a comprender el escenario político donde se desarrolla esta extraña representación es el comportamiento de sus protagonistas en el Parlamento autónomo, durante el debate de la tan citada moción de censura: de un lado, el PP sosteniendo con sus votos a quien acusa de realizar «una gestión arbitraria», distorsionar «los métodos democráticos de relación institucional» y dirigir «sus estrategias políticas en un sentido contrario al del interés general de los cántabros». De otro, Juan Hormaechea imputando a quienes consiguieron un aplazamiento de su caída de «prácticas fascistas y totalitarias», acusándoles de «chantaje», «enchufismo» e incluso de corrupción política (pagos ilícitos a empresarios y vinculaciones oscuras con los constructores).

Después de todo ello es inexplicable que los populares respalden a quien así se comporta. No debería demorarse mucho el momento en el que el líder del PP, José María Aznar, aplique al caso su celebrada sentencia «no cambiaré la dignidad por el poder». Esa iniciativa -además de un triunfo de la honestidad sobre la ambición- sería beneficiosa para su partido: le liberaría de la servidumbre de un personaje desacreditado y que no ha aportado nada a la coherencia del proyecto político con el que los populares pretenden llegar al poder.