Escándalo de corrupción en el PSOE andaluz: Expulsado el exconsejero Jaime Montaner y baja voluntaria del exvicepresidente Salinas al saber que estaban siendo investigados

Jaime Montaner, ex consejero de la Junta andaluza acusado por la Fiscalía Anticorrupción de prevaricación y cohecho, ha tratado de desmarcarse del affaire marbellí recurriendo a lo de siempre: no lo sabía. Llega a admitir el hecho: («Cheques de Jesús Gil por licencias de obras fueron destinados a trabajos encargados por el PSOE o a determinadas cuentas privadas»). Lo contrario sería negar la evidencia, ratificada por la investigación del fiscal. Pero a renglón seguido, se apresura a advertir «…pero yo lo desconocía». Era el consejero de Obras Públicas, el encargado de decidir sobre la alteración del nivel de edificabilidad de los terrenos de Jesús Gil, y sin embargo «lo desconocía». Es lógico que, paralela a la judicial, la dirección regional del PSOE haya puesto en marcha una investigación interna para aclarar este grave escándalo de corrupción. Manuel Chaves asegura que cree en su inocencia, pero advierte que si él estuviera en la piel de Montaner habría renunciado a la militancia cautelarmente. El presidente andaluz considera que mientras dura la investigación interna, lo apropiado sería que el ex consejero de Obras Públicas dejara su militancia a disposición del partido. La duda está en saber si la dirección regional se atreverá a llevar a término su rigor disciplinario con el antiguo socio de Palomino, cuñado de González.

Cómo se hizo el «loco» y engañó con dinero a los socialistas andaluces dinero a cambio de recalificaciones urbanísticas. Esas fueron las reglas de juego que «acordaron», en 1986, Jesús Gil y la Consejería andaluza que presidía Jaime Montaner. Entonces Gil no era alcalde de Marbella, aunque sí tenía allí importantes negocios inmobiliarios. Los detalles de la «extorsión» han sido contados por el propio Gil a la Fiscalía Anticorrupción, que le venía pisando los talones por presuntas irregularidades en su gestión municipal. Amparado en el nuevo Código Penal, el alcalde se ha sacado una última carta de la manga: la víctima, dice, fue él. Los villanos, los dirigentes del PSOE andaluz.

Desde que a mediados de los 80, el promotor inmobiliario Gregorio Jesús Gil y Gil desembarcara en el reino de la Costa del Sol, sus problemas con el Ayuntamiento socialista de Marbella fueron continuos. Las irregularidades urbanísticas de su sociedad Vegangeles, en la construcción del complejo residencial Los Cipreses del Mar, le habían enfrentado al Consistorio.

Gil había comprado en la llamada «milla de oro» dos parcelas (Hacienda Villa Mariola y Huerta Cristo del Guadapín) a la sociedad L’Etablissement Almanara, domiciliada en Vadouz (Suiza), con intereses en Ginebra y representada por el libanés Walid El Assaad. El precio confesado de la venta ascendía a 100 millones.

En la nueva finca, dividida por la carretera N-340, Gil acondicionó una casa principal como sucursal de su buque insignia, el Club Financiero Inmobiliario, construyendo en el resto del terreno una urbanización de lujo.

Los problemas de Gil con los hombres del entonces líder espiritual del PSOE andaluz, el presidente José Rodríguez de la Borbolla, comenzaron pronto. Gil quería un volumen de edificabilidad mayor al ofrecido por el Ayuntamiento marbellí. El 3 de junio de 1986, el consejero de Política Territorial de la Junta, Jaime Montaner, suspendía «las determinaciones relativas al número de plantas y altura máxima de edificación». Gil comenzó a atacar a técnicos y políticos.

Consciente de que su política de agresión no le reportaba ningún beneficio, cambió su estrategia. Recibió el mensaje de que para solucionar sus problemas debía ponerse en contacto con el abogado cordobés José Salinas González, padre el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, José Miguel Salinas Moya, uno de los estrategas del PSOE en los sistemas de recaudación paralela.

El constructor soriano se reunió varias veces con la familia Salinas, a la que conocía de antaño porque el abogado había trabajado para él en cuestiones urbanísticas. En las conversaciones, según la Fiscalía Anticorrupción, se llegó al acuerdo de que Gil entregase 220 millones. El destino del dinero: 20 millones para cubrir los gastos y la minuta del despacho de José Salinas, y el resto (200 millones), para la Junta de Andalucía. Este último montante fue a parar, entre otros, al entonces secretario de Asuntos Económicos de la Consejería de Presidencia, Antonio Prieto Durán. Otros, llegaron a «Mundicom», editora de periódicos próximos al PSOE.

El 7 de julio de 1986 Gil pagó el primer plazo a los recaudadores socialistas. Entregó 85 millones a los familiares de José Miguel Salinas. El dinero se dio en once cheques al portador, seis de 10 millones y los otros de 5. Los cheques fueron extendidos contra la cuenta corriente 8703960 de la Caja Postal situada en la calle O’Donell nº 18, de Madrid, a escasos metros de la vivienda del presidente atlético. Gil había encontrado en la Caja Postal un aliado financiero. Días antes, el 12 de junio de 1986, la entidad estatal acordó concederle un crédito hipotecario de 1.250 millones de pesetas, el primero de una serie de cinco por un total de 4.499 millones.

Para la entrega de los talones, Gil puso a trabajar a su fiel gregario, José Luis Jiménez Jiménez. Personaje detenido por la Policía en 1970 por una presunta estafa y encargado en otro tiempo del complejo Los Angeles de San Rafael (Segovia), Gil le había situado en la Costa del Sol al frente de sus sociedades Vegangeles S.A. y José L. Jiménez Jiménez S.A.

Fue Jiménez quien entregó los cheques a Manuela Rosario de la Fuente en el domicilio de la familia Salinas en Córdoba. Pero Gil lo tenía todo atado y bien pensado. Ese mismo día, en una operación secreta ideada por su abogado, José Luis Sierra, el constructor soriano fue al domicilio de su notario habitual, José Ignacio Fuentes López, y levantó un acta de once folios donde narraba toda la extorsión sufrida. No era esta la primera vez que maquinaba una argucia jurídica para tener atrapados a sus adversarios. Así ocurrió con la compra de una finca al duque de Santo Buono, o con el crédito impagado a la Caja de Segovia por más de 1.500 millones. En aquella ocasión, marzo de 1983, Gil, a los tres días de haber firmado con la entidad bancaria un contrato de dación en pago de los créditos, consiguió un certificado médico en el que se indicaba que en el momento de firmar el acuerdo tenía perturbadas sus facultades mentales. Con el certificado médico, Gil y Gil pretendía asegurarse la posibilidad de anular la dación en pago, gracias a aquella demencia transitoria.

Gil, ciclotímico

El parte médico rezaba así: «Don Jesús Gil y Gil sufrió una notoria ciclotimia, con inhibición motora y del pensamiento». La estrategia dio resultado. Con el acta notarial en una caja fuerte y el dinero en manos socialistas, Gil recurría de nuevo ante la Consejería de Jaime Montaner para exigir que el coeficiente de edificación se elevara. Ya no hubo problemas.

En octubre de 1986, Montaner resolvía el recurso dándole la razón. Logrado su objetivo, Gil se desentendió del resto de los pagos acordados… Los problemas volvieron a surgir. Y hubo nuevo pacto. Esta vez, con el pago de 50 millones al Ayuntamiento socialista. En mayo de 1988, siendo ya presidente del Atlético, Gil llegaba a un acuerdo transaccional con el entonces alcalde marbellí, Alfonso Cañas (que ahora ha acusado a González de inhibirse en el caso).

Pero los conflictos continuaron. Y una vez alcanzada la popularidad futbolística, decidió presentarse a la alcaldía «para así poder vender mis pisos». Era la única ficha que aún le faltaba por mover. El 15 de junio de 1991 salía elegido por aclamación popular. Desde ese día, sus problemas con la Junta de Andalucía (PSOE), no han desaparecido. Gil tenía en mente que, a cambio de modificar verbalmente el Plan General de Ordenación Urbana en beneficio de particulares y empresas, conseguiría suculentos fondos para su causa mesiánica. Sin embargo, las recalificaciones sólo podían ser declaradas legales por la Junta de Andalucía.

Los ansiados fondos no llegaban y Gil se encontraba en un agujero sin salida. Además, la Fiscalía Anticorrupción llevaba tiempo investigándole. Pero, otra vez, volvió a sacar sus armas.

El nuevo Código Penal le permite convertirse en un arrepentido sin que la Ley caiga sobre él. Antes de que finalizara el plazo de gracia concedido, se personó ante la Fiscalía para ratificar la extorsión. Gil había rastreado con lupa el paradero de los cheques. El PSOE calculó mal sus bazas, porque no hay peor cuña que la de la misma madera.