Esperanza Aguirre Gil de Biedma dimite como Presidenta del Partido Popular en Madrid dando paso a una gestora

El Partido Popular se enfrenta a la necesidad imperiosa de pagar las facturas debidas a la sociedad por algunas de sus prácticas en el pasado. No es el único grupo afectado por la corrupción, pero sí uno de los que menos ha hecho por regenerarse. Sujetos a las necesidades de Mariano Rajoy, que frenó la oleada de dimisiones intentada tras el batacazo de las elecciones municipales y autonómicas, los dirigentes del PP han permanecido quietos hasta la renuncia de la presidenta de la organización madrileña, Esperanza Aguirre, incapaz de aguantar por más tiempo al frente de una estructura poblada de presuntos corruptos.

Aguirre tiene buenas razones para asumir responsabilidades. A medida que avanza la investigación de la trama Púnica, se agrandan las sospechas sobre la gravedad de los actos que han podido cometer personas de gran poder e influencia a su lado. La macroinvestigación de la trama Gürtel ya había dejado claro que nada ni nadie frenó la corrupción o el uso fraudulento de dinero público. La pregunta no es cuánto más podía aguantar la mujer fuerte,sino cómo no había dimitido antes. Lo que ha ocurrido en Madrid es que el juez y la Guardia Civil van tirando de los hilos hasta dar con una lógica: si el ex secretario general del partido en la comunidad, a la sazón Francisco Granados, es un presunto corrupto a gran escala, todo el partido puede estar infectado. “Algo grave hay ahí”, admitió Aguirre en su comparecencia de ayer.

Es abusivo que las autoridades o dirigentes afectados por investigaciones sobre corrupción traten de sostenerse contra viento y marea. El político responde ante los electores y no solo ante los jueces. El abuso en la mezcla constante de ambos planos ha llevado a muchos votantes a dar la espalda a partidos de corruptos. Los nuevos políticos han impuesto o asumido la agenda de la regeneración y resulta suicida que los sospechosos de corrupción se refugien en los recovecos legales para sostenerse en la política.

Pero no solo ellos: los jefes de los partidos tienen que responder de la buena administración de los caudales públicos por parte de personas que dependen de aquellos y de la limpieza de la competición electoral, falseada por la corrupción al saltarse las reglas de la financiación de la política.

Por desgracia para Rajoy, había corrupción (presuntamente) en la organización central del partido del que ha sido secretario general y presidente, como lo indica el encausamiento de varios de sus tesoreros nacionales, y la había en la organización madrileña, que no le ha sido favorable políticamente, pero también en la valenciana, uno de sus puntales más importantes.

El PP permanece bloqueado por Rajoy, que dio orden de frenar todos los congresos regionales y de supeditarlos al congreso nacional, aplazado sine die.Pero eso no detiene los escándalos producidos a cada avance judicial, con muchos procesos pendientes. En estas condiciones, parece imposible que cualquier otro partido facilite la reelección de Rajoy como presidente del Gobierno. Cuando antes lo entienda, menos complicado será formar otro Ejecutivo.

POR SORPRESA y mediante una rueda de prensa urgente, Esperanza Aguirre anunció ayer su dimisión del cargo de presidenta del PP de Madrid. Lo hizo, según dijo, para asumir su «responsabilidad política» después de que el juez instructor de la operación Púnica ordenara esta semana hasta cinco registros para investigar posibles pagos al PP madrileño. La renuncia es un gesto tan infrecuente en la política española que no cabe más que elogiar el paso dado por Aguirre. Por inusual pero, sobre todo, por la facultad que tiene de señalar el camino para la profunda regeneración que necesita el PP, tras perder 3,5 millones de votos en las últimas elecciones generales y ver su estructura gangrenada por la corrupción.

Aguirre, quien compareció el pasado viernes ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, no está bajo sospecha ni se halla encausada en ningún proceso. Su responsabilidad afecta a sus competencias en la estructura regional del PP, y de ahí que conserve su puesto de portavoz popular en el Ayuntamiento de la capital. Si en septiembre de 2012 renunció a la presidencia de la Comunidad de Madrid por motivos personales, ahora lo hace forzada por las investigaciones que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP en Madrid. En concreto, por la operación centrada en rastrear si el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, donó casi dos millones de euros al PP en distintos pagos al exgerente regional Beltrán Gutiérrez. Abonos que fueron anotados en su agenda por Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, en prisión desde octubre de 2014. Esto es lo que, de forma coherente, llevó ayer a Aguirre a admitir su responsabilidad «in eligendo» por elegir a Granados; e «in vigilando», por considerar que «debería haber vigilado mejor». Su salida fija un listón elevado en el PP. Primero porque deja en una situación insostenible a Rita Barberá, atrincherada en el aforamiento que le procura su acta de senadora, pese a la imputación de todos los ediles del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Y, segundo, porque agrava la situación de Rajoy, lastrado por su tacticismo a la hora de dilatar la renovación en su partido.

La crisis interna ahora mismo en el PP es una crisis de liderazgo porque el estallido de la corrupción, tanto en Madrid como en Valencia, le llega a Rajoy en el peor momento, tras haber cedido la iniciativa política a Pedro Sánchez en el trámite de investidura y cuando empieza a cundir el cuestionamiento interno sobre su idoneidad como candidato ante un eventual adelanto electoral.

«La gente quiere gestos», exhortó ayer Aguirre, aunque ella siempre esquivó escándalos como el caso Gürtel -destapado en 2009- o el polémico ático de Ignacio González, revelado por EL MUNDO. Cuestionada sobre el futuro del líder de su partido, respondió que ha llegado la hora de los «sacrificios» y las «cesiones». Es evidente que, extrapolando a Rajoy el rasero que ayer Aguirre se aplicó a sí misma, el presidente del PP debería dar un paso atrás para facilitar un acuerdo de amplia base entre PP, PSOE y Ciudadanos, tal como ha defendido este periódico durante las últimas semanas. Para ello es imprescindible que el presidente asuma que la corrupción en el PP no es cosa de garbanzos negros, sino una corrosión sistémica que cercena el proyecto político del centroderecha español. Rajoy, cuya honorabilidad personal no está en entredicho, no puede confundir el hecho de que el PP fuera el partido más votado el 20-D con un indulto a su tancredismo con la corrupción. El líder popular haría bien en impulsar una ineludible catarsis en el seno del Partido Popular. Sólo así podría desbloquearse la investidura y sólo así el PP allanaría el camino para recuperar la centralidad política sin atisbo de sombras.

La dimisión de Aguirre tiene la virtud, además, de focalizar la necesidad de actualizar los órganos de esta formación. Habilitar una gestora puede ser una solución transitoria para el PP de Madrid. Pero lo relevante es que, tal como pidió Aguirre, su sustitución concluya en un congreso abierto en el que los militantes puedan votar, una medida con la que coincidimos. La dirección del PP debe asimilar que la época de las decisiones a la búlgara ha periclitado y que, en consecuencia, necesita un cambio orgánico legitimado por sus bases.

En todo caso, lo que tendrá difícil el PP es encontrar a una dirigente de la talla política y la personalidad de Esperanza Aguirre. Políticamente tocada por su derrota en las últimas municipales, acumula una trayectoria de tres décadas que le ha llevado a ser la primera mujer presidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid. Siempre ha sobresalido por la defensa de sus principios liberales. Con independencia del juicio que puedan merecer sus ideas, nadie duda de su compromiso con un sustrato ideológico que, precisamente, debería ser la argamasa de un PP fuerte y renovado.

La relevancia política de Esperanza Aguirre es tal que se mide mejor por el odio de sus detractores que por el fervor de sus partidarios. Estos ya empezaban a escasear, incluso entre sus paladines mediáticos más numantinos; y en Génova y Moncloa, directamente ya no existían. Por eso ignoramos quién se alegra más por su dimisión. Errejón estaba tan eufórico que confundió a Reagan con Nixon y la Púnica con el Watergate; y es lógico, porque el liberalismo seguramente no entra en el temario de Somosaguas. Garzón dijo que la había echado la Gente, la Unidad Popular, y abstracciones por el estilo. Y Rivera no perdió ocasión de recordar que el mérito purgante corresponde a Ciudadanos, cuya alianza con Cifuentes permitió abrir la comisión de investigación en la que el portavoz naranja se mostró mucho más duro con Aguirre que el morado.

Rivera es el más autorizado para exigir una criba por dos razones: porque es el único realmente interesado en llegar a acuerdos con el PP; y porque su partido, con Fran Hervías en funciones de Señor Lobo, acaba de entrar en la historia de la democracia española como el primero en denunciar ante la Fiscalía a uno de sus afiliados por corrupción. Eso es predicar con el ejemplo. Eso sí es nueva política. Otra cosa es que un club tan selecto de incorruptibles -los intocables de Albert Ness– acabe desmoralizando a la cantera y fomentando el rencor de los atrincherados, que atacan a los de C’s llamándolos… «¡limpios!».

Pero quizá quien más se alegró fue quien no dijo nada. O sea, Mariano Rajoy. Que ve pasar el cadáver de otro enemigo antes de que a él mismo se lo lleve la corriente. Rajoy ya puede poner la rubia cabeza de Aguirre junto a la de Gallardónen su galería cinegética, pero se le agriará el colacao cuando repare en que Aguirre ha muerto matando: ahora todos miran a Rita y, elevando el argumento in vigilando, a su barbudo protector.

San Valentín es fecha propicia para matanzas, y sólo Aguirre podía hacernos disfrutar tanto. La echaremos de menos, pero mucho más sus haters, huérfanos de villano preferido. Siempre quedará Franco.