Estalla el PP: Isabel Díaz Ayuso denuncia públicamente que es víctima de una campaña de espionaje y desprestigio por parte de los líderes del partido Pablo Casado y Teodoro García Egea

La tensión y la rivalidad entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, evidente desde hace meses, estallaron ayer con una crudeza y una gravedad sin precedentes en la política española. El presidente del PP —mediante persona interpuesta, su número dos Teodoro García Egea— y la presidenta popular de la comunidad de Madrid hicieron detonar en directo, por televisión, lejos de los órganos de discusión del partido, varias armas de destrucción masiva que conducen al PP a una crisis de la que es imposible aventurar ahora mismo las consecuencias.

Abrió fuego Díaz Ayuso acusando directamente a Casado de organizar un plan, espionaje incluido, para perjudicarla. Y respondió Teodoro García Egea acusándola de atacar a la dirección para blindarse de las sospechas de presunta corrupción en torno a su hermano. La dirección fue explícita en público y prolija en privado. Creen que la presidenta, en lo peor de la pandemia, adjudicó un contrato para comprar mascarillas del que su hermano se habría llevado una comisión. Fuentes populares cifraron incluso la cantidad de esa comisión: 283.000 euros. La presidenta no negó que su hermano cobrara una comisión, pero defendió que todo fue legal y declarado porque trabaja como comercial en el sector.

Génova no presentó documentos sino que anunció que llevará la investigación interna hasta el final y luego tomará medidas. Pero el tono del secretario general le obliga a presentar pruebas y conclusiones en un plazo no demasiado lejano y a explicar por qué han mantenido silencio todos estos meses, desde que pidieron explicaciones a la presidenta de la comunidad en octubre. Ayuso les reclamó a su vez pruebas pero la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una vía fácil para zanjar el asunto: presentar públicamente los documentos que acrediten la comisión que cobró su hermano, el concepto, la fecha, la cantidad y su declaración fiscal.

Las acusaciones de espionaje y corrupción han vuelto a emerger, como si el tiempo no pasara por el PP de Madrid, en cuyas juventudes en tiempos de Esperanza Aguirre se formaron los dos protagonistas. La salvedad de la situación actual es que esta vez las acusaciones no vienen de fuera, ni del periodismo, ni de sus adversarios políticos, sino que se las lanzan a la cara los dos líderes más destacados del partido. La explosión pública del asunto tiene un sesgo trágico: fue la corrupción invasiva y estructural —ratificada judicialmente en al menos tres ocasiones— lo que desalojó del poder a Mariano Rajoy tras una moción de censura en 2018.

La frustración de expectativas que vivieron los populares en las elecciones de Castilla y León, la decisión vital que tienen que tomar sobre si admitir o no gobiernos de coalición con Vox, todo queda dinamitado por una guerra interna sobre la que hay dos únicas certezas. La primera es el dilema Casado o Ayuso, planteado ya descarnadamente en el interior del partido y a la luz pública. La segunda certeza es que el único beneficiario de este estallido es Vox.

La fragilidad del liderazgo de Casado y la osadía en el límite de la temeridad de Ayuso pueden haber fabricado un incendio político que necesite a un bombero con el que algunos sectores del PP sueñan desde hace tiempo.

La guerra civil desatada en el PP entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso no solo es inédita, descarnada e impensable por muchas discrepancias internas que existan, sino que además ya resulta irreversible, sin marcha atrás. Este jueves las comparecencias públicas del secretario general del partido, Teodoro García Egea, apenas dos horas después de la de Díaz Ayuso, fueron una constante acusación de deslealtad, crueldad y animadversión entre la dirección nacional y la presidencia de la Comunidad de Madrid. La inconcebible acusación de corrupción contra ella por haber favorecido supuestamente a su hermano en la contratación de mascarillas durante la primera fase de la pandemia a cambio de una comisión de 280.000 euros para él, aparte de las sospechas de espionaje de Génova a Ayuso, son un acto de empecinamiento destructivo que ha reventado el partido.

Resulta alarmante una organización donde se suceden filtraciones sobre supuesta corrupción de uno de sus principales activos, sin pruebas decisorias en su contra, por el mero hecho de haberse convertido en una adversaria interna. Lo que empezó como una mera lucha de ambiciones, con sus consiguientes egos, ha derivado en el desprestigio de la marca electoral. El daño mutuo que se han hecho es brutal, y el votante del PP asiste con incredulidad, e incluso con desprecio, a este episodio, que no es un incendio al uso, sino la ruptura última entre Casado y Ayuso. Tan grave es la crisis, que debió ser Casado, y no Egea, quien diese la cara personalmente porque es el presidente de un partido en quiebra técnica. Si la estrategia, el mensaje, la ofensiva y las decisiones son de Casado, no hizo bien en esconderse cuando más abiertamente está cuestionado su liderazgo.

Todo se basa en una lucha de poder que durante los últimos meses ha dado lugar a intoxicaciones informativas, manipulaciones políticas, medias verdades, y una falta de respeto absoluta al militante, al que han dividido en bandos, porque lo que menos importaba era el proyecto nacional de un partido en refundación tras la moción de censura de 2018. Lo de más era eliminarse mutuamente a toda costa. ABC conoció hace meses algunas de las acusaciones contra la presidenta madrileña, por cierto, sin que existieran pruebas solventes. Pero al no existir demostraciones palpables de nada, ABC se negó a publicarlas para no ser cómplice de campañas de intoxicación a sus lectores. La corrupción no parece ser el fondo real de esta pugna, sino solo la coartada, porque lo sustancial es la erradicación del adversario, y en definitiva y según vamos conociendo, impedir que Díaz Ayuso llegue a ser presidenta del PP madrileño. Por eso García Egea dejó en el aire la expulsión de Ayuso del partido. No obstante, la renuncia este jueves de Ángel Carromero, hombre de confianza de Casado en el Ayuntamiento de Madrid, demuestra que el espionaje a Ayuso sí se encargó desde Génova, lo cual es de una enorme gravedad que señala directamente al propio Casado y obliga a saldar responsabilidades. Carromero es una figura menor, un fontanero más dispuesto a ejercer las tareas más infectas desde la oscuridad de su posición, hasta el punto de dañar la reputación de uno de los símbolos electorales del partido.

Ya parece ser tarde para que Casado y Ayuso se encierren a solas a pactar unas mínimas normas de convivencia por un proyecto unitario antes de que la fuga en masa a Vox sea mayor. Es la hora de las responsabilidades, de las dimisiones. La responsabilidad alcanza directamente al gestor de toda esta crisis, que lleva meses preparando una operación que al final no ha sido capaz de controlar. A Egea le han detonado la bomba contra Ayuso desde fuera y se le ha vuelto en contra. Es hora de que se vaya. Casado debe entregar la cabeza de su secretario general y a partir de ahí recomponer las distintas relaciones e interlocuciones, no solo con Ayuso. Si no lo hace, difícilmente recuperará el impulso necesario para retomar el rumbo del PP y poder reclamar a Ayuso un ‘quid pro quo’ con Miguel Ángel Rodríguez.

Asunto distinto es que la presidenta reconociera este jueves que su hermano se benefició de un contrato con la administración autonómica durante la pandemia. El contrato, asegura, es plenamente legal y a precios de mercado, y según la presidenta no hizo nada para favorecerlo ni supo que su familiar era interesado en la operación, puesto que lleva décadas intermediando en el sector sanitario. De momento, no existen evidencias para dudar de la palabra de la presidenta, y si en algún momento las hubiera será causa para investigarse en los ámbitos parlamentarios y judiciales. Bueno es, en todo caso, y por una mínima transparencia, que el asunto se haya conocido. Mejor habría sido hacerlo público en su momento, y de esta manera se habría evitado la coacción que según ella le ha practicado su partido.

Es improbable que la actual dirección del Partido Popular vuelva de la vergüenza que está protagonizando. No se vuelve de un intento de chantaje sin pruebas que liquida la presunción de inocencia de una presidenta autonómica elegida masivamente por los ciudadanos sobre la que no pesa mancha judicial alguna.

NO SE vuelve del ataque irracional al mejor activo de tu sigla por una mezcla de inseguridad patológica, mediocridad política y celos absurdos. No se vuelve de la alianza clandestina con el adversario político y mediático para completar una pinza siciliana ejecutada no en aras de la higiene democrática sino del chantaje partidista. Pero sobre todo no se vuelve de la traición frontal a tus votantes. Nadie ha vuelto de su propio suicidio.

Nadie fuera de las mezquinas claves del poder orgánico entiende la deriva autodestructiva escogida por la cúpula del PP, que desde que llegó a Génova ha chocado con todas y cada una de las baronías territoriales, no solo con Madrid. Hoy sabemos que esa dirección dio crédito a un rumor filtrado por Moncloa contra el hermano de Ayuso según el cual este habría cobrado una cuantiosa comisión por mediar en la compra de material sanitario vital en la primera fase de la pandemia. El hermano de Ayuso es agente comercial en el sector sanitario desde hace décadas, y ni hasta la fecha existen pruebas de ilegalidad alguna en su desempeño ni el PP ha sido capaz de reunirlas tras meses de bochornosa búsqueda a través de una agencia de detectives, a la que se encomendó la tarea delictiva de recabarlas sin orden judicial en el entorno familiar y personal de Ayuso. A la cúpula popular no la movía el hipócrita prurito regenerador que ahora proclama y que la izquierda compra por interés, sino el oscuro deseo de encontrar munición con que chantajear a quien sentían que amenazaba su poder. Se ha guiado por sospechas manipuladas.

Los votantes del PP hoy saben que el partido al que votaron o al que pensaban votar está dirigido por una desafortunada conjunción de insensatos sin escrúpulos que ha decidido anteponer sus pequeños intereses personales a la construcción de una verdadera alternativa de gobierno. Hasta se convocan manifestaciones de votantes en la puerta de Génova para apoyar a Ayuso en contra de Casado. Las cosas jamás deberían haber llegado a este punto, y la torpe rudeza del secretario general -que ha abierto un expediente a la presidenta madrileña, a cuyo éxito electoral debe Casado la única buena noticia de su ejecutoria- es la principal responsable del cisma. A esta hora García Egea todavía no ha entendido que en democracia el capital político lo da el pueblo con sus votos, no el burócrata con sus intrigas de despacho. Quien sí lo ha entendido es Almeida, que entre la condición de alcalde de Madrid y la de portavoz del partido ha optado claramente por la primera, entregando la cabeza de Ángel Carromero, señalado como enlace de Génova para orquestar chapuceras maniobras de espionaje contra Ayuso.

El PP se encuentra en estos momentos en una auténtica encrucijada existencial. Las elecciones de Madrid probaron el triunfo personal de Ayuso, que las convocó, mientras que los comicios de Castilla y León han desmentido la fantasía triunfal de Casado. Es obvio que la dirección nacional del PP, con Teodoro García Egea al frente, está fracasando. Su proyecto no ilusiona, quizá porque tras tanto bandazo resulta irreconocible, mientras Vox no ha dejado de crecer… salvo en Madrid. El estilo de gobierno de un partido no es baladí: uno gobernará mañana España como gobierna hoy su partido. Ayuso ha ganado sometiendo su gestión al examen de los ciudadanos. Su declaración institucional de ayer, recorrida por una indignación con pocos precedentes, emplazaba directamente al presidente del partido a explicar por qué dio pábulo a una campaña de destrucción personal; pero Casado se escondió tras García Egea. La ausencia de liderazgo no solo se manifiesta en gestos así sino en la inmadurez de un modus operandi que trata de imponer la disciplina a martillazos. El fruto de esa estrategia es la desvertebración del PP: cada región va a la suya, empezando por Mañueco. Y la deriva irá cada vez a peor, si nadie lo remedia, hasta el desastre final.

Es poco probable que se puedan hacer peor las cosas, pero ello no es óbice para que la dirección nacional del Partido Popular esté obligada a llevar la investigación sobre el presunto trato de favor a un hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hasta alcanzar unas conclusiones, las que sean, que no dejen la menor duda sobre lo sucedido. Y, por supuesto, cuanto antes, mejor, y con la máxima transparencia posible que es lo menos que se merecen los militantes y simpatizantes de la formación, que no salen de su asombro ante el espectáculo de unos dirigentes empeñados en una batalla interna, bastante menor, puesto que no enfrenta diferencias ideológicas, sino meros personalismos, mientras la situación económica y social que atraviesa España puede definirse de muchas formas, menos boyante.

Sin duda, la opinión pública pasará la correspondiente factura al despropósito, pero no es esa la cuestión que ahora nos interesa. Entre otras razones, porque no es la primera vez que el asunto del contrato de las mascarillas, por cierto, aprobado en su día por la Subdirección de Contratación del Servicio Madrileño de Salud, ha surgido en la escena política, primero desde las oposición de izquierdas, que ha aventado reiteradamente las sospechas contra Díaz Ayuso en sede parlamentaria, y, ahora, desde el propio seno de la formación popular, tal y como cabe interpretar a la luz de las contundentes declaraciones de su secretario general, Teodoro García Egea.

A este respecto, y sin entrar en fáciles juicios de intenciones, no es posible negar que la nueva dirección del PP es extremadamente sensible ante cualquier indicio de corrupción que pueda surgir entre los suyos, consciente del grave daño causado por las prácticas nada edificantes de quienes se prevalieron de su condición de cargo público para enriquecerse, ávidamente aprovechadas por los adversarios políticos para cuestionar, a modo de causa general, toda su labor de gobierno e, incluso, su propia legitimidad. De ahí que, como señalábamos al principio, sea imperativo que se diluciden las sospechas que recaen sobre la presidenta madrileña, una de las figuras populares más apreciadas por los votantes y cuya proyección política traspasa las fronteras de la región.

Debe hacerse, claro, con las garantías debidas, pues la experiencia de estos últimos años nos demuestra que el daño causado por acusaciones apenas sostenidas en meros indicios, cuando no, en el aire, es imposible de reparar por más que los tribunales dicten sentencias absolutorias o se sobresean las actuaciones judiciales. Díaz Ayuso tiene derecho, al menos, a que su partido actúe en su caso desde la buena fe y en beneficio del interés de los ciudadanos. Cualquier otro fin buscado sería espurio y poco digno de un partido que se considera alternativa de gobierno.

Es un truco de manual. La única manera de tapar una noticia es con otra aún mayor. Es eso lo que este jueves ocurrió, en una maniobra a tumba abierta por parte de la presidenta madrileña y su equipo de comunicación. Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez (MAR) incendiaron con gasolina el Partido Popular para así esconder, en esa gigantesca humareda, la verdadera noticia, la que temían y querían ocultar.

Del caso Cifuentes y ese máster fraudulento que destapó elDiario.es muchos políticos aprendieron una lección: cuando estalla una crisis realmente grave, refúgiate en la trinchera que mejor puedas defender, aunque cedas mucho terreno. Mejor eso que cambiar ocho veces de refugio y de versión. Y es lo que ha hecho este jueves Díaz Ayuso. En una jugada sin duda diseñada con anterioridad.

ue una voladura controlada de un escándalo de presunta corrupción que, más tarde o más temprano, la presidenta de Madrid sabía que iba a explotar. El de los negocios de su hermanísimo, Tomás Díaz Ayuso. Y, en concreto, la pasta que supuestamente se llevó por ese contrato a dedo para comprar mascarillas por valor de 1,5 millones de euros, que la Comunidad de Madrid adjudicó a un empresario amigo, del mismo pueblo. Esta investigación exclusiva que publicó en noviembre elDiario.es. Y cuyas consecuencias solo acaban de empezar.

Escondida en el discurso de Ayuso –sin preguntas de la prensa– está la clave de esta operación. Que tiene poco que ver con sus acusaciones contra Pablo Casado, sus críticas a Teodoro García Egea o ese disfraz de víctima de una conspiración. No todos los días un partido estalla así y se parte en dos. Pero lo importante no fue solo esa guerra, de consecuencias profundas, aunque hoy difíciles de pronosticar. Eso fue el incendio necesario para esconder la noticia que realmente podría acabar con Díaz Ayuso, la noticia que quería blanquear.

Lo relevante de verdad fue lo que, delante de toda la prensa, a micrófono abierto, la presidenta de Madrid reconoció. Son estas dos frases, que en el futuro tendrán más importancia de lo que parece hoy:

Isabel Díaz Ayuso: «Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado».

Por explicarlo, que es intencionadamente ambivalente y confuso: Ayuso admitió públicamente que su hermano cobró de esa empresa que se llevó 1,5 millones a dedo de la administración regional. Una empresa de un amigo de ambos hermanos, a los que los dos conocen desde la infancia. Una empresa que nunca antes había contratado con la administración, que nunca antes había trabajado en el sector sanitario y a la que no se le conocen más nexos con el Gobierno de Madrid que los hermanos Ayuso.

Un dato –que Tomás Díaz Ayuso cobró de esta empresa– que, por cierto, la Comunidad de Madrid nos negó cuando preguntamos por el contrato desde elDiario.es el pasado noviembre.

No todos los días una presidenta autonómica admite ante las cámaras que su hermano cobra de las empresas que se llevan a dedo contratos millonarios de la administración. Pero hoy casi todos hablan de la guerra interna. Es la magia de MAR.

Cobrar comisiones de contratos públicos adjudicados sin concurso por el Gobierno que preside tu hermana es algo más que un problema ético o moral. Es un indicio claro de corrupción. Por mucho que Ayuso insista en que su hermano «trabaja como comercial en el sector sanitario», todo esto dista mucho de ser un trabajo normal.

Este empresario amigo de los Ayuso ¿a cambio de qué pagó? ¿Qué tipo de servicios comerciales pudo ofrecer Tomás Díaz Ayuso durante el confinamiento –recordemos, fue en abril de 2020– como para merecer una comisión así?

También es llamativa esta otra frase de la explicación: «Que todo está regulado ante Hacienda y declarado». De nuevo es intencionadamente ambigua, y probablemente en el futuro conoceremos el detalle concreto que hoy se intenta blanquear. ¿Acaso se refiere a que su hermano regularizó esos pagos ante Hacienda a posteriori? ¿Al puro estilo Juan Carlos de Borbón?

Cuando descubramos la verdad, Ayuso responderá que no es nada nuevo, que ella misma lo contó.

Les insisto: esta historia solo acaba de empezar. Porque tanto el PSOE como Más Madrid han anunciado sendas denuncias ante la Fiscalía, y la Justicia lo tendrá que investigar. Las transferencias bancarias dejan huella, también ante Hacienda. Si hay comisiones, se conocerán.

Los indicios de corrupción son sólidos, y no solo por lo que denuncia la oposición. Es el propio Partido Popular quien también los señala. Es el propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien este jueves habló de un «supuesto cobro de comisiones relativas a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso». Es el propio PP quien cifra esa comisión en 280.000 euros, según publicó ABC. Y es mucho dinero para un honrado trabajador comercial teletrabajando desde casa.

Esta nueva guerra en el PP no es comparable, ni siquiera, a la que se vivió entre Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Porque en aquella época el presidente del PP era más fuerte de lo que lo es Pablo Casado hoy. Entonces tampoco existía Vox.

Sí resulta llamativo ver a la imputada por corrupción Esperanza Aguirre pedir la dimisión de Teodoro García Egea por esos contactos entre un asesor del Ayuntamiento de Madrid y una empresa de detectives –un «espionaje» que sirve para llenar el debate público, pero que nunca se llegó a producir–. Que la madrina de la gestapillo pida dimisiones por esto es de una hipocresía difícil de superar.

Más tarde o más temprano, todos los detalles de esta historia se conocerán. Aunque mientras tanto el Partido Popular afrontará la mayor crisis en décadas: un cisma que deja pequeño cualquiera de los muchos enfrentamientos internos que se han vivido antes en esta formación.

Es el precio de la huida hacia adelante de una dirigente irresponsable, que ya demostró antes –con su gestión de la pandemia– su catadura moral. Madrid es la región de Europa con más muertos por COVID, pero era más importante lanzar una carrera política y un liderazgo nacional con el mensaje populista de la libertad.

Al lado de eso, incendiar tu partido para tapar las presuntas comisiones de tu hermano es un pecado venial.

Lo ocurrido en el PP es gravísimo y sus consecuencias letales para un partido que parece empeñado en dilapidar sus aspiraciones de erigirse en alternativa de Gobierno. El cruce de reproches entre Génova y Sol -con acusaciones de corrupción y de espionaje por medio- es la gota que colma el vaso y coloca al principal partido de la oposición en una situación limite.

El PP parece que ha decidido suicidarse y entregarle a Sánchez las llaves en propiedad de La Moncloa, traicionando la confianza de sus votantes. Detrás de este zafio culebrón que ha cursado de forma paralela a los intentos de Isabel Díaz Ayuso de hacerse con la presidencia del partido en Madrid , y de los turbios movimientos de la dirección del PP por evitarlo a toda costa, se esconde la verdadera realidad: que el PP ha estallado en una implosión que se ha convertido en el mejor regalo para el Gobierno socialcomunista.

Es tal la deslealtad a sus votantes que cabe imaginar sus consecuencias. Los electores no aceptan disputas internas y, mucho menos, traiciones. Y esto ha sido una traición en toda regla. Recomponer la situación, en estas circunstancias, se antoja casi imposible, de modo que urge una catarsis depuradora de responsabilidades con carácter inmediato. Porque este asunto ha reventado los cimientos de una formación que se enfrenta, sin duda, a una de las crisis más graves desde su existencia.

No será fácil, pero por el bien de España el PP tendrá que abrirse en canal para cerrar la herida abierta y purgar sus culpas, caiga quien tenga que caer. Por responsabilidad y lealtad a sus electores. Electores que no merecen el bochornoso espectáculo ofrecido por un puñado de dirigentes políticos que han antepuesto sus intereses personales a los intereses de España y de los españoles.