11 agosto 1983

Varapalo para PSOE y UCD que buscaron reconducir el proceso autonómico hacia uno que diera más estabilidad al Estado

Éxito nacionalista: El Tribunal Constitucional tumba la LOAPA

Hechos

El 11.08.1983 se hizo pública la sentencia del TC que declaraba inconstitucional la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA)

Lecturas

¿EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CiU Y PUJOL?

pujol_yogurin El Tribunal Constitucional actuó a instancias del gobierno de la Generalitat que presidía D. Jordi Pujol, líder de Convergencia. A pesar de los habituales desaires de los convergentes a los constitucionalistas, en esta ocasión ambos fueron de la mano.

11 Agosto 1983

La esperada sentencia de la LOAPA

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

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La publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos previos de inconstitucíonalidad planteados contra la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) constituye, probablemente, la noticia política de este verano, y obligará a los expertos a un estudio serio y meditado de su contenido y a los políticos en ejercicio a una reflexión serena para encauzar con acierto y pragmatismo uno de los aspectos más novedosos, y que al mismo tiempo requiere mayor imaginación, de nuestra Constitución. El contenido de la sentencia, cuya larga gestación de más de un año desde la presentación de los recursos se explica por la complejidad del empeño, está destinado a convertirse en el fundamento mismo de la actividad legislativa y gubernativa relacionada con el reparto de competencias entre la Administración central y las comunidades autónomas. El propio profesor García de Enterría, que presidió la comisión de expertos a la que centristas y socialistas encargaron en 1981 la preparación del borrador de la ley, señaló en una ocasión que en el caso español parece evidente que la articulación final del sistema autonómico tendrá que ser responsabilidad última del Tribunal Constitucional».En torno a esta disposición legal ha existido un debate político de largas consecuencias. Su origen se sitúa en la segunda mitad de 1980, cuando Rodolfo Martín Villa comenzó la llamada reconducción de las autonomías ante el disparatado panorama que se presentaba por esas fechas en la estructura administrativa y política del Estado. La rebelión militar del 23 de febero añadió a este asunto nuevos ingredientes políticos y los centristas, entonces en el Gobierno del Estado, y los socialistas firmaron finalmente, en solitario, los pactos autonómicos que dieron lugar a la ley, frente a las protestas de los partidos nacionalistas y con una actitud un tanto altanera frente a los otros partidos -PCE y AP- de implantación estatal. Por tanto, la ley nació con un apoyo político mayoritario a nivel de Estado, pero carente de los apoyos de las fuerzas nacionalistas necesarias para conseguir un acuerdo político duradero y estable en este terreno de las autonomías. Puede que ésta sea la razón que llevó a centristas y socialistas a aplazar la entrada en vigor de la norma, a fin de que los discrepantes pudieran plantear sus recursos previos de inconstitucionalidad. La LOAPA es solamente un proyecto de ley. Carece de los requisitos de la sanción regia y de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

De esta manera, envuelta en un debate político cargado de tensiones emocionales y de toda índole, llegó la LOAPA al Tribunal Constitucional, y en su fallo entraban en juego temas capitales para el desarrollo y organización de la estructura del Estado. Quizá por eso, el primer pronunciamiento que se puede realizar de la actitud adoptada por el alto tribunal es que no ha rehuido la complejidad del empeño y ha abordado la cuestión desde la perspectiva que le atribuye nuestro ordenamiento como intérprete de la Constitución, sustanciando el debate en el terreno jurídico y no efectuando una lectura politizada del proyecto de ley sometido a su consideración. Dado que los recursos previos de inconstitucionalidad sólo pueden ser planteados contra leyes orgánicas, al fallar el alto tribunal que la LOAPA no es una ley de esa naturaleza podía haber devuelto al Gobierno y a las Cámaras la patata caliente, sin entrar en más consideraciones.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, ha entrado en los aspectos comprometidos y ha realizado una interpretación de nuestra ley fundamental que merecerá comentarios detallados. En primer lugar, y con independencia de las polémicas cuestiones relacionadas con las, autonomías, la sentencia ha sentado una doctrina sustancial sobre la potestad legislativa del Estado. Así, se dice que «las Cortes generales, en tanto que titulares de la potestad legislativa del Estado pueden legislar, en principio, sobre cualquier materia sin necesidad de poseer un título específico para ello, pero esta potestad tiene sus límites derivados de la propia Constitución, y, en todo caso, lo que las Cortes no pueden hacer es colocarse en el mismo plano del poder constituyente, realizando actos propios de éste, salvo en el caso de que la propia Constitución les atribuya alguna función constituyente. Al Tribunal Constitucional le corresponde, en su función de intérprete supremo de la Constitución, custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquél». La sentencia niega de esta manera la posibilidad de que la ley recurrida pueda convertirse en una interpretación del Título VIII de la Constitución. Este razonamiento sirve al tribunal para argumentar su fallo sobre el contenido del Título I.

Otro de los aspectos más discutidos durante la tramitación y debate de este proyecto de ley fue su carácter orgánico. La sentencia establece que las materias sobre las que versa el proyecto no tienen este carácter. Por tanto, la disposiciones de la LOAPA no pueden prevalecer sobre lo establecido en los estatutos de autonomía, que sí son leyes orgánicas. De otro lado, el Tribunal Constitucional ha rechazado el título primero de la norma, salvo algunas excepciones, caracterizado por su desbordada y unilateral pretensión de reinterpretar y redefinir las competencias exclusivas del Estado en el desarrollo de las leyes de bases por las comunidades autónomas y la prevalencia de las normas de las Cortes generales sobre las disposiciones de los parlamentos autonómicos.

La sentencia niega también el carácter armonizador de la ley, ya que el legislador posee otros títulos específicos previstos en la Constitución para realizar la labor de armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas.

Independientemente de que el fallo del Tribunal Constitucional declara constitucionales buena parte de las disposiciones de la LOAPA, puede decirse que el núcleo fundamental de la norma queda sin vigor y, por tanto, se plantea el problema del futuro que aguarda a los restos del naufragio del proyecto. Al carecer de carácter orgánico y, armonizador y no consagrarse la preeminencia casi absoluta de la legislación de las Cortes generales sobre los parlamentos autonómicos, que se pretendía en el Título I, surgen dudas razonables sobre la utilidad de la norma.

Pero independientemente del debate concreto de la LOAPA y de su sentencia, sobre la que caben análisis y comentarios futuros, el problema político de la organización del Estado vuelve de nuevo a la actualidad. Es recomendable que las fuerzas políticas del arco parlamentario revisen los problemas puestos de relieve por la entrada en funcionamiento de los regímenes autonómicos, desde la aprobación de los estatutos de Guernica y de Sau. Los responsables de los partidos políticos gobernantes hoy en el País Vasco y Cataluña habrán comprobado que es posible que el Estado no se muestre extraño a sus puntos de vista y que el ordenamiento de nuestra Constitución prevé mecanismos legales independientes para superar las discrepancias. Sólo quienes rechazando la práctica de las. libertades ejercen el terror, la extorsión y el asesinato como medios para el debate público no pueden encontrar un espacio en nuestra vida política.

No obstante, la experiencia ha demostrado la existencia de serias disfunciones en las relaciones de la Administración central y las comunidades autónomas, tal y como lo prueban los serios conflictos de competencias que ha tenido que dilucidar el Tribunal Constitucional. Pero esa tarea deber ser fruto de la negociación de las fuerzas políticas implicadas en las dificultades del proceso. En el debate de investidura, Felipe González ofreció a las minorías nacionalistas un pacto de Estado sobre el Estado de las autonomías. La sentencia del Tribunal Constitucional abre ya el camino para que esa propuesta pueda ser operativa. Ésta es sencillamente la cuestión.

25 Mayo 1985

España, España

Luis María Anson

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En unos años las autonomías dejarán a España cubierta de andrajos. La verdad es que el título VIII de la Constitución se debatió ‘consensuó’ y aprobó sin que los partidos mayoritarios advirtieran las consecuencia que podía acarrear. Fue una cuestión de ignorancia y no de mala fe. Sólo un grupo se dio cuenta de la carga destructora con que, aquellos artículos preñaban el seno constitucional. Y se frotó las manos.

Los centristas, entonces en el Poder, comprendieron, ya tarde, la peligrosidad del monstruo que habían dado a luz. Y trataron de encadenarlo. Con el referéndum andaluz demostraron arrepentimiento y recibieron su penitencia. La consulta se planteó con torpeza y los socialistas se aprovecharon para hacer política de partido en lugar de Estado y derrotar a UCD. Prefirieron vencer ellos a que ganara España. Después, tarde y mal, centristas y socialistas se pusieron de acuerdo con la ‘Loapa’ para contener el desbordamiento. Las autonomías, sin embargo, hubieran tenido solución política en Andalucía pero carecían de arreglo jurídico en el Parlamento como el Tribunal Constitucional se apresuró a sentenciar.

La más pesada carga que recibieron los socialistas es la autonomía. Esa sí que ha sido una ‘herencia’, si bien ellos contribuyeron a amasarla. Su coste económico todavía no se ha calculado. Pero las cifras abruman. Sólo las dos o tres naciones más ricas del mundo podrían resistir un gasto público de tal naturaleza. Y eso que ahora sólo se juega con cifras de conjunto sin contar con el abuso presumible y la lamentable picaresca. Cada comunidad pugna ya por endeudarse más. Por rivalizar en el lujo. Por crear más puestos burocráticos inútiles. Por adjudicar más coches oficiales, más despachos suntuosos, más innecesarios asesores. Por multiplicar ministros, directores generales, defensores del pueblo, jefes de relaciones públicas, gabinetes de información secretarias, conserjes, azafatas, maceros, chóferes, escanciadores, lacayos, gomecillos. Por viajar como Reyes al extranjero. Por montar cadenas de televisión. Por editar publicaciones ‘cuché’ en loa y alabanza de los nuevos señores de las satrapías. Por darse prez honra e importancia. Por gastarlo todo. Por despilfarrarlo todo. Por aprovecharse con avidez del maná caído del cielo antes de que se acabe. Por disfrutar, a buche lleno y calzón quitado, de tanta mamandurria, de tanta sinecura, de tanto chollo y tanta canonjía.

Y si la carga económica de las autonomías resulta insufrible, ¿qué decir de la política? Para solucionar un problema histórico y real en Vasconia y Cataluña se han creado diecisiete nuevos y no se han arreglado los dos primeros. Vascos y catalanes dicen ahora que querían la autonomía pero que debe ser distinta y superior a la de los demás. Estos, claro, con la poltrona bajo las ingles, parecen dispuestos a morir antes que ser menos que vascos y catalanes. Y el delicado edificio de la unidad española, construido durante ocho siglos con la argamasa de la sangre, se agrieta día a día ante la indignación del español medio, que arma la Patria grande, y de las Fuerzas Armadas que la sienten en las entrañas. Y del Rey.

Juan Carlos I, ante el espectáculo de los taifas que corroen el ser de España, se fue a tierras de Castilla a decir un puñado de cosas elementales, con las mismas palabras de su padre Don Juan, de su abuelo Alfonso XIII, de sus antepasados los Reyes Católicos: ‘Necesitamos un aldabonazo en nuestras conciencias con esta palabra que se hace afán y amor entre vosotros: España. Sí, España. Desde todos los sitios de España, hagamos ilimitada su estatura, crecida en siglos de lucha, extendida más allá de los océanos, vieja y joven a la vez, cuya nobleza se inclina en los dinteles de nuestras viejas ciudades y en ellas reposa su memoria’. Palabras de Rey. Y aún más: ‘Todos los problemas españoles disminuirán su tremenda provocación si solucionamos el más importante: el de reconocer el compromiso de la unidad nacional’. Porque ‘debemos caminar hacia la modernidad sin abandonar ninguna de nuestras conquistas anteriores y como primera de ellas, la de la unidad profunda, inalterable, fecunda, ilimitada de nuestra propia Patria’.

Y aún más: ‘todos los problemas españoles disminuirán su tremenda provocación si solucionamos el más importante: el de reconocer el compromiso de la unidad nacional’ Porque ‘debemos caminar hacia la modernidad sin abandonar ninguna de nuestras conquistas anteriores y como primera de ellas, la de la unidad profunda, inalterable, fecunda, ilimitada de nuestra propia Patria.

La política entumecida que padecemos se muestra incapaz de enfrentarse con el desafío de las autonomías. Cada presidente regional parece dispuesto a mesarle la cabellera a don Felipe González. El caso del ‘lendakari’ vasco es vejatorio y humillante. Algunos socialistas, para arreglar el desaguisado autonómico, propugnan ahora la huida hacia adelante, el federalismo, que es la letra de cambio para la quiebra final de la unidad española. Hace sólo cien años en estas mismas tierras de la nación que creó y conservó durante tres siglos uno de los grandes Imperios de la Historia universal, se declaró independiente la aldea toledana de Camuñas y se dispuso a entablar relaciones diplomáticas con otros Estados; se declaró independiente Cartagena, y la escuadra de aquella nueva ‘nación’ bombardeó Alicante y conquistó Torrevieja.

Algo está claro en relación a las autonomías: no hay que dar marcha adelante temerariamente ni marcha atrás temerosamente. El referéndum andaluz y la Loapa salieron mal. Pero existen otras fórmulas. Y la imaginación de los gobernantes debe aplicarse a ellas. España es una nación de clase media que no puede gastar desordenadamente. Nuestro pueblo, además, mantiene un difícil equilibrio histórico para conservar su unidad nacional. Si no se toman rápidas medidas en el Estado de las Autonomías, los españoles se empobrecerán hasta la miseria y la Patria se hará añicos en un retroceso hasta los taifas.

No es ésta una cuestión de partido que se pueda resolver con el balido incesante de los diputados de la mayoría. Es un asunto nacional que requiere la contribución de las mentes más lúcidas del país. Es necesario convocarlas, en un gran debate nacional, para que aporten remedios al cáncer introducido en nuestra Constitución. El Rey ha abierto el camino. Y bajo la Monarquía de todos es aún posible la rectificación, que no significa liquidar la fórmula autonómica, sino reorientarla. Juan Carlos I ha diagnosticado a tiempo la enfermedad. No desea que las autonomías se conviertan en fronteras. Y ha dicho bellamente: ‘Yo quiero uniros a todos en un abrazo unánime, como el sol abraza el trigo, juntando la paz, el diálogo, el amor, para decir, una y otra vez, la palabra que significa el sueño de nuestros siglos: España, España, España’.

Luis María Anson