Fracasa la comisión parlamentaria sobre el caso GAL una semana después de ser aprobada

POR UN solo voto de diferencia se aprobó ayer en el Senado la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los GAL. Que hay que investigar esa trama es algo indiscutible, y así lo está haciendo la judicatura. Una vez encarrilada esa investigación, habría sido más prudente desistir de crear una comisión parlanientaria,que indague en paralelo sobre los mismos hechos y las mismas personas.En casos como los de Juan Guerra, Mariano Rubio e incluso Roldán, estaba claro que, aun no habiendo responsabilidad ‘penal directa de cargos públicos concretos, sí podría haberla política. En el caso GAL, ambas se superponen, al menos en el estado actual de la investigación, cuando está en manos del Supremo precisamente por afectar a esas personas aforadas tuya responsabilidad investigaría la comisión parlamentaria. Otra cosa habría sido crear la comisión cuando el proceso penal sólo había llegado hasta el nivel de los policías Amedo Y Domínguez, dejando pendiente cualquier responsabilidad de las instancias políticas en la financiación, organización y encubrimiento de esa trama.

Las garantías propias de todo proceso penal se ven reforzadas cuando afectan a personas aforadas, precisamente para evitar el riesgo de una utilización aventurada o partidista del proceso. Es algo contradictorio con ese reforzamiento de las garantías que los mismos hechos y personas vayan a ser investigados simultáneamente por un órgano parcial por definición como es una comisión parlamentaria. Las batallas previas a la votación de ayer ilustran esa parcialidad, consustancial al parlamentarismo, pero que no debería interferir en la acción judicial.

Esa interferencia es, sin embargo, casi inevitable: ¿cómo impedir la presión para que los jueces, confirmen las conclusiones anticipadas por la investigación parlamentaria, amplificadas por el eco mediático de las comparecencias de las personas aforadas? Habría sido más responsable, más pedagógico de cara a. una opinión pública desorientada y sometida a dosis crecientes de demagogia, desistir de plantear, en estas condiciones, la comisión.

De un partido que es ya la primera fuerza del Senado y que cuenta con grandes posibilidades de ser pronto el del Gobierno cabría esperar una actitud más responsable, menos obediente a los sectores amantes de las emociones fuertes que cada día le marcan la estrategia. Que la dirección del PP ordenase a sus senadores mostrar en público su papeleta para evitar votos disidentes, o especulaciones sobre los mismos, es un símbolo del carácter casi escolar de esa obediencia.

Es dudoso que la comisión pueda avanzar en la investigación propiamente dicha, dada la inminencia de la disolución de las Cortes; pero tal vez sea posible hacer en ella una discusión política, pendiente todavía, sobre la actitud de cada cual respecto a los GAL. No ahora, sino cuando su existencia era un problema real: entre 1983 y 1987.

A José María Aznar le dio la risa floja cuando el martes le preguntaron sobre sus relaciones con García Damborenea, uno de los escasos políticos. que siguen sosteniendo que la creación de los GAL fue una necesidad ineludible. Sería interesante, sin embargo, contrastar esa. opinión, con la evidencia de los desastrosos efectos de aquélla aventura para el crédito de las instituciones, particularmente en el País Vasco. Es probable que los socialistas merezcan por ello lo que les está pasando, pero ello no justifica iniciativas tan extemporáneas como la aprobada ayer por el Senado merced al apoyo determinante del Partido Popular, Sólo cabe esperar que la investigación parlamentaria no, contamine de nulidad el proceso penal. Se habría hecho un flaco favor a la justicia.

TANTO IZQUIERDA Unida como el PP han incluido el nombre de Felipe González en la lista de personas que debería convocar el Senado para que declaren ante la comisión de investigación sobre los GAL. Para que esa comparecencia se produzca será preciso, sin embargo, el acuerdo del PNV, que de momento no incluye a ningún político en su lista, aunque se reserva el derecho a llamar más adelante a todos los presidentes de Gobierno y ministros del Interior desde 1977 a la fecha. Ha sido precisamente el PNV el que ha planteado que la investigación abarque episodios de guerra sucia que pudieran considerarse antecedentes de los GAL. El PP no cita al general Galindo, argumentando que se trata de establecer responsabilidades políticas, es decir, de políticos y no de funcionarios, y sin embargo, incluye al general Sáenz de Santamaría, cuya comparencia es casi segura, porque también figura en las listas de PNV e IU.Ambas cuestiones, el ámbito temporal de la investigación y las personas que habrán de comparecer ante la comisión, han centrado el debate previo. El primer ministro del Interior de UCD Rodolfo Martín Villa, ha rechazado cualquier continuidad entre los atentados del Batallón Vasco Español (BVE) y demás grupos actuantes en su época y los GAL. Por una parte, asegura que cuando se produjo el relevo de 1982 hacía dos años que no se producía ningún atentado del BVE y compañía. Por otra, descarta cualquier paralelismo entre una banda presuntamente organizada y financiada desde el Ministerio del Interior, como los GAL, y los grupos de incontrolados, policiales o de extrema derecha, que actuaron a fines de los años setenta y primeros ochenta y cuyos principales objetivos eran, aparte de ETA, «Suárez y yo mismo», según recuerda el propio Martín Villa.

Lo primero no es del todo cierto. Entre Octubre de 1980 y el mismo mes de 1982 hubo «seis atentados reivindicados por el BVE, con seis muertos y varios heridos. En uno de ellos, el del bar Hendayais, los autores fueron liberados por la policía francesa tras una intervención del comisario Ballesteros. Según el libro sobre Amedo de los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arques -incluidos en la lista de comparecientes presentada por IU-, cuatro de esos atentados fueron organizados por Jean-Pierre Chérid, después activista de los GAL, que fallecería en marzo de 1984 al estallarle una bomba que intentaba colocar y principal sospechoso del asesinato, en diciembre de 1978, del dirigente etarra José Miguel Beñarán, Argala, que sigue siendo el episodio más oscuro de la guerra sucia en esos años.

Tiene razón Martín Villa, en cambio, al decir que no son lo mismo acciones de policías y ex policías incontrolados que una banda organizada desde el Ministerio del Interior. Pero justamente lo que una investigación política habría de dilucidar es si existe o no continuidad en tre una cosa y otra. Precisamente porque, como no deja de repetir el PP, la comisión de investigación solventa responsabilidades políticas, y no penales, habrán de ser tenidas en cuenta las circunstancias que pudieran invocarse como atenuantes, agravantes, eximentes, etcétera, desde el punto de vista político. Que existiera o no previamente una estructura de guerra sucia camuflada en el aparato del Estado puede ser penalmente indiferente, pero no lo es políticamente.

Por lo demás, si de responsabilidades políticas se trata, habrá que valorar el efecto real de las acciones de los GAL, así como lo que los diferentes partidos y otras personas con gran influencia en la opinión pública pensaban de la guerra sucia cuando dicho grupo comenzó a actuar. Damborenea, incluido al final en la lista del PP, es el único político que sigue reivinidicando -lo ha reiterado este fin de semana- la inevitabilidad del recurso a la guerra sucia en las circunstancias de entonces. Muchas otras personas piensan, por el contrario, que los GAL han contribuido decisivamente a deslegitimar al Estado democrático en la lucha contra los terroristas y, por ello, a prolongar la vida de ETA al menos en una generación. Sería interesante una valoración conjunta de esa cuestión por los partidos de la comisión.

En cuanto a si los aforados deben, o no ser llamados a declarar, lo peor habría sido involucrar al Supremo en la decisión mediante una consulta al juez Móner, como llegó a plantearse. Tendrá que ser la comisión la que asuma la responsabilidad de establecer los criterios que eviten cualquier interferencia. Algo difícil si el juez se viera en la tesitura de tener que llamar a declarar a personas aforadas tras difundirse sus declaraciones ante una instancia parcial por definición y sin las garantías propias del proceso penal. Tales comparecencias sólo tendrían sentido, por ello, si se producen con posterioridad a la eventual declaración judicial, y no antes.

LA COMISIÓN senatorial que investigaba las actividades de los GAL apenas ha durado una semana. Su principal patrocinador, el Partido Popular (PP), ha sido su enterrador. A propuesta suya, y con sus exclusivos votos, la comisión se autodisolvió ayer. Los otros grupos no se hicieron de rogar, pero se abstuvieron en la votación, excepto el PNV. La comisión quedaba así disuelta con los votos del grupo que más empeño había puesto en crearla sin valorar debidamente las dificultades que plantearía a su labor la circunstancia de que la mayor parte de los comparecientes estén incursos en un proceso penal sobre los mismos hechos ante el Tribunal Supremo.La guerra sucia contra ETA y la impunidad con que se ha llevado a cabo es uno de los asuntos que más reclaman desde hace tiempo la atención del Parlamento. Para reflexionar seriamente sobre sus causas e investigar sus efectos. Especialmente todo lo sucedido en el periodo trágico de actuación de los GAL, en el que se contabilizaron 28 asesinatos, aunque sin excluir lo sucedido en el periodo anterior.

Pero el oportunismo político que está en el origen de la forzada creación de una comisión de investigación sobre los GAL en el Senado no sólo ha provocado el fracaso de dicha comisión. Es probable que también haya cortado de raíz cualquier posibilidad de debatir en el Parlamento un asunto político de tanta trascendencia. El Partido Popular ha justificado su vuelta atrás acusando a los grupos socialista, vasco y catalán de haber vaciado de contenido la comisión y de haberla convertido en «un esperpento». Según su portavoz, los populares no están dispuestos a «colaborar en el desprestigio del Senado».

Pero si el Senado se desprestigia en este caso se debe, sobre todo, a quienes le encomendaron una tarea prácticamente imposible. Un poco de autocrítica por su parte no estaría mal. Diferenciar las responsabilidades políticas y las penales es fácil en teoría, pero no cuando el Parlamento y la justicia investigan a la vez los mismos hechos y, a las mismas personas presuntamente implicadas en ellos. La comisión GAL ha demostrado que los conflictos potenciales entre ambos poderes son inevitables en esas circunstancias. Los grupos políticos deberían aprender la lección y no embarcarse en el futuro en comisiones tan dudosamente viables. A partir de la comisión GAL, ya no hay pretexto para no saber que las investigaciones parlamentarias en paralelo con procesos penales son imposibles sin interferir en las diligencias judiciales y sin lesionar los derechos de los imputados.

El «vaciamiento» de la comisión GAL no se debe a maquinaciones de sus contrincantes políticos, como quiere el PP. Lo ha producido el avanzado proceso penal que pende del Tribunal Supremo. No haberlo tenido en cuenta o hacer como si no existiera es la verdadera causa del fracaso de la comisión sobre los GAL y de la frustración del PP. Ninguna comisión de investigación parlamentaria puede obligar a nadie a romper el secreto del sumario, a desvelar asuntos sometidos a reserva legal o a declarar contra sí mismo y agravar su situación penal. Da lo mismo que los comparecientes sean responsables políticos que funcionarios. Con esos condicionantes de obligado cumplimiento, la comisión senatorial sobre los GAL no tenía futuro. Nació muerta y era imposible hacerla resucitar. Fracasado su principal, objetivo político de hacer comparecer de inmediato a Felipe González, no es extraño que eI PP haya terminado por bajar la persiana.

Margarita Robles no cree que la comisión del Senado sobre los GAL vaya a convertirse en «un circo», como pronosticó no muy amablemente el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba. Teniendo en cuenta que las sesiones de la comisión de Investigación se están celebrando a puerta cerrada y que buena parte de los testigos no declaran, obligados por el secreto del sumario, es harto posible que la secretaria de Estado de Interior acierte: sin público y sin pistas, no hay circo posible. Ni circo, ni investigación, ni nada. Es obvio que la comisión se ha equivocado de medio a medio. Ha llamado a declarar en primer término a quien no debía. Y ha tomado la absurda medida de que comparecieran a puerta cerrada, a sabiendas de que eso no suponía guardar en secreto lo tratado, sino simplemente que el público lo supiera unas horas más tarde. ¿Pensaba el PP, cuando votó a favor de celebrar la sesión a puerta cerrada, que así iba a sacar más de los comparecientes? Ya vio ayer el resultado: certificado del juez y punto en boca. ¿No se dan cuenta de que están investigando por cuenta de los votantes y de que los votantes tienen derecho a saber de primera mano, sin intermediarios interesados, qué hace esa comisión y qué dice cada cual ante ella? No querían circo y han montado una pantomima.

Ni Groucho Marx en «El hotel de los líos» pudo imaginar una peripecia tan disparatada y surrealista como la de la comisión de los GAL, cuya acta de defunción fue firmada ayer por PSOE, CiU y PNV, que vetaron, entre otras, las comparecencias de Serra, Barrionuevo, Perote, Alvarez y Planchuelo. Unas horas antes, Paesa había enviado un fax desde Moscú señalando que no podría acudir a la cita de la comisión por estar muy ocupado en sus negocios. Por su parte, Alvarez y Planchuelo habían comunicado que no declararían por estar de vacaciones sus abogados. La jornada de ayer fue la definitiva puntilla a una comisión que ya había nacido muerta tras lograr el PSOE evitar la comparecencia de González y de personajes tan relevantes en la trama como Vera, Sancristóbal y Rodríguez Galindo. La tarea que hubiera restado ahora a la comisión habría sido interrogar a una serie de personajes de segunda fila, con escasa o nula conexión con las actividades de los GAL, y, por supuesto, sin la menor responsabilidad política en la organización y funcionamiento de la banda. Así las cosas, el PP actuó ayer con coherencia al proponer la disolución de la comisión, que ya era una caricatura de sí misma. La burla a la democracia que se consumó ayer en el Senado tiene un responsable y dos cómplices clarísimos: el PSOE y sus aliados nacionalistas, CiU y PNV. Es lógico que los socialistas hayan recurrido a mil y una excusas para desactivar los trabajos de la comisión. Pero es difícilmente comprensible la actitud de las dos formaciones nacionalistas, que se han prestado a jugar un indigno papel en beneficio del PSOE. CiU había votado tres días antes de las elecciones catalanas a favor de la creación de la comisión. Dos semanas después, se alía de nuevo con González para vaciarla de contenido. El PNV llevaba años pidiendo una investigación a fondo para esclarecer este turbio asunto. Dirigentes como Anasagasti y Ardanza habían lanzado durísimas acusaciones contra Barrionuevo y habían insistido, una y otra vez, en conocer la verdad de lo sucedido en Intxaurrondo. A las primeras de cambio, se ponen de lado de González y votan a favor de borrar los rastros de tamaña fechoría. Mayor incoherencia no cabe. ¿Cómo se puede explicar este comportamiento? ¿Ha habido alguna contrapartida? Algún día se sabrá la verdad. Pero lo que de momento ha quedado patente es el oportunismo de CiU y PNV, que no dudan en ponerse al servicio de las causas más vergonzantes del poder. Ambos partidos nacionalistas han hecho una contribución importante a la consolidación de la democracia y han gobernado sus comunidades con buena dosis de acierto. Pero su aportación a la política nacional está siendo nefasta. Una y otra vez, han demostrado considerables tragaderas y falta de escrúpulos al sacrificar a intereses parroquiales la defensa de cualquier principio. El resultado es un permanente cambalache que puede acabar por restarles toda credibilidad, sin contar con el daño que están haciendo a instituciones como el Parlamento.

Hay personas en el PSOE que han perdido los nervios. No se puede explicar de otra manera el montaje propagandístico para desestabilizar al PP con motivo de unas supuestas confidencias del general Sáenz de Santamaría a José Bono.

A partir de una información sin contrastar y 24 horas después del auto de procesamiento de Barrionuevo, el aparato de propaganda oficial y los medios afines magnificaban estas hipotéticas manifestaciones del ex director de la Guardia Civil, asegurando que el PP se vio obligado a «zanjar» la comisión de investigación de los GAL por temor a sus revelaciones sobre la guerra sucia en tiempos de UCD. En apoyo de esta tesis, citaban una entrevista entre Martín Villa y Santamaría, en la que éste habría sugerido al ex ministro que era preferible evitar los riesgos de su comparencia ante dicha comisión.

Con la misma velocidad que se disuelve un azucarillo en un vaso de agua, la operación de distracción de la opinión pública quedó reducida a la nada. El propio Sáenz de Santamaría declaró que no había amenazado al PP ni a Martín Villa, mientras éste desmentía que el general hubiese hecho la más mínima insinuación sobre la guerra sucia contra ETA.

Por si esto no hubiera sido suficiente, Felipe González terciaba en el asunto asegurando que considera «una gravísima irresponsabilidad lanzar sombras de imputaciones» sobre UCD. Rubalcaba se pronunciaba en sentido parecido, criticando a Cascos por haber llamado a Santamaría -que es asesor de Interior- «estómago agradecido».

No hacían falta las aclaraciones porque estamos ante un asunto de sentido común. Fueron el PSOE, CiU y el PNV los que boicotearon la comisión del Senado al vetar la comparecencia de González, Serra, Barrionuevo, Benegas, Vera, Sancristóbal y Manglano, entre otros. El PSOE pretendía mantener la farsa de interrogar a una serie de personajes sin ningún relieve ni relación con la cuestión, a lo que se negó con razón el partido de Aznar. Esto quedó en su día absolutamente patente.

Si dirigentes socialistas pretenden ahora sembrar la confusión y manipular a un personaje como Saénz de Santamaría es porque se sienten desorientados e impotentes por el procesamiento de Barrionuevo. Han perdido sencillamente el norte y -lo que es peor- el ingenio, como lo prueba lo burdo de la maniobra.

Lo grave no es la ocurrencia de Bono sino la disposición de periódicos y emisoras pretendidamente serios para prestar eco a este tipo de disparates, que no resisten el más mínimo examen crítico.

Pero puede que este embrollo -digno de un guión de Groucho Marx- esté siendo utilizado para tapar otra verdad. El general Sáenz de Santamaría fue el responsable de la Guardia Civil hasta finales de 1986, puesto que le daba acceso a información sobre los entresijos de la guerra sucia del PSOE contra ETA y sobre la implicación de agentes de Intxaurrondo. Sería deseable que compareciese de motu propio ante el juez o el fiscal del Estado para contar lo que sabe. Lo que no nos explicamos es por qué no lo ha hecho ya. Voluntariamente o no, Santamaría tiene que declarar ante la Justicia.