Huelga General de UGT y CCOO contra la Unión Europea, los mercados y los empresarios eludiendo críticas al Gobierno Zapatero

Hoy somos más pequeñitos que nunca. Una huelga inaudita, promovida por sindicatos sin prestigio alguno, nos afecta también a los periódicos, que no vamos a tener una presencia adecuada en los kioscos. De ello, echen la culpa al maestro armero, o sea, a los convocantes, a éstos que afirman que el derecho a la huelga está por encima del derecho al trabajo, es decir, que habría huelgas aunque nadie trabajara. Así son ellos, los que creen que tampoco el derecho de la información prima sobre el de la huelga. Cuatro mil millones nos va a costar este capricho injusto a los españoles. Los sindicalistas seguirán en sus puestos cómodamente instalados: ellos son los únicos que cobran por ir a la huelga.

Carlos Dávila

La huelga general del 29 de septiembre se ha cerrado con un discreto éxito para los sindicatos, decidido prácticamente en el momento en que el Ministerio de Fomento selló unos servicios mínimos para el transporte generosos con los intereses sindicales, y muy poco coste político para el Gobierno, que no recibió ayer de la ciudadanía un mensaje abierta y masivamente contrario a su política económica. Tal como muestran los indicadores económicos más fiables, como el consumo de energía eléctrica, el seguimiento del conflicto se aproxima más a los moderados porcentajes que ofrece el Gobierno que a ese 70% que reclaman los sindicatos. Si la medida del triunfo es la pretensión de UGT y CC OO de «parar el país», lo cierto es que ayer no lo consiguieron. Ni siquiera pueden reclamar el capital popular para exigir la eliminación de la reforma laboral y la rectificación de las decisiones económicas de los últimos meses.

Abstracción hecha de los lamentables sucesos de Barcelona, protagonizados por okupas, sin relación directa con la convocatoria, fue reducido el número de brotes violentos, una demostración convincente de que huelga general y caos destructivo no son sinónimos. Pero lo que importa después de la jornada del 29 de septiembre es extraer las consecuencias políticas de la huelga, para el Gobierno, para los sindicatos y también para la oposición parlamentaria. El hecho es que el malestar creado por la política de recortes del gasto, limitación de algunos derechos sociales y congelación de las pensiones no se concretó ayer en una huelga masiva. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que aprueben la gestión de la crisis que ha realizado hasta ahora el Ejecutivo; más bien la rechazan. Pero son muy conscientes de las gravísimas dificultades de la actividad económica y del mercado laboral, muchas de las cuales no proceden de decisiones políticas. También perciben, y así lo demostraron, que una huelga general no resuelve esos problemas.

Los sindicatos, por tanto, también están llamados a la reflexión. Si, como se presume y es deseable, el Gobierno mantiene la línea de austeridad en el gasto público, prosigue una reforma laboral que necesita muchas mejoras e insiste en negociar una modificación en el sistema de cálculo de las pensiones, UGT y CC OO tendrán que aceptar la negociación y la colaboración en la tarea. No tendría credibilidad alguna la convocatoria de otra huelga general. Y el enfrentamiento directo con el Ejecutivo no disuelve el problema real de la recesión española: no hay actividad económica suficiente para generar empleo y la red de protección social solo puede financiarse con deuda cuyos prestatarios exigen un plan de ajuste convincente.

En ese sentido, las ofertas del presidente del Gobierno a los sindicatos para negociar los cambios en el sistema de pensiones son una aproximación muy sensata a la realidad. Con el paso de los días, UGT y CC OO empezarán a entender que es más útil formar parte de una negociación que oponerse a ella con el pretexto de defender a ultranza unos derechos sociales que no se pueden pagar a largo plazo salvo si se toman las decisiones adecuadas en el corto. Es mucho más útil para las organizaciones sindicales estar dentro de este debate que fuera.

Resulta notable la inhibición de la oposición parlamentaria. En el caso del PP, la táctica ha sido la de no respaldar la huelga, por razones ideológicas obvias, pero sin rechazarla con la rotundidad propia de una descalificación, en tanto que será un factor de desgaste del presidente. Pero en política, las causas y los efectos no siempre se siguen necesariamente en la misma proporción. Si el Gobierno consigue sumar a los sindicatos en una negociación seria en torno a las pensiones, no saldrá muy dañado de la huelga de ayer.

LA HUELGA GENERAL de ayer fue un fracaso por mucho que los sindicatos cifraran la participación en el 70% de los asalariados, un porcentaje sencillamente increíble que sólo ahonda en su descrédito al multiplicar por diez -7% de seguimiento entre los funcionarios- los datos del Gobierno y las organizaciones empresariales. Más allá de esa guerra de cifras, fue patente por doquier que sólo un escaso porcentaje de los ciudadanos secundó la convocatoria. Y ello a pesar de la acción de piquetes violentos que paralizaron el transporte por carretera, lograron impedir la salida de los autobuses urbanos, bloquearon accesos estratégicos y dificultaron el abastecimiento de los mercados centrales.

Se podría decir que la huelga tuvo seguimiento en algunos feudos sindicales como la industria del automóvil, pero fracasó en las administraciones públicas, las empresas de servicios, los colegios, los comercios o la hostelería, donde la participación fue mínima. Baste un dato objetivo: el consumo de electricidad fue siete puntos mayor a mediodía que el de la huelga de 2002, que ya quedó muy por debajo de las expectativas de las centrales.

No hay duda de que los sindicatos salen muy debilitados de esta convocatoria, con mucho menor seguimiento que la última contra el PP y ya no digamos de las que se organizaron en la etapa de González. Pero es que esta huelga no tenía nada que ver con ninguna de las anteriores por diversas razones. La primera es que los sindicatos no querían hacer daño a un Gobierno que tampoco quería que fracasara el paro. En realidad, los sindicatos forman parte de la maquinaria política que ha apoyado a Zapatero hasta la fecha, como se ha podido advertir en los contradictorios mensajes de las centrales en estas últimas semanas. Con el pretexto del debate sobre los servicios mínimos, daba impresión de que la iniciativa se dirigía más contra el PP y Esperanza Aguirre que contra la reforma laboral y los recortes sociales del Gobierno. Esa ambigüedad ha sido nefasta para los sindicatos.

Otro factor importante es que existe una profunda diferencia entre convocar una huelga en un clima de euforia económica como la primera de 1988 o la de 2002 y hacerlo con cuatro millones y medio de parados en medio de una crisis dramática. Ello ha sido determinante para que muchas personas acudieran a su puesto de trabajo.

Haciendo de la necesidad virtud, es muy posible que el fiasco de ayer sirva de lección a Méndez y a Fernández Toxo que, por mucho que hayan intentado convertir el fracaso en éxito, han tenido que darse cuenta de su pérdida de influencia e incluso de su desprestigio en un amplio sector de la sociedad española. Pasará mucho tiempo hasta que convoquen otra huelga general.

En cualquier caso, el paro de ayer va a ser inútil porque el Gobierno carece de margen para dar marcha atrás en sus políticas, a diferencia de lo que sucedió en anteriores huelgas. En la citada de 2002, el ministro de Trabajo fue cesado y Aznar revocó las medidas que habían provocado la protesta. Ahora eso es impensable.

Los sindicatos han quemado su última gran baza en esta huelga que se ha vuelto contra ellos. La opinión pública tardará en olvidar la utilización de piquetes violentos y las coacciones que sufrieron ayer los trabajadores del transporte y de otros sectores. Ello vuelve a plantear la necesidad de esa Ley de Huelga eternamente postergada pero hoy más necesaria que nunca para garantizar los servicios mínimos y el derecho al trabajo.

En conclusión, los sindicatos son los grandes perdedores de la jornada de ayer, en la que, utilizando un símil del boxeo, han quedado noqueados por su propia huelga. Ello les obliga a replantearse principios que creían firmemente establecidos pero que han quedado superados por la evolución de una sociedad que ya no encaja en sus tópicos y prejuicios.

TENÍAN razón ayer la jefatura suprema de los comandos, los miembros liberados de la organización, compañeros Cándido Méndez y Juan Ignacio Fernández Toxo, cuando aparecieron ante la prensa a declarar muy ufanos que habrá que recordar este 29 de septiembre. ¡No saben ellos aun hasta que punto es eso cierto! Es probablemente lo único cierto que dijeron en una comparecencia trufada de ficción política de tercera categoría y morralla ideológica de taberna antisistema. Ambos tenían ya el rostro de combatientes abatidos en la jungla, con caras de «Mono Jojoy». O de tahúres que lo han perdido todo a los naipes y con angustia infantil intentan animar a una nueva partida. Cuando saben que no tienen más opciones que una retirada ignominiosa o una soga en la buhardilla. Vamos a recordar esta fecha pero por motivos muy diferentes. Ayer España dio un paso definitivo de cara a liquidar un sistema sindical que ha degenerado en un aparato de corte mafioso, sostenido por la coacción y la violencia y por su mecanismo parasitario de financiación. La sociedad despreció su convocatoria y los ignoró siempre que pudo. Solo hubo huelga ayer allí donde la amenaza logró imponerse. Donde las bandas de matones no tenían superioridad abrumadora, la población en general se enfrentó a ellas. Los corrió literalmente a gorrazos e, imponiendo su soberana voluntad, se puso a trabajar. Se acabó el chollo. Ellos que han colaborado tan eficazmente en el cierre de miles de empresas, están a punto de echar el cierre a su lucrativa agencia de coacción que millones de españoles ya sólo identifican con la extorsión, la amenaza y la violencia. Anclados en sus privilegios, en su primitivismo y en su zafia retórica decimonónica no han visto la gravedad del insulto que suponía para toda la sociedad que pretendieran representar a los trabajadores españoles del siglo XXI. Mientras los obligaban a golpes y amenazas a plegarse a su voluntad. Se acabó. Todos sabemos como son. Los hemos visto. Decenas de miles de cámaras de teléfonos móviles han dado testimonio de las amenazas, de las agresiones y la brutalidad ejercida contra la ciudadanía que quería trabajar. Las escenas permanecen y son demoledoras. Así, toda la sociedad española tiene hoy a la mafia en la retina. La mayoría de los españoles está en contra de las medidas tomadas por el Gobierno. Por muy diversos motivos. Unos las consideran excesivas e injustas, otros creen que son insuficientes e inútiles. Muchos creen que llegan tarde o mal. Pero la repulsión ante la acción sindical ha despojado de sus últimos restos de respetabilidad a estos sindicatos. Han sido el somatén del zapaterismo y ahora, de acuerdo con éste, querían hacerse un lavado de cara a costa de los trabajadores españoles. No se les ha dejado. Habrá un nuevo sindicalismo, pero el rufianismo de estos parásitos antisistema, toca a su fin. Si hicieran otra huelga general, motivos habrá, serían sus piquetes los que tendrían que ser protegidos por la policía.