13 junio 1995
Roma pagó 15 millones por una casa de campo cuyo precio a coste era de 89 millones y, siendo director del Servicio de Salud, el constructor de su chalé se vio beneficiado por la concesión de obras valoradas en 2.000 millones
Jaume Roma (CiU), otro consejero del Gobierno de Pujol que dimite acusado de corrupción y tráfico de influencias
Hechos
El 13.06.1995 dimitió D. Jaume Roma como Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya.
Lecturas
CRONOLOGÏA DE LA CAÍDA DE JAUME ROMA
18 DE NOVIEMBRE DE 1994 — ROMA SUSTITUYE A CULLELL.
Jaume Roma i Rodríguez, economista y antiguo responsable financiero y director general del Servei Català de la Salut (SCS), es nombrado consejero de Política Territorial y Obras Públicas después de la dimisión de Josep Maria Cullell i Nadal, apartado por el escándalo de Sant Pere de Torelló. La paradoja tardará apenas seis meses en producirse: el hombre elegido para cerrar una crisis provocada por sospechas de tráfico de influencias acabará abandonando exactamente la misma consejería por otro caso de presunto favoritismo.
26 DE MAYO–1 DE JUNIO DE 1995 — ESTALLA EL CASO ROMA.
Cinco empresarios de la construcción, subcontratistas perjudicados por la quiebra de Trad S. A., presentan una querella ante la Audiencia Nacional contra Roma y responsables de la empresa. La acusación establece una conexión potencialmente comprometedora. Cuando Roma era responsable económico y posteriormente director general del Servei Català de la Salut, entre 1991 y 1994, Trad había recibido directa o indirectamente encargos financiados por el organismo sanitario por más de 1.600 millones de pesetas, entre ellos actuaciones en centros sanitarios. La misma empresa había construido la vivienda particular de Roma en Canovelles. Los denunciantes sostenían que el chalé había costado alrededor de 89 millones de pesetas y que Roma sólo habría abonado unos 14 o 15 millones: la diferencia constituiría, según su tesis, la contrapartida por el trato favorable recibido en las adjudicaciones públicas. Roma negaba completamente la acusación: afirmaba que su casa había costado aproximadamente 39 millones, que la había pagado íntegramente con sus ahorros y que las imputaciones eran «falsedades, injurias y calumnias».
2-8 DE JUNIO — LA OPOSICIÓN EXIGE EXPLICACIONES.
El asunto se convierte inmediatamente en problema político. PP, PSC, ERC e Iniciativa reclaman explicaciones parlamentarias; el PP solicita incluso una comisión de investigación. El silencio inicial del consejero empieza a provocar también inquietud dentro de CiU. Jordi Pujol i Soley encarga dos informes para comprobar las acusaciones y el 7 de junio exige públicamente a Roma que demuestre su inocencia. Al día siguiente, Roma anuncia que comparecerá voluntariamente ante el Parlament y asegura que demostrará documentalmente que las acusaciones son «burdas falsedades». Todavía afirma expresamente que no piensa dimitir.
12-13 DE JUNIO — PUJOL DECIDE SACRIFICARLO.
Durante el fin de semana cambia la situación. Pujol concluye que, independientemente de cuál pueda ser el desenlace penal, existe un problema político imposible de eliminar: la empresa que construyó la casa particular de Roma había recibido importantes encargos públicos cuando éste ocupaba responsabilidades en el SCS. El presidente sugiere personalmente la dimisión. El 13 de junio Roma pone su cargo a disposición del Consell Executiu y anuncia que abandona la Consejería para evitar que las sospechas produzcan una «erosión» permanente sobre el Gobierno catalán. Pujol respaldará públicamente su honradez, pero acepta inmediatamente la renuncia.
14-15 DE JUNIO — ROMA SE DEFIENDE Y SE MARCHA.
Ya dimitido, Roma comparece ante el Parlament para defender que pagó íntegramente su vivienda y aporta peritajes destinados a demostrar que su coste real era compatible con las cantidades abonadas. La discusión política se desplaza entonces hacia los contratos de Trad: la empresa había recibido numerosos encargos del SCS, muchos mediante adjudicación directa, y posteriormente había quebrado dejando a sus subcontratistas con más de 500 millones de pesetas pendientes de cobro. El cese oficial de Roma se produce mediante decreto de 15 de junio de 1995.
16-20 DE JUNIO — APARECE ARTUR MAS.
Pujol designa para sustituirlo a un dirigente todavía relativamente desconocido fuera de Cataluña: Artur Mas i Gavarró, hasta entonces jefe de la oposición municipal de CiU en Barcelona. En su toma de posesión, Pujol denuncia lo que considera una campaña contra su Gobierno y advierte a Mas de que a partir de ese momento investigarán su casa, sus propiedades y hasta quién coloca las plantas de su balcón. «A mí mismo», añade el presidente, «ya hace tiempo que me lo miraron y me lo fotografiaron todo sin encontrar nada».
1995-2001 — SEIS AÑOS DE INVESTIGACIÓN.
La dimisión política no pone fin a la investigación judicial. La causa termina tramitándose en Cataluña y se prolonga durante casi seis años. Los investigadores examinan los pagos de la vivienda y las adjudicaciones recibidas por Trad, pero no consiguen demostrar la tesis fundamental de los querellantes.
FEBRERO-MAYO DE 2001 — EL CASO QUEDA ARCHIVADO.
El Juzgado número 4 de Martorelles, a petición de la propia Fiscalía, archiva las actuaciones. La investigación únicamente consigue reconstruir facturas por aproximadamente 30 millones de pesetas, compatibles con los pagos que Roma decía haber efectuado. El juez concluye que no se ha acreditado que Trad le regalase parte del chalé ni que existiera una contraprestación entre la construcción de su vivienda y los contratos públicos. La Audiencia de Barcelona confirma posteriormente el archivo definitivo. Jaume Roma queda, por tanto, exculpado penalmente.
Seis años después, Pujol reivindicará que siempre había creído en su inocencia. Y en 2013 añadirá un episodio desconocido hasta entonces: aseguró que antes del estallido del escándalo unos individuos habían acudido a la Generalitat ofreciendo supuestas pruebas contra Roma y reclamando 30 millones de pesetas para no hacerlas públicas. Pujol afirmó que no aceptó ni denunció aquel supuesto chantaje. Se trata, por tanto, de su relato retrospectivo, no de un hecho acreditado por una investigación judicial.
La paradoja completa tardó seis años en conocerse: Jaume Roma perdió en seis días una carrera política por unos hechos que la Justicia necesitaría seis años para concluir que no constituían delito.
14 Junio 1995
Roma dimite pero la Generalitat sigue bajo sospecha
Pujol se ha aprendido la lección del «caso Cullell». Ayer, el president forzó la dimisión de su consejero de Obras Públicas, Jaume Roma, al que se le acusa de haber utilizado sus relaciones con una constructora para hacerse un lujoso chalé a precio muy inferior al de mercado. Pujol ha optado por cortar rápidamente la cabeza de Roma en un intento de evitar que el escándalo salpique a CiU y a la propia Generalitat. Pero no es seguro que lo vaya a conseguir. IU-IC y ERC, horas después de la dimisión, pidieron una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat a Trad, la constructora del chalé, reiteradamente favorecida por Roma cuando éste dirigía el Servicio Catalán de Salud. El «caso Roma» podría no haber hecho más que empezar.
15 Junio 1995
Más que un chalet
CONTRA JAUME Roma, hasta ahora consejero de Obras Públicas del Gobierno catalán, y anteriormente responsable de la contratación de obras del Servicio Catalán de Salud (SCS), hay una acción judicial en marcha. Al margen de la misma, el ex consejero de Pujol ha asumido sus responsabilidades políticas y presentado su dimisión. Es lo exigible en un caso como éste, en el que existe una acusación de malversación de fondos públicos. Pero tal vez no baste.La acción judicial fue iniciada por cinco empresarios que acusan a Roma de haberse lucrado personalmente de las adjudicaciones directas concedidas a la empresa Trad, SA, mediante la obtención de un precio de favor en la construcción de su vivienda por parte de la misma sociedad. Roma ha intentado explicar el caso en la comparecencia parlamentaria en, que ha hecho efectiva su dimisión; pero sus explicaciones se dirigen únicamente a neutralizar las imputaciones que contiene la querella, desmintiendo la acusación de lucro personal mediante unos peritajes que apoyan su versión sobre la coincidencia entre el precio real y el pagado por la vivienda. Ciertamente, estas pruebas pueden contrarrestar los efectos de la querella, es decir, evitar las consecuencias penales que se derivarían del cobro de una comisión por parte del consejero.
La dimisión enfrenta una cuestión que no es penal, sino moral, y que ha sido perfectamente diagnosticada por el propio Pujol en su carta de agradecimiento a Roma por los servicios prestados: «Tú dices, y con razón, que el hecho de que la empresa que te hizo el chalet recibiese obras del Servei Catalá: de la Salut (SCS) en la época en que tú eras responsable haría recaer siempre sobre ti una sospecha, y probablemente mantendría encendida una campaña que nos perjudicaría a todos, a ti y a nuestro Gobierno».
La acción judicial está en marcha y la dimisión es ya efectiva. Irreprochable. Pero la construcción del chalet por la empresa Trad aparece sólo como el cabo de un hilo cuyo origen ha de determinarse. Trad es una empresa ya liquidada que trabajaba con subcontratistas y recibió un porcentaje de adjudicaciones directas e indirectas del SCS muy superior a empresas acreditadas del sector por valor de unos 1.600 millones de pesetas, casi todas sin concurso. No estaba inscrita en el registro oficial de contratistas, tal como establece la Ley de Contratos del Estado, que fue eludida durante dos años gracias a una normativa autonómica específica, jurídicamente discutible. Sus propietarios han seguido trabajando con la Administración catalana después de la quiebra y liquidación y de dejar un reguero de acreedores, entre los que están los empresarios que se han querellado contra Roma. La sospecha no tiene, por tanto, su origen únicamente en el. valor del chalet de Roma, sino en el peculiar sistema de adjudicaciones utilizado por el consejero cuando era directivo del SCS y en la peculiar naturaleza de Trad.
Es un dato tranquilizador saber que, con la recientemente aprobada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada el pasado mes de abril, no habría habido ni caso Roma ni caso Trad. Esta ley, que tiene un carácter normativo. básico, fue criticada precisamente por Convergència i Unió, que quería eximir a las comunidades autónomas de su aplicación para que pudieran establecer a su arbitrio unos límites, en principio más laxos, de las condiciones de las adjudicaciones. Uno de los objetivos que persigue este tipo de legislación es evitar que una persona pueda convertirse en el único responsable de adjudicaciones de gran cuantía. Detale importante es que el principal impulsor de la ley, por su desenfreno adjudicador, fue el ex director. general de la Guardia Civil Luis Roldán.
Jaume Roma ha apoyado sus argumentos exculpatorios esgrimiendo dos datos: que por sus manos han pasado 3,6 billones del presupuesto catalán Y que ha adjudicado obras y servicios a lo largo de su dilatada carrera. de funcionario de alto nivel a más de 1.000 empresas, Pero todo esto se produjo antes de que la nueva ley entrara. en vigor y en parte durante el interregno de dos años en que la Generalitat relajó las normas de contratación, por lo que su defensa más bien aumenta las sospechas. O, como mínimo, la necesidad de aclarar todo sobre las adjudicaciones directas que han pasado por sus manos. Por ello, si en algún caso se justifica una comisión de investigación, que realice una auténtica auditoría sobre las adjudicaciones directas realizadas por el SCS y por las obras realizadas por Trad, es éste. Y quienes se opongan a esta investigación rinden mal servicio a la transparencia y, por tanto, a la democracia.
El Análisis
TODO SUCEDE ALREDEDOR DE PUJOL
Primero fue Lluís Prenafeta, durante años todopoderoso secretario general de la Presidencia; después las ramificaciones políticas del caso Casinos y nombres como Josep Maria Trias de Bes; en noviembre de 1994 cayó Josep Maria Cullell y ahora, apenas siete meses después, cae precisamente el hombre que Pujol había colocado en su puesto, Jaume Roma. Sería injusto transformar automáticamente esa sucesión de controversias en una condena colectiva: Cullell no terminó condenado por el episodio que provocó su dimisión y el caso Roma acabará incluso archivado al no acreditarse delito. Pero políticamente empieza a resultar difícil que semejante sucesión de nombres no proyecte una sombra sobre el Gobierno de CiU. Lo extraordinario es que esa sombra parece detenerse siempre antes de alcanzar a Jordi Pujol. El presidente aparta al colaborador comprometido, reivindica la honradez general de su Gobierno, denuncia después la campaña contra la Generalitat y continúa gobernando. Incluso las crisis sirven para renovar su equipo: Cullell deja paso a Roma y Roma acaba de abrir la puerta a un joven llamado Artur Mas.
Quizá ésa sea una de las grandes fortalezas políticas de Pujol: consigue que los escándalos de sus colaboradores sean problemas de sus colaboradores y no necesariamente problemas del presidente que los nombró. Cuando surge una sospecha suficientemente grave permite —o impulsa— la dimisión, pero evita admitir que el episodio demuestre una corrupción estructural de su Administración. En el caso Roma puede incluso terminar teniendo razón: seis años después la Justicia concluirá que no existían pruebas de la supuesta contraprestación. Pero contemplada desde junio de 1995, la sucesión resulta inevitablemente llamativa: hombres que han ocupado algunos de los despachos más próximos al poder pujolista entran y salen entre acusaciones, investigaciones y dimisiones mientras el hombre que lleva quince años nombrándolos permanece políticamente intacto. En Cataluña parecen cambiar los consejeros, cambian los escándalos y hasta cambian las explicaciones; lo único que nunca parece estar realmente en discusión es Pujol.
JF