La negociación de los Estatutos de Autonomía reabre tensiones entre País Vasco y Navarra: El PNV quiere que se fije un mecanismo para la integración de los navarros en Euskadi

LA DISCUSION sobre los mecanismos jurídico-constitucionales que deberán aplicarse para la eventual integración de Navarra en la comunidad autónoma vasca constituye, al parecer, el verdadero núcleo del enfrentamiento del PNV con el Gobierno. La disputa se complica por el hecho de que los líderes vascos que negociaron en el palacio de la Moncloa el Estatuto de Guernica, y que se jugaron gran prte de su capital político al aceptar ese texto y recomendar el voto afirmativo en el referéndum del 25 de octubre, se consideran burlados por el Gobierno y le acusan de incumplir la palabra dada.Las contrapuestas interpretaciones versan sobre el segundo referéndum, que sólo llegaría a celebrarse en el supuesto de que el primero, en el que intervendrían sólo los navarros, después de que el Parlamento Foral se hubiera manifestado previamente en pro de esta opción, arrojara un resultado favorable al ingreso de Navarra en Euskadi. Así, pues, no resulta admisible decir que las tesis del PNV nieguen a los navarros en el derecho a decidir solos y por su cuenta sobre su entrada en Euskadi, cuestión que será resuelta en un primer referéndum limitado exclusivamente a esa provincia. Ocurre. sin embargo, que algunos de los adversarios de la integración de Navarra en Euskadi están contribuyendo a aumentar la confusión en un terreno ya de por si abonado. Porque hasta tanto que el Parlamento Foral no resuelva por mayoría la entrada de Navarra en la comunidad vasca. el pueblo navarro no ratifique en un primer referéndum esa decisión, no puede celebrarse ese segundo referéndum, cuya verdadera naturaleza está dando tantos quebraderos de cabeza.

El nudo de la discusión entre el Gobierno y el PNV es la forma en que debería celebrarse ese segundo referéndum, en el que participarán necesariamente los ciudadanos de las cuatro provincias afectadas por las indispensables modificaciones del Estatuto a que obligaría la entrada de Navarra en la comunidad autónoma de Euskadi. El Estatuto de Guernica prevé, en su artículo 47, el referéndum del conjunto de los territorios afectados para pronunciarse sobre ese texto reformado. Pero ¿cuál es la forma correcta de realizar el cómputo de los votos emitidos en las distintas provincias? Para los nacionalistas vascos el procedimiento sería sumar los votos afirmativos y negativos en sendas columnas con independencia del origen provincial de unos y de otros, de forma tal que el resultado global en el conjunto de los territorios afectados vincularía a todos los habitantes de esa Euskadi ampliada, aunque el resultado parcial en una provincia fuera de signo inverso. Según esta interpretación, el Estatuto reformado, aprobado por la mayoría de los votos emitidos en las cuatro provincias, obligaría incluso a la hipotética provincia -que podría ser Navarra, pero también Álava, Guipúzcoa o Vizcaya- donde esa mayoría afirmativa no se hubiera producido.

La interpretación del PNV está apoyada por el sentido común y el sentido político, bastante más asociados entre sí de lo que los profesionales del poder tienden a pensar. El segundo referéndum no está ideado para decidir o confirmar la entrada de Navarra en Euskadi, asunto va resuelto por el primer referéndum, sino para aprobar o rechazar una reforma del Estatuto de Guernica después de cumplir otros requisitos «que deberán incluir, en todo caso, la aprobación por el órgano foral competente y la aprobación mediante ley orgánica por las Cortes Generales». La idea de que el segundo referéndum es una especie de segunda vuelta electoral para decidir sobre la incorporación de Navarra a Euskadi resulta difícil de ser tomada en consideración.

La posición del Gobierno, sin embargo, es negar que la expresión el conjunto de los territorios afectados implique un cómputo global de los votos emitidos en el segundo referéndum. Tras semanas de silencios y ambigüedades, su apoyo a la ley orgánica sobre Regulación de las Distintas Modalidades del Referéndum, aprobada ya en el Congreso y en el Senado, y la consagración en el articulado de esa norma del principio de que la circunscripción será siempre la provincia. abre el camino a una interpretacíón según la cual el referéndum de reforma del Estatuto de Guernica, aunque aprobado por el cómputo global de los votos de las cuatro provincias afectadas, no vincularía a la provincia donde los resultados no fueran también afirmativos. He aquí cómo, sorprendentemente, el Gobierno viene en apoyo de la tesis sostenida por Herri Batasuna, aunque no por el PNV, de que la Constitución española carece de legitimidad en aquellas provincias vascas -circunscripciones electorales a efectos de registro de los sufragios- donde los votos afirmativos no superaron a los noes y a la abstención activa propugnada por los nacionalistas en aquella ocasión.

Pero no se trata sólo de diferencias doctrinales. El PNV asegura que el Gobierno, en las negociaciones previas a la aprobación del Estatuto, en el tenso mes de julio de 1979, le dio garantías de que apoyaría su interpretación. En favor de la versión del partido de Garaikoetxea está, al parecer, el propio texto del Estatuto. ¿Por qué se utilizó una fórmula tan inusual como el conjunto de los territorios afectados si no se deseaba abrir una vía interpretativa que permitiera una alteración del procedimiento establecido en el artículo 151 de la Constitución? Pero también existen otras pruebas que implican una certeza moral. ¿No fue acaso desautorizado por su propio partido el diputado de UCD por Navarra Pegenaute, al exponer, en vísperas de la ratificación por las Cortes del Estatuto de Guernica, una tesis sustancialmente parecida a la que ahora defiende el Gobierno? ¿Fue en aquella ocasión inoportuno el diputado navarro, que terminó por renunciar a su escaño y a su militancia, o resultó oportunista la desautorización de la que fue objeto?

El Gobierno ha dado un rotundo mentís a la existencia de ese acuerdo secreto entre el Gobierno y el PNV, pero el PNV ha declarado que los pactos existen.

En cualquier caso, el conflicto entre las interpretaciones políticas y las interpretaciones jurídicas tendría solución si de verdad existiera el propósito de buscarla. Por ejemplo, que el primer referéndum, aquel en el que los navarros decidan sobre su entrada en Euskadi, incluya también, como cuestión a responder afirmativa o negativamente, la aceptación del cómputo global de los votos del conjunto de los territorios afectados para el segundo referéndum, en el que los ciudadanos de las cuatro provincias tendrán que pronunciarse sobre la reforma del Estatuto de Guernica. Pero parece que nos hallamos más frente a una punta de fuerza de ambos lados que frente a una resolución dialogada y civilizada del conflicto.