Polémica entre el ministro de Transportes Enrique Barón Crespo (PSOE) y el ABC de Anson a propósito de un informe de la Fiscalía General del Estado sobre sus antecesores

A finales del pasado mes de julio el ministro de Transportes, Enrique Barón, denunció un supuesto fraude de diez mil millnes de pesetas, que involucraba indirectamente a quienes ocuparon altos cargos de ese Departamento en épocas anteriores, como los señores José Lladó Fernández Urrutia, Salvador Sánchez Terán, José Luis Álvarez y Luis Gamir. Sin embargo, el informe elaborado por la Fiscalía General afirma que no existe tal fraude, motivo por el que ahora se esperan las explicaciones del ministro Barón sobre este asunto.

Patinazo en el Ministerio de Transportes. El ministro Barón denunció un fraude de diez mil millones, que no existe. Algunos exministros y altos cargos podrían querellarse contra el titular.

No existe un fraude de 10.000 millones de pesetas en el Ministerio de Transportes. Ni hay responsabilidad en los exministros y altos cargos de los Gobiernos de UCD. Esto se deduce del informe de la Fiscalía General del Estado, que el Ministerio de Transportes no ha hecho público, y cuya existencia ha descubierto Europa Press. La campaña originada por las declaraciones del ministro Barón ha partido de un inmenso error. El Ministerio consideró nulas de pleno derecho las órdenes ministeriales de agosto de 77 y noviembre de 1979, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, por los ministros Lladó y Sánchez-Terán, que reducían en cuantía importante el Canon de Coincidencia.

En un almuerzo celebrado ayer con un grupo de informadores económicos el Sr. Barón aseguró que una información de la agencia Europa Press publicada el domingo por este periódico era falsa y estaba manipulada.

El fondo de la cuestión consiste en que alguien ha pretendido montar un escándalo político contra anteriores Gobiernos por un supuesto fraude cuya investigación – todo hay que decirlo – no inició el Sr. Barón, sino su predecesor en el cargo y ministro de UCD, Luis Gamir.

El ministro Barón descalificó ayer la información recogida en estas páginas y se reservó aportar la suya por considerar el asunto sub judice, aunque aseguró que un informe de la Fiscalía General del Estado mencionado en este periódico es falso o no existe.

ABC, en su línea de respeto con la actuación de la Justicia, espera que ésta aclarará el asunto, aunque por los documentos que obran en nuestro poder el informe existe y en él se precisa que no hubo fraude, que las órdenes ministeriales eran legales y que posiblemente, como ya anticipamos, se produjeran irregularidades de orden menor.

ABC se ha limitado, en puro ejercicio informativo, a dar la versión de los acontecimientos por parte de algunos interesados. Está dispuesto, naturalmente, a publicar la versión del ministro. Y cuando la Justicia se pronuncia, además de informar cumplidamente a los lectores, expresaremos editorialmente nuestra opinión.

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Turismo, ha remitido un informe complementario sobre el transporte por carretera, que contiene nuevos datos sobre irregularidades y posibles fraudes en el sector, a los ministerios de Economía y Hacienda, Justicia, y Fiscalía General del Estado, según manifestó ayer el titular del Departamento, Enrique Barón, en un almuerzo informativo.

El ministro informó también de los primeros resultados de una operación de control de los transportes de mercancías y viajeros, que se ha inciado esta semana en los accesos a Madrid y que se denomina «cinturón de hierro». Esta operación ha puesto de manifiesto que de cada cuatro vehículos controlados, uno circulaba en condiciones de ilegalidad. Los filtros se han situado en Somosierra, Tordesillas, Laduna de Duero, Alcolea, Tarancón, Ocaña, Guillena, Navas de Tolosa, Diezma y Aguadulce, y han supuesto un control de 7.901 vehículos en las primeras 48 horas de funcionamiento. De ellos, 1.663 han sido denunciados por exceso de peso; 81 quedaron inmovilizados en los controles por infracciociones graves de la legalidad; 369 circulaban sin la reglamentaria tarjeta de transportes, y 121 fueron denunciados por diversas irregularidades.Enrique Barán dijo que la política que se está llevando en materia de transportes se basa fundamentalmente en dos grandes objetivos: «cambiar la imagen del sector e ir a una ordenación del sector en coordinación con los otros modos de transporte».

Diez tareas prioritarias

El ministro, en este marco de grandes objetivos y en relación con las irregularidades denunciadas por la prensa, pormenorizó 10 tareas que preocupan especialmente a su departamento:- Autorizaciones internacionales. Se ha publicado en junio una orden ministerial «que regula la concesión, reparto y transmisión de autorizaciones internacionales eliminando, en la medida de lo posible, las prácticas especulativas existentes hasta la fecha». Por otra parte, el reparto de autorizaciones, según el ministro, se ha objetivado al máximo mediante la utilización de fórmulas que sólo atienden a valores objetivos de las empresas.

– Saneamiento. Se está potenciando la inspección al máximo, «habiéndose realizado numerosas inspecciones en este período hasta límites absolutamente desconocidos en la historia del sector». Igualmente se está trabajando en la creación de la Inspección del Transporte Internacional. Se ha establecido ya una colaboración. con la Inspección de Hacienda, y próximamente se establecerá con la de Trabajo, «a fin de conseguir una máxima clarificación del sector y erradicar situaciones abusivas, especialmente en los aspectos laboral y fiscal».

– Renfe-carreteras. Mayor colaboración y control de las prácticas de Renfe en los transportes por carretera. Barón anuncia una próxima orden ministerial que regulará con absoluta transparencia «las líneas adjudicadas a Renfe y que esta empresa no explota directamente».

– Ley de Transportes. En julio de 1984 estará finalizado el proyecto de nueva ley de Transportes.

– Clandestinidad. Inminente remisión al Congreso de un proyecto de ley «tendente a la creación de mecanismos de control adecuados, así como la modificación de los límites sancionadores» (las 25.000 pesetas actuales «incitan a la práctica de actividades piratas»).

– Parque. Se está estudiando con el Instituto de Crédito Oficial el establecimiento de una línea especial de eréditos para renovar el parque de transportes. Hacienda equipará en breve a los transportistas, a efectos de crédito para renovación de vehículos, a las condiciones de las pequeñas y medianas empresas

– Intermediarios. Aumento de la inspección y de las sanciones para cortar prácticas especulativas. La implantación de la Declaración de Porte puede contribuir a controlar esta actividad.

– Artículo 35. Se ha eliminado, según el ministro, la discrecionalidad existente para conceder líneas en base a este artículo. En los casos en que se han concedido tales líneas, añade Barón, se ha realizado con criterios de absoluta transparencia.

– Viajeros. Se están estudiando las necesidades de líenas regulares entre grandes núcleos de población y la coordinación de transportes.

– Falsificaciones. La policía y el ministerio están investigando la falsificación de autorizaciones internacionales de transporte.

Manipulación

El ministro, que. se refirió a una próxima ley de tasas e infracciones, manifestó también que se está estudiando la conveniencia o no de revocar dos órdenes ministeriales sobre el canon de coincidencia de 1977 y 1979, cuya legalidad ha sido cuestionada por la inspección, previamente al dictamen definitivo sobre su validez. Enrique, Barón insistió en que está dispuesto a llegar al fondo de las irregularidades, sin ánimo de persecución o revancha contra sus antecesores. En este punto se estableció una dura contraversia entre el ministro y el representante de ABC que asistía a la conferencia de prensa, centrada en una información publicada por dicho diario. El ministro dijo que no le preocupaba que ABC le atacase y que incluso se sentía satisfecho por tal deferencia, pero que la citada información era una falsedad y una manipulación de una nota de la Fiscalía del Estado. Más grave aún, añadió, es el hecho de que la nota de réplica de la Fiscalía, que da cuenta de la preparación de siete querellas por el fraude del transporte, se de en una página escondida del citado diario y de forma disimulada. Barón insistió en que se trataba de una manipulación del diario ABC, y que él no acusaba a nadie en particular, pero que no podía olvidar que fue precisamente él, como diputado, quien pidió cuentas en el Parlamento a Luis María Ansón (actual director del citado diario) sobre su gestión en la presidencia de la agencia Efe.

En los medios políticos y profesionales se conoce ya a EL PAÍS como el ‘diario manipulador de la mañana’. Hay días en que ese periódico no publica propiamente información: desde los titulares a la última línea casi todo ha sido sesgado y manipulado. Últimamente se ha acentuado la manipulación. Varios de sus redactores pasaron a ocupar los gabinetes de información de Ministerios y organismos autónomos tras las elecciones del 28-O. Una buena parte de las informaciones destacadas de EL PAÍS son filtraciones gubernamentales cuidadosamente sesgadas.

Sobre el llamada fraude de los transporte. ABC ha publicado la información del Ministerio y también la de los ex ministros afectados por una acusación que hasta ahora no ha prosperado en la Fiscalía General en cuanto al fraude y la ilegalidad de dos órdenes ministeriales. EL PAÍS ha recogido sólo, exagerada y manipulada, la información del Ministerio, con ánimo indudable de escándalo. Ayer, el ‘diario manipulador de la mañana’ volvía a sesgar una información sobre este asunto y se permitía recoger fuera de su contexto una alusión al director de este periódico. Nos parece lamentable la invariable tendencia de este periódico. Nos parece lamentable la invariable tendencia del señor Cebrián al ataque personal. No nos extraña. En una de esas rabietas de ataque personal contra ABC recordamos amablemente al director de EL PAÍS su entusiasta pasado fascista. En nuestra sección de Economía (páginas 56 y 57) publicamos hoy, íntegro, el documento de la Fiscalía General.