PP, PSOE, IU y el resto de Grupos Parlamentarios acuerdan elaborar una nueva Ley para combatir la violencia machista que denominan ‘violencia doméstica’

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados hicieron el martes un ejercicio de responsabilidad al convertir una moción presentada por Izquierda Unida en un acuerdo para elaborar por consenso y de forma unitaria un proyecto de ley que aborde, desde un enfoque integral y pluridisciplinar, el problema de la violencia doméstica. Hay que felicitarse por el acuerdo, dada la trascendencia de la materia que pretende regular, y felicitar también a sus valedores, que han sabido renunciar a protagonismos y postulados propios en aras a la confluencia con los demás grupos políticos en una cuestión que merece ser tratada lejos de todo partidismo reduccionista.

De haber rechazado la moción de Izquierda Unidad, que propugnaba un acuerdo de Estado contra la violencia doméstica, el PP corría el riesgo de quedar de nuevo en solitario frente a todos los demás grupos parlamentarios, como ya ocurrió hace unos días al rechazar un proyecto de ley integral contra la violencia doméstica presentado por el PSOE, con lo que su imagen hubiera quedado de nuevo dañada en una cuestión que despierta gran sensibilidad en la opinión pública. Pero esta vez ha sabido sortear el peligro y responder positivamente a las demandas de consenso ante lo que se ha convertido en un problema que es necesario atajar: el de la violencia doméstica contra las mujeres.

La naturaleza del acuerdo adoptado permite concluir que va mucho más allá del mero interés táctico, que, aunque legítimo, podría comprometer su viabilidad política. El hecho de que se haya acordado crear una subcomisión parlamentaria que prepare el texto legal para proteger a las mujeres maltratadas o amenazadas por sus parejas y que se haya establecido un plazo de cuatro meses para presentar el proyecto, que debe incluir medidas ejecutivas muy concretas, indica un compromiso serio.

Los grupos políticos se comprometieron además a consultar durante el proceso de elaboración de la ley a diferentes sectores sociales concernidos. Hay en este asunto un considerable bagaje acumulado, especialmente por parte de asociaciones de mujeres, que debe ser útil para los legisladores. Sería bueno, por otra parte, que en aras a la eficacia y dada la premura de tiempo, se tuviera en cuenta como punto de partida el importante trabajo parlamentario ya realizado, y especialmente el proyecto de ley elaborado por el grupo socialista y rechazado por motivos partidistas.

El paso dado el martes en el Congreso de los Diputados puede marcar un antes y un después en el problema de la violencia doméstica. De la calidad del trabajo que haga la subcomisión depende la vida de muchas mujeres.

El ligero descenso del porcentaje de mujeres españolas que se declaran víctimas de maltrato doméstico (del 4,2% en 1999 al 4% ahora), registrado por la encuesta que ha hecho pública el Instituto de la Mujer, es positivo, pero poco relevante. Esa mínima disminución coyuntural no aconseja ningún tipo de optimismo ni permite levantar la guardia ante ese insoportable tipo de violencia.

Eventuales modificaciones a la baja del volumen de la violencia familiar no autorizan afirmaciones tajantes como la de que «está descendiendo el maltrato en España», realizada por la directora general del Instituto de la Mujer. La existencia de casi dos millones de españolas sometidas al abuso de sus maridos, novios o ex compañeros es en sí misma escandalosa.

Los dos planes de choque hasta ahora puestos en marcha, aunque han significado un avance respecto a los tiempos en que la violencia doméstica era un drama clandestino y estrictamente privado, no han contado con la financiación necesaria ni la energía suficiente de la justicia. De ahí que las propuestas legislativas recientes, la de elevar de falta a delito todo maltrato doméstico y la coordinación entre los juzgados penales y los de familia, requieran una tramitación urgente.

Los propios datos de la encuesta reflejan que, a pesar de las informaciones sobre violencia doméstica divulgadas durante los últimos tres años, más del 11% de las mujeres son maltratadas, pero una parte de ellas no se creen víctimas de esa conducta. Es decir, una importante proporción de mujeres no percibe como hechos violentos el insulto, la amenaza y la insistencia en mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Y claro está que si las víctimas no se creen atacadas por esas conductas, tales actuaciones no serán denunciadas, por lo que no será posible aplicarles ninguna de las medidas jurídicas o sociales previstas o propuestas.

No caben, pues, optimismos oportunistas ante cualquier aparente descenso del maltrato, y debe, en todo caso, darse prioridad al fomento de la propia conciencia de dignidad y libertad de las potenciales víctimas, para que sean ellas las primeras que permanezcan alerta y, mediante sus denuncias, desencadenen la acción del Estado y de la sociedad para la erradicación de esa lacra.