Adolfo Suárez gana una ‘cuestión de confianza en el Congreso’ al obtener los votos de UCD, CiU y PSA

1. Sí a UCD, nuestro partido, el que por dos veces en tres años ha querido la mayoría de los españoles; al que correspondió la mayor cuota en la ineludible tarea de la transición; el que, dando a nuestra vida pública un talante de moderación, ha prestado un inapreciable servicio a la estabilidad política de España; el que en circunstancias difíciles de todo tipo ha satisfecho en un alto porcentaje las aspiraciones fundamentales de su electorado.

2. Sí a la solidaridad de nuestro grupo parlamentario, sin duda el más importante y representativo de los órganos del partido y al que, como es propio de todo sistema democrático occidental, debería corresponder, junto con su homólogo del Senado, la dirección de la política parlamentaria de UCD.

Ese grupo, cuyos miembros contribuyeron, cada uno parcialmente, pero todos juntos decisivamente, a los triunfos electorales de 1977 y 1979; ese grupo donde se han decantado nuestros mejores hombres; ese grupo gracias a cuya confianza se mantiene el Gobierno y que con un voto constante, disciplinado e incluso abnegado ha permitido muchas decenas de victorias parlamentarias.

3. Sí al Gobierno recientemente constituido, algunos de cuyos miembros unen a su alta competencia personal la calidad de jefes históricos del centrismo español, deseando a su gestión el éxito que sus cualidades individuales merecen y que el prestigio de UCD necesita, porque en la tarea está empeñada la suerte de muchos de sus hombres más representativos.

4. Sí a la colaboración de nuestros homólogos de Cataluña -colaboración por la que vengo abogando, a veces en una inconfortable soledad, desde 1977-, porque ello permite renovar y consolidar la necesaria mayoría parlamentaria con dosis de sensata modernidad, abundante en la periferia, y, lo más importante de todo, abre la esperanza de corresponsabilizar al nacionalismo catalán -y ojalá fuera lo mismo con el vasco- en lo que es tarea de todos.

5. Sí a la decisión -¡tantas veces anunciada!- de ser firmes, austeros y eficaces; a la decisión, en fin, de gobernar de una vez, aunque no sabemos cómo y por qué ahora va a cumplirse tan pío deseo.

6. Pero no al caudillaje arbitrario que pretende ocultar la irremisible pérdida del liderazgo político en el partido, en el Parlamento y en el Estado. Porque, en una sociedad democrática, un Gobierno sólo es eficaz si es capaz de inspirar confianza política, y eso no lo da sólo la eficacia de la gestión sectorial de cada ministro, sino la seguridad en la dirección del conjunto.

7. Pero no al ejercicio o, lo que es peor, a la inerte posesión solitaria del poder, tendente a reducir el partido y la mayoría parlamentaria a un mero séquito fiel. Porque un partido sólo puede servir a la democracia política y social cuando el mismo es democrático, esto es, regido por un liderazgo colectivo, abierto a sus cuadros intermedios, como éstos deben estarlo a sus bases, y todos atentos al pálpito de la opinión pública que deben tanto representar como ilustrar.

8. Pero no a los pactos y connivencias secretas con minorías de muy distinta laya; nacionalistas unas; seudonacionalistas, otras, y… ¡ojalá pueda parar aquí la enumeración! Porque no sabemos el precio que por estos apoyos se pagan, y lo que de ello sabemos, por su inconstitucionalidad, por su incoherencia política, por la falta de criterio que revelan, atentan al pudor de la cosa pública.

9. Pero no al enfrentamiento radical y personal con la única oposición democrática y nacional que existe, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ante el que no es preciso ceder, como se hacía antaño, pero con el que es necesario dialogar siempre y coincidir en grandes temas de Estado, como no se hace hogaño. Porque si gobernar no es ceder, gobernar en democracia es dialogar no sólo con el argumento de los votos, sino también con el peso de las razones y, en todo caso, con la garantía de la fiabilidad. Y no también a la falta de un diálogo serio con CD.

10. Pero no a las ambigüedades de un programa vagoroso, apto sólo para ir tirando. Porque el quid de la política no consiste en estar en el poder, sino en saberlo utilizar, y gobernar no es permanecer indefinidamente a bordo, aun sin jarcias ni timón, como un náufrago. Consiste en saber fijar el rumbo, en saber alcanzar el puerto de destino…; en saber incluso desembarcar.

Quienes con el recuerdo de los vibrantes y ricos debates provocados por la moción de censura socialista aguardaban con interés este nuevo envite parlamentario han debido quedar mayoritariamente decepcionados.

Si bien es cierto que Suárez presentó el martes la más seriamente estructurada de sus declaraciones de buenos deseos, las jornadas siguientes han transcurrido sin que ninguna concentración cuantificada le otorgara vida y crédito ante la opinión pública.

Así las cosas, el debate de la moción de confianza deja tras de sí un poso de esterilidad y una estela de insatisfacción.

Ambos sentimientos terminaron por cristalizar a causa del diálogo de sordos mantenido por Adolfo Suárez y Felipe González en el tramo final de la contienda oratoria.

El líder socialista, que comenzó su discurso con trazas de hombre de Estado, terminó engullido por la mediocridad ambiental y fue incapaz de tirar por elevación y llevar la polémica más allá del ‘tú has dicho esto porque creías que yo iba a decir aquello cuando en realidad he dicho lo otro’ en el que se enredó con Suárez.

Por su parte, el jefe del Gobierno asumió una actitud triunfalista y prepotente ne nada acorde con el pobrísimo récord de su gestión desde el 1 de marzo del 79 hasta ahora, y sospechosamente disonante con su ‘sincero’ examen de conciencia de la primavera.

Ahora que los focos de las cámaras de la televisión han ya empalidecido, parece legítimo preguntarse si lo que se buscaba estos días era la confianza o más el desquite.

La solución andaluza.

¡Cuánto tiempo se ha perdido! ¡Cuantas tensiones se podían haber evitado! Cuando nadie lo esperaba, el Gobierno de UCD ha dado la gran sorpresa al ofrecer una solución no sospechada para el caso de la autonomía andaluza.

Todos saben bien que UCD ha cedido a las presiones nacionalistas andaluzas obligada por la necesidad de encontrar el apoyo de un grupo parlamentario, el de Alejandro Rojas Marcos, para ganar con un mayor margen la cuestión de confianza.

Y es verdad que todo es legítimo a la hora de lograr un acuerdo parlamentario, porque la política es el arte de los negociadores y el vicio de los pactistas.

Pero se han cometido tantos errores con la autonomía andaluza, se ha mantenido una postura tan rígida desde las alturas del Gobierno, que llegar a esta solución por la vía del trueque parlamentario parece sencillamente una chapuza.

Aunque una rigidez a ultranza de antes y la flexibilidad al máximo de ahora sean obra de dos Gobiernos distintos, hay que decir que UCD adolece de una grave imprevisión. Toda la historia de enfrentamientos y luchas políticas andaluzas en los últimos meses han sido un drama gratuito, a la luz de esta prestidigitación del artículo 144.

Todo ello sea dicho la margen de la alegría que produce saber que el pueblo andaluz va a encontrar una vía de autogobierno, si el acuerdo parlamentario UCD-PSA tiene buena acogida, como parece posible. No estamos contra la solución; lo que repudiamos es el método.

Por delante del análisis pormenorizado del Pleno de la confianza debe señalarse que, esta vez, el repetidamente anunciado cambio de actitud política del presidente del Gobierno se ha producido. Suárez ha estado seguro ante el Parlamento, y cabe suponer que ha ganado puntos de credibilidad ante la opinión pública. El largo Consejo de Ministros inmediatamente posterior al Pleno, y que se prolongará durante el lunes, a más de la anunciada conferencia de Prensa de la próxima semana, también son indicios de que las mejores virtudes políticas del presidente del Gobierno vuelven a primar sobre sus defectos. Parece, en suma, que el presidente ha tomado la sabia decisión -no menos acertada por obvia- de «presidir» su Gabinete prescindiendo de valimientos y haciendo acopio personal de sus responsabilidades como gobernante.Por lo demás, de las varias cuestiones que el Congreso tuvo ocasión de examinar en el Pleno de esta semana, los temas relacionados con el estatuto de libertades y la reforma de la organización de la justicia recibieron una atención marginal. Seguramente la decisión gubernamental de dejar fuera del debate el tema del terrorismo, propósito que no terminó de ser cumplido desde el momento en que el ministro del Interior se vio forzado a responder -de manera insuficiente- a las alusiones de algunos portavoces, contribuyó a ese injusto relegamiento. Porque las libertades se hallan especialmente amenazadas tanto por los atentados y crímenes de los activistas de ultraizquierda y ultraderecha contra la seguridad ciudadana como por las eventuales tendencias a confundir la necesaria persecución del terrorismo con la represión indiscriminada de la población y el recorte de las garantías constitucionales.

La discusión de la política económica incluida en la declaración del Gobierno implicaba necesariamente la descripción de la situación de nuestra economía, el avance de diagnósticos y remedios, la evocación de las responsabilidades de los anteriores Gobiernos centristas -Y no sólo del encarecimiento del petróleo- en el agravamiento de la crisis, el análisis de las medidas propuestas y la defensa de otras posibles alternativas. Demasiados mimbres para construir una buena cesta en las horas de debate consagradas a esos temas. El deseo de ganar respetabilidad ante los ciudadanos explica, tal vez, que los oradores rivalizaran en hacer alardes de competencia técnica a propósito de las cuestiones económicas, tanto si eran expertos en la materia como si se limitaban a repetir los apuntes o las ideas de sus asesores. En cualquier caso, es presumible que la mayor parte de los ciudadanos que siguieron el Pleno por radio y televisión sacaran pocas cosas en limpio tras escuchar la estruendosa catarata de cifras, porcentajes y términos técnicos (con variables de cierre incluidas) procedentes de la tribuna. No resulta fácil adivinar cuáles podrían ser las líneas de una discusión parlamentaria que contribuyera a elevar la cultura de la sociedad española sobre temas económicos en vez de fomentar el despego hacia la ciencia lúgubre. Pero algo habría que inventar para conseguirlo.

Los temas autonómicos recibieron el lugar de honor en el debate, tanto por el pacto de legislatura implícito en el voto favorable de la Minoría Catalana como por ese conejo que se sacaron al alimón de la chistera Alejandro Rojas Marcos y Rodolfo Martín Villa a propósito de la vía para el autogobierno de Andalucía. La profundidad de los acuerdos entre UCD y la Minoría Catalana se hizo más patente en el brillante y despiadado ataque de Miguel Roca a Ernest Lluch que en su intervención desde la tribuna. Por lo demás, la bolsa, digna del mariscal Rommel, preparada por UCD y el PSA para copar al PSOE en Andalucía, metido primero en el callejón del artículo 151 por el hostigamiento desde los flancos de la minoría andalucista, y luego abandonado en ese encierro, tras el acuerdo entre el Gobierno y el PSA, a propósito del artículo 144, tiene mucha tela que cortar y alimentará una viva polémica en los meses futuros. El rechazo por Manuel Clavero de la fórmula y la airada reacción de socialistas y comunistas ante la maniobra auguran serios problemas al respecto. En cualquier caso, parece ineludible que el Tribunal Constitucional sea requerido para el control previo de inconstitucionalidad, regulado en el título VI de su ley orgánica, antes de que las cosas pasen a mayores. Por lo demás, la rígida postura del portavoz del PNV, que la poco diplomática réplica del ministro de Administración Territorial no logró sino endurecer, terminó con las especulaciones en torno al eventual apoyo del nacionalismo vasco moderado al nuevo Gobierno. Finalmente, las perspectivas de negociación del Estatuto de Galicia abren un compás de esperanza al respecto.

La declaración política, a mitad de camino entre la manifestación de intenciones y el programa detallado, era el soporte para la cuestión de confianza planteada por el presidente del Gobierno al Congreso. El resultado final confirmó el acuerdo previo entre el centrismo y Convergencia Dernocrática de Cataluña, y no ofreció más novedad que la de despejar las dudas acerca del comportamiento de otros grupos. La adhesión del PSA estaba, presumiblemente, pactada de antemano, y el debate sólo sirvió para la puesta en escena del encuentro políticoexistencial entre Alejandro Rojas Marcos y Rodolfo Martín Villa. Fraga deleitó una vez más a los espectadores con sus chascarrillos y asombró a quienes conocen su historia política con su desenfadada autopresentación como adalid de las libertades y del bien común y como ese «buen señor» que los «buenos vasallos» españoles merecen. Por lo demás, la agresividad con que Fraga atacó al Gobierno al justificar su voto adverso desveló las desmesuradas expectativas de Coalición Democrática, alimentadas durante este largo verano de intrigas y conspiraciones, que resultaron frustradas en las vísperas del Pleno. Finalmente, el voto negativo del PNV resulta congruente con la historia de las relaciones entre el nacionalismo vasco moderado y UCD, las fricciones con el Gobierno en torno al ritmo y dimensión del traspaso de competencias y la tensa situación en la comunidad autónoma de Euskadi y en Navarra.

El voto negativo de los grupos parlamentarios socialista y comunista había sido anunciado de antemano. Ahora bien, el inesperado intercambio de agresiones personales entre Felipe González y Adolfo Suárez alumbró la novedad política más importante del Pleno. El juicio de intenciones que hizo Suárez de las palabras del secretario general del PSOE terminó con una sentencia condenatoria de un eventual Gobierno de coalición de centristas y socialistas.

El presidente Suárez tiene ya esa confianza que había solicitado al Congreso de los Diputados. El acuerdo con la Minoría Catalana proporciona al Gobierno monocolor centrista el control, de hecho, de la Cámara; y los votos andalucistas, la mayoría absoluta para el caso de que la necesite. El tajo que le espera al nuevo equipo ministerial no le permite ya aplazar por más tiempo el trabajo a pie de obra. La declaración aprobada ayer Incluye líneas generales de política económica que tienen que ser concretadas, cuantificadas e ínstrumentadas cuanto antes, a fin de que el paro no desborde los niveles a partir de los cuales la frustración y la desesperación producidas por el hambre y la ausencia de horizontes pueden servir de fulminante a graves conflictos sociales. El temor de un sector de la opinión pública a que la reciente ofensiva contra las libertades sea consecuencia de una decisión deliberada e intimidatoria del Gobierno sólo será disipado por un estatuto de las libertades que las refuerce y no las cercene. La reforma progresista de la organización de la justicia y del ministerio fiscal tampoco admite espera, y debería comenzar por el nombramiento de un fiscal general del Estado idóneo para los anunciados propósitos de garantizar los derechos de los ciudadanos. Latercera lectura del título VIII debería ser, en cualquier caso, la última y definitiva, y no incurrir, para aplicarla en los hechos, a ningún procedimiento susceptible de ser invalidado por un recurso de inconstitucionalidad. Mientras el conflicto vasco no sea resuelto políticamente, y en esa perspectiva la situación en Navarra debe ser afrontada con inteligencia antes de que se pudra, como ya ocurrió en Guipúzcoa y Vizcaya, la democracia en España no estará consolidada y el azote del terrorismo no se inscribirá definitivamente en el marco del bandidaje asocial. Finalmente, los desafíos a nuestra soberanía nacional y la encrucijada de senderos que se presenta a nuestra acción exterior exigen un planteamiento imaginativo y una instrumentación audaz de nuestra política internacional.

El presidente y su quinto Gobierno no podrán quejarse de falta de trabajo ni tampoco de la ausencia de apoyos para realizarlo con acierto. Nunca se puede decir de una nueva oportunidad que sea la última. Sin embargo, los márgenes de confianza que UCD, el Congreso y el electorado han otorgado a Adolfo Suárez ni han sido escasos ni son ilimitados. La moción de censura de mayo no abrió la cuenta atrás de su carrera política, pero sí señaló las lindes que no puede traspasar sin arruinar su futuro.

1. 210

Se celebró la famosa reunión de ‘la Casa de la Pradera’, se hizo tarde y mal. Su resultado fue el Gobierno de septiembre de 1980, lleno de calidades personales, pero tan mediatizado, acomplejado y descabezado como los anteriores. Al hijo de su presentación ante las Cortes, el Gobierno propuso una moción de confianza en el Congreso. Hube de reclamar con cierta violencia la presencia del presidente del Gobierno ante el grupo parlamentario para que supiéramos de la cuestión de confianza un poco más que lo que la prensa decía. Algo que chocó a políticos y periodistas españoles, aunque sea lo usual en cualquier democracia europea. Yo la voté disciplinadamente y expliqué el sentido de mi voto en un largo artículo aparecido en EL PAÍS bajo el título ‘Sí…, pero’.

Hubo una tozuda resistencia a entenderlo. Algún ministro, dando muestra de su altura de miras, se quejó de que no estuviese contento, siendo, como era, consejero del Banco Exterior. Algún politólogo [Carlos Huneeus] y por cierto citando precedentes, auguró mi próximo enrolamiento entre los conformistas tan pronto como me dieran un cargo y el propio Presidente [Suárez] preguntó a Lavilla: “¿Qué le pasa a Miguel?”.

No era mí a quien pasaban cosas, sino a UCD, lanzada en una mala dirección que la mayoría de sus militantes y cuadros quería corregir. Por ello fui elegido días después presidente ejecutivo y portavoz del grupo parlamentario centrista del Congreso de los Diputados.