El presidente de ANTENA 3, Antonio Asensio, acusa en el Congreso a Miguel Ángel Rodríguez de ser quién le amenazó con la cárcel

Ese chiquillo -él mismo lo dice: seria una chiquillada amenazar a Asensio con la cárcel-, ese barbado chiquillo -tiene la misma edad que tenía Sancristóbal cuando le nombraron responsable de la seguridad del Estado-, ese obstinado chiquillo -aún va con las rodillas peladas, jugándose la vida a las canicas-, ese inesperado chiquillo -hace dos días, cuando trabajaba en un periódico, habría tenido dificultades para hablar con la secretaria de la secretaria de la secretaria de Asensio; de pronto, se ve a sí mismo diciendo: «Soy Rodríguez y tú [ya lo tutea] vas a ir a la cárcel»-, ese chiquillo, en fin, tiene preceptor, y convendría no olvidarlo.Tiene preceptor y, dado que su oficio es ponerle voz a lo que piensa y decide otro, tampoco tiene voz propia. (Esto último ya se veía en sus novelas: el estilo es el hombre). Por lo tanto, y con independencia de que pudiera beneficiarle un periodo de meditación, su preceptor habría de responder: el chiquillo -M. A. R. le llaman en Madrid: allí no hay playa, pero su ambición y su confianza en sí mismo son oceánicas- non ha l’età. Su preceptor habría de aclarar, sobre todo, por qué el chiquillo aprendió a decir cárcel antes que papá y mamá. Aclarar por qué en España ya no se amenaza con llevar a nadie ante los tribunales -era una bravuconada, pero una bravuconada inspirada todavía en Montesquieu-, sino con la cárcel, sin atajos. Por qué en España no puede hablarse en propiedad de una judicialización de la vida política y empresarial -la vida democrática siempre ha estado judicializada, es decir, regida por la ley-, sino de su emparedamiento.

La España propuesta por el preceptor no es un tribunal, sino una penitenciaría. Ya veo al chiquillo entrando en el reformatorio y a su hosco preceptor mascullando: «¡Así aprenderá a ser un hombre!».

Hace ahora ocho años, el farmacéutico metido a político Daniel de Fernando consiguió de José María Aznar lo que quizás ahora le pida Jordi Pujol: la cabeza de Miguel Ángel Rodríguez.Rodríguez era entonces portavoz de Aznar en la Junta de Castilla y León, y tan incontinente de lengua como ahora. A primeros de abril de 1989, Cambio 16 publicó un reportaje sobre la gestión de Aznar, que se publicitaba como modélica. Además de algunas notas de color que levantaron polvareda. -por ejemplo, cómo Aznar se había instalado en su despacho oficial una grifería «recubierta»de oro de 24 quilates, hecho documentalmente probado-, la revista relataba que decenas de alcaldes de pequeños ayuntamientos de Segovia se habían pasado de la Democracia Cristiana a Alianza Popular (hoy PP) después de que el gobierno regional les concediera cuantiosas subvenciones, muchas de ellas para restaurar iglesias y ermitas.

Yo personalmente he pasado cincuenta alcaldes -afirmaba un director general de la Junta, Clemente Sanz Blanco-. Pero no a cambio de una obra. Se cambian porque les ha convencido la bondad de nuestra ideología». Antonio Ruiz Hernando, un arquitecto que trabajaba para el Obispado de Segovia, pensaba de manera bien distinta, hasta el punto de que había presentado su dimisión en una carta en la que le contaba al obispo que el dinero llegaba a espuertas, mucho más del necesario para llevar a cabo los proyectos de restauración». «Administrar el dinero público no significa derrocharlo, y mucho menos invertirlo en la compra de votos», concluía Ruiz Hernando. –

Cambio 16 añadía algunos datos de la gestión de Rodríguez: la Oficina del Portavoz, que en 1988 tenía un presupuesto de 97 millones, había gastado 200 millones.

Rodríguez era entonces bisoño en las labores de agitación y propaganda, pero ya apuntaba algunas habilidades. Tuvo un acierto: logró que la polémica pública se limitara a si Aznar tenía o no grifos de oro macizo, cosa que nadie había afirmado. Y cometió un error garrafal: creyó que las interioridades de la Junta las había contado un parlamentario regional democristiano, y se dedicó a inundar las redacciones de Valladolid y Madrid de especies contra él desde un fax de la Junta, que dejaba huella. Pero resultó que el tal parlamentario se iba a pasar al CDS, que era el apoyo parlamentario con el que gobernaba Aznar. Al presidente regional del CDS, Daniel de Fernando, le faltó tiempo para exigir, y obtener, la destitución de Rodríguez. Se disfrazó de dimisión. El 13 de abril de 1989, el portavoz cesante escribía una carta a Aznar: «Han conseguido echarme después de tantas amenazas. Que no consigan echarte a ti».

Parece que Rodríguez no ha escarmentado. En noviembre pasado, se río en público de la propuesta de CiU de que Cataluña disponga de un Comité Olímpico propio. Ahora, sus amenazas a Antonio Asensio han indignado de nuevo al socio parlamentario de Aznar. Queda por ver si la indignación es tanta como para exigir al jefe de Gobierno que prescinda de uno de sus principales parachoques. Abollado, pero aún parachoques.

El empresario Antonio Asensio, presidente de ANTENA 3 TV, confirmó ayer, ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, lo que casi todo el mundo sospechaba: que fue Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado para la Comunicación, quien le amenazó con la cárcel tras suscribir un acuerdo con CANAL PLUS sobre los derechos del fútbol. Asensio aportó la confirmación de tres testigos (los periodistas y directivos de ANTENA 3 José Oneto, Manuel Campo Vidal y Jesús Hermida). Agregó que tiene más testigos no ligados con ANTENA 3, cuyos nombres dará si es necesario. Rodríguez negó ayer todo. Ya lo negaba cuando aún nadie le había citado como el autor de las amenazas desveladas por González. Creemos a Asensio, a Oneto y a Hermida frente al mentís de Rodríguez. Redactores de este periódico -y de otros medios de comunicación- le han oído proferir tantas bravuconadas en tono amenazador sobre EL PAÍS y las otras empresas del Grupo PRISA que su desmentido a Asensio no nos merece crédito. Le consideramos capaz de utilizar la amenaza para evitar el fracaso de sus proyectos de control sobre los medios críticos. Por lo demás, resulta coherente con la actuación de un Gobierno que encargó -también a través de un secretario de Estado- el informe sobre Sogecable que sirvió de base para montar un caso judicial.

El comunicado de ayer de la Secretaría de Estado de la Comunicación sólo produce escepticismo. La nota recuerda que, «frente a los empresarios privados que tienen como objetivo defender intereses particulares, la obligación de los gobernantes es garantizar el interés general de los ciudadanos, la libre empresa y la libertad de expresión». Conocemos las tortuosas opiniones de Rodríguez sobre lo que entiende por «interés general», «libre empresa» y «libertad de expresión» como para no tomarlas a beneficio de inventario. De cómo conjuga Rodríguez esas nobles palabras hay pruebas no sólo en el ejercicio de su actual cargo gubernamental, sino también de los tiempos en que fue portavoz del Gobierno de Castilla y León.

Pero el problema no es Rodríguez. El problema es que el secretario de Estado dice y hace lo que escucha a sus mayores que hay que decir y hacer. Rodríguez descalifica a Oneto y Hermida porque «es lógico que defiendan los mismos intereses» que Asensio, que es quien los contrata. Idéntica situación contractual es la que mantiene él respecto a Cascos o Aznar. La acusación de Asensio, en sede parlamentaria, es gravísima: Rodríguez no puede, como pretende, zanjarla con la breve nota emitida desde su departamento, en la que acusa de mentirosos al empresario y a sus colaboradores. Rodríguez ha dicho estar dispuesto a acudir al Congreso a dar explicaciones. Que lo haga cuanto antes y encuentre mejores argumentos que los de su nota de ayer.

Siempre huyendo hacia adelante, Antonio Asensio acudió ayer al Congreso dispuesto a ahondar en su pulso con el secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Angel Rodríguez. El presidente del grupo Zeta presentó el testimonio de cargo de tres periodistas: Oneto, Hermida y Campo Vidal. Rodríguez respondió insistiendo en su mentís. Alegó también que esos testigos carecen de valor, por tratarse de empleados del propio Asensio. El argumento no nos vale. No sólo por respeto a los profesionales en cuestión, sino también porque lo que le atribuyen a Rodríguez no resulta, en principio, nada inverosímil. Lo que sería necesario conocer -y el secretario de Estado, liberado ya del deber de confidencialidad por el propio Asensio, debería difundir, y en ningún sitio mejor que en el Parlamento donde ya ha pedido comparecer- es el contexto en el que se produjeron esas manifestaciones: cuántas reuniones tuvieron Asensio y él, qué nivel de confianza alcanzaron en ellas, qué propuestas se cruzaron, a qué problemas legales aludía Rodríguez cuando aludió al peligro de cárcel… Sólo contando con todo eso cabría valorar con justicia las frases amenazantes, como mínimo desafortunadas, que Asensio atribuye a Rodríguez.

Esgrimiendo tres cuartillas que se agitaban contra el aire como tres imaginarios torpedos, disparó ayer Antonio Asensio contra el Gobierno. Eran tres cuartillas escritas de puño y letra por los periodistas Jesús Hermida, José Oneto y Manuel Campo Vidal; tres cuartillas convertidas en prueba de cargo contra Miguel Angel Rodríguez. La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados cobraba en la tarde de ayer un extraño aire político. A fin de cuentas, era un empresario, el presidente de Antena 3 Televisión y del Grupo Zeta, el que comparecía. Pero era tan fuerte el contenido político de su discurso que, más que un editor, Asensio se parecía a algo así como a un diputado de la oposición. Sorprendente ver a un empresario tan preocupado por denunciar los peligros que tiene la libertad de expresión hoy en España cuando en realidad de lo que trataba era de salvar su cuenta de resultados.

Acusa Asensio en sede parlamentaria a todo un Gobierno elegido democráticamente en las urnas de no cumplir la Constitución y de atentar contra las libertades, en perfecta sintonía con el grupo Socialista y jaleado ostentosamente por el portavoz de CiU, López de Lerma. Utilizando la palabra de los tres periodistas citados contra la del portavoz del Gobierno, asegura Asensio que Aznar le ha querido meter en la cárcel e intervenir sus empresas por haberse puesto de acuerdo con Polanco. En este duelo de Antonio Asensio versus José María Aznar los testimonios parecen definitivos. Sabrán quienes se han prestado a ser testigos de cargo contra el Gobierno de Aznar cuáles pueden ser los límites del secreto profesional. El instante político es tenso.

Si el asunto no fuera en el fondo tan serio, sería para tomárselo a chirigota. Que se haya formado un coro integrado por Antonio Asensio, el PSOE y CiU para denunciar «el grave peligro» que corre la libertad de expresión porque el portavoz del Gobierno, Miguel Angel Rodríguez, le dijera o le dejara de decir al presidente del Grupo Zeta esto o aquello parece de broma. Porque ese Asensio que se dice ahora tan preocupado por la libertad de expresión es el mismo que, para satisfacer sus personales intereses político-monetarios, participó en el llamado pacto de los editores, que permitió su entrada, de la mano y con el dinero de Mario Conde, en Antena 3 TV, laminando de paso una próspera cadena de radio, plantando en la calle a los profesionales que la habían puesto en pie y entregándosela a Polanco. Tal vez se piense que ya nadie recuerda lo que ocurrió con Antena 3 de Radio. Y esos portavoces del PSOE que se apuntan a idéntica queja son los mismos que, durante sus casi 14 años de Gobierno, creyeron que el mundo de la comunicación debía estar para lo que ellos tuvieran a bien, y que en función de tan singular creencia otorgaron licencias, subvenciones y favores para unos, y querellas fiscales, amenazas, descalificaciones públicas y restricciones publicitarias para otros. Quizá crean los Pérez Rubalcaba y consortes que nos hemos olvidado de su gusto por el intervencionismo, Ley Mordaza incluida.

CiU haría mejor en quedarse al margen de esta comedia y no pretender, como anteayer su diputado López de Lerma, que lo de Miguel Angel Rodríguez es como para sentirse horrorizado. Por lo menos mientras no revise los criterios que autorizan a sentir horror por esto después de no haber manifestado ningún sentimiento especial ante, por ejemplo, los crímenes de los GAL.

Los hay que claman al cielo indignados cuando creen ver una paja en el ojo ajeno, y se olvidan de la enorme y añeja viga que llevan en el propio.

Pero que algunos no estén legitimados para hablar de libertad de expresión sin previa autocrítica no quita en absoluto para que, de haber cometido el secretario de Estado para la Comunicación una tropelía, pudiera -y debiera- pedírsele responsabilidades por ello.

¿La ha cometido?

Medios próximos al Gobierno sostienen que, en los meses anteriores al pacto de Nochebuena, Asensio fue un asiduo de La Moncloa. Que él y sus más cercanos colaboradores estaban en diario contacto con los encargados de asuntos de prensa dentro del equipo gubernamental, a los que proponían toda suerte de acuerdos político-empresariales, buena parte de ellos, al parecer, destinados a dañar al grupo de empresas de Jesús Polanco. En ese contexto, los tiras y afloja se expresaban en ocasiones sin ninguna formalidad. Así, se dice que el presidente de Zeta, francamente molesto porque sus propuestas no encontraban en La Moncloa el eco que él deseaba, llegó a amenazar con que o le daban el dinero o se iba con los de enfrente». El Gobierno sostiene que es ese tono informal el que justifica que Rodríguez pudiera responder con frases del tenor de: «Pues que se atenga a las consecuencias».

Al margen de que lo cierto es que no ha tenido que atenerse a ninguna consecuencia, la actuación de Miguel Angel Rodríguez, si se confirma que se expresó en esos términos, debería ser reprobada. Un secretario de Estado no puede hablar así, ni con confianza ni sin ella.

Lo que Rodríguez debería hacer ahora es acudir al Congreso, como ha pedido, y contarlo todo. Sin dejarse nada. Que se olvide de confidencialidades: Antonio Asensio y sus colaboradores le han liberado de cualquier obligación al respecto, una vez que ellos se han apuntado a la práctica, hasta ahora tenida por inmoral en la profesión periodística, de hacer públicas conversaciones privadas, que ellos relatan por lo demás a su gusto y conveniencia, introduciendo en ellas cuantos toques imaginativos les parezca, según hemos podido comprobar muy directamente.

No estaría nada mal que se formara una Comisión Parlamentaria que investigara los abusos de Poder -todos: lo que necesita la opinión pública es siempre la realidad completa- de los que es deudor el mundo de la Comunicación en nuestro país. De los abusos de los que se han beneficiado unas empresas y de los que han acarreado perjuicios a otras.

Nada complacería más a este periódico, que no se benefició de ningún favor del Gobierno anterior, desde luego, pero que tampoco lo ha recibido -ni demandado- del actual. Que se ponga todo sobre la mesa, que la verdad entera salga a la luz, y que cada palo aguante su vela.

Me entero con estupor de que, entre los testimonios entregados por Antonio Asensio al Parlamento, se incluye el relato de Manuel Campo Vidal de una conversación que, a iniciativa suya, mantuvimos en el Hotel Villamagna de Madrid el 28 de diciembre pasado. En primer lugar, me parece inaudita la divulgación, con fines evidentemente políticos y hasta partidistas, de lo que consideré un mero cambio de impresiones entre colegas, en línea con las muchas otras reuniones que hasta esa fecha había mantenido tanto con Campo Vidal como, más habitualmente, con Antonio Asensio. ¿Cómo puede incurrir Campo Vidal en la desfachatez de entrecomillar supuestas afirmaciones mías, en un documento que se entrega al Parlamento, cuando, como es natural, ninguno de los dos tomó nota alguna? ¿O es que llevaba una grabadora oculta, con el objetivo de tirarme de la lengua, mientras acentuaba la atmósfera amistosa explicándome sus avatares sentimentales? Pero es que, además, el relato de lo hablado, que Campo Vidal hace con el obvio propósito de apuntalar toda la historia de las amenazas gubernamentales, no refleja ni remotamente, no ya la literalidad, sino ni siquiera el espíritu de esa conversación. Yo jamás dije lo que él dice que dije. Puesto que con tan impropia conducta me libera de toda confidencialidad, sí que puedo aportar las dos únicas cosas relevantes que recuerdo: 1) Campo Vidal quería conocer mi opinión, porque según me dijo reiteradamente, él no estaba seguro de que Asensio hubiera acertado al pactar con Polanco; y 2) Campo Vidal desmintió categóricamente, con aires de gran sinceridad, que el acuerdo sobre los derechos del fútbol llevará aparejada la integración de Antena 3 y Prisa en una misma plataforma, tal como había publicado EL MUNDO. Los hechos pusieron pronto en su lugar la credibilidad profesional de Campo Vidal. Para mí, ahora también queda retratado como persona. ¿Son todos los testimonios que aporta Asensio tan consistentes como éste?

Pedro J. Ramírez

LA PRESENCIA de Miguel Ángel Rodríguez en La Moncloa empieza a ser un peligro público. Ésa es una hipótesis. La otra es que sea un mero repetidor de lo que oye en casa. Lo cual sería aún más preocupante. No es fácil entender que el portavoz del Gobierno descalifique, en términos tan sutiles como un ladrillo, al líder del primer partido de la oposición momentos antes de que éste sea recibido por el presidente del Gobierno. O Rodríguez actuó por su cuenta, en cuyo caso haría bien Aznar en destituirlo, o fue el presidente quien lanzó al ruedo a su portavoz para arruinar un encuentro en el que los acuerdos fueron claramente superiores a los des acuerdos, según reconoció Almunia y confirmó -ya de madrugada- Rodríguez.Los dos principales partidos españoles tienen una superficie amplia de intereses compartidos: en política exterior y de defensa, en materia antiterrorista, en política europea, en el tema autonómico. En este último campo existen divergencias conocidas, pero no así en los otros. El orden del día de la entrevista Aznar-Almunia se centraba en esos asuntos en los que de entrada se sabe que existe sintonía, y consta que la entrevista lo confirmó. ¿A qué vienen las descalificaciones previas deslizadas por Rodríguez? ¿O se trata de llevar la estrategia antisocialista hasta las llamadas cuestiones de Estado?

La política antiterrorista ha sido hasta ahora la zona de mayor consenso entre el PP y el PSOE. El comentario de Almunia sobre los indultos como instrumento de reinserción se ha desorbitado. Lo que dijo en su comparecencia ante los periodistas fue que había que mantener una política de reinserción más activa y permanente, que podría llegar incluso a la concesión de indultos. Seguramente fue una imprudencia utilizar ese término, porque no hay indicios que aconsejen el recurso inmediato a tales medidas, y plantearlo ahora puede inducir a confusión. Pero magnificar ese error hasta convertirlo en motivo de grave divergencia pública resulta artificioso.

El argumento del Gobierno para dosificar el acercamiento de presos a Euskadi es que el tratamiento debe ser individualizado y supeditado siempre al principio de favorecer la reinserción. Pero eso exige que haya una política de reinserción. Precisamente porque el contexto general -detenciones en Francia, desconcierto del mundo radical- puede favorecer movimientos de disidencia en las cárceles, Almunia pidió más iniciativa del Gobierno en esa dirección, añadiendo innecesariamente una mención a eventuales indultos. El planteamiento general no parece descabellado. Deducir de sus palabras que Almunia estaba en realidad preparando el camino a un indulto para los responsables de los GAL (como aventuró la portavoz de IU, Rosa Aguilar) parece cuando menos abusivo.

La relación entre el partido del Gobierno y el PNV fue otro de los temas abordados en la entrevista. En su día se entendió que el interés fundamental de asociar a la formación de Arzalluz al pacto de gobemabilidad derivaba de su presumible influencia en cualquier política de pacificación. Pero luego ha resultado que esa política era excluida en la práctica del área de acuerdo PP-PNV. Es lógico que el primer partido de la oposición pida explicaciones al Gobierno, porque la marcha por libre del PNV está teniendo efectos bastante desastrosos para la coherencia del frente democrático. No hay ningún motivo por el que Aznar no pueda compartir ese diagnóstico. Y si de lo que se trata es de un pacto bajo cuerda para que cada uno, PP y PNV, actúe en este campo como más le convenga -para contentar a su electorado respectivo-, conviene que se sepa.

Es cierto que algo parecido ocurre en el Gobierno tripartito vasco, basado en un acuerdo del que se excluye también la política de pacificación. Pero cuando los socialistas amagaron con salirse, apareció Iturgaiz ofreciendo los servicios del PP para llenar el hueco. De donde se deduce la necesidad de un acuerdo entre los dos principales partidos, y no su boicoteo por parte del portavoz del Gobierno o, mucho menos, del propio presidente.