El Gobierno Martínez Barrio cae a las 24 horas de formarse al consumarse la Guerra Civil de la derecha contra la II República

«Una vez más el Ejército unido a las demás fuerzas de la Nación se ve obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles. Se trata de establecer el imperio del ORDEN, no solamente en sus apariencias externas, sino también en su misma esencia; para ello precisa obrar con JUSTICIA, que no repara en clases ni categorías sociales, a las que ni se halaga ni se persigue, cesando de estar dividido el país en dos bandos, el de los que disfrutan del Poder y el de los que son atropellados en sus derechos. La conducta de cada uno guiará la de la AUTORIDAD, otro elemento desaparecido en nuestra Nación, y que es indispensable en toda colectividad humana. El restablecimiento del principio de AUTORIDAD exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones.

Por lo que afecta al elemento obrero, queda garantizada la libertad de trabajo, no admitiéndose coacciones ni de una parte ni de otra. Las aspiraciones de patronos y obreros serán estudiadas y resueltas con la mayor justicia posible en un plan de cooperación, confiando en que la sensatez de los últimos y la caridad de los primeros, hermanándose con la razón, la justicia y el patriotismo sabrán conducir las luchas sociales a un terreno de comprensión con beneficios para todos y para el País. El que voluntariamente se niegue a cooperar o dificulte la consecución de estos fines será el que primero y principalmente sufrirá las consecuencias. Se respetarán todas las reivindicaciones obreras legalmente adquiridas.

Para llevar a cabo la labor anunciada,

ORDENO Y MANDO:

Artículo 1º. Queda declarado el ESTADO DE GUERRA en todo el territorio de la provincia de Navarra y como primera providencia militarizadas todas sus fuerzas, sea cualquiera la AUTORIDAD de quien dependían anteriormente, con los deberes y atribuciones que competen a las del Ejército y sujetas igualmente al Código de Justicia Militar.

Art. 2°. No precisará intimación ni aviso para repeler por la fuerza agresiones a las fuerzas indicadas anteriormente, ni a los locales o edificios que sean custodiados por aquéllas, así como los atentados y ‘sabotajes’ a vías y medios de comunicación y transporte de toda clase, y a los servicios de agua, gas y electricidad y artículos de primera necesidad. Se tendrá en cuenta la misma norma para impedir los intentos de fuga de los detenidos.

Art. 3 °. Quedan sometidos a jurisdicción de guerra y tramitados por procedimiento sumarísimo:

1. a) Los hechos comprendidos en el artículo anterior.
2. b) Los delitos de rebelión, sedición y los conexos de ambos, los de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad, los de desacato, injuria, calumnia, amenaza y menosprecio a los anteriores o a personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal, cualquiera que sea el medio empleado, así como los mismos delitos cometidos contra el personal civil que desempeñe funciones de servicio público.
3. c) Los de tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión utilizado o utilizable por las fuerzas armadas con fines de lucha o destrucción. A los efectos de este apartado quedan caducadas todas las licencias de uso de armas concedidas con anterioridad a esta fecha. Las nuevas serán tramitadas y despachadas en la forma que oportunamente se señalará.

Art. 4°. Se considerarán también como autores de los delitos anteriores los incitadores, agentes de enlace, repartidores de hojas y proclamas clandestinas o subversivas; los dirigentes de las entidades que patrocinen, fomenten o aconsejen tales delitos, así como todos los que directa o indirectamente contribuyan a su comisión o preparación, así como los que directa o indirectamente tomen parte en atracos y robos a mano armada o empleen para cometerlos cualquier otra coacción o violencia.

Art. 5º – Quedan totalmente prohibidos los LOCKOUTS y HUELGAS. Se considerará como sedición el abandono del trabajo y serán principalmente responsables los dirigentes de las asociaciones o sindicatos que pertenezcan los huelguistas, aunque simplemente adopten la actitud de brazos caídos.

Art. 6°. Quedan prohibidos el uso de banderas, insignias, uniformes, distintivos y análogos que sean contrarios a este Bando y al espíritu que le inspira, así como al canto de himnos de análoga significación.

Art. 7°. Se prohíben igualmente las reuniones de cualquier clase que sean, aun cuando tengan lugar en sitios públicos, como restaurantes o cafés, así como las manifestaciones públicas.

Art. 8º. Quedan en suspenso todas las leyes o disposiciones que no tengan fuerza de tales en todo el territorio nacional, excepto aquellos que por su antigüedad sean ya tradicionales. Las consultas resolverán los casos dudosos. Seguirá en todo su vigor el actual régimen foral de la provincia de Navarra.

Art. 15°. A los efectos legales, este Bando surtirá efecto inmediatamente después de su publicación.

Por último, espero la colaboración de todas las personas patrióticas, amantes del orden y de la paz que suspiraban por este movimiento, sin necesidad de que sean requeridas especialmente para ello, ya que siendo sin duda estas personas la mayoría por comodidad, falta de valor cívico o por carencia de un aglutinante que aunara los esfuerzos de todos, hemos sido dominados hasta ahora por unas minorías audaces sujetas a órdenes de internacionales de índole varia, pero todas igualmente antiespañolas.

Por esto termino con un solo clamor que deseo sea sentido por todos los corazones y repetido por todas las voluntades: i Viva España!»

Sobre el 18 de julio de 1936 se han tejido una serie de leyendas, embelleciendo la historia, por los dos bandos que deseaban la guerra. Más tarde, quienes fueron vencedores contaron hasta la saciedad los acontecimientos que protagonizaron. Lo sabemos todo sobre los generales Franco, Mola, Queipo de Llano, Varela…. Sus heroicidades, sus decisiones, sus triunfos. Los soldados vencedores -como siempre- escribieron la historia y gozaron del incienso prodigado generosamente por los cuarenta años de dictadura.

Y los soldados vencidos? los generales del Ejército español que el 18 de julio de 1936 permanecieron leales al Gobierno legítimo de España? Sobre ellos ha caído un espeso manto de niebla y poco se sabe, porque poco se ha querido saber.

Al llegar a Madrid las noticias de la sublevación del Ejército de Marruecos y de las guarniciones de Cádiz, Sevilla y Málaga se reunió en Consejo extraordinario el Gobierno de la República. Eran las seis de la tarde del 18 de julio y jefe del Gobierno Santiago Casares Quiroga. A la reunión fueron invitados sin ser ministros los señores: Diego Martínez Barrio, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Marcelino Domingo.

En este Consejo se manifestaron dos propuestas contradictorias, mantenidas con vehemencia por sus patrocinadores. Martínez Barrio quería enfrentarse a la rebelión militar con los resortes legales del Estado, dentro del marco de la Constitución, y oponer al sector del Ejército sublevado el sector del Ejército leal al Gobierno. Largo Caballero quería disolver todo el Ejército, leal o sublevado, entregar armas a las organizaciones obreras y encuadrarlas en milicias.

El Gobierno de la República, ante ambas proposiciones, asustado, no se decidió por ninguna. Acudió al presidente de la República, don Manuel Azaña, para darle cuenta de que no se atrevía a tomar una decisión. Y entonces Azaña, inmediatamente, llamó a Martínez Barrio y, adoptando su tesis, le encargó la formación de un Gobierno que realizara la política por él patrocinada. Este fue el Gobierno de conciliación.

Martínez Barrio (secundado por Felipe Sánchez-Román y Augusto Barcia Trelles y los generales Sebastián Pozas y José Miaja) intentó el compromiso patriótico de evitar la guerra civil. Dos medidas urgentes se imponían, complementarias ambas: una, impedir a todo trance que las organizaciones obreras se armaran, otra, cortar la sublevación del Ejército y evitar que se extendiera.

Este intento tuvo una duración de doce horas. Desde las nueve de la noche del 18 de julio, en que Martínez Barrio se encargó de formar Gobierno, hasta las nueve de la mañana del día 19, en que dimitió.

Desgraciadamente, los españoles que querían la guerra se le atravesaron en el camino. No nos estamos refiriendo a los generales Franco y Mola, ni a los grupos carlistas, de Falange o de Renovación Española, ni tampoco a una parte de las huestes de Gil Robles. Se ha dicho, y los historiadores lo han recogido, que la negativa del general Mola a ponerse a las órdenes de Martínez Barrio originó su dimisión. No es verdad. Las causas fueron otras. Fue la actitud intransigente de los socialistas y comunistas de lanzar las masas a la calle pidiendo armas y gritando traidor a Martínez Barrio. Esta fue la obra de dos personalidades que ahora, en la España de 1978, reciben honores y pleitesía, uno muerto y otro en vida: Francisco Largo Caballero y Santiago Carrillo. Uno, secretario de la Unión General de Trabajadores, y otro, secretario de las Juventudes Unificadas Socialista y Comunista. El 18 de julio de 1936 fueron quienes más decididamente y con más eficacia se opusieron al Gobierno de conciliación que proponía Diego Martínez Barrio. Sin ellos la sublevación del general Franco no se hubiera extendido en el Ejército y hasta es posible que la guerra civil se hubiese evitado.

Que el camino propuesto tenía posibilidades de llegar a buen puerto nos lo dicen la frialdad de los números. Nadie puede negarlos. La alta cumbre militar estaba constituida en 1936 por una plantilla oficial de destinos de veintiún generales. De ellos, diecisiete permanecieron a las órdenes del Gobierno de Martínez Barrio, y solamente cuatro se sublevaron: Miguel Cabanellas, capitán general de Zaragoza; Francisco Franco, comandante militar de Canarias; Manuel Goded, comandante militar de Baleares, y Gonzalo Queipo de Llano, director general de Carabineros. Estos cuatro nombres han sido harto conocidos en España, y en cambio los de sus compañeros en los mandos superiores del Ejército quedaron en las tinieblas.

Pasados 42 años, casi medio siglo, permítasenos en esta fecha citar sus nombres:

Juan García Gómez-Caminero, inspector general del Ejército; Miguel Núñez de Prado y Susbielas, director general de Aviación; Sebastián Pozas Perea, director general de la Guardia Civil; Cristóbal Peña Abuin, general-jefe de la División de Caballería; José Miaja Menant, capitán general de la I Región; José Fernández Villa-Abrille, capitán general de la II Región; Fernando Martínez-Monje y Restoy, capitán general de la III Región; Francisco Llano de la Encomienda, capitán general de la IV Región; Domingo Batet Mestres, capitán general de la VI Región; Nicolás Molero Lobo, capitán general de la VII Región; Enrique de Salcedo Molinuevo, capitán general de la VIII Región; Agustín Gómez Morato, jefe superior de las fuerzas militares de Marruecos; José Riquelme y López-Bago, presidente de la Asamblea de Ordenes; Carlos Masquelet Lacaci, jefe de la Casa Militar del presidente de la República.

El noble intento de Martínez Barrio y de los generales del Ejército español que el 18 de julio de 1936 se dispusieron a secundarle merece recordarse.

Ha llegado a mis manos el número del 18 de julio, con el artículo del señor Alonso Baño sobre el Gobierno Martínez Barrio, del 18-19 dejullo de 1936. Espero me permita, como autor de un libro sobre el Ejército republicano en la guerra civil, hacer ciertas observaciones sobre el trabajo del señor Alonso.La intención del articulista parece ser demostrar que Martínez Barrio no dimitió porque el general Mola se negara a aceptar la mano extendida de la paz, sino porque Largo Caballero y Carrillo se opusieron a la política de la paz e insistieron en formar milicias, incitando a las turbas contra el Gobierno nuevamente formado.

Para demostrar que este Gobierno hubiera llegado a «buen puerto», el señor Alonso aduce que la mayoría de los altos mandos se mantuvieron leales.

Ahora bien; sin ánimo de herir, pero con un esfuerzo de pesar posibilidades, pregunto lo siguiente:

1. 1) ¿Cómo sabe el señor Alonso porqué dimitió Martínez Barrio? De lo que escribe, se supone que él no estuvo allí. Entonces se lo habrá contado alguien. ¿Fue el mismo Martínez Barrio? A menudo el historiador se encuentra con declaraciones contradictorias que emanan de personas de igual solvencia. Puede ser que la dimisión se debiera a la presión caballerista, pero es también verdad que Mola no aceptó la oferta de la paz, y para, esto fue por lo que el Gobierno se había formado.
2. 2) No creo que, según dice el articulista sin ellos (Caballero y Carrillo) la sublevación no se hubiera extendido» porque la sublevación ya estaba preparada y en camino. ¿Cree el señor Alonso que si Mola hubiera accedido a los ruegos de Martínez Barrios, si no se hubiera empezado a armar a las milicias, que no hubieran ocurrido las sublevaciones de Barcelona, Madrid, Castilla la Vieja, Valencia, Mallorca, etcétera, sin contar las que ya habían ocurrido en Marruecos y Andalucía? No. Si Mola hubiera dicho «sí», si no se hubiera armado las milicias, en Pamplona hubiera habido un fusilado más, con las estrellas de general de Brigada, y las milicias no hubieran defendido a Toledo lo suficiente como para detener a Franco y salvar a Madrid.
3. 3) Que diecisiete generales con alto mando no se sublevaron es ya una perogrullada. Todos los que tienen algún serio interés lo saben desde los días cuando la historia de la Cruzada les motejaba de «vendidos a la conspiración judalca-marxista-comunista». Además, su fidelidad no es de extrañar. Tenían mando precisamente por ser de fiar. Los nombramientos a altos cargos militares siempre tenían motivos políticos además de militares. Más es de extrañar que se sublevaran Queipo y Cabanellas, lo cual cogió a la República de sorpresa. Pero el hecho de la fidelidad ,de esos mandos no es Pertinente. La sublevación fue cosa de coroneles para abajo. Más pertinente sería preguntar: de la guarnición de Barcelona, ¿cuántos comandantes, incluso de los que no se sublevaron, eran leales a la República tendrían que atacar a sus compañeros sublevados?

Es corriente decir que el armar al pueblo y la disolución del Ejército extendió la guerra. Cierto que se puede argüir que se debía haber empleado los restos del Ejército. Pero es éste un argumento que ignora no sólo el menor número de unidades (especialmente de infantería) en la zona gubernamental, el hecho de que los sublevados eran precisamente las tropas más aguerridas, la Legión y los Regulares, sino también el estado desastroso de cualquier bataflón en zona republicana, confuso, fraccionado, sin saber de cuáles de sus oficiales podía fiarse, en comparación con unidades con toda su plantilla de oficiales, lo cual era típico en zona nacional.

Echar la culpa de la extensión del conflicto sobre las espaldas de Largo Caballero es, me parece, irreal. Visto el historia¡ del Ejército en sus encontronazos con las fuerzas revolucionarias, y vista la negativa de Mola a deponer las armas, el insistir en disolver el Ejército fue lógico..No podemos saber si fue una decisión correcta, pero desde luego no fue equivocada.