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El exsecretario de Organización se da de baja de Podemos

La Presidencia del Congreso retira su acta al diputado Alberto Rodríguez Rodríguez de Podemos

HECHOS

El 22.10.2021 D. Alberto Rodríguez Rodríguez perdió su acta de diputado.

10 Octubre 2021

Alberto Rodríguez, patadas y berenjenas con tomate

Alfonso Ussía

Al fin y al cabo, darle unas cuantas patadas a un agente del Orden Público, que en Francia está penado con más de tres años de cárcel, en España es una simple travesura
El Tribunal Supremo, con una dureza inesperada, ha condenado al elegante diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, a un mes y medio de prisión por liarse a patadas con un policía. Esa terrible condena puede ser conmutada con el pago de 540 euros, cifra escalofriante para un modesto diputado que ha dado ejemplo en sus intervenciones y comparecencias parlamentarias de una exquisita educación. En los años que lleva en el Congreso de los Diputados no ha dado ni una patada a un bedel, a un taquígrafo, y lo que es más importante, a ningún portavoz de la Oposición. Me figuro que esa ejemplaridad ha sido tomada en cuenta por el Tribunal Supremo para mitigar la dureza de la sentencia. Al fin y al cabo, darle unas cuantas patadas a un agente del Orden Público, que en Francia está penado con más de tres años de cárcel, en España es una simple travesura. Monedero ya tiene preparados los 540 euros para saldar las cuentas de su compañero Alberto con la Justicia. Sucede que un diputado condenado por el Tribunal Supremo está obligado a dimitir, y en el momento en que escribo estas dolorosas líneas, don Alberto no ha dimitido, lo cual, por otra parte, me parece beneficioso para no hurtar al parlamentarismo español de tan brillante representante del pueblo.
Me recuerda este caso al de mi amigo de la perdida juventud Chomin Izurzun y Díaz del Jaizquíbel, de distinguida familia donostiarra. Chomin se agarraba unas castañas monumentales, y su madre, doña Mirenchu Díaz del Jaizquíbel de Izurzun, le había advertido que, de seguir agarrándose sus frecuentes pedos y cogorzas, le aguardaba un ejemplar castigo. Chomin era hijo único, y en su última melopea había sido detenido por la Policía Municipal de San Sebastián por dirigir la circulación en la confluencia de la Avenida de Zumalacárregui, el Paseo de Satrústegui y el tramo de Ondarreta desde el túnel. Se disfrazó de guardia y provocó en menos de 30 minutos 17 colisiones, la pérdida de los cables de tres trolebuses con destino Igueldo y el atropello de una anciana a la que animó a cruzar la calle al tiempo que daba paso a los coches para que la anciana fuera atropellada. El suceso se solventó con una multa de 300.000 pesetas, gracias a la influencia del padre del borrachín. Pero el castigo materno le sobrevino. A partir de hoy, Chomin, hijo mío, y hasta el próximo año –los sucesos tuvieron lugar en febrero-, no comerás berenjenas con tomate.
Y Chomin cumplió a rajatabla la sanción de su madre, y se pasó once meses sin probar las berenjenas con tomate, plato que Chomin aborrecía.
Pero no dejó de agarrarse sus curdas y moñas habituales, hasta que una noche, en plena embriaguez, decidió que era una lubina, se adentró en las olas que rompían en el malecón del Tenis, y se ahogó. El castigo ejemplar de su madre no sirvió para nada. Descanse en Paz.
¿Servirá la durísima sentencia del Tribunal Supremo para que el distinguido diputado de Podemos Alberto Rodríguez deje de dar patadas a los policías? Es probable que no. Cuando un hombre se dedica a patear a la policía y todo se soluciona con 540 euros de multa, el vicio y la costumbre imperan. Otra cosa es que la patada, en lugar de propinársela a un policía español se la hubiera dado a un gendarme francés. En tal caso, el ejemplar diputado estaría en la cárcel cumpliendo una amarga condena de tres años de prisión. Pero en España, la izquierda está intelectualmente muy avanzada, como ha manifestado la pudorosa actriz Maribel Verdú, y para mí, que Alberto Rodríguez no tiene previsto abandonar la práctica de su afición.
Eso sí, como se espera de un parlamentario tan brillante y educado como lo es don Alberto, la dimisión, el abandono de su escaño y dejar de percibir el sueldo y dietas que le corresponden, aunque sean minucias, deben marchar unidas como consecuencia de una voluntaria dimisión. Y en caso contrario, de la patada en el culo que habría de propinarle el Congreso por haber sido condenado por el Tribunal Supremo.
Que es lo menos que merece el hombre.
23 Octubre 2021

La ley y la rasta

Jorge Bustos

Al derecho le está pasando como a la salud mental o a las erecciones: que son cosa del pasado. Vestigios aparatosos de aquellos animales racionales que anteponían la ley a los sentimientos, preferían el imperio de la cordura a las misericordiosas cuotas de tarados y hasta se empalmaban de vez en cuando. A la luz de esta revolución moral comprendemos que Meritxell Batet no se dé por enterada de lo que el Supremo le requiere: que retire ya el acta a un diputado condenado en firme por patear a un policía. Hasta un niño de cinco años entendería que un agresor sentenciado no debe ostentar la representación pública de los españoles. Pero si traemos aquí al niño de Groucho, descubriremos con horror que tiene cuarenta tacos y ocupa varios ministerios y una vicepresidencia. Todos los cargos podemios del Gobierno han arremetido contra la Justicia bajo la mágica premisa de que un policía jamás puede ser víctima, aunque pruebe el daño, y un sedicente activista social jamás puede ser agresor, aunque patee. «Señora diosa, bájese la venda, contemple las rastas rusonianas de nuestro buen salvaje y obre en consecuencia», exige el populismo, esa enfermedad infantil que ha destruido a la izquierda española.

Hubo un tiempo en que la delincuencia se consideraba un demérito para la carrera política. Pero el partido menor de nuestra CoPro (Coalición de Progreso) fue pionero en la subversión de ese principio. Desde entonces ningún romántico atentado contra la autoridad queda sin recompensa laboral a cargo del contribuyente. Pese a este avance redistributivo, Alberto Rodríguez sigue negando que estuviera siquiera en el lugar de los hechos, como podría afirmar que en realidad fue el menisco del policía el que impactó groseramente contra su puntera, prueba de que nuestro revolucionario aún pertenece al paradigma antiguo: retiene todavía los escrúpulos del mentiroso, que es alguien que al menos respeta el peso de los hechos y por eso trata de ocultarlos.

Su camarada Irene Montero sí marcha a la vanguardia del negacionismo jurídico. Ella propugna la superación de la objetividad legal y sus efectos, y propone que los sentimientos -sobre todo si son de mujer- sustituyan limpiamente toda esa quincallería de puñetas, códigos y garantías procesales. Por algo estudió Psicología. En esta vida lo que importa es ser «buenas personas», ha dicho para justificar que el Ministerio de Igualdad se esté convirtiendo en un Alcatraz con perspectiva de género. Orange is the new black pasado por Berlanga. En nada le ponen allí una peluquería al compañero Alberto.

25 Octubre 2021

Alberto Rodríguez: castigo político

EL PAÍS (Directora: Pepa Bueno)

El embrollo propiciado por el Supremo afecta a una cuestión fundamental: cuándo un diputado debe dejar de serlo

¿Se puede perder un escaño de diputado obtenido en 2019 por una condena a mes y medio de prisión sustituida por una multa de 540 euros en relación con unos hechos ocurridos en 2014? Esta es la pregunta básica que resulta del embrollo en el que el Tribunal Supremo ha enredado al poder legislativo sin que, a fecha de hoy, el alto tribunal haya querido decir explícitamente estas palabras: sí, debe dejar de ser diputado. La desproporcionada reacción de una parte de Podemos, por un lado, y la escandalera habitual de PP y Vox, por el otro, no deben ocultar la necesidad de dar una respuesta clara a un asunto que toca el corazón de la democracia: cuándo un diputado elegido en las urnas puede perder su condición de tal.

Mantener el acta de diputado de Alberto Rodríguez podía hacer incurrir a la presidenta del Congreso de los Diputados en una desobediencia al Tribunal Supremo, aunque Meritxell Batet actuó contra el criterio de los letrados de la Cámara, en medio de una formidable controversia jurídica y sin apurar los eventuales requerimientos que especificasen lo que debía hacer, dado que el Supremo mantuvo en su comunicación la postura insólita de no explicitar la pérdida de derechos que la pena lleva aparejada. A última hora de ayer, Podemos confirmó que Alberto Rodríguez no presentará la querella contra Batet por prevaricación, pero sí acudirá en amparo al Constitucional. El anuncio de la querella había sido hecho, al parecer, sin que conociesen la iniciativa ni Yolanda Díaz ni Alberto Garzón ni los socios de Comuns, aunque tenía pocos visos de prosperar en la vía judicial porque era improbable que el Supremo dictaminase que ha habido prevaricación por tomar precisamente la decisión que el propio tribunal sugería tomar. Nada ha evitado, sin embargo, el efecto político de incrementar la tensión en el Gobierno de coalición, que vive días convulsos por la negociación de la reforma laboral.

En cualquier caso, la situación a la que se ha visto abocado el diputado Alberto Rodríguez es rocambolesca e injusta. Existe una sentencia firme que condenó al diputado a una pena privativa de libertad de 45 días que finalmente fue sustituida por una pena de multa. La condena lleva aparejada una pena accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, es decir, para ser elegido en las urnas. Es esta pena accesoria la que ha motivado ahora la retirada de su escaño. Pero, ¿es posible mantener una pena accesoria cuando ha sido sustituida por una multa —ya pagada— y cuando la inhabilitación se proyecta, no sobre un candidato a diputado, sino sobre alguien que ya lo es y representa, por tanto, la soberanía popular que ningún tribunal puede hurtarle con semejante facilidad, por el peligro evidente de destrozar así la división de poderes? La condena se origina en una supuesta patada a un agente de policía de la que no existen pruebas visuales, pese a que los incidentes se grabaron y hay imágenes de él (en las que no aparece Alberto Rodríguez en el lugar del incidente, más allá del testimonio de un único policía).

Sin descartar una hipotética reforma de la ley, el actual ordenamiento jurídico permitía al Supremo eludir un resultado tan extravagante. Hubiera bastado con acudir al criterio de interpretación teleológica previsto en nuestro sistema para poder matizar las consecuencias manifiestamente desproporcionadas que provoca la aplicación de la pena. La inhabilitación temporal se convierte en definitiva por aplicarse sobre una realidad sobrevenida en la que difícilmente pudo pensar la ley, y que obviamente no pudo llegar a concebir el acusado. El anuncio de presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional quizás pueda ofrecer una respuesta, dado que el derecho penal obliga a interpretar la ley siempre y en todo caso en el sentido más favorable al reo, y aquí se ha hecho todo lo contrario. La dimensión política del caso debilita una vez más la confianza en la justicia y abunda en la percepción de un castigo político a un diputado de Unidas Podemos.

26 Octubre 2021

La patada

Leyre Iglesias

«Hechos probados: 1. El día 25 de enero de 2014, en la localidad de La Laguna, con ocasión de la reapertura de la catedral, se organizaron distintos actos a los que estaba previsto que asistiera el ministro de Cultura, Sr. José Ignacio Wert. Como quiera que las autoridades tuvieran conocimiento de que se había convocado una manifestación bajo el lema Rechazo a la LOMCE, se organizó un dispositivo policial (…). 2. Sobre las 11.00 horas, tras el vallado trenzado colocado como protección (…), se fue congregando un grupo de unas 500 personas que comenzaron a proferir gritos e insultos contra los agentes y el ministro. En un momento determinado, los congregados comenzaron a arremeter contra el vallado, lanzando las vallas contra los agentes, así como (…) piedras, botellas (…). 3. En el curso de los enfrentamientos físicos que, como consecuencia de la actitud violenta de algunos de los congregados, tuvieron lugar entre estos y agentes policiales, el acusado Alberto Rodríguez (…), que en ese momento se encontraba entre los primeros, propinó una patada en la rodilla al agente del C. N. de Policía NUM003 (…), el cual sufrió una contusión de la que curó en un día (…)».

«Fundamentos de derecho: (…) El acusado negó encontrarse en el lugar de los hechos. (…) Negó haber propinado una patada a ningún agente. (…) Atribuye las declaraciones del agente NUM003 a lo que considera una práctica habitual de la policía consistente en afirmar falsamente que una persona que se ha caracterizado por su actividad en otras manifestaciones está presente en aquella sobre la que informan y ha desarrollado en ella actitudes violentas, lo que se hace con la finalidad, dice, de criminalizar el (…) derecho de manifestación. (…) Estas afirmaciones no constituyen otra cosa que una creencia personal que no viene avalada por ninguna prueba, ni por indicios (…) mínimamente consistentes. También viene a sostener que lo que se pretende es cuestionar el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. (…) La acusación nada tiene que ver con el ejercicio de esos derechos, sino con el empleo de violencia, en el curso de su ejercicio (…)».

«La prueba que se ha tenido en cuenta consiste, fundamentalmente, en la declaración del agente policial NUM003. En sus declaraciones no expresó duda alguna respecto a que el acusado fue quien le propinó, voluntariamente, una patada en su rodilla izquierda (…). La credibilidad del testigo viene avalada además por la persistencia en la versión mantenida desde el principio y por la inexistencia de cualquier clase de animadversión contra el acusado».

[Extractos de la sentencia 750/20211 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al que la ministra Belarra acusa de «prevaricación»].

26 Octubre 2021

La división en Podemos debilita más al Gobierno

EL MUNDO (Director: Francisco Rosell)

CUMPLIR las leyes de una democracia que no reconocen como legítima salvo para cobrar la nómina pública nunca ha sido una prioridad para Podemos, sobre todo cuando las sentencias de los jueces contradicen su discurso radical. Por eso sigue coleando el caso de Alberto Rodríguez, que ha pasado de ser número tres a anunciar que abandona el partido, quizá dolido porque la formación no le siguió al completo en la suicida estrategia de querellarse contra Meritxell Batet. Entre las voces que guardaron un clamoroso silencio está la de Yolanda Díaz, la gran esperanza de la extrema izquierda para frenar el hundimiento electoral del espacio representado por la gastada marca morada. En el otro extremo se encuentran Ione Belarra, Echenique, Isa Serra -otra condenada- o Pablo Fernández; estos dos últimos exigieron ayer mismo en rueda de prensa la dimisión de Batet, ahondando en una crisis que evidencia las grietas cada vez más anchas que dividen al Gobierno más inestable de la democracia.

La guerra ya no se declara solo entre PSOE y Podemos sino en el interior mismo del partido fundado por Pablo Iglesias, cuyos herederos se disputan los restos del naufragio o bien tratan de reflotar el barco bajo el liderazgo presuntamente imparable de Díaz. Mezquinas pugnas de poder interno que absorben la atención que debiera estar puesta en los graves problemas de los españoles.

by BeHappy Co.