José Manuel Soria dimite como Ministro de Industria ‘en funciones’ tras intentar ocultar sus sociedades en paraísos fiscales

«A la luz de la sucesión de los errores cometidos a lo largo de los últimos días, en relación a mis explicaciones de mis actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995, debidos a la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de veinte años; sin perjuicio de que ninguna de tales actividades empresariales haya tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de tales responsabilidades políticas; considerando el daño evidente que esta situación está causando al Gobierno de España, al Partido Popular, a mis compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual, comunico que, tras conversación con el Presidente del Gobierno, le he trasladado mi decisión irrevocable de presentar mi renuncia expresa a las funciones que como Ministro de Industria, Energía y Turismo tengo encomendadas desde el pasado día 21 de diciembre.

He comunicado también al Presidente del Gobierno mi decisión de renunciar a mi acta de Diputado del Grupo Parlamentario Popular.

Por último, he comunicado a la Secretaria General de mi partido mi renuncia a la presidencia autonómica del PP de Canarias.

Por todo ello comunico que a partir del día de hoy dejo todo tipo de actividad política.

La política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar también en la pedagogía y en las explicaciones. Cuando así no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes».

José Manuel Soria López

José Manuel Soria es el segundo político europeo que presenta su renuncia por el último escándalo de las sociedadesoffshore, tras la del primer ministro islandés. Soria abandona en unas condiciones penosas para el discurso de regeneración pretendido por su partido, en el tramo final del periodo de formación de Gobierno y a 10 semanas de una probable cita con las urnas. Y, sobre todo, deja en una posición muy comprometida a su jefe político, Mariano Rajoy. Después de desmentir tajantemente cualquier vinculación a paraísos fiscales, el hasta ahora ministro de Industria, Energía y Turismo se encontró ante las pruebas de su participación hasta 2002 en una sociedad registrada en el paraíso fiscal de Jersey. A partir del conocimiento de ese hecho, el Gobierno no tuvo más remedio que retirarle el apoyo.

A costa de sacrificar a uno de los ministros reputados como de mayor confianza, Rajoy trata de alzar un cortafuegos para intentar su supervivencia. Es una estrategia que no debería de funcionarle. El caso Soria no solo liquida cualquier hipótesis de entenderse con el PSOE antes de la nueva ronda de consultas convocada por el Rey, sino que debería de significar el final del propio Rajoy. Si antes de conocerse este caso, el actual presidente en funciones estaba ya incapacitado para dirigir el nuevo periodo de reformas que España requiere, ahora, tras saberse que uno de sus más estrechos colaboradores, uno de sus ministros, se amparó en un paraíso fiscal, cualquier idea de que el futuro de este país pase por Rajoy resulta grotesca, si no alarmante.

Las sociedades constituidas en Jersey ofrecen siempre el aspecto de estar dedicadas a minimizar el pago de impuestos. Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Ejecutivo, según doctrina explicitada ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ratificada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Es lo menos que puede decirse desde un Gobierno que exige —como es su obligación— un comportamiento correcto a los contribuyentes, y les persiguen administrativa o judicialmente cuando no lo hacen. Deben ser por lo menos tan exigentes consigo mismos. Negar la responsabilidad de Rajoy en el comportamiento de uno de sus ministros es algo que ni el propio Rajoy parecía dispuesto a admitir hasta hace poco. En algunas entrevistas recientes, el presidente en funciones reconocía que se sentiría afectado por la corrupción cuando le afectase a sí mismo o a un miembro de su Gobierno.

Llegó ese momento. Ignoramos si la actividad de la sociedad de los Soria en Jersey tenía que ver con la corrupción. Tal vez no. Pero el hecho mismo de que, cuando ya ocupaba un cargo público en España, Soria utilizase una firma offshore es un atropello de similares proporciones a las normas que deben regir el comportamiento de un servidor público. No da para más. Se ha ido Soria y el PP tiene que regenerarse a fondo, reinventarse, sin Rajoy.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, asumió ayer sus responsabilidades políticas. En una nota hecha pública a primera hora de la mañana, anunciaba la dimisión de todos sus cargos, la renuncia al acta de diputado y su retirada de la política.

Nos parece una decisión saludable y coherente porque, como él mismo reconoce, «la sucesión de errores cometidos» en las explicaciones sobre sus actividades empresariales hacían imposible que siguiera como ministro del Gobierno. En lugar de optar por aferrarse al cargo y causar un profundo daño a su partido, ha hecho lo que tenía que hacer: abandonar la vida pública. Que sirva de ejemplo para otros compañeros del PP que se niegan a afrontar sus responsabilidades políticas, que es de lo que estamos hablando.

A José Manuel Soria nadie le había acusado de cometer un delito porque, en otras razones, no sabemos las actividades que desarrolló en Mechanical Trading, la empresa offshore a la que recurrió para controlar Oceanic Lines y que liquidó hace 14 años. Pero lo que ha quedado como cierto y comprobado es que los hermanos Soria crearon esta sociedad en 1993 en el paraíso fiscal de Jersey.

Ello contradice todas las explicaciones de José Manuel Soria, que sostuvo públicamente y comprometió su palabra al asegurar que él jamás había tenido ninguna relación o participación con empresas radicadas en paraísos fiscales. No dijo la verdad.

Por lo tanto, Soria tenía dos motivos inexcusables para dimitir: primero, haber sido dueño de una empresa offshore y segundo, haber ocultado su existencia. El propio ministro de Hacienda decía ayer que «nadie puede estar en el Gobierno» si ha operado desde paraísos fiscales. Es algo que nos parece evidente.

Pero el ministro Montoro no estuvo afortunado cuando lanzó una reprimenda a los medios de comunicación sin citarlos por no colaborar con Hacienda en la persecución del fraude, sugiriendo que hay periodistas que han retenido información con fines interesados.

En primer lugar, este periódico ha publicado la información y los documentos a los que había accedido de manera inmediata y sin cálculo político alguno. Nuestra motivación ha sido la de proporcionar información sobre hechos relevantes.

Y la segunda reflexión es que si nosotros hemos podido llegar a averiguar esos datos que demostraban que Soria era propietario de Mechanical Trading, es difícil de explicar que la Agencia Tributaria no haya sido capaz de hacer lo mismo. En lugar de gastar energía en culpar a los medios, el ministro podría haber hecho autocrítica.

Ahora la Agencia Tributaria va a abrir una investigación sobre las empresas de José Manuel Soria, lo cual es su obligación, puesto que todos somos iguales ante la ley. Pero mientras se procede a recabar esos datos, Soria tiene todo el derecho a la presunción de inocencia.

Hemos sido muy críticos en la forma cómo el PP ha manejado las responsabilidades políticas por la corrupción y hemos puesto en evidencia su complacencia, pero en este caso Mariano Rajoy ha actuado de forma correcta al zanjar este asunto en menos de 24 horas desde que quedó en evidencia que Soria había dado unas explicaciones que no se ajustaban a la verdad.

Soria ha tenido que pagar por sus errores, pero hay otros muchos ciudadanos españoles -entre ellos, políticos, poseedores de grandes fortunas y financieros- que tienen o han tenido activos fuera del alcance de Hacienda.

No es fácil rastrear esos patrimonios, pero sí es factible localizarlos en muchos casos porque casi siempre es posible seguir el curso del dinero. Por ello, las autoridades deberían hacer todos los esfuerzos para detectar el fraude y endurecer las sanciones penales. En ese sentido, se han cometido graves errores como las amnistías fiscales del PSOE y del PP. Los papeles de Panamá nos han permitido corroborar lo que ya sabíamos: que hay una enorme bolsa de dinero negro que escapa al control de los Estados. El caso Soria es una minúscula gota de agua en este oceáno.

Las contradicciones en las que el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, ha incurrido desde el pasado lunes hasta ayer, cuando renunció a sus funciones, han dejado claro que, en política, como en otras actividades de la vida pública, la verdad es el único camino. Lo único que realmente cuenta es la verdad y, como dice el proverbio, con una mentira se puede ir lejos, pero no volver. El día 11, el nombre de Soria apareció en los «papeles de Panamá», junto al de su hermano, como administrador de una sociedad en Bahamas, creada a través del despacho Mossack Fonseca, pero negó «rotundamente» su participación en cualquier paraíso fiscal, aunque acabó admitiendo que existía una «relación comercial» con una empresa familiar. Incluso anunció que sus abogados iban a emprender acciones legales. Esa misma tarde se hacía pública una nueva prueba que desmontaba la versión de Soria al aparecer en un documento de la sociedad británica UK Lines Limited (la matriz de la filial de Bahamas en la que el ministro fue administrador durante dos meses), en el que se le nombra secretario de la compañía tras la muerte de su padre. Al día siguiente, vieron la luz los documentos del registro mercantil británico en los que se demostraba su vínculo y el de su familia con UK Lines, lo que le obligó a comparecer públicamente y a admitir que se «acababa de enterar» de dicha relación. El pasado jueves aparecía un documento de disolución con su firma de una empresa en Jersey, con el agravante de que en 2002 era ya alcalde de Las Palmas. Lo más grave para un responsable público y para un ministro de un Gobierno de España es mentir. No le bastó con insistir en la falsedad de un testimonio, sino que engañó al presidente del Gobierno, que había confiado en su versión. Por lo tanto, no tenía más salida que renunciar a sus competencias, dado que no puede dimitir o ser cesado porque el Gobierno está en funciones. Dejar todas sus responsabilidades públicas y políticas no es un gesto que le honra –aunque se le agradece–, porque, ante todo, se trata de una obligación después de haber perjudicado al Gobierno del que ha formado parte y al Partido Popular y tras haber defraudado a sus votantes. En un comunicado hecho público, Soria anunció su renuncia «a la luz de la sucesión de los errores cometidos a lo largo de los últimos días». Es evidente que no transmitió correctamente la verdad de los hechos y que resultaba imposible hacerlo porque suponía reconocer que no actuó correctamente. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo expresó con total claridad: «No se puede estar en el Gobierno y haber operado en paraísos fiscales». La gestión de Soria, como la de cualquier responsable público, tiene luces y sombras, pero si hay algo que en política se valora especialmente es la cercanía a los problemas reales de la gente, como tantas veces se le recordó a quien tuvo la misión de gestionar la crisis de la minería y acabó siendo un agente nefasto que perjudicó la labor más sensible y social de los populares en Castilla y León. No basta con buscar el apoyo y el aplauso de los más influyentes cuando se es ministro de Industria, Energía y Turismo, sino saber que detrás de cada decisión hay personas que se beneficiarán o saldrán perjudicadas. Hay que destacar que Mariano Rajoy ha actuado ejemplarmente en este caso: pidió a José Manuel Soria que ofreciera unas explicaciones convincentes sobre sus negocios y esperó a tomar una decisión, hasta que se encontró con un cúmulo de contradicciones que podían perjudicar a todo el Gobierno y al futuro de los populares.