Mariano Rajoy retira a Ignacio González de la candidatura del PP a la Presidencia de Madrid y lo reemplaza por Cristina Cifuentes

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, cerró ayer las incógnitas abiertas sobre las listas de candidatos a las elecciones autonómicas y locales del próximo mes de mayo, entre ellas las de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Una decisión que está claramente tasada en los estatutos del partido y que el presidente ha tomado siguiendo su ritmo habitual. La elección no ha sorprendido ni en los plazos ni en las personas.

No es este el momento de hablar de las dos candidatas elegidas, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que se tienen que poner a trabajar a contrarreloj para presentar sus propuestas cuanto antes. Lo que sí es criticable son los métodos utilizados para descolgar del ticket electoral al que se sabía aspirante a la candidatura de la Comunidad (y actual presidente de la misma), Ignacio González.

Si Rajoy o sus más allegados en el partido tenían claro desde hace tiempo que Esperanza Aguirre era la candidata con más posibilidades para hacerse con el triunfo, y no querían darle todo el poder en Madrid —como hubiera ocurrido con la inclusión de su antiguo número dos en la papeleta— deberían haberse despejado antes las incógnitas, para evitar que González se fuera cociendo a fuego lento durante semanas. Si, por otra parte, en el PP había dudas sobre la honorabilidad del presidente de la Comunidad, ¿no hubiera sido mejor zanjar el asunto también cuanto antes en vez de utilizar a personajes poco recomendables en una campaña de descrédito descarado contra él?

Con esta operación, el PP ha levantado dos sospechas que pueden traerle consecuencias. En primer lugar, ha dejado crecer la idea de que Ignacio González actuó de forma irregular en la compra del ático en Marbella y que intentó taparlo acudiendo a dos comisarios de policía. En segundo lugar, ha permitido intuir que el poder ha utilizado y sigue utilizando a algunos de sus funcionarios para hacer juego sucio. Esta última es la conjetura más grave y exige una aclaración.

En cuanto a las candidatas elegidas para la alcaldía y la comunidad, hay que celebrar que aumente el número de mujeres en los primeros puestos de las listas electorales y desear que Aguirre y Cifuentes —esta última con un perfil que sí responde a las demandas de renovación— planteen una campaña de ideas y propuestas que permita a los electores de Madrid tomar sus decisiones sobre bases claras.

El dedo del presidente del Partido Popular se ha posado, por fin, sobre las dos candidatas que más sonaban en las apuestas para los cargos de presidenta de la Comunidad y alcaldesa de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Han tenido que pasar largas semanas para que Mariano Rajoy tomara una decisión, o contara la que ya tenía tomada. Aunque el presidente ha cumplido su promesa de agotar los tiempos y el sistema de elección de PP le permite imponer sus candidatos, en esta ocasión Rajoy ha utilizado malas formas para deshacerse del tercero en discordia, el actual presidente de la Comunidad, Ignacio González.

En los mentideros de Madrid se daba por hecho hace tiempo que Esperanza Aguirre iba a ser la candidata a la alcaldía, solamente porque las encuestas así lo aconsejaban (sus relaciones con el presidente del Gobierno son malísimas desde el Congreso de Valencia), y que ni Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal iban a darle todo el poder a Aguirre completando el tándem con el que ha sido siempre su número dos, Ignacio González (con permiso de Francisco Granados). La alternativa de Cristina Cifuentes daba también buenos resultados en las encuestas y ofrecía más garantías de lealtad a Moncloa.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, el método utilizado para descolgar a González del ticket electoral no parece el más correcto para un partido político en el siglo XXI. Primero se la ha dejado cocer a fuego lento y luego, cuando ya estaba tierno, se ha acabado con él con el apoyo de determinados personajes que viven en las zonas más oscuras del subsuelo. No es muy reconfortante.

El presidente de la Comunidad de Madrid resistió hasta el último minuto. Tras la publicación por EL MUNDO de la extraña reunión en una cafetería de Madrid con dos comisarios para tapar el caso del ático, Ignacio González inició una ofensiva sin precedentes en los medios de comunicación. Acusó a los policías de chantajistas y a este periódico de formar parte de una conspiración para acabar con él. Planteaba en realidad un pulso al presidente del Gobierno, que aún no había decidido las candidaturas: quería hacer creer que, si no era designado, sería porque Rajoy había cedido a las presiones mediáticas. González midió mal sus fuerzas. Moncloa temía el estallido de nuevos escándalos en plena campaña y decidió cortar por lo sano.

El viernes se vivieron horas de tensión en Génova. Mariano Rajoy había decidido ya dejar caer a Ignacio González y había dado instrucciones a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que el Comité Electoral Nacional aprobara las candidaturas de Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre a la Comunidad y al Ayuntamiento, respectivamente.

Cospedal ha sido la interlocutora de González durante esta semana de pasión. Su misión, prácticamente imposible. Se trataba, ni más ni menos, que de convencer al presidente de la Comunidad de Madrid de que renunciara a la candidatura.

El lunes, coincidiendo con la publicación por EL MUNDO de la reunión en la cafetería La Mallorquina de González con los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, almorcé con un alto cargo del PP. Me confesó que la situación de González era insostenible: «Él tendría que darse cuenta de que lo mejor para el partido sería que diera un paso atrás. Su candidatura no sólo nos complica la vida en Madrid, sino en toda España».

Pero González había decidido jugarse el todo por el todo. Acusó de chantajistas a los policías y de conspirador a este periódico. Recorrió estudios de radio y platós de televisión con esa cantinela. Quería dejar claro ante Moncloa que estaba dispuesto a asumir todos los riesgos y poner a Rajoy entre la espada y la pared. Si, finalmente, no era designado, el presidente del Gobierno habría cedido a las presiones mediáticas.

Por eso, dada su absoluta determinación de seguir adelante, no tenía mucho sentido esperar que cambiara de postura en sólo unas horas. El PP de Madrid, afín a González (y, por supuesto, a Aguirre), se negó a colaborar en la defenestración de su secretario general. Así que a la dirección del partido no le quedó más remedio que tirar por la calle de en medio. El Comité Electoral Regional ni siquiera se reunió y fue el Comité Nacional el que aprobó las candidaturas de Cifuentes y Aguirre.

Sobre las siete de la tarde, Cospedal llamó a González para comunicarle la decisión. Hizo lo propio con las dos candidatas. Rajoy habló también con Cifuentes y Aguirre. A González no le llamó. En el PP de Madrid se quejan de las formas: «¿Por que no le dijo hace tres meses que no sería el candidato? ¿Por qué ha dejado que se queme estos días? Eso ha sido una humillación».

La cuestión es que, hace tres meses, Rajoy no sólo no lo tenía decidido, sino que, probablemente, habría optado por él como cabeza de lista. Ha sido durante las últimas semanas cuando los constantes rumores sobre «los problemas de Nacho» se han convertido en hechos.

La información publicada el pasado lunes por Esteban Urreiztieta descubría un asunto de gran calado. Según un informe policial aportado al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el día 29 de noviembre de 2011 el vicepresidente de la Comunidad de Madrid se reunió en una cafetería del centro de la capital con dos comisarios de Policía a los que solicitó «ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore» .

En esos momentos, el caso del ático ni siquiera estaba judicializado. Había sido Villarejo quien, por orden del entonces director adjunto operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández-Chico, había encargado al comisario de Marbella, Agapito Hermés de Dios, una «investigación secreta» sobre el ático de González.

Aunque García Castaño ha reconocido en ABC que la reunión fue a petición suya, la verdad es que fue Enrique Barón (entonces director general de Interior de la Comunidad de Madrid) quien le transmitió el interés del entonces vicepresidente por saber cómo estaba el asunto del ático.

Él culpaba a Rubalcaba

González había comentado en su círculo más cercano que el responsable de aquella investigación era el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y sospechaba que quien le había puesto sobre la pista era nada más y nada menos que su enemigo íntimo: Francisco Granados.

Las fechas son importantes. Cuando se produjo la reunión en La Mallorquina habían pasado nueve días desde la victoria por mayoría absoluta del PP, así que era de esperar que en la Policía se produjeran cambios importantes. González quería evitar que el asunto del ático cayera en manos de la temida Udef, que había sido la unidad policial encargada de destapar la trama Gürtel y al frente de la cual se encontraba el comisario José Luis Olivera.

Villarejo le dijo en ese encuentro a González que el asunto se desactivaría si le mostraba los recibos del supuesto alquiler del ático. Pero el vicepresidente de la Comunidad no pareció dispuesto a colaborar, incluso dijo no recordar el nombre del arrendatario.

Cuando terminó la cita, García Castaño le comentó a Villarejo: «Está cagado».

La Udef, como ya ha publicado este diario, entró en la investigación y remitió en el mes de junio de 2012 dos escritos a la Fiscalía a la espera de instrucciones para seguir avanzando en la indagación de los hechos.

Semanas después, Olivera fue relevado de su cargo en la Udef (fue nombrado comisario jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) y la Fiscalía no volvió a reclamar a la Unidad de Delincuencia Económica más datos sobre el asunto, que se judicializó justamente después de haberse remitido al Ministerio Público los informes de la Udef.

Así que, momentáneamente, González consiguió su objetivo. La Udef sigue a la espera de instrucciones, la Fiscalía no da muestras de un especial interés en investigar el caso y las comisiones rogatorias que podrían aportar el dato definitivo sobre el propietario real de las sociedades offshore que aparecen en el sumario están atascadas.

El presidente de la Comunidad de Madrid cometió un gran error al acusar de «chantaje» a los dos comisarios. Ambos han prestado numerosos servicios no sólo a este Gobierno, sino también a los anteriores, y su arma de destrucción masiva es la información de la que disponen.

Entrar en una campaña electoral que no va a ser un camino de rosas con la amenaza de nuevas revelaciones sobre los oscuros asuntos de Nacho González no parecía lo más aconsejable… y Rajoy le dejó caer.

Casimiro García Abadillo